ALMA GISERLA SUAREZ GARCIA y Otros.
Expediente 990/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 990/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ALMA GISERLA SUAREZ GARCIA y Otros.
- Alma Giserla Suarez Garcia
Actuaciones
- Principal
MESA IV A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; treinta de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el asunto como concluido. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de amparo origen de este juicio fue desechada, el expediente es destruible dentro de cinco años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por ALMA GISELA SUÁREZ GARCÍA, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro y otras autoridades, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 990/2018. Se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; así como para que firme los oficios que deriven de este asunto. Ahora del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala esencialmente, como actos reclamados, los siguientes: La negativa del Juez Primero y Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido de ordenar diligenciar el exhorto 249/2018 ordenado por el Juzgado Primero Familiar del Centro, en el juicio de alimentos 844/2016, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, a fin de obtener el estudio socioeconómico del ahí demandado. El auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho dictado por el Juez Familiar en el que determinó no admitir la prueba testimonial ofrecida por la promovente en el incidente de tacha de testigos derivado del expediente 844/2016 En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En cuanto al primero de los actos reclamados, consistente en la negativa del Juez Primero y Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido de ordenar diligenciar el exhorto 249/2018 para efecto de obtener el estudio socioeconómico del demandado en el juicio de alimentos 844/2016 del Juzgado Primero Familiar del Centro, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del precepto 107, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.;" En efecto, se actualiza la citada causa de improcedencia que refiere que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos que son de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, en los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, para que se produzca tal afectación, las consecuencias de los actos reclamados deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no llegará a trascender al resultado del fallo. Luego, como en el caso, se advierte que la quejosa reclama violaciones al artículo 17 Constitucional, con motivo de la omisión de las responsables, traducida ésta en la dilación de diligenciar el exhorto 249/2018, ordenado por el Juez Primero Familiar del Centro, a fin de obtener el estudio socioeconómico del demandado en el juicio de alimentos 844/2016. Sin embargo, la parte quejosa señala que dicha comunicación fue girada en acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, y por tanto, tal acto no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, dado el corto tiempo que ha transcurrido desde la emisión de dicho acuerdo y la fecha en que se presentó la demanda de amparo, por lo que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, y que no actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Es aplicable a lo anterior, por los motivos que la conforman, la jurisprudencia 2ª./J.48/2016 (10ª), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el rubro y texto, siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Ahora, en cuanto al segundo acto reclamado, consistente en el auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho dictado por el Juez Familiar en el que determinó no admitir la prueba testimonial ofrecida por la promovente en el incidente de tacha de testigos derivado del expediente 844/2016; también se advierte que se actualiza una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Ahora, los artículos 283 y 670 del Código de Procedimientos para el Estado de Oaxaca establecen: "Artículo 283. El Tribunal que reciba las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén permitidas por la le y se refieran a los puntos, cuestionados, para cuyo efecto se mandarán formar los cuadernos correspondientes. El auto en que se admita una prueba y el que la deseche son apelables en el efecto devolutivo. "Artículo 670. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior". Como se ve, contra el acto reclamado, procede un medio de defensa, como lo es el recurso de apelación, y por tanto, previo a la promoción del juicio de amparo, el promovente debió haber interpuesto dicho medio de impugnación en términos del artículo 283 segundo párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. No se desatiende que la promovente anexó a su demanda de amparo el acuse de recibo del escrito de diez de septiembre de dos mil dieciocho, dirigido al juez responsable, y con el que le manifiesta que desiste del recurso de apelación contra el aludido acuerdo; sin embargo, con independencia del pronunciamiento que sobre este aspecto emita el juez natural, y a que tal actuar de la promovente lo realizó con la finalidad de encontrar justicia pronta y expedita, al no ubicarse el acto reclamado en alguno de los supuestos de excepción a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ello no releva a la parte quejosa de promover el medio de defensa que la ley le concede. Por otra parte, respecto al citado acto reclamado relacionado con la no admisión de la prueba testimonial, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción V, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.; Por su parte, los artículos 170, fracción I, 171, párrafo primero, y 172, fracción III, de la ley de la materia, establecen lo siguiente: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley." La interpretación conjunta de las anteriores disposiciones legales lleva a considerar que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos que son de imposible reparación y no cuando se trata de violaciones procesales que se extinguen en el tiempo; que el Tribunal Colegiado conocerá del juicio de amparo directo, el que procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, así como de aquellos casos en que se desechen las pruebas ofrecidas legalmente o se desahogue en forma contraria a la ley, se trata de violaciones al procedimiento que pueden trascender o no al resultado del fallo. Lo que tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo cincuenta y seis, agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora bien, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las derechos sustantivos, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de repararse mediante el acuerdo posterior o bien a través del juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia que se dicte en definitiva. Sobre lo ya expuesto, el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional, que es el auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 844/2016, mediante el cual el juez responsable determinó no admitir la prueba testimonial ofrecida en el incidente de tacha de testigos derivado de ese expediente familiar, produce efectos intraprocesales, pues no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, dado que no se encuentra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación a la parte quejosa, en atención al concepto de irreparabilidad expuesto, pues en su carácter de parte demandada en el juicio de primera instancia, todavía no es posible saber si se producirá tal afectación, en la medida de que, cuando se dicte la resolución definitiva en el juicio, se sabrá si la violación que reclama trasciende o no al resultado del fallo y será hasta entonces cuando podrá recurrirlo, haciendo valer las violaciones que estime le fueron producidas. Así, las consecuencias del acto reclamado no conllevan a una afectación irreparable de un derecho sustantivo en perjuicio de la disconforme, puesto que, existe la posibilidad de que el fallo que se dicte en definitiva le sea favorable, entonces el acto que aquí se reclama, no implica necesariamente que el juez que conoce del juicio original dicte una sentencia desfavorable, pues dicha autoridad, conserva la obligación de examinar debidamente la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. De ahí que la citada resolución emitida por la responsable, ningún perjuicio irreparable ocasiona, ya que puede o no trascender al resultado del fallo. Ahora bien, en el caso de que el fallo que se llegue a dictar resultare adverso a los intereses de la parte quejosa, al tener la calidad de parte demandada dentro de dicho procedimiento, puede inconformarse a través del juicio de amparo directo, que en su caso, interponga contra dicha sentencia, enderezando en vía de agravio las anomalías que crea fueron cometidas; de conformidad con los artículos 170, fracción I, 171, párrafo primero, y 172, fracción III de la Ley de Amparo, puesto que, pueden considerarse infracciones al procedimiento que en su momento lleguen a afectar las defensas de la ahora parte quejosa y que trasciendan al resultado del fallo. Lo anterior encuentra sustento en la tesis P.LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve, tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia 2a./J. 24/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página doscientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, marzo de dos mil dieciséis, novena época, materia común, de rubro y texto: "PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR EL QUEJOSO EN LA CONTABILIDAD DE SU CONTRAPARTE EN EL JUICIO NATURAL. CONTRA SU DESECHAMIENTO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Por otra parte, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 9, con el rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", sostuvo que los actos dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o producen a las partes una afectación en grado predominante o superior. En congruencia con lo anterior, se concluye que el amparo indirecto es improcedente contra el desechamiento de la prueba pericial contable ofrecida por el quejoso sobre la contabilidad de su contraparte en el juicio natural, por tratarse de un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ni producen una afectación a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ya que sólo ocasiona que no se acumulen al acervo probatorio de ese juicio los resultados que pudiera arrojar el desahogo de la prueba respectiva, lo cual afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse, pues si el oferente obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de la materia, haciendo valer el desechamiento como violación procesal, en su caso." De esta manera, resulta que la demanda de amparo presentada por ALMA GISELA SUÁREZ GARCÍA, es improcedente, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107 de dicha ley; así como por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Téngase a la parte que promueve señalando como domicilio para recibir acuerdos y notificaciones el que indica, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Rosario Fabiola Morales Martínez; así como únicamente para oír, recibir e imponerse de los autos a las personas que menciona. En relación a la utilización de los medios electrónicos, dígasele que no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al promovente para utilizar cámara fotográfica, teléfono celular o scanner, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que haga de ellos el peticionario, quien estará obligado a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página dos mil ochocientos cuarenta y siete del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia civil, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En el entendido que deberá dejarse constancia en el expediente de los documentos reproducidos. Por último, con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente y cúmplase. NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY
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