Alma Guadalupe Jaime Navarro
Expediente 510/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/03/2021
Partes del expediente
- Alma Guadalupe Jaime Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el ocho de diciembre de dos mil veinte, por la cual se negó el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este asunto es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no se considera de relevancia documental, ni susceptible de conservación. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, devuélvase a la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, un legajo de pruebas que remitió dicha responsable.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a la quejosa , contra el acto y la autoridad establecidos en el considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales.
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio y anexos remitidos por la Presidente Auxiliar y el Secretario General, ambos adscritos a la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de seis de noviembre del actual, remite copias certificadas de las constancias solicitadas; las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, mismas que serán tomadas en consideración al resolver el presente juicio de amparo. En tales condiciones, para el mejor manejo del presente expediente, se ordena formar un cuaderno de pruebas con el legajo de copias certificadas allegadas.
- Principal
Del análisis de autos, a fin de integrar debidamente la litis en el presente asunto, de conformidad con los artículos 75 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que, dentro del término de tres días, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, remitan a este Juzgado de Distrito, copias certificadas (físicas o digitalizadas) completas y legibles de todo lo actuado a partir de la razón actuarial de veinte de agosto de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 2382/2019-A de su índice. Con el apercibimiento que de no cumplir, o de no manifestar la imposibilidad que para ello tenga, se le impondrá la sanción prevista en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, que consiste en multa de cincuenta veces el valor inicial diario, de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, por la cantidad de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos moneda nacional), tomando como base que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos moneda nacional), establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el diez de enero de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número P./J 17/97, visible en la página 108, del tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". En esas condiciones, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las trece horas del ocho de diciembre de dos mil veinte para su celebración.
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