Alma Edith Padilla Mauricio

Expediente 1077/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1077/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Alma Edith Padilla Mauricio
  • Zenaida Duran Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, ante el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ALMA EDITH PADILLA MAURICIO O ALMA PADILLA MAURICIO y ZENAIDA DURÁN AGUILAR por conducta de su defensora pública federal solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca. Directora del Centro Federal de Readaptación Social N° 16, "CPSFemenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos. Acto reclamado. "a) De la C. Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca se reclama la resolución que dictó el cuatro de noviembre de dos mil veinte en la controversia judicial 347/2020, en la que omitió pronunciarse sobre la violación a los derechos humanos de las aquí quejosas y no dar efectos generales a su resolución. b) De la C. Directora del Centro Federal de Readaptación Social N° 16, "CPS-Femenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos, se reclama la OMISIÓN de proporcionar a las internas del centro penitenciario a su digno cargo atención médica general oportuna, así como atención médica especializada en ginecología permanente, viéndose afectadas en su salud e inclusive su vida." SEGUNDO. El diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, una vez subsanada la prevención formulada y radicado el asunto con el número de expediente 1077/2020, esta autoridad admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 primer párrafo y 107 de la Ley de Amparo; 1° fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza del acto reclamado, es menester precisarlo, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad la demanda. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis número VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de privada de veinticinco de marzo del año en curso, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, y del análisis tanto de aquélla como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que en esencia se reclama: - La resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, dictada en los autos de la controversia judicial 347/2020, por la Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca. - De la Directora del Centro Federal de Readaptación Social N° 16, "CPS-Femenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos, la OMISIÓN de proporcionar a las quejosas la atención médica general oportuna, así como atención médica especializada en ginecología permanente. . TERCERO. Existencia del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con la técnica que rige al juicio, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Tiene aplicación a lo precedente, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese sentido se tiene que la autoridad señalada como responsable Directora del Centro Federal de Readaptación Social N° 16, "CPS-Femenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos, al rendir el informe justificado, negó la existencia de los actos que se le atribuyen; sin embargo, toda vez que el estudio de la falta de atención médica, pudiese constituir un análisis de fondo de la litis constitucional, se estima que no es dable adentrarse al estudio de dicho tópico en el presente considerando, sino, en caso de superar el tema de procedencia del juicio de análisis, será mediante un estudio de fondo que determine si se ha respetado o no el derecho humano a la salud. La autoridad responsable Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, al rendir el informe justificado aceptó el acto reclamado consistente en la emisión de la resolución que aquí se combate y remitió las constancias relativas, que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio. Por ser de orden público y estudio preferente, se procede a analizar si en el presente juicio de amparo se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, atenta al artículo 62 de dicha ley. Atento a lo anterior, este órgano de control constitucional, de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." En la norma transcrita se consagra el principio de definitividad, el cual consiste en que el juicio de amparo procede sólo contra actos verdaderamente definitivos, con exclusión de los que, por cualquier medio legal, puedan ser revocados, modificados o anulados. Lo anterior, pues el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanos, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto acotar la procedencia de la acción constitucional a los actos definitivos. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de amparo se erige como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser atacados por ningún medio legal y que, por ende, se clasifiquen como definitivos. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión y/o negativa de la autoridad responsable de proporcionales atención médica. Respecto de tal acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotar los mecanismos de control denominados peticiones administrativas, establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente en sus artículos 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135, a través de los cuales las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos, por virtud del cual puede ser revocado, modificado, o nulificado el acto aquí reclamado como enseguida se observará. En efecto, las disposiciones contenidas en la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a su numeral 2, son de orden público y de observancia general, tanto en la Federación como en las Entidades Federativas. Tal ordenamiento, conforme a su artículo 1, tiene entre otros fines establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, las normas que deben de atenderse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas, así como en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal como del local, según corresponda, quienes deberán garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos humanos que les reconocen la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, respecto al acto aquí reclamado, dentro de la citada legislación de ejecución penal, en el Título Cuarto intitulado "DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN", Capítulo III "Procedimiento administrativo", particularmente, en los artículos 107 a 115, se prevé un procedimiento que puede traer como consecuencia su modificación, revocación o nulidad, pues por medio de ese Procedimiento Administrativo, las personas privadas de la libertad, como la aquí quejosa y aquellas legitimadas en esa Ley para hacerlos valer a su favor, sin mayores formalidades y auxiliadas por las propias autoridades carcelarias, pueden formular peticiones o quejas administrativas por escrito, incluso, en casos urgentes, POR CUALQUIER MEDIO, ante las autoridades penitenciarias, en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, quienes tienen la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y, una vez allegada de la información necesaria resolverán sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fuere resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fuere resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafos segundo y tercero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Cuando el recurso o medio de defensa legal recaiga sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento y, por no atenderse de inmediato, quedara sin materia la petición, el legitimado puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, por tratarse de un CASO URGENTE, de así considerarlo; supuesto en el cual el Juez de Ejecución, DE OFICIO, SUSPENDERÁ DE INMEDIATO el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución DETERMINARÁ LAS ACCIONES A REALIZAR por la autoridad penitenciaria. De todo lo anterior se sigue que el trámite hasta aquí señalado constituye todo un sistema de impugnación de los actos, hechos u omisiones que se generen durante el tiempo de internamiento (incluso una instancia); esto porque tal procedimiento que inicia con una petición, constituye un verdadero medio de impugnación, pues cumple con la condición de constituir un instrumento previsto o contemplado dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, cuyo objetivo es modificar, revocar o nulificar el acto, hecho u omisión relacionado con las condiciones de internamiento (la falta de atención médica); y por tanto, genera la obligación para los promoventes, de agotarlo previamente al juicio de amparo. Así, es dable señalar que, en el caso, respecto del acto reclamado que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia de referencia, toda vez que la quejosa no agotó previamente el recurso o procedimiento previsto en el artículo 114, párrafos segundo y tercero, ya citado, pues a través de ese procedimiento es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto a sus peticiones, incluso, pueden ser atendidos como urgente por las autoridades penitenciarias, situación de la que se duelen en esta vía constitucional. Dicho de otro modo, en los casos que una persona privada de su libertad pretenda que el centro de reclusión en que se encuentra le atienda sus necesidades, tales como la ahora reclamada, los interesados deben agotar, previamente a la promoción de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias tendentes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses, por lo que al no haberlo hecho así los quejosos, es que se actualiza la citada causal de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), con registro 2018548, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad.". Además, en el caso concreto no opera alguna de las excepciones a que se refiere la fracción XX, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, al principio de definitividad. Lo anterior, en razón que del análisis de la demanda de derechos no se observa que las promoventes del amparo refieran algún padecimiento (aflicción física y/o mental) que pudiera comprometer gravemente su dignidad e integridad personal al grado de equipararse a un tormento. Incluso, en caso de que el acto reclamado llegara a afectar algún derecho sustantivo de la quejosa y éste pudiera considerarse como de imposible reparación, tampoco se autorizaría inobservar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ello, tomando en consideración que la irreparabilidad del acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, a partir de que si bien el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad reclamado y en su especial trascendencia en la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo. La regla de definitividad consiste en la exigencia de agotar previamente al juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. De ahí que, aun tratándose de actos que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo, es necesario agotar el medio de defensa que en su caso prevea la ley, salvo las excepciones previstas al respecto en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En apoyo de lo cual se invoca la jurisprudencia del Pleno de la Corte, número P./J. 11/2018 (10a), de contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En otro orden de ideas, por cuanto hace a la resolución reclamada, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto transcrito establece la causa de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Así, el juicio de amparo es un medio extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdiccional ordinaria debe de agotarse previamente. Ahora, hay que precisar que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, dictada en los autos de la controversia judicial 347/2020, en el que declaró fundada la controversia y ordenó dejar sin efectos la respuesta emitida en el procedimiento administrativo de quince de abril de dos mil veinte, y de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 112 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se allegue por cualquier medio de la información necesaria, entre ellas la valoración médica para que determinen los padecimientos actuales que padecen las promoventes. En consecuencia, se advierte que las quejosas debieron agotar el recurso de apelación que prevén los artículos 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." En ese orden de ideas, el presente juicio es improcedente, toda vez que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte impetrante de amparo debió agotar el recurso ordinario, que lo es la apelación, mediante el cual puede combatir la determinación de que se duele, el cual tendrá por objeto modificar la resolución reclamada. Al respecto, se cita la tesis I.6o.P.133 P (10a.), con registro digital 2018918, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio de 2016, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en cuyos artículos 107 a 135, regula un procedimiento de impugnación, mediante "peticiones administrativas" a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; petición administrativa que deberá resolverse en un plazo de cinco días a partir de su admisión y, en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular "controversia ante el Juez de Ejecución", quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad, y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales; y la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Es así que la ley mencionada prevé un sistema de impugnación idóneo para combatir los actos y omisiones penitenciarios relacionados con las condiciones de internamiento, lo que es acorde con el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que al ser interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", determinó que el tema de ejecución de las penas, al haberse judicializado en la materia penal, conlleva que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias condenatorias, como lo son: los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la aplicación de penas alternativas, o los traslados de internos, entre otros, deben ser del conocimiento y supervisión de las autoridades jurisdiccionales especializadas en esta materia, esto es, de los Jueces de Ejecución de sentencias. En estas condiciones, se concluye que el medio de impugnación previsto en la ley referida, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en acatamiento al principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional pues, de no agotarse, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." Así como el diverso criterio III.2o.P.135 P (10a.), con registro digital 2016370, que establece: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1 fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ALMA EDITH PADILLA MAURICIO O ALMA PADILLA MAURICIO y ZENAIDA DURÁN AGUILAR, respecto del acto reclamado y autoridades precisados en el primer resultando de esta sentencia de conformidad con lo establecido en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy catorce de diciembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, con fundamento en los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada mediante sesión del doce de agosto de dos mil veintiuno, dentro del toca correspondiente al recurso de queja 119/2021, en el cual en su punto resolutivo determinó: ".ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja..."; al respecto, agréguense a los autos para que obren como corresponda, teniendo por hecha la comunicación que vierte. Sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente, ello por el motivo que expone la autoridad oficiante. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a doce de agosto de dos mil veintiuno. Vistos los autos del presente juicio, se desprende que se encuentra en trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, sin que a la fecha se hubiere resuelto. Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las diez horas con dos minutos del trece de septiembre de dos mil veintiuno.

Quedan 17 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano