Alma Delia Pérez Gutiérrez

Expediente 1187/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1187/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Alma Delia Pérez Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. PRUEBA DOCUMENTAL Agréguese a los autos para que obre como corresponde el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su naturaleza, la documental pública a que hace alusión, sin perjuicio de que esta sea relacionada en la audiencia incidental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Como del estado procesal que guardan los autos, se desprende que no existe constancia alguna que evidencie que la autoridad responsable Policía Municipal de Tzitzio, Michoacán, se encuentre debidamente notificada del oficio que contiene el proveído de cuatro de octubre de la presente anualidad, mediante el cual se le requirió su respectivo informe previo, en consecuencia a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, la audiencia incidental señalada para el día de hoy se DIFIERE para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    .Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente del juicio de amparo IV-1187/2023, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo IV-1187/2023 promovido por********************contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo le reviste el carácter de tercero interesado a Ambrocio Martínez Pérez, mismo que se encuentra debidamente emplazado a juicio. De la misma forma, se hace constar que la autoridad señalada como responsable Policía Municipal de Tzitzio, Michoacán, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de haber sido requerida para tal efecto con la oportunidad debida, como se obtiene del acuse de recibo que obra en autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de referencia. En relación con la omisión en que incurrió la autoridad responsable, se tiene como omiso en rendir su respectivo informe justificado a la Policía Municipal de Tzitzio, Michoacán, sin que dicha omisión sea obstáculo para resolver el presente asunto. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos las documentales exhibidas por la autoridad responsable; prueba que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas; y al no existir más medios de convicción que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar con los formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, mediante su pedimento número 924/2023 recibido por este juzgado el diez de octubre de la presente anualidad. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número IV-1187/2023, promovido por********************por su propio derecho, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por oficio presentado el once de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, remitió la demanda de amparo promovida por********************por su propio derecho, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad, por considerar que carecía de legal competencia para conocer y resolver lo conducente, remitiéndose por razón de turno al día siguiente hábil a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Previa aclaración y ratificación del escrito aclaratorio, por auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de garantías registrada con el número IV-1187/2023; se solicitó únicamente a la autoridad ejecutora su respectivo informe justificado; se notificó el auto de avocamiento a la parte quejosa y a la tercero interesada; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Ello por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra actos de autoridad ejecutados sobre un inmueble ubicado en el territorio en que ejerce jurisdicción mixta este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese tenor, tenemos que el juzgador de amparo tiene la facultad de poder interpretar la demanda y así fijar de forma precisa los actos de los que se duele la quejosa en su demanda de amparo y ampliación, por lo tanto se advierte que el acto reclamado consiste en: La diligencia de lanzamiento ejecutada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en el inmueble ubicado entre las calles Leona Vicario y Vicente Guerrero sin número, colonia Linda Vista, en el Municipio de Tzitzio, Michoacán, cuya superficie es de 393.60 metros cuadrados, con motivo del auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés y en cumplimiento de la sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio ordinario civil 930/2021, sobre reivindicación de inmueble, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, respecto del cual se ostenta como tercera extraña. La cumplimentación de dicha diligencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Contra lo señalado por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado de Distrito, del contenido del informe justificado rendido por la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se advierte que acepta la existencia de los actos reclamados. Además, lo anterior se corrobora con las constancias relativas al juicio ordinario civil 930/2021, que remitió la autoridad jurisdiccional como justificación de su informe, las cuales obran en cuaderno de pruebas por separado; a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por su parte, la Policía Municipal de Tzitzio, Michoacán, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, por lo que en términos del artículo 117, cuatro párrafo, de la Ley de Amparo, lo procedente es presumir cierto el acto de ejecución que se le reclama. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Es innecesario examinar, en cuanto al fondo, los conceptos de violación formulados por la agraviada y las consideraciones que sustentan el acto reclamado, en función a que en la especie se actualiza una causal de improcedencia que impide realizar el análisis de fondo en el presente juicio de amparo, cuyo estudio es preferente y de orden público conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. De la lectura íntegra de las constancias que conforman el juicio de amparo en que se actúa, se advierte la actualización de la causa de inejercicio de la acción constitucional prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que se estima que no se acredita la afectación a algún derecho de la quejosa, que la faculte a acudir ante el órgano de control constitucional. Causa de improcedencia que por ser de orden público y estudio preferente, hace innecesario reproducir los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, ni tampoco hacer alusión a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. El numeral señalado textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" En efecto, por interés jurídico debe entenderse el derecho subjetivo, público o privado que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías en su perjuicio, derecho que debe estar protegido por alguna norma legal y cuando se afecte por el acto de autoridad, entre otros, los que emiten actos materialmente jurisdiccionales, ocasionando un perjuicio a su titular, éste podrá acudir al juicio de amparo. En la especie, la quejosa comparece ante esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la diligencia de lanzamiento del inmueble ubicado entre las calles Leona Vicario y Vicente Guerrero sin número, colonia Linda Vista, en el Municipio de Tzitzio, Michoacán, con superficie de 393.60 metros cuadrados, del que refiere ser poseedora virtud al contrato de arrendamiento verbal celebrado con su suegro Benjamín Contreras Nieves. Ello con motivo de lo resuelto en el juicio ordinario civil 930/2021, sobre reivindicación de inmueble, seguido ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el que no es parte materialmente formal, es decir, se ostenta como una persona extraña típica a dicho procedimiento. Por tanto, su propia calidad de tercera extraña trae como consecuencia que no todos los actos llevados a cabo dentro del procedimiento judicial le deparen un perjuicio directo y actual, en tanto estén dirigidos a las partes materiales, de tal manera que no todo el juicio le ocasiona un perjuicio en el derecho de posesión que defiende, pues solamente le producen agravio personal, directo y actual necesario para promover eficazmente el juicio de amparo, los actos de autoridad que inciden en el menoscabo y privación de los derechos aludidos, esto es, la orden de ejecutar la sentencia a través de la entrega real y material del inmueble de referencia que la inconforme, señala, es de su posesión. En tales condiciones, es que el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por las razones que se expondrán a continuación. La quejosa refiere en su escrito inicial de demanda que posee el bien raíz controvertido con motivo de un contrato de arrendamiento verbal celebrado con el demandado Benjamín Contreras Nieves; sin embargo, no ofreció medio de prueba tendente a acreditar tal extremo. Luego, como en el presente caso la parte quejosa en su escrito inicial de demanda refiere ser persona extraña típica al juicio, cuyas consecuencias son que la determinación del juez natural afecta los derechos posesorios de que goza derivados del contrato de arrendamiento; para ello es necesario señalar lo que la ley de la materia y la doctrina jurídica definen por poseedor, siendo aquél que detenta una cosa, ejerciendo sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Por tanto, para que la posesión que refiere la parte quejosa, quien además se ostenta como persona extraña al juicio natural, sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto que ocupa la atención, es necesaria la existencia de un título de fecha cierta, que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien inmueble de que se trata, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión, a efecto de legitimarlo para que sea llamado a juicio a dirimir los derechos posesorios que le corresponden. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XV, febrero de 2002, página 5, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En otro orden de ideas, como ya se dijo, la quejosa no ofreció medio de convicción alguno que acredite la causa generadora de la posesión que respecto del inmueble en cuestión dice tener. De tal modo que hasta este momento no está acreditado en autos derecho alguno derivado de un título sustentado en alguna figura jurídica que genere su derecho, incluso que sea de fecha cierta, a fin de que sea protegido mediante el juicio de amparo. Por el contrario, de las constancias relativas al juicio de origen se advierte que el inmueble de referencia está inscrito a nombre de Ambrocio Martínez Pérez, quien figura como legítimo propietario, motivo por el cual se requirió la entrega del inmueble en cuestión a su favor, por lo que la aquí quejosa no está reconocida como propietaria del inmueble o que ostente algún título o documento de fecha cierta respecto del mismo. Todo lo anterior lleva a considerar al que suscribe que la quejosa carece de un derecho derivado de un título sustentado en una figura jurídica y, por tanto, susceptible de ser tutelado mediante el juicio de amparo. De ahí que el juicio constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, habida cuenta que la quejosa carece de interés jurídico. Apoya lo expuesto la tesis con registro 2020978, que dice: Registro digital: 2020978 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil, Común Tesis: 1a./J. 62/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 329 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común. Aunado a lo anterior, cabe destacar que previamente la quejosa promovió el diverso juicio de amparo X-283/2023, del índice de este Juzgado de Distrito, en el que reclamó todo lo actuado en el juicio ordinario civil 930/2021, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en específico, la diligencia de quince de febrero de dos mil veintitrés, mediante la cual se intentó poner al actor Ambrocio Martínez Pérez, en posesión del multicitado inmueble. De ahí que quien suscribe estima que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al haberse presentado la demanda de garantías fuera del término que para tales efectos prevé la ley de la materia, al haber tenido conocimiento la quejosa de que se le pretendía desposeer del inmueble al menos desde el siete de marzo de dos mil veintitrés, fecha en que presentó la demanda de amparo que dio origen al juicio X-283/2023, lo cual constituye un hecho notorio. En efecto, para quien esto resuelve, se actualiza la causa de improcedencia antes indicada en términos de lo previsto en los referidos preceptos legales, mismos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Por su parte, el artículo quinto transitorio de la Ley de Amparo, dispone: "QUINTO. Los actos a los que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la misma podrán impugnarse mediante el juicio de amparo dentro de los siete años siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente Ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, les serán aplicables los plazos de la presente Ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución". Como ya se precisó, el acto reclamado consiste en la diligencia de lanzamiento del inmueble que defiende la quejosa, la cual se verificó el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés; sin embargo, de las constancias remitidas por la juez responsable, que fueron previamente valoradas, se advierte que el quince de febrero de dos mil veintitrés, se pretendió llevar a cabo tal diligencia; asimismo, que en tal acto se concedió el término de ocho días para la desocupación del inmueble. Motivo por el cual, la aquí quejosa presentó la demanda de garantías que dio origen al mencionado juicio de amparo X-283/2023, en el que se reclamó la inminente desposesión del aludido inmueble con motivo de la sentencia dictada en el juicio de origen. De ahí que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña a juicio, pues tuvo conocimiento cabal de lo ahí actuado, al menos desde la fecha de presentación del amparo; por ello debe sujetarse a las reglas ordinarias para la promoción del juicio de amparo, entre ellas, la relativa a la oportunidad para su presentación. De tal forma que, si de lo reseñado se advierte que al menos desde la presentación de aquella demanda (siete de marzo de dos mil veintitrés), la quejosa tenía conocimiento de que se le pretendía desposeer del inmueble materia del juicio ordinario civil 930/2021; y, por tanto, la presentación de la demanda de amparo que dio origen al juicio que aquí se resuelve es extemporánea, pues se hizo valer hasta l ocho de junio de dos mil veintitrés; y dado que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por ende, al actualizarse las causales de improcedencia señaladas procede decretar el sobreseimiento del presente juicio, lo que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución por no reclamarse por vicios propios. Dado el sentido del presente fallo resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por********************respecto de los actos reclamados al Juez Sexto de primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad, por los motivos expuestos en el considerando que antecede. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Como del estado procesal que guardan los autos, se desprende que no existe constancia alguna que evidencie que la autoridad responsable Policía Municipal de Tzitzio, Michoacán, se encuentre debidamente notificado del oficio que contiene el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se le requirió su respectivo informe previo, en consecuencia a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, la audiencia incidental señalada para el día de hoy se DIFIERE para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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