Alma Janeth Ávila Mendoza
Expediente 944/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alma Janeth Ávila Mendoza
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veintiocho de octubre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de garantías no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO . Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías. Por último, devuélvanse a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital las copias certificadas en cuatro tomos, así como un sobre cerrado, que se sirvió acompañar en apoyo a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
CONSTANCIA. En cumplimiento al AVISO de veintinueve de octubre de dos mil quince, por este medio se notifica a la parte QUEJOSA la resolución de veintiocho de octubre del año en curso, en atención a que no compareció los días treinta de octubre o tres de noviembre del año en curso, para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Por recibido el oficio de cuenta que signa el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la Capital, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por -.----, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital y otras autoridades; en virtud de que mediante proveído de veintidós de octubre del año en curso ese órgano colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto planteado y ordena su remisión al juzgado de Distrito, con residencia en esta ciudad, por lo que, por turno, le correspondió conocer del mismo a este Juzgado Décimo de Distrito. Acúsese recibo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda promovida por ----. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 944/2015-IV; y, fórmese expediente. Ahora, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, en razón a que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo vigente, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor: En el caso concreto, del análisis íntegro de la demanda de amparo se advierte que los actos que reclama la quejosa, consiste en: La resolución de cuatro de septiembre del año en curso, dictada dentro del toca de apelación ---, por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en la que confirmó la audiencia de remate en segunda almoneda del uno de julio de dos mil quince, celebrada por la Juez Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil ---; audiencia ésta en la que, la Juez primario declaró fincado el remate a favor de -----; y ordenó se requiriera a la parte demandada para que dentro del término de tres días otorgara a favor del rematante la escritura correspondiente; y, La aplicación del artículo 515 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que a decir de la quejosa es inconstitucional. Sin embargo, respecto del primer acto, se actualiza la causal antes invocada, en virtud de que la quejosa es acreedora en el juicio natural, en virtud de que mediante proveído de uno de junio del año en curso, ante la exhibición por la parte actora de un certificado actualizado de gravámenes, la juez de origen tuvo como acreedora a ---- (aquí quejosa), quien incluso recurrió la audiencia de remate en segunda almoneda; por ende, la responsable le reconoció la calidad de parte procesal dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Por tanto, es dable concluir que la parte quejosa debe sujetarse a las reglas que regulan dicho procedimiento, es decir, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo; lo anterior, debido a que en el caso la ejecución del acto reclamado, esto es, la resolución de segundo grado, que confirmó la audiencia de remate del uno de julio del año en curso, dictada por la Juez Segundo del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil ---, resulta estrechamente ligada a la cosa juzgada, donde la quejosa, en su carácter de acreedora es parte. En efecto, sobre dicho particular, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del impetrante, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el máximo tribunal estimó que con el juicio de garantías no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable (supuesto en el cual se encuentra el presente asunto), pues el acto reclamado es consecuencia directa y está encaminado a cumplir con lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, la cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. En esta tesitura, tenemos que en la especie el acto reclamado, descrito en párrafos que anteceden, no es el último acto de ejecución en el procedimiento para cumplimentar la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, porque el único efecto que genera la resolución combatida al haber confirmado la audiencia de remate del uno de julio del año en curso, es que se continúe con el trámite de dicho procedimiento de remate, lo que de ninguna forma puede ser impugnable a través del juicio de garantías, pues, como ya se vio, de acuerdo con el tercer párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; de ahí lo improcedente del presente juicio de garantías. En efecto, el acto reclamado se emitió en ejecución de sentencia, con la fuerza de cosa juzgada, respecto del cual el juicio de amparo prospera sólo hasta que se pronuncie la resolución final en ese procedimiento, la que en todo caso irrogue el perjuicio a que alude la hoy inconforme y cuando proceda el juicio de garantías, donde tendrán la oportunidad de hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período, como la que aquí alegan. No pasa inadvertido para este Juzgador, el hecho de que en la diligencia de uno de julio del año en curso, confirmada en la sentencia reclamada de cuatro de septiembre del año en curso, la A quo, entre otras cuestiones, ordenó que se requiriera a la parte demandada, para que dentro del término de tres días otorgara a favor del actor del juicio natural, la escritura correspondiente; cuenta habida que, lo ordenado en esos términos por la primario, de ninguna forma puede estimarse que cumpla con las prevenciones a que alude el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, para considerar que se trata de la última determinación dictada en el procedimiento de remate, pues para ello es menester que concurrieran ambos supuestos, esto es, haberse ordenado tanto la escrituración como la entrega del bien, lo que en la especie no aconteció. Es así, porque estimar que el juicio de amparo procede por el hecho de que se ordenó la escrituración del inmueble afecto al remate, pugnaría no únicamente con el texto de la norma, sino evidentemente con su espíritu, que no es otro que el de permitir la reparación constitucional exclusivamente en la hipótesis de que se trate de la última resolución en el procedimiento de remate, con el propósito de impedir el abuso del juicio de amparo y así evitar que se entorpezca dicho procedimiento, siendo que tal última resolución no vendría a ser sino la que ordena la desposesión, después de haberse otorgado la escritura de adjudicación, contra la que sería procedente el juicio de garantías. En esas condiciones, como se dijo, no es dable considerar como definitiva la diligencia de remate de uno de julio del año en curso, impugnada a través del recurso de apelación del que emana la sentencia ahora reclamada, de tal forma que el presente juicio de garantías promovido en su contra pudiera resultar procedente, bajo la hipótesis prevista en el referido numeral 107, fracción IV, de la Ley de la Materia. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la quejosa también reclame la aplicación del artículo 515 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, el cual refiere es inconstitucional, toda vez que la regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, como en el caso, hasta que en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser manifiesta y notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto el artículos 107, fracción IV, (interpretado en sentido contrario), y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, de las constancias remitidas se evidencia como domicilio de la parte quejosa el ubicado en ----, en esta ciudad; en consecuencia, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a fin de que se constituya en dicho domicilio y le notifique el presente proveído; asimismo, se le tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ----, en virtud de que cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a las diversas personas que indica, en virtud de no contar con tal requisito. Por otra parte, dada la voluminosidad de las constancias exhibidas, fórmense cuatro tomos de pruebas y un sobre cerrado que se exhibe. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.
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