Alma Guadalupe Márquez Floriano

Expediente 582/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
582/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
06/08/2015

Partes del expediente

  • Comisionado General Titular de la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social en el Estado. Saltillo, Coahuila
  • Alma Guadalupe Márquez Floriano

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte promovente, no impugnó el auto en el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En el caso, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de veintidós de julio de dos mil quince, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Alma Guadalupe Márquez Floriano, en representación de Ernesto Valadez Zendejas, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en México, Distrito Federal, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 582/2015. Ahora bien,el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone:"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los Órganos Jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del numeral 61 de la Ley de Amparo, por los motivos y consideraciones que a continuación se precisan. De acuerdo con la causal de mérito, es improcedente el juicio de amparo contra actos que fueron materia de diverso juicio de garantías que se encuentra pendiente de resolución, promovido contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aun contra diversas autoridades, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial. Ahora bien, en el presente juicio de amparo se advierte que promovieron de nueva cuenta en representación de Ernesto Valadez Zendejas, demanda de amparo, señalando como autoridades responsables al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Comisario General Titular de la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; Director del Centro de Readaptación y Reinserción Social para Varones, y Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal, estas con sede en esta ciudad, indicando como acto reclamado; "...1.- EL ACTO DE TRASLADO". Ahora bien, por lo que ve al diverso juicio de amparo 527/2015, promovido por Ernesto Valadez Zendejas, se advierte que señaló como autoridades responsables y acto reclamado, lo siguiente: ".AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- EL COMISARIO GENERAL, TITULAR DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO, con domicilio conocido en Saltillo, Coahuila. 2.- DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN Y REINCERSIÓN SOCIAL PARA VARONES con domicilio conocido en esta ciudad. 3.- COMISIONADO DEL ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL con domicilio conocido en México, Distrito Federal. 4.- JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE RÍO GRANDE con domicilio en el edificio del Palacio de Justicia ubicado en Boulevard República s/n de la colonia Tecnológico de esta ciudad. De lo que se concluye que las autoridades responsables y los actos que se combaten en el presente juicio de amparo 582/2015 (en esencia la orden de traslado), son materia del diverso juicio de amparo 527/2015, mismo que hasta la fecha se encuentra pendiente de resolver, pues, se encuentra en trámite para su debida integración; por lo que se encuentra demostrado que en ambos juicios de amparo en esencia son los mismos actos reclamados, y autoridades responsables, lo que constituye en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, un hecho notorio, por ser un juicio que se tramita en este Juzgado. Ahora bien, en el diverso juicio de amparo 527/2015, se advierte que se admitió a trámite la demanda de amparo en catorce de julio de dos mil quince (fojas 14 y 15 de ese expediente), y que está señalada la audiencia constitucional para las trece horas del veinticinco de agosto de dos mil quince, por lo que es evidente que aún no se ha dictado la resolución constitucional correspondiente. Por lo que, siendo los actos reclamados en el presente asunto motivo de diverso juicio de amparo, anterior a este, en la que se analizará la constitucionalidad de dichos actos, no puede ser materia de análisis en el juicio que ahora se estudia. Dichas documentales constituyen un hecho notorio para el juzgador, Sin que sea el caso de adjuntar copia certificada de las constancias correspondientes al juicio de amparo antes anotado, pues se tienen a la vista, al momento de dictarse la presente resolución; solo en el caso de que sea recurrido el presente proveído, recábese copia certificada del citado expediente para que sean anexadas al medio de impugnación que en su caso, se interponga. En consecuencia es inconcuso que en el caso se actualiza de manera plena, indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada prevista por el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo en vigor, que lleva necesariamente a desechar de plano la demanda de amparo, En su oportunidad practíquense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y archívese el asunto como concluido. Se tiene como autorizado en los términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, al profesional que designa para tal efecto, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que refiere en su escrito de demanda. Asimismo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes que, conforme al procedimiento de acceso a la información, la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite; así también, que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes.

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