Alma Delia Ramirez Hernandez
Expediente 1424/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1424/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Alma Delia Ramirez Hernandez
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en carácter de apoderada legal de ********************, lo que acredita con las documentales que exhibe, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1424/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Hágase del conocimiento a los Actuarios que deberán digitalizar y vincular al expediente electrónico, diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, en términos de la fracción II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Hecho lo anterior, entreguen al oficial judicial C responsable del expediente el acuse electrónico que acredite tal circunstancia, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3º, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquéllas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. De igual forma, las constancias de notificación de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente, deberán agregarse digitalizadas de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna, con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. En tanto que al Secretario (a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. Por haberlo solicitado, tramítese por separado, el incidente de suspensión y de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General citado, no se forma duplicado físico. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para no hacerlo. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de la materia. Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, están obligadas a informar de inmediato a este órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la citada Ley. Asimismo, para que informen a este Tribunal Federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieran estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 26 de la ley de la materia. Se tiene como tercero interesado a ********************; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en el domicilio ubicado en ********************, y con copia de la demanda y de este proveído, emplace a juicio a dicha parte procesal, para que si a sus intereses conviniera comparezca a deducirlos. De igual forma lo requiera para que en el acto de la diligencia, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, o bien, lo haga dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que se le realice, apercibido que de no hacerlo así, las siguientes notificaciones, se le practicaran por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, hecha excepción de aquéllas que sean de carácter estrictamente personal. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a ******************** y ********************, toda vez que cuentan con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ********************, por así haberlo solicitado expresamente. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de su parte las documentales que anexa a su escrito de demanda, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, con las cuales se dará nueva cuenta en la audiencia constitucional correspondiente. En otro orden, a fin de que de manera imparcial se defienda en este juicio el interés superior del infante de iniciales ********************, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el nombre de alguno de los Defensores o Asesores Jurídicos adscritos, para que sea designado representante especial del referido menor y lo comunique de inmediato a este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Al efecto, se invoca la tesis de Jurisprudencia 191/2005, publicada en la página 167, tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario judicial de la Federación y su gaceta, primera Sala, Novena Época, con registro digital 175053, bajo la voz: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE." Así como la diversa la Jurisprudencia P./J. 3/2019, en Materia Común, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, con número de registro 2019198, del rubro siguiente: "REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR EN EL JUICIO DE AMPARO. CONDICIONES PARA SU NOMBRAMIENTO CUANDO ÉSTE COMPARECE CON EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO Y NO DE QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO). Con base en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En este contexto, se exhorta a las partes para que en cuanto les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado, así como al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado de Distrito.
- Incidental
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de esta fecha en el cuaderno principal del juicio de amparo 1424/2023, promovido por ****, en carácter de apoderada legal de ***, lo que acreditó con las documentales que adjuntó al escrito de demanda, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, se apertura por separado el presente incidente de suspensión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda pídase a las autoridades señaladas como responsable su informe previo, que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas por separado del informe justificado que, en su caso, formulen en el cuaderno principal, enviándole al efecto copia simple de la demanda de garantías. Se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace saber a la autoridad responsable que en caso de que no rinda en forma oportuna su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, dada la naturaleza del acto reclamado y a efecto de tener mayores elementos para resolver la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere al juez responsable, para que al rendir su informe previo, remita copia certificada de todo lo actuado en el expediente 488/2023-I, del que emana el acto que se le reclama. Antes de determinar si es procedente conceder la suspensión provisional que se solicita, debe señalarse de manera específica el acto que en la especie se reclama, y una vez realizado un cabal estudio del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como tal el siguiente: / También es menester observar lo dispuesto por la fracción X del artículo 107 constitucional, que señala que para proveer en torno a dicha medida cautelar, debe atenderse a la naturaleza de la violación alegada, lo cual resulta posible a través de la precisión del acto que se combate por esta vía constitucional. En ese sentido, cabe hacer mención que la medida cautelar se solicita respecto de las consecuencias jurídicas que conllevan la omisión de ejecutar el acuerdo de tres de agosto de dos mil veintitrés, señalado en autos del expediente 488/2023-I, por el cual se decreta la connivencia de la menor de iniciales A.A.M.R., con la aquí quejosa. Una vez precisado lo anterior, es momento de verificar si es procedente conceder de manera provisional la medida cautelar solicitada. Para ello, previamente se analiza el significado y alcance de las figuras jurídicas del interés superior del menor, el derecho de convivencia de los menores con sus progenitores, así como el objeto de la suspensión del acto reclamado, que se involucran en el examen del presente asunto. En cuanto al interés superior de la menor. El numeral 4, párrafos noveno, décimo y décimo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 4. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. (.)". El interés superior del niño es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores, previstos en el precepto constitucional transcrito. Asimismo, se ha establecido que en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del menor de edad es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores de edad, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 406, registro digital 2006011, del tenor siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión". Los criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor, en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, pueden ser los siguientes: a) Se debe proveer, por el medio más idóneo, a las necesidades materiales básicas o vitales del menor y a las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) Se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y, c) Se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juzgador tendrá que examinar, minuciosamente, las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa, especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 270, registro digital 2006593, del tenor siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. Constitucional". En esas condiciones, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptarse, sino exclusivamente el bien de los hijos. Derecho de la menor a la convivencia con los progenitores. Respecto del derecho de los menores a la convivencia con sus progenitores, el artículo 9, párrafos 1 y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece: "Artículo 9 1. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. (.) 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. (...)". De lo transcrito, se aprecia que el artículo 9º de la citada convención internacional, establece que los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño; que tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. Asimismo, se prevé que los Estados Parte respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores, de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. De lo hasta aquí expuesto, emerge que la convivencia de un menor es un derecho inherente que tiene para con sus progenitores, el cual no es renunciable; es decir, el interés superior del niño debe entenderse como la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas y los niños, sobre los derechos de cualquiera otra persona, con el fin de garantizar los aspectos relativos a la salud física y mental que fomente su desarrollo personal, en un ambiente de respeto, aceptación, afecto, libre de cualquier tipo de violencia, que lleve al desarrollo de su personalidad, con adecuada autoestima, libre de sobreprotección y excesos punitivos, que fomente su responsabilidad personal y social con la toma de decisiones del menor de acuerdo con su edad y madurez psicoemocional. En esas condiciones, de las disposiciones constitucional e internacional transcritas, se advierte que el derecho de convivencia de los menores para con sus progenitores es la regla general que debe prevalecer en todos los casos, incluyendo cuando los padres se encuentren separados, pues aun en estos supuestos deben implementarse las medidas necesarias para lograr la convivencia con ambos padres, de modo regular; esto es, es de interés superior para los niños desarrollarse en un ambiente familiar sano, así como que los padres convivan con ellos para que no se pierdan los vínculos afectivos que nacen de toda relación paterno-filial; empero, la excepción a dicha regla es cuando de permitir o procurar el mantenimiento de las relaciones personales y contacto directo con ambos o algunos de los progenitores, sea contrario al interés superior del niño; esto es, en los casos en que las condiciones prevalecientes pongan de manifiesto que a través de la convivencia se pone en riesgo insuperable la vida, la integridad personal o psicológica, o la formación de los menores, y no se vea posibilidad alguna de evitar esos peligros sin suprimir la convivencia. De esta manera, tomando en consideración que la supresión, limitación o suspensión de la convivencia de los menores con sus progenitores es la excepción a la regla general; esto es, al tratarse de la restricción de un derecho humano de dichos menores, las condiciones que pongan de manifiesto el riesgo insuperable de la vida, la integridad física, emocional o psicológica, o la indebida formación de los menores debe quedar debidamente acreditada; es decir, deben existir pruebas suficientes e idóneas que justifiquen tal restricción. Es aplicable al caso, la tesis I.3o.C.793 C, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 2716, registro digital 164819, del tenor siguiente: "CONVIVENCIA DE MENORES ORDENADA EN RESOLUCIÓN JUDICIAL. NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA PARA QUE NO SE LLEVE A CABO, CUANDO NO HAY PRUEBAS SUFICIENTES PARA DETERMINAR EL RIESGO O PERJUICIO. Es improcedente conceder la suspensión definitiva de la resolución judicial que permite la convivencia de los menores con sus parientes, para que no se lleve a cabo, toda vez que la sociedad tiene interés en que los menores puedan convivir con ellos, para lograr un lazo afectivo necesario como parte fundamental de su familia, ya que la convivencia es benéfica para el adecuado desarrollo de los menores al inculcarles un sentido de pertenencia a una familia dentro de un grupo social más amplio en el que tienen deberes y derechos. En todo caso, será materia de prueba oportuna determinar si esa convivencia resulta perjudicial para los menores o los pone en riesgo, lo cual sí sería materia para negar la suspensión de la ejecución de la resolución que ordenó la convivencia". De igual forma, la tesis I.4o.C.238 C, sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, página 2149, registro digital 165510, del tenor siguiente: "MENORES DE EDAD. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA. LA AFECTACIÓN A SU INTERÉS SÓLO SE JUSTIFICA EN ARAS DE TUTELAR SU INTEGRIDAD Y CORRECTA FORMACIÓN. Las disposiciones y acciones dirigidas a tutelar un valor sustantivo, se deben formular, interpretar y llevarse a cabo de tal manera, que tengan como resultado la satisfacción de la finalidad perseguida y no efectos opuestos a ella. Al aplicar esa consideración con base en la protección de los intereses de los menores de edad, considerados uniformemente como valores superiores dentro del sistema jurídico y de la organización social, conduce a determinar que ese interés no debe verse limitado en modo alguno sino cuando la limitación resulte la única medida posible para asegurar la integridad física y psicológica de los sujetos protegidos o evitar la distorsión de su formación integral. La convivencia entre padres e hijos se considera un elemento de gran importancia para la formación integral de los niños en su proyección hacia la edad adulta y sus posibles compromisos familiares y sociales, motivo por el cual, las medidas que se asuman al respecto deben buscar invariablemente su prevalencia, de modo que sólo podrá ser objeto de suspensión temporal, en los casos en que las condiciones prevalecientes pongan de manifiesto que a través de la convivencia se pone en riesgo insuperable la vida, la integridad personal o psicológica, o la formación de los menores, y no se vea posibilidad alguna de evitar esos peligros sin suprimir la convivencia. Esto es, la suspensión de esas relaciones únicamente debe imponerse en los casos de extrema gravedad, en que la autoridad judicial, como garante de los derechos de los menores, considere que existe una afectación al interés superior, precisando la situación de hecho y el grado de afectación que produce, con la finalidad de que el familiar que se vea afectado por la decisión judicial, conozca las causas que justificaron el menoscabo a su derecho de convivencia". Objeto de la suspensión del acto reclamado. Se ha considerado que el objeto de la suspensión del acto reclamado es mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que la motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para la parte quejosa la protección de la Justicia Federal. Sobre el tema, el numeral 107, fracción X, primer párrafo, constitucional prevé lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes; (.)". De acuerdo con el primer párrafo de la fracción X del precepto constitucional invocado, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la Ley de Amparo; y, para ello, cuando la naturaleza del acto lo permita, el juzgador debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Resulta evidente que la suspensión de los actos reclamados, en materia de amparo, participa de la naturaleza de una medida cautelar; por tanto, le son aplicables las reglas de tales medidas, en lo que no se opongan a su naturaleza. Entre los presupuestos esenciales de las medidas cautelares se encuentra el de la verosimilitud del derecho (apariencia del buen derecho), también denominado fumus boni iuris. Ello es así, pues si la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia o resolución definitiva, la fundabilidad de la pretensión que constituye objeto de la medida cautelar no puede depender de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. En consecuencia, resulta suficiente la comprobación de la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por la quejosa, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el proceso principal se declarará la certeza del derecho. En esas condiciones, la verosimilitud del derecho no importa la definitiva viabilidad de la pretensión de quien solicita la medida, sino que basta la existencia del derecho invocado. La apariencia de la existencia del derecho es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la medida y apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable; ello obedece a que las medidas cautelares, más que a hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la justicia para cumplir eficazmente su obra. Otro requisito específico de la pretensión cautelar es el peligro en la demora, denominado periculum in mora; es decir, que en razón del transcurso del tiempo, los efectos de la decisión final resulten prácticamente inoperantes. Este supuesto tiene su base en el temor fundado de la configuración de un daño a un derecho cuya protección se persigue y que, de no hacerlo en forma inmediata, se corre el riesgo de que en el supuesto de recaer sentencia definitiva favorable, ésta permanezca incumplida. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, constitucional, al hacer referencia de que "cuando la naturaleza del acto lo permita", el juzgador debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; ello implica que se deberá ponderar la naturaleza de la violación con el perjuicio que pudiera causarse a la parte quejosa y a los terceros interesados, en el supuesto de que existan, así como con el interés social; en el entendido de que el análisis de la naturaleza de la violación alegada implica el de sus características, su importancia, su gravedad y, sobre todo, su trascendencia social. En este tenor, si bien es cierto que el objeto principal de la suspensión del acto reclamado es el de mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que la motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para la quejosa la protección de la Justicia Federal; empero, también tiene como finalidad evitar al agraviado los perjuicios que la ejecución del acto reclamado pudiera ocasionarle. En atención a lo anterior, si la suspensión a petición de parte requiere la solicitud del agraviado, el examen de dicha solicitud implica el de la apariencia del derecho, que en determinados casos se hace necesario un examen preliminar del derecho invocado para los únicos efectos de la suspensión; y, también requiere la acreditación de la difícil reparación de los daños y perjuicios que se causen con la ejecución del acto (peligro en la demora); si se cumplen tales requisitos, posteriormente, debe examinarse si con tal medida no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, para determinar si es factible o no conceder la medida cautelar en los términos establecidos por la Ley de Amparo. Aunado a que también se exige el análisis ponderado del interés social, pues si se causan mayores daños y perjuicios de difícil reparación a dicho interés, de los que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado, con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión. Ahora bien, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, prevé en sus numerales 138, primer párrafo, 139 y 147 lo siguiente: "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: (.)". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo". Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional". "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo". Los dos primeros preceptos transcritos corroboran los requisitos establecidos en el primer párrafo de la fracción X del artículo 107 constitucional, en el sentido de que cuando la naturaleza del acto reclamado lo permita y para efectos de la suspensión, el juzgador debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; asimismo, que debe tomar en consideración el peligro en la demora. Asimismo, de conformidad con el artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en los casos en que la suspensión sea procedente, atento a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador debe ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el amparo. En efecto, nuestro Máximo Tribunal del País ha sostenido que la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo es una providencia de carácter meramente instrumental, cuyo objeto es paralizar el acto emanado de alguna autoridad, con el fin de conservar la materia del juicio de amparo y, en su caso, para que al quejoso no se le cause perjuicio alguno que sea de difícil reparación. Que la suspensión reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta, positiva o negativa, de una autoridad pública, cuyos efectos se traducen en cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve la controversia constitucional. Por ello, la Carta Magna dispone que los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión, pero exige que para ello se cumplan las condiciones que determine la ley reglamentaria y que el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. En tanto que, los requisitos de procedencia de la suspensión son aquellas condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión, las cuales están descritas en el artículo 128 de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTICULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I.- Que la solicite el quejoso; y II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público." Por su parte, en el artículo 129 de la citada Ley de Amparo se enumeran los supuestos ejemplificativos de los casos en que se generan perjuicios al interés social, o bien, se contravienen disposiciones de orden público, entre ellos, una afectación a menores, que se encuentra previsto en la fracción VIII, que a la letra dispone: "ARTÍCULO 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: (.) VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico." El párrafo final del numeral mencionado establece: "El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social". Acorde a lo expuesto, para conceder o negar la suspensión del acto reclamado, habrá de apreciarse de forma integral tanto la naturaleza de éste, como los elementos y factores que hayan intervenido en el entorno en que se emitió; de manera que si el quejoso solicitó la suspensión, ésta deba ser otorgada, a fin de preservar la materia del amparo, siempre que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, lo anterior determinado, en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, mediante el análisis ponderado que realice el órgano jurisdiccional de amparo, de la apariencia del buen derecho y del interés social; y en los casos en que los efectos del acto reclamado trasciendan a la situación de menores de edad, atendiendo también a que se sigue perjuicio al interés social cuando, de concederse la suspensión, se afecten intereses de los menores. Máxime que, en términos de los artículos 4°, párrafo octavo, de la Constitución; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender principalmente al interés superior del niño; principio que es concebido como la institución a través de la cual se procura el desarrollo pleno e integral del infante proporcionándole los cuidados y asistencia necesarios para lograrlo. Además, la sociedad y el Estado están interesados en que tratándose de los menores de edad, se les proteja y que se evite pudieren sufrir algún maltrato físico o emocional en su entorno personal y social. En esa tesitura, esta juzgadora de amparo, determina que lo procedente es conceder la medida cautelar solicitada, toda vez que se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, para conceder el beneficio de la suspensión provisional, a saber: 1.- Que la solicite el quejoso. 2.- Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Pues bien, el primero de ellos se colmó plenamente toda vez que se solicitó la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos mencionados, se toma en consideración que con la concesión de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Efectos de la medida: Con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, se determina que el efecto es para que el juez señalado como responsable, acate lo acordado en el proveído de tres de agosto de dos mil veintitrés, pronunciado en el expediente 488/2023-I; por tanto, lleve a cabo todas las acciones necesarias a efecto de que se lleve a cabo la convivencia del niño de iniciales A.A.M.R., cuya identidad se reserva como medida de protección a su intimidad, de conformidad con el artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con su progenitora Alma Delia Ramírez Hernández y con sus abuelos maternos Noé Ramírez Sánchez y Ma. Lorena Hernández Arizmendi, en la forma y términos establecidos en el citado acuerdo, hasta en tanto reciba notificación sobre la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente. Lo anterior se estima así, pues de lo narrado en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, se aprecia que la incidentista Ma. Loreto Hernández Arizmendi, en su carácter de apoderada legal de Alma Delia Ramírez Hernández, refirió que no obstante que mediante acuerdo de tres de agosto de la presente anualidad, se decretó la convivencia del menor de identidad reservada A.A.M.R., con su progenitora los sábados de cada semana en un horario comprendido de once a doce horas, misma que debería desarrollarse a distancia a través de medios electrónicos como la video llamada al número telefónico que se indicó, debido a que ésta se encuentra radicando fuera del país; y, para sus abuelos maternos los días domingos de cada quince días en un horario de la diez horas con treinta minutos a las doce horas con treinta minutos, mediante convivencias supervisadas por personal del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, sin que a la fecha en que se presentó la demanda se hayan llevado a cabo, con menoscabo de los derechos del infante. Se determina lo anterior, tomando en consideración que entre los derechos inherentes a los menores de edad, está el relativo a convivir con ambos progenitores, siempre y cuando se le cause un perjuicio a éste, ya que por el momento no existen indicios de que de llevarse a cabo la convivencia del infante, entre la madre del menor y los abuelos maternos, se quebrante la estabilidad de su entorno, lo que repercutiría en su sano desarrollo integral, que como ya se adelantó es una cuestión de orden público. Lo antepuesto, a fin de instaurar un entorno más apropiado para la menor, ya que de no hacerlo, atenta al criterio de jurisprudencia 2a./J. 1/2022, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte, (Administrativa, Constitucional, Laboral), Época: Undécima Época, con registro 2024135, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el 04 de febrero de 2022, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. CUANDO SE ADVIERTAN AFECTACIONES A LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EL TRIBUNAL TIENE LA OBLIGACIÓN DE ESTUDIARLAS A LA LUZ DEL REFERIDO PRINCIPIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE TALES LESIONES NO HAYAN SIDO MATERIA DE CONTROVERSIA NI LOS MENORES DE EDAD PARTE EN EL JUICIO." De suerte, que el contexto más apropiado para el menor es que conviva simultáneamente con ambos progenitores, cuando esto no es materialmente posible derivado de un conflicto entre éstos, es necesario encontrar mecanismos para garantizar ese derecho de los menores de forma regular, asegurándose de ese modo, la continuación de la convivencia familiar, salvo en los casos en los que ello sea contrario a los intereses de los menores. En apoyo se cita por las razones que informa, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en la Tesis VII.1o.C.J/7 (10a.), en Materia Común, que se puede consultar en la página 962, Decima Época, Tomo II, Libro 44, Julio de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital 2014766, que al rubro y a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO ÉSTA SE DECRETE Y EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN EL REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE MENORES, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE FIJAR, COMO MEDIDA DE EFICACIA, UN RÉGIMEN DE CONVIVENCIA CON EL PROGENITOR NO CUSTODIO, EN TANTO DURE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE QUE DICHA MEDIDA NO RESULTE PERJUDICIAL PARA EL MENOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 147 de la Ley de Amparo, en sus párrafos primero y tercero, establece: "En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. ...El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo.". Atento a ello y a que toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse tomando en consideración el principio básico del interés superior de la niñez, quienes, entre otros, tienen el derecho de convivir con sus padres, como lo disponen los artículos 9, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño(1) y 346, segundo párrafo, del Código Civil para el Estado de Veracruz;(2) en el supuesto de que en el juicio de amparo se decrete la suspensión definitiva del acto reclamado, con relación a las consecuencias que pudieran derivarse del requerimiento de la entrega de los menores, el Juez de Distrito debe fijar como medida de eficacia, en términos del artículo 147 citado, un régimen de convivencia con el progenitor no custodio, para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, siempre y cuando no se cause un perjuicio a éstos, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." En la inteligencia, de que la concesión de esta medida provisional, no implica impedimento para la continuación del procedimiento en el asunto que motivó los actos reclamados, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de Amparo. La medida surte efectos desde luego, siempre y cuando a la fecha no se haya ejecutado el acto reclamado o provenga de autoridades distintas a las señaladas en el escrito de demanda. De igual forma, surte sus efectos sin necesidad de caución, por tratarse de actos que afectan el interés superior un menor de edad, el cual es considerado de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Federal. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida como prueba de su parte, las documentales que adjunta a su escrito de demanda, así como la instrumental y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, las que serán relacionadas al celebrarse la audiencia incidental. Dado que este incidente se tramita por cuerda separada, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Arnulfo García Morales y Eugenia Marín Neri, toda vez que cuentan con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Jershon Solano Onofre, por así haberlo solicitado expresamente. Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En este contexto, se exhorta a las partes para que en cuanto les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Con base en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De conformidad con el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Lo anterior, hágase del conocimiento al tercero interesado ****; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) y 27 de la ley de la materia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional para que se constituya en el domicilio ubicado en ******; y, le notifique el presente proveído, haciéndole entrega de una copia del mismo. Lo anterior, de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE". De igual forma lo requiera para que en el acto de la diligencia, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, o bien, lo haga dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación que se le realice, apercibido que de no hacerlo así, las siguientes notificaciones, salvo las que sea de carácter estrictamente personal, sin mayor pronunciamiento, se le practicará por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia. Finalmente, como lo solicita la promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la ley de la materia, expídase por duplicada la copia certificada solicitada y entréguese a las personas que para tal efecto menciona, previa razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada.
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