Alma Delia Quevedo Raygoza

Expediente 662/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
662/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2016

Partes del expediente

  • Alma Delia Quevedo Raygoza

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a once de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto de tres de junio de dos mil dieciséis, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de dicho proveído que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE NOTIFICA POR LISTA AL PROMOVENTE, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE A LA LETRA DICEN: Mazatlán, Sinaloa, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito de demanda firmado por ALMA DELIA QUEVEDO RAYGOZA; con el mismo, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 662/2016, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, considerando el volumen de las constancias que adjunta a su escrito inicial de demanda, y para facilitar el manejo del presente expediente, fórmense por separado los cuadernos auxiliares I y II, debidamente identificados con su carátula respectiva, debiéndose respetar el folio, sello y rúbrica original; mismos que quedan a disposición de las partes para consulta. DECISIÓN SOBRE LA INSTANCIA CONSTITUCIONAL. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación. Ahora bien, de los artículos 62 y 113 de la de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con ello, debe establecerse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De la interpretación sistemática de la citada fracción, se establece que uno de los supuestos del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que, aquellas resoluciones que son susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías (como ocurre en el presente asunto), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Así, se tiene que la demanda de amparo que se promueve, es improcedente, en virtud de que contra la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el juicio sucesorio intestamentario de 485/2014, a bienes de María Delia Raygoza Díaz, en la cual el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, donde se resolvió el incidente promovido por José Francisco y Sergio Arturo, ambos de apellido Quevedo Raygoza, y se decretó la remoción del quejosa Alma Delia Quevedo Raygoza, en el cargo de albacea definitivo, procede el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1047, fracción VII y 1051 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, en relación con lo dispuesto en los ordinales 226, 381, fracción II, y 542 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, aplicable en razón de que el juicio se inició en mayo de dos mil catorce, preceptos que disponen lo siguiente: Código Familiares del Estado de Sinaloa. "Artículo 1047. Los cargos de albacea e interventor, acaban: VII. Por remoción. Artículo 1051. La remoción no tendrá lugar sino por sentencia pronunciada en el incidente respectivo, promovido por parte legítima. Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. Artículo 226. Las interlocutorias que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan fin al juicio, casos en que se admitirán también en efecto suspensivo. Artículo 381. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: II. Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición del presente Código no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no sea apelable; Artículo 542. Cuando el que administre no rinda sus cuentas dentro del término legal, podrá ser removido a solicitud de parte legítima; la remoción se tramitará en forma de incidente. También podrá ser removido a juicio del juez y a solicitud de cualquiera de los interesados cuando alguna de las cuentas no fuere aprobada en su totalidad." De la intelección de dichos dispositivos legales se deduce que una vez nombrado el albacea, quienes tienen derecho a solicitar su remoción son los herederos y que ellos pueden hacerlo en cualquier tiempo, en la vía incidental. En el caso, la determinación combatida tiene la categoría de interlocutoria, pues decidió la remoción de albacea que se promovió por vía incidental; determinación que admite el recurso de apelación, previo a instar el juicio de garantías, sin que en el caso, la parte quejosa haya agotado este recurso, por lo que al no haberse interpuesto el mismo se concluye que no se agotó el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, lo que motiva que se actualice, en forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, la referida interlocutoria donde se resolvió, por la vía incidental, remover al albacea, admite por su esencia y naturaleza el recurso de apelación, por disposición expresa contenida en el artículo 226 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. Cabe citar por las razones que informa y en apoyo a lo aquí determinado, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1759, del Tomo LXVI, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario, a la letra, dice: "ALBACEAS, REMOCIÓN DE LOS. Contra el auto que manda remover al albacea, no procede el recurso de revocación, de acuerdo con lo prevenido por el artículo 658 del Código de Procedimientos Civiles de 1884, observable aún en el Distrito, durante la vigencia de la legislación actual, por virtud de lo mandado en el artículo 16 transitorio, del código vigente. La providencia que determina la remoción del albacea, admite, por su esencia y naturaleza, el recurso de apelación, dada la regla general de la apelabilidad de las resoluciones judiciales, pues las excepciones son las expresa y limitativamente consignadas por la ley, si el Juez erróneamente dio cabida al recurso de revocación, eso no puede tener otras consecuencias que la actividad injustificadamente empleada y el tiempo perdido, pero no pudo justificar el efecto de contrariar las disposiciones terminantes de la ley, declarando procedente un recurso que no le es, por lo que su negativa a seguirlo tramitando, no causa perjuicio jurídico alguno, puesto que es el reconocimiento de que no está facultado para conocer cuestiones que no son de su competencia y que sólo deben ser resueltas por el superior". Así como el diverso criterio de la misma Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, que aparece en la página 1999, del Tomo LXII, de la Quinta Época del Semanario Judicial en consulta, del tenor siguiente: "ALBACEAS, RECURSOS EN CASO DE REMOCIÓN DE LOS. No puede estimarse frívolo o improcedente un recurso que se endereza en contra de una resolución que remueve a un albacea de su cargo, y por lo tanto, lo priva de los derechos y facultades que el nombramiento le confiere, y tampoco puede sostenerse que la frivolidad del recurso consista en que el recurrente ya no tiene derecho ni personalidad para interponer dicho recurso, puesto que el auto que lo separa, implícitamente le reconoció su cargo de albacea y los derechos inherentes al mismo, hasta el momento de ser separado". En ese contexto, resulta inconcuso que la quejosa se encontraba obligada a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de apelación que prevé el artículo 226 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa; lo que hace evidente que no respetó el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías. Apoya este criterio, la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002, Materia Común, Página 902, correspondiente a la Novena Época, Registro 187016, que enseguida se transcribe: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Bajo esa tesitura, al no ser definitivo el acto reclamado, no es susceptible de impugnarse por medio del juicio de garantías pues, como quedó visto, en su contra procede un medio de defensa legal a través del cual puede ser modificado o revocado, razón por la cual en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el ordinal 113 de la referida ley de la materia, se desecha de plano, la demanda en estudio. Sin que en caso en estudio, sea aplicable la jurisprudencia que invoca la promovente de la demanda, bajo el rubro: "REMOCIÓN DEL ALBACEA. LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE RELATIVO ES INAPELABLE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)"; lo anterior, porque contrario a lo dispuesto a la norma ahí analizada y objeto de discernimiento (artículo 80, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco), en nuestra Codificación Procesal Familiar del Estado de Sinaloa, sí existe disposición expresa que establece reglas de sustanciación de los incidentes, cuyas sentencias interlocutorias, son recurribles a través del recurso de apelación, específicamente en los artículos 223, 224, 255 y 226, de la citada ley adjetiva. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Alberto De la Vega Lorenzana. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario o secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherente a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Se tienen por recibidos los oficios EXP-JUM-CAI-652/2016 y JJPNO-575/2016, firmados por la Coordinadora de Acceso a la Información Pública de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y Gerente Integral del Área de Mazatlán de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, ambos con sede en esta ciudad, mediante los cuales informan, en el primero, que en su base de datos se encontró registro de domicilios a nombre del tercero perjudicado Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, y en relación al diverso José Alonso Núñez Gutiérrez, no se encontró registro de contrato a su nombre; y, en el segundo, que después de una búsqueda en la base de datos y sistemas relacionados con la prestación del servicio telefónico en la División Noroeste de esa empresa, no se encontró registro a nombre de los mencionados terceros perjudicados. En atención a lo anterior, agréguense a los autos los oficios de cuenta, para que surtan los efectos legales correspondientes. En consecuencia, se comisiona a la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en los domicilios ubicados en Costa Azul número 134, Fraccionamiento Costa Brava y Huayacan 34-B, Fraccionamiento Alameda, ambos en esta ciudad, y emplace al tercero perjudicado Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, debiendo correrle traslado con copia del escrito inicial de demanda y auto admisorio, asimismo le haga saber que la audiencia constitucional se encuentra programada para las nueve horas con quince minutos del veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Sin que resulte necesario realizar mayor pronunciamiento en relación a los domicilios ubicados en Paseo Claussen número 97, colonia Centro y Huayacan 34, Fraccionamiento Alameda, ambos en esta ciudad, toda vez que en los mismos, ya se ordenó el emplazamiento del tercero perjudicado Luis Gerardo Núñez Gutiérrez. NOTIFÍQUESE Y EMPLÁCESE AL TERCERO PERJUDICADO LUIS GERARDO NÚÑEZ GUTIÉRREZ.

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