Alma Dinora Fierro Armenta
Expediente 200/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Alma Dinora Fierro Armenta
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO A LA QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días hábiles que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo desechado en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias, así como las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista la constancia que antecede se advierte que se notificó personalmente al autorizado de la parte quejosa el proveído de once de marzo del año en curso; asimismo, señaló como domicilio el ubicado en Avenida Martha Welch, número 2087, fraccionamiento Calafia de esta ciudad, en consecuencia, téngase por señalado como nuevo domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones. Por otra parte, tomando en consideración lo anterior, toda vez que en el auto de once de marzo de dos mil diecinueve, se giró despacho 2/2019-5A, con número de orden 33/2019-5A, a fin de notificar a la parte quejosa el indicado acuerdo, lo cual, ya aconteció, por tanto resulta innecesario su envió; en consecuencia, se ordena la cancelación de la Comunicación Oficial antes mencionada. Hágase la anotación en el Libro Cuatro de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de comunicaciones oficiales, de la estadística de este juzgado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario David Alejandro Rojas Serna, que autoriza y da fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a once de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo interpuesta por ALMA DINORA FIERRO ARMENTA, y regístrese por su orden en el libro de gobierno de amparo que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, bajo el número 200/2019-5A. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de demanda, al advertir el suscrito juzgador un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se trata. Ello es así, ya que del análisis integral que se hace de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del precepto transcrito en primer término, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; siempre y cuando, los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos de los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión; ello con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá dicha obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora bien, respecto al segundo dispositivo transcrito el Alto Tribunal del país, efectuó una interpretación sistemática y funcional en relación con los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de lo que obtuvo que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 transcrito, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; y que, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. Soporta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 943, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017640, cuyo rubro es: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". En la especie, la parte quejosa reclama de la autoridad que señala como responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común Sector Uno, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo es la omisión de la autoridad hoy responsable de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal en contra de la persona o personas que privaron de la libertad a mis hijos, a pesar de que fueron detenidos y puestos a disposición, el mismo día en que privaron de la libertad a mis hijos, sin que hasta la fecha se haya pronunciado respecto del ejercicio de la acción penal. Dentro de la carpeta de investigación CI 1103/10, Número Único de Caso 600/19, del índice de la autoridad hoy responsable. Por lo tanto, al reclamar la solicitante de la protección constitucional la omisión o abstención del Fiscal responsable de pronunciarse en cuanto al ejercicio o no ejercicio de la acción penal de la carpeta de investigación CI 1103/10, número único de Caso 600/19, inobservó el principio de definitividad para hacer procedente el juicio de amparo, ya que de conformidad con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debió de interponer el medio de defensa innominado, por virtud del cual, la abstención reclamada y sus consecuencias pudieron ser modificadas, revocadas o nulificadas. Lo anterior es así, pues la prerrogativa que constitucionalmente se otorga al pasivo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley; es decir, tiene la finalidad de que la víctima u ofendido defiendan directamente sus intereses y no únicamente para impugnar las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo. En las relatadas condiciones, es evidente que respecto del acto reclamado por la impetrante se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que, procede desechar de plano la demanda de amparo que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, del ordenamiento invocado. Sin que lo anterior implique inobservar que el medio de defensa innominado previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, no prevé la suspensión de los efectos del acto reclamado; sin embargo, dicha excepción, ni las diversas previstas en la causal de improcedencia analizada, no se actualizan, toda vez que al haberse pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la procedencia del indicado medio de defensa, tiene como resultado que no operen los supuestos de excepción al principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a.J. 86/2018 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 971, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, número de registro 2017808, del rubro siguiente: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO." COMUNICACIÓN OFICIAL En diverso aspecto, tomando en consideración que la parte quejosa, tiene su lugar de residencia en el Golfo Santa Clara del municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, gírese atento despacho al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal en turno, con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora, a fin de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al Actuario de su adscripción, a efecto de notificar el presente proveído a la parte quejosa quien tiene su domicilio en avenida Durango y 9 del poblado del Golfo de Santa Clara, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, y la requiera para que en ese acto de la notificación, o dentro del plazo de tres días contado a partir de su legal notificación, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter estrictamente personal, se le harán por lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, acorde a lo estatuido en la fracción III del artículo 27, en relación con el 26, fracción III, ambos de la ley de la materia. Para lo cual, desde este momento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, de ser necesario, se habilitan al Juez exhortado días y horas inhábiles, para la debida notificación encomendada. Hecho lo anterior, se solicita al referido Juez, se sirva remitir a su lugar de origen el exhorto que se le encomienda. AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene por autorizados por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista Rogelio Navarro Peña, así como únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Carolina Mendoza Contreras y Sergio Manuel Buelna Morales. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos. Hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIÓN EN LIBRO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos y egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo acuerda y firma José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario David Alejandro Rojas Serna, que autoriza y da fe.
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