Alma Guadalupe Nadal Lizama

Expediente 142/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
142/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
03/06/2019

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público del Fuero Común, de la Agencia Décimo Primera de la Fiscalía General del Estado, con sede en Progreso, Yucatán
  • Alma Guadalupe Nadal Lizama y Otros.
  • Juan Jesús Casas Avilés y Otros.
  • Alma Guadalupe Nadal Lizama
  • Juan Jesús Casas Avilés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    SE ACUSA RECIBO DE LO QUE SE INDICA

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por el Secretario en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el nueve de abril dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, aun cuando en estos autos se sobreseyó en este juicio de amparo, toda vez que por acuerdo de cinco de febrero de dos mil diecinueve, por lo que respecta a los actos que consistieron en la detención, incomunicación y desaparición forzada de personas que se adujo sufrían los directos quejosos, se concedió de oficio la suspensión de plano, para que cesaran de inmediato dichos actos; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción III del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que el mismo carece de relevancia. Por otra parte, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que deriva de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no obre en autos la constancia de notificación de la sentencia de mérito, respecto de la autoridad responsable Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Progreso, Yucatán, cuyo domicilio se encuentra fuera de la residencia oficial de este Juzgado Federal, toda vez que considerando el sentido en que se resolvió este asunto, con el dictado de este auto no se le vulnera derecho alguno. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil diecinueve. Vista la copia certificada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por auto de cinco de febrero de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional del acto reclamado, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la resolución que resolvió la suspensión provisional antes citada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos, para resolver el juicio de amparo 142/2019 promovido por Juan Pech Castro a favor de Alma Guadalupe Nadal Lizama y Juan Jesús Casas Avilés, contra actos del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación de Progreso, Yucatán (en su correcta denominación) y otra autoridad, por violación a los artículos 14, 16 y 19 constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el cinco de febrero de dos mil diecinueve, Juan Pech Castro a favor de Alma Guadalupe Nadal Lizama y Juan Jesús Casas Avilés solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación de Progreso, Yucatán (en su correcta denominación) y Secretario de Seguridad Pública del Estado, que hizo consistir en la detención, incomunicación y desaparición forzada. Segundo. Admisión de la demanda. Por autos de seis y siete de febrero del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo en relación a Juan Jesús Casas Avilés y Alma Guadalupe Nadal Lizama, respectivamente, se solicitó su correspondiente informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se realizó en el acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior, porque el acto reclamado tuvo ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, se puede advertir que la parte quejosa lo que reclama es la detención, incomunicación y desaparición forzada. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables negaron el acto reclamado respecto a la incomunicación y desaparición forzada de los directos quejosos Alma Guadalupe Nadal Lizama y Juan Jesús Casas Avilés. De igual forma, respecto al acto reclamado consistente en la detención de la quejosa Alma Guadalupe Nadal Lizama, el Fiscal en Jefe, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Progreso, Yucatán, refirió que no es cierto dicho acto, sin prueba en contrario que lo desvirtué. Por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa por la parte quejosa respecto de los mencionados actos reclamados lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en su respectivo informe justificado refirió que es cierto el acto consistente en la detención que sufría la directa agraviada Alma Guadalupe Nadal Lizama, por lo que se tiene por cierto dicho acto. Asimismo, el Fiscal en Jefe, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Progreso, Yucatán y el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, al rendir sus informes justificados relativos a la detención del quejoso Juan Jesús Casas Avilés, refirieron que es cierto el acto de molestia, por lo que se tiene por cierto el acto que se les atribuye. Lo anterior, se corrobora con las constancias que anexaron las responsables a sus informes justificados, las cuales ameritan valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º. Sirve de apoyo, el contenido de la jurisprudencia 305, de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, visible en la página doscientos seis, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Quinto. Actualización de causal de improcedencia por la directa quejosa Alma Guadalupe Nadal Lizama. Por ser de orden público debe estudiarse si en el presente asunto se actualiza alguna causa de improcedencia, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto al acto reclamado por la directa quejosa Alma Guadalupe Nadal Lizama, consistente en la detención, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, del oficio y constancias anexas remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que si bien el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante acta levantada el cuatro de febrero de dos mil diecinueve, impuso a la directa quejosa Alma Guadalupe Nadal Lizama, una sanción administrativa consistente en un arresto de veinticuatro horas, lo cierto es que éstas ya fueron cumplimentadas en su totalidad por la antes mencionada. En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la detención de la directa quejosa Alma Guadalupe Nadal Lizama, es incuestionable que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que ésta cumplió en su totalidad la sanción administrativa impuesta por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante acta levantada el cuatro de febrero de dos mil diecinueve, consistente en un arresto de veinticuatro horas; lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Sexto. Estudio de causales improcedencia por el directo quejoso Juan Jesús Casas Avilés. Respecto a la detención reclamada, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en virtud de haber ocurrido un cambio de situación jurídica. El invocado numeral en lo conducente dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ".XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. .Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". Lo anterior es así, en razón que si bien es cierto el directo quejoso Juan Jesús Casas Avilés, se encontraba detenido a disposición del Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Progreso, Yucatán, por hechos posiblemente delictuosos contenidos en la carpeta de investigación F1-F1/000042/2019, también es cierto, que esta autoridad el seis de febrero de dos mil diecinueve, puso al directo quejoso a disposición del Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en la ciudad y puerto de Progreso, Yucatán, lo que se corrobora con las documentales que remitieron las autoridades responsables con sus respectivos informes justificados, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2° de la Ley de Amparo; en consecuencia es incuestionable que las autoridades responsables han dejado de intervenir en la detención que se les imputa desde el momento en que el directo quejoso fue puesto a disposición de la señalada autoridad judicial; por lo que no existe materia sobre la que pueda versar este juicio. En tal virtud, es evidente que no puede hacerse pronunciamiento alguno respecto del citado acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, por lo que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo. En ese sentido, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito lo que procede es sobreseer en el presente asunto, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal de mérito. Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 76 al 78 y 192 de la Ley de Amparo. Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Pech Castro a favor de Alma Guadalupe Nadal Lizama y Juan Jesús Casas Avilés, contra actos del Fiscal en Jefe, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Progreso, Yucatán, y Secretario de Seguridad Pública del Estado, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

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