Alma Guadalupe Fleites Carvajal

Expediente 595/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
595/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
19/07/2019

Partes del expediente

  • Alma Guadalupe Fleites Carvajal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos y atendiendo a que ha transcurrido el término que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo. Finalmente, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio 1795/2019, signado por la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, por medio del cual y en cumplimiento a lo solicitado en proveído de dieciocho de junio del presente año, remite copia certificada de la sentencia de veinte de junio de dos mil diecinueve, dictada en autos del expediente 671/2017 de su índice. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió en la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable al no cumplir con lo ordenado en la sentencia de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, pronunciada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En relación con lo anterior, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, como se dijo, en este juicio se reclamó la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable al no cumplir con lo ordenado en la sentencia de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, pronunciada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ahora, de las constancias certificadas que la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó con su informe con justificación, se desprende que mediante sentencia de veintiuno de enero del año en curso, la aludida Sala Colegiada dejó sin efecto la sentencia de primera instancia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en la cual, repuso el procedimiento a efecto de que la aquí responsable solicitara informes al Instituto Mexicano del Seguro Social, Servicio de Administración Tributaria, Director del Registro Público de la Propiedad del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en donde informaran los salarios, emolumentos, y prestaciones recibidos por el tercero interesado Oswaldo Alberto Esquivel Sánchez, así como sus declaraciones fiscales a partir de la fecha de nacimiento de su hija hasta la presente fecha; así como si es propietario de algún bien raíz y vehicular respectivamente. De igual manera, se precisó que una vez recibida la información antes reseñada, la Juez responsable debería dictar la sentencia correspondiente, en la que se determinaría si con las pruebas que obraran en autos, se demostraba que el citado tercero interesado Esquivel Sánchez tenía conocimiento del nacimiento de la menor de edad y si la omisión de reconocerla fue de buena o mala fe; lo anterior, para poder decidir si procedía el pago de los alimentos de forma retroactiva, así como la forma de pago respectiva. En atención a lo anterior, la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, procedió a requerir los informes a las autoridades ya mencionadas y, una vez que los recibió, señaló fecha para el dictado de la sentencia respectiva. Así las cosas, el veinte de junio del año en curso, se emitió la sentencia en el procedimiento de reconocimiento de paternidad 671/2017, en donde se declaró que el tercero interesado era el padre biológico de la menor de edad representada por la parte actora; que la custodia de la niña quedaría a cargo de su madre; se estableció un régimen de convivencia entre la menor y su padre; se condenó al demandado a pagar, en concepto de pensión alimenticia, la cantidad equivalente al veinticinco por ciento de sus sueldos; y, se resolvió que no había lugar a condenar al demandado al pago de alimentos en forma retroactiva. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Así las cosas, sin prejuzgar sobre la legalidad de dicha actuación, se advierte que la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, emitió una nueva resolución en la que, a su consideración, cumplió con los lineamientos expuestos por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, en su sentencia de veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  3. Principal

    MESA VI. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que de la revisión de la demanda, la aquí quejosa Alma Guadalupe Fleites Carvajal reclama la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable, al omitir señalar lo referente al Reconocimiento de Paternidad respecto de su hija menor de edad H.G.F.C., en autos del expediente 671/2017. Ahora bien, toda vez que en el informe justificado rendido por la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, informa que por acuerdo de quince de mayo del año en curso, fijó el veinte de junio de dos mil diecinueve, a las trece horas con treinta minutos, para la audiencia de lectura de la sentencia de veintitrés de enero de la presente anualidad, dictada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. En atención a lo anterior, requiérase a la citada Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, informe a este Juzgado Tercero de Distrito sobre la determinación emitida en relación con el Reconocimiento de Paternidad respecto de su hija menor de edad H.G.F.C., en autos del expediente 671/2017, y remita las constancias con las que acredite su dicho. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien días veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO Para dar margen a lo ordenado en párrafos que anteceden, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su desahogo, las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

  4. Principal

    AMESA VI. Aréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa.

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