Alma Gloria Millanes Pineda
Expediente 1531/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1531/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Alma Gloria Millanes Pineda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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Auto. En Hermosillo, Sonora, tres de febrero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
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CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 03/FEBRERO/2023, QUE DICE:Auto. En Hermosillo, Sonora, tres de febrero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
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Auto. Hermosillo, Sonora, doce de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado que guardan los autos, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, en razón de la inexistencia de la autoridad responsable. Al respecto, para una mejor comprensión de la causa de sobreseimiento aludida, resulta necesario citar los antecedentes más relevantes del asunto, a saber: 1) El catorce de noviembre de dos mil veintidós, ******************** ?quejosa?, presentó escrito de demanda de derechos en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, mediante el cual solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad que denominó: "ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA", de quien reclamó, en lo medular, el cobro o inscripción de embargo laboral, decretado en el expediente laboral 4636/2009, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora. 2) El diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, por lo que otorgó a la representación social de la adscripción la intervención que legalmente le compete, solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable y señaló fecha para la audiencia constitucional. 3) Por auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, se incorporó a los autos una razón actuarial, en la cual el actuario judicial adscrito, hizo constar que no fue posible hacer entrega del oficio 31012/2022, dirigido a la autoridad responsable que la quejosa denominó: "ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA"; asimismo, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del consabido acuerdo, expresara lo que a su interés conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado, se tendría por inexistente dicha autoridad y se suspendería toda comunicación con ella; en la inteligencia que, la parte quejosa quedó debidamente notificada respecto del acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, el veintisiete de diciembre posterior; sin embargo, no realizó manifestación alguna al respecto. 4) Mediante proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se declaró la inexistencia de la única autoridad responsable que la quejosa denominó: "ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA". Atento a lo expuesto, es dable sostener que si en la demanda de amparo no se señaló de manera correcta a la única autoridad responsable del acto que por esta vía se impugna; además, tampoco se realizó de manera oportuna su debida aclaración, precisión o corrección de la misma, el juicio de amparo resulta improcedente, en virtud de que no existe autoridad a la que se atribuya el acto reclamado; en ese contexto, este órgano de control constitucional se encuentra impedido para hacer mayor pronunciamiento. En tal virtud, resulta evidente que deviene improcedente el juicio de amparo, ya que es obligación de la parte que insta el juicio de derechos señalar de manera oportuna el nombre correcto de la autoridad responsable, cuyo actuar refiere le causa una violación en sus derechos fundamentales, pues de no existir autoridad responsable, resulta incuestionable que no existe una relación de causa?efecto, relativa al acto que motivó el trámite de la presente secuela constitucional. Máxime, que el señalamiento correcto de la autoridad responsable, es una obligación que le corresponde a la parte solicitante del amparo, no así de este órgano jurisdiccional, toda vez que la suplencia de la queja prevista por el artículo 79 de la Ley de Amparo, no autoriza cambiar los sujetos de la relación procesal, por lo que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendentes a demostrar la violación de derechos humanos, así como los preceptos vulnerados con los actos que por esta vía se impugnan. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII-2°. J1, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página quinientos sesenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III mayo de mil novecientos noventa y seis, cuyos rubros y sinopsis son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable". Así como la diversa tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página ciento ochenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo XII, septiembre de mil novecientos noventa y tres, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACION DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISION QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo". Así, al no existir prueba de la quejosa tendente a desvirtuar la inexistencia de la autoridad señalada como responsable "ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA", resulta inconcuso que no existe el acto reclamado a esa autoridad. Bajo ese orden de ideas, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, con fundamento en el 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de derechos. Audiencia constitucional sin efectos. Por ende, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; y, personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. .
- Principal
Inexistencia de autoridad. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de derechos, se advierte que en proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con la vista otorgada respecto de la autoridad que denominó: "Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el Gobierno del Estado de Sonora". En esa intelección, la parte quejosa no efectuó manifestación en ese sentido, no obstante de encontrarse debidamente notificada, razón por la cual se hace efectivo el apercibimiento decretado y, por tanto, se tiene como inexistente a la mencionada autoridad y se ordena suspender toda comunicación legal con ésta.
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