Alma Janette Ávalos Magaña

Expediente 1272/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1272/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Alma Janette Ávalos Magaña

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 1272/2023-VI, promovido por Alma Janette Ávalos Magaña, por derecho propio, contra los actos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, vía Buzón Judicial ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, dirigido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, ese mismo día Alma Janette Ávalos Magaña (en adelante, quejosa o agraviada o parte quejosa o parte agraviada) por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima y Secretario Actuario de su adscripción, por el acto que enseguida se precisa: "(.) IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- por violación a una justicia pronta y expedita con referencia a que en el auto de fecha 05 de octubre de 2023 se llevó a cabo la audiencia de CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, denominada como TRIFASICA, la cual se difirió porque el CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER no se encontraba emplazado a juicio, ni notificada del auto de fecha 8 de febrero año 2023, manifestando que en el auto de fecha 05 de octubre de 2023 se acordó y asigno fecha para la audiencia denominada como TRIFASICA el día 29 de febrero de 2024 a las 14:00 horas lo cual es una fecha larga ya que son más de 4 meses posteriores a la fecha en que se emitió el acuerdo a lo que se me está haciendo una violación a una justicia porta y expedita, esto conforme al artículo 17 de la Constitución Policita de los estados Unidos Mexicanos y de manera supletoria conforme a los términos de la Ley Federal del Trabajo, por lo cual esta automáticamente contraviniendo a lo plasmado por nuestra carta magna, es por ello que solicitamos el amparo de a justicia federal, para la emisión de una nueva fecha de audiencia trifásica, del expediente laboral 416/2021 el cual se encuentra en el TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA (.)" (fojas 2 y 3) SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 1272/2023-VI; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito; se ordenó emplazar a los terceros interesados y se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Seguidos los trámites legales, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en el Acuerdo General 03/2013, modificado por el diverso 43/2018, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, atento a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra acto de autoridad que se encuentra dentro del ámbito de competencia en la que este Órgano de Control Constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página: 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral de los escritos de demanda y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La dilación procesal en el juicio laboral 416/2021 del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, al señalar como fecha para el desahogo de la audiencia trifásica, el veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, por así haberlo manifestado el Magistrado Presidente y Secretaria Actuaria del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado, al rendir su informe justificado. En consecuencia, ante la aceptación de que es cierto el acto que se le reclama; es que debe tenerse éste como plenamente probado. Es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice 2000, Quinta Época, tomo VI, Común, Materia: Común, tesis: 278, registro 917812, página 231, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia del acto reclamado, está corroborada con las constancias que anexó a su informe con justificación la referida autoridad responsable, consistente en las copias certificadas de diversas constancias que integran el expediente laboral 416/2021, mismas que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia(s): Común, Tesis: 158, página: 262, registro 395571, que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado por la quejosa; en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes". Ahora bien, este juzgador no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que imposibilite el análisis de la controversia constitucional planteada, sin que sea obligatorio abordar el estudio de cada una de las contempladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el referido ordenamiento no lo establece así; entonces, a continuación se procede al estudio de fondo. Es aplicable la jurisprudencia 268, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Octava Época, Tomo II Procesal Constitucional 1, Materia Común, Tesis 268, página 288, registro 1002334 que dice: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa, en su escrito de demanda, expresó diversos conceptos de violación, los que por cierto se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su trascripción, atento a lo dispuesto en los ordinales 73, 74, 75, 76 y 79 de la ley de la materia, pues ni de éstos ni de ningún otro numeral se advierte disposición expresa de que deban transcribirse. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, página: 830, registro 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación resultan esencialmente fundados, aunque para considerarlo así se supla la deficiencia de la queja, conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo; así como, en la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 158/2015 (10a.) por identidad jurídica sustancial, con rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal." La parte quejosa alega, en esencia, en su concepto de violación, que se vulnera su derecho humano de acceso a la impartición de justicia pronta, oportuna, completa y congruente, consagrado en el artículo 17 constitucional en relación al 885 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que la autoridad responsable señala fecha para el desahogo de la audiencia trifásica hasta el veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, en el juicio laboral 416/2021. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El transcrito artículo 17 tutela el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las sentencias correspondientes sin dilaciones. De esa forma, se concede a las personas el derecho público subjetivo de acción, conforme al cual, el gobernado tiene el derecho y el gobernante, la obligación de activar la función jurisdiccional para resolver lo sometido a su potestad, en relación con la controversia que se plantea. En relación con el precepto analizado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado el derecho de acceso a la justicia, como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; asimismo, se destacaron respecto de las autoridades jurisdiccionales, los siguientes principios: Justicia pronta: Obligación de las autoridades encargadas de la impartición de justicia, de resolver las controversias que se planteen ante ellas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. Justicia completa: Consiste en que la autoridad que conozca de la controversia planteada emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, así como que garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, aplicando la ley, resuelva si le asiste razón o no, sobre los derechos que ha considerado afectados en su perjuicio. Justicia imparcial: La autoridad jurisdiccional debe emitir una resolución, que además de que se encuentre apegada a derecho, no dé lugar a favoritismos respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita: Los órganos jurisdiccionales, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda la impartición de justicia, no deben cobrar a las partes en controversia emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Cabe resaltar, que también se ha referido que la tutela judicial efectiva genera dos deberes, uno negativo para que los órganos del Estado se abstengan de obstaculizar a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, y, uno positivo, consistente en facilitarles el acceso a la justicia. Estas consideraciones han sido sustentadas en las Jurisprudencias de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con los números 1a./J. 42/2007 y 2a./J. 192/2007, cuyo rubro y contenido son del tenor literal siguiente: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En ese sentido, las autoridades jurisdiccionales en acatamiento al citado precepto constitucional, deben emitir sus autos y sentencias en los plazos y términos que fijen las leyes, debiendo informar a las partes en el proceso, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera; pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. En este sentido, el artículos 148 y 149 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, establece: "Articulo 148.- El procedimiento ante el Tribunal se iniciará con la presentación del escrito de demanda, la cual se notificará a la parte demandada, dentro de las setenta y dos horas siguientes a su recepción, mediante la entrega de una copia simple, a efecto de que produzca su contestación en el improrrogable término de cinco días hábiles siguientes al del traslado, con el apercibimiento de tener a la demandada aceptando los hechos expresados en la reclamación, en el caso de no hacerlo. Artículo 149.- Concluido el término mencionado en el artículo anterior, el Tribunal a petición de parte, señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, mandando notificar personalmente el acuerdo a las partes". De los numeral antes trascrito se advierte, entre otras cuestiones, que el procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, se iniciará con la presentación del escrito de demanda, la cual se notificará a la parte demandada, dentro de las setenta y dos horas siguientes a su recepción, mediante la entrega de una copia simple, a efecto de que produzca su contestación en el improrrogable término de cinco días hábiles siguientes al del traslado, con el apercibimiento de tener a la demandada aceptando los hechos expresados en la reclamación, en el caso de no hacerlo; señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, mandando notificar personalmente el acuerdo a las partes. Por su parte, los artículos numerales 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley burocrática, establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley. Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley". (Énfasis añadido). De una interpretación teleológica de los artículos transcrito, se advierte que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominante oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte, las autoridad tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso; asimismo, que la autoridad del conocimiento está obligada a señalar fecha para que tenga verificativo la audiencia bifásica de conciliación, demanda y excepciones, dentro de los quince días subsecuentes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio y de las pruebas ofrecidas, se acredita que mediante auto emitido el cinco de octubre del año en curso, en que se difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, se señalaron las catorce horas del veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, para que tenga verificativo la audiencia bifásica de ley, de lo que se destaca que la fecha para la audiencia de ley y la fecha del auto de cinco de octubre del año en curso; median cuatro meses y veinticuatro días; entonces, es de concluir que dicha data excede el término a que alude el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. En tal virtud, si la audiencia fue señala para las catorce horas del veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, es inconcuso que al fijar ese tiempo, el Tribunal responsable con su actuar, contraviene en perjuicio de la parte quejosa, el derecho humano previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 197/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, octubre de 2007, p. 209, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". Asimismo, la tesis número X.1o.99 L, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, Octava Época, página 373, con el rubro y texto siguiente: "SEÑALAMIENTO DE LA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, EXCEDIÉNDOSE DEL TÉRMINO LEGAL. NATURALEZA IRREPARABLE. El auto en que se admite la demanda laboral y se señala una fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, excediéndose del término establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es un acto que tiene carácter de irreparable, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo y deja al quejoso en estado de indefensión, de acuerdo al artículo 17 constitucional, y en consecuencia, el auto que desechó la demanda de garantías interpuesta en su contra, es ilegal y debe revocarse". Lo anterior con independencia de que el Presidente del Tribunal responsable, haya manifestado que la fecha de audiencia sea debido a las cargas de trabajo del órgano laboral; lo anterior, porque lo primero no está demostrada, es de naturaleza administrativa e interna del aludido Tribunal, que de manera alguna la exime de observar los plazos y términos fijados por la ley que rige su actuación, la cual, como ya se vio en los preceptos legales antes transcritos, no contempla caso alguno de excepción para su observancia. Por tanto, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la justicia federal, para los efectos precisado en el considerando siguiente. Concesión que debe hacerse extensiva respecto de la Actuaria adscrita del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, al no reclamarse, especialmente, por vicios propios en su cumplimentación y sí en cambio hallarse vinculado con los actos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, en su carácter de ordenadora, que resultan inconstitucionales, acorde con las jurisprudencias 88 y 89, consultables en el tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el tenor literal siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta" "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional." No es óbice a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable refiera que la carga de trabajo con que cuenta es excesiva y el personal jurídico con que cuenta no es suficiente para atender los cientos y miles de juicios que se vienen sustanciando ante el mismo; ello, en virtud de que dicha circunstancia no la exime de la obligación de acatar los plazos y términos establecidos en el ordenamiento legal aplicable para cada una de las etapas procesales. SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Así las cosas, con fundamento en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es conceder al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal, para que: El Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, deje insubsistente el auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, únicamente por lo que respecta a la fecha que señaló para la audiencia bifásica de conciliación, demanda y excepciones, programada para las catorce horas del veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro. En su lugar, proceda a señalar la citada audiencia, que quede comprendida dentro de los quince días siguientes al en que cause ejecutoria la presente resolución, lo que deberá notificar oportunamente a las partes. OCTAVO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 16, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 73 a 77 y 124, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Alma Janette Ávalos Magaña, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable denominada Magistrado Presidente y Secretaria Actuaria del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima; por los motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    ********************, ********************, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Alma Janette Ávalos Magaña, contra actos del Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de ********************, y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos********************° y********************7 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Admisión y registro. Con fundamento en los artículos********************º, fracción I, 37,********************07,********************08,********************12,********************15,********************17 relativos de la Ley de Amparo, se admite dicha demanda, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente********************272/2023-VI. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General********************2/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso********************/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Requerimiento de informe justificado a las autoridades responsables. Pídase el informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendirlo por escrito dentro del plazo de quince días hábiles, el cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; debiendo acompañar, en su caso, el expediente original o el duplicado o copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias que apoyen el ocurso respecto del acto reclamado; incluyendo las pruebas que hubiesen sido rendidas y que por alguna razón no se hayan incorporado al expediente, considerando las siguientes directrices: Si algunas fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de donde se obtuvieron; entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las copias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles; deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las copias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así lo realice. En la inteligencia que de no hacerlo o de no remitir, en su caso, las referidas constancias, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la citada ley, en relación con el arábigo 238 del mismo cuerpo normativo; y, se presumirán ciertos los actos reclamados en términos del artículo********************17, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico: informes2jdo32cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); sin que la remisión del mismo por este medio las exima de acompañar las constancias respectivas para justificar sus actos, mismas que deberán ser remitidas por la mensajería rápida que estimen conveniente, al domicilio que ocupa el local de este juzgado, cito en Boulevard Camino Real No********************052 A, 2° piso Colonia Hospital General y Complejo Administrativo de ********************. ********************, Col. C.P. 28019; lo anterior, con fundamento en el artículo********************17, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral********************7 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tengan la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. Asimismo, se comisiona al actuario para que en caso de que la oficina encargada de recibir los oficios girados a las autoridades responsables se niegue a recibirlos de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, le haga saber que se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de eso subsiste en negarse a recibirlo, se asentará la razón y se tendrá por hecha; además de que si su negación es con motivo del cambio de denominación parcial de la autoridad o de algún sinónimo constitucional, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a doscientas unidades de medida y actualización, que corresponden a $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos), en razón de que su negativa implica un retardo injustificado en la procuración y administración de justicia. Aviso de causal de improcedencia y existencia amparos previos. De acuerdo con lo dispuesto en el precepto 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase tanto a las autoridades responsables, como a la parte quejosa, para que en el supuesto de que haya ocurrido alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por ocurrir alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado; asimismo, se solicita que se informe sobre la existencia de amparos promovidos previamente por el solicitante de amparo, o bien, por alguna de las partes intervinientes en el juicio de origen, para lo cual se deberá precisar el estado procesal de los mismos y el juzgado del conocimiento; lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con apoyo en el dispositivo 251 de la ley en comento. Requerimiento a las partes en el juicio. Tomando en consideración el considerable número de asuntos que se llevan por este juzgador, se requiere a todas las partes del presente juicio para que - en el supuesto de que el suscrito Juez Federal hubiese conocido en diversa instancia en materia mercantil, penal, civil, amparo, o de cualquier otra naturaleza-, de un juicio distinto que tenga relación alguna con los bienes o derechos materia del presente juicio de amparo, lo informen a este juzgado federal, dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se les haga, precisando para tal efecto, la materia y el número de expediente del juicio respectivo. Lo anterior a fin de estar en aptitud de analizar si en el caso se actualiza alguna causa de impedimento para conocer y resolver el presente juicio, dado que en atención a la competencia y jurisdicción de este órgano jurisdiccional, el suscrito Juez Federal conoce de juicios de amparo, causas penales, juicios mercantiles y juicios civiles federales en los que en ocasiones el suscrito conoce sobre un mismo bien o derecho como juzgador de primera instancia y como juzgador de amparo y resulta necesario que sean las partes quienes informen lo conducente; máxime que son éstas quienes cuentan con el mejor conocimiento particular de los juicios que tienen relación con sus bienes y derechos. Se apercibe a las partes que en caso de no hacerlo, se impondrá al omiso como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, la que se hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; y, además atendiendo a la naturaleza de la omisión, se ponderará si en el caso resulta procedente dar vista a la autoridad competente para que proceda conforme a derecho corresponda. Pronunciamiento a la suspensión de oficio y/o apertura de cuaderno incidental. En razón de que la parte quejosa no solicitó la medida cautelar, se hace innecesaria la apertura del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cuarenta y seis minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página********************253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Intervención al Ministerio Público Federal. Por otra parte, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia. Designación y emplazamiento de tercero interesado. De la demanda de amparo se aprecia que les corresponde el carácter de terceros interesados, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, a los siguientes: ************************************************************************************************************************Sindicato de Trabajadores al Servicio del ********************Por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituyan en el domicilio de los terceros interesados de referencia y con copia de la demanda de amparo, los emplacen al presente juicio constitucional, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) de la ley de la materia. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Por otro lado, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, número ********************, interior********************, zona ********************, de la ciudad de ********************. Asimismo, se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo********************2 de la Ley de Amparo, a ********************y********************, por tratarse del trabajador y ser materia laboral el presente asunto. Por otra parte, se tiene a ********************y******************** ********************, como autorizados en términos restringidos del artículo********************2, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos********************03 y********************07 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhorto a las partes. Finalmente, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo.

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