Alma Delia Solís Padilla

Expediente 44/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
44/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Alma Delia Solís Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de diez días hábiles para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del proveído dictado el cuatro de abril del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en el que se actúa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio Acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del Acuerdo mencionado.

  2. Incidental

    Ensenada, Baja California, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista, la certificación secretarial que antecede y toda vez que en esta data en el juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos incidentales, causó estado el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia dicho juicio y se ordenó su archivo; así también, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos de los artículos vigésimo, fracción II, inciso a) y vigésimo primero, inciso c), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por la parte quejosa, tanto el original y duplicado de los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción, motivo por el cual, deberán seguirse los lineamientos establecidos en el penúltimo párrafo del numeral vigésimo primero y último párrafo del artículo vigésimo del Acuerdo General citado. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de los cuadernos incidentales la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos citados.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Libertad Sexual y Familia, con residencia en esta ciudad, se advierte la participación de diversa autoridad a la señalada como responsable. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la legal notificación de este proveído, a fin de que esté en posibilidad de promover lo conducente, es decir, manifieste si desea señalar como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Búsqueda de Personas no localizadas, con residencia en esta ciudad, en aras de que este juzgador de amparo pueda resolver la litis constitucional en su integridad, en el entendido, que de ser su deseo señalarla, deberá cumplir con los demás requisitos que al respecto prevé el numeral 108 de la Ley de Amparo y con las copias a que alude el artículo 110 de la ley de la materia, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se seguirá este juicio de derechos fundamentales, únicamente por la autoridad responsable señalada en el escrito inicial de demanda. En la inteligencia que éste requerimiento deberá ser desahogada por el promovente y no por conducto de sus autorizados, ya que si bien el artículo 12 de la ley de la materia, establece que el autorizado de la parte quejosa podrá interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, alegar en audiencias y solicitar la suspensión o su diferimiento, así como cualquier acto que resulte necesario para defender los derechos del autorizante; también lo es, que ello no implica que se encuentre facultado para realizar cualquier acto en nombre del quejoso, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 5, fracción I de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J.37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68, del tenor literal siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Por otra parte, vista la certificación secretarial se advierte que no obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DIF), con domicilio en Ensenada, Baja California, con residencia en Mexicali, no obstante que a la fecha transcurrió el plazo de quince días hábiles para rendirlo. Ahora, toda vez que para resolver el juicio de amparo en que se actúa, se consideran necesarias la totalidad de las constancias relativas al depósito del menor quejoso en las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DIF), con domicilio en Ensenada, Baja California, que justifiquen el actuar de la citada autoridad responsable; en consecuencia, se requiere en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo al Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DIF), con domicilio en Ensenada, Baja California, para que para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación de este proveído, remitan a este juzgado copia certificada de la totalidad de las constancias relativas al depósito del menor quejoso de iniciales A. A.S. en sus instalaciones, o bien el trámite realizado al procedimiento referido, o manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se hará acreedor a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. En la inteligencia, que la información requerida podrá remitirla al correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para la mencionada autoridad responsable, como en éste Juzgado de Distrito. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las once horas del veintiuno de abril de dos mil veintidós.

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