Alma Delia Nava Chavelas

Expediente 990/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
990/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • Alma Delia Nava Chavelas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, a diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 990/2018, del índice de este juzgado. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y turnado al día hábil siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Alma Delia Nava Chavelas, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades (en sus denominaciones correctas) y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero, con domicilio en esta ciudad. Encargado de la Subdelegación Acapulco del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero, con domicilio en esta ciudad. Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Acapulco del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero, con domicilio en esta ciudad. Ejecutoras Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con domicilio en la Ciudad de México. Director General adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con domicilio en la Ciudad de México. Gerente General de la Sucursal 5545 Acapulco Renacimiento de Banco BBVA, Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "De las autoridades responsables ordenadoras, se reclama: 1) La orden de embargar los depósitos bancarios en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre la parte ahora quejosa en las entidades financieras y, como consecuencia: 2) La orden de inmovilización o aseguramiento (traba de embargo), de los depósitos bancarios en moneda nacional de las correspondientes cuentas bancarias. De las autoridades responsables ejecutoras, se reclama: 1) De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se le reclama la ejecución de la orden de que se proceda a la inmovilización o aseguramiento (traba de embargo), de los depósitos bancarios en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre la parte ahora quejosa en las entidades financieras, primordialmente, la cuenta bancaria número 0195979064, aperturada por la quejosa en Banco BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 2) Del Director General ajunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se le reclama la ejecución de la orden de que se proceda a la inmovilización o aseguramiento (traba de embargo), de los depósitos bancarios en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre la parte ahora quejosa en las entidades financieras, primordialmente, la cuenta bancaria número 0195979064, aperturada por la quejosa en Banco BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 3) Del Gerente General de la Sucursal 2604 Acapulco Club de Golf Costera de la institución bancaria denominada Banorte (sic), se le reclama la ejecución de la orden de que se proceda a la inmovilización o aseguramiento (traba de embargo), de los depósitos bancarios en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre la parte ahora quejosa en las entidades financieras, y como consecuencia la inmovilización y aseguramiento de la cuenta bancaria número 0195979064, aperturada por la quejosa en Banco BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedo registrada en el libro de gobierno correspondiente con el número 990/2018; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse en varias ocasiones, tuvo verificativo al tenor del resultado asentado en el acta que antecede. TERCERO. Por acuerdo de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se previno a la quejosa para que manifestara si señalaba como autoridad responsable al Notificador Ejecutor adscrito a la Subdelegación Acapulco del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero, y como acto reclamado la notificación que se le realizó de los mandamientos de ejecución de fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, así como de las actas de requerimiento de pago y de embargo tendentes a hacer efectivos los créditos fiscales números 188015235, 188011655, 188005852, 188004184, 188009990, 186012752, 186018145, 182015235, 188017023, 182017023, 177029243, 187012752 y 187018145, sin que lo hubiere hecho así, por lo que en la audiencia constitucional que antecede se hizo efectivo el apercibimiento que se le decretó y se ordenó resolver el presente asunto, teniéndose como actos y autoridades responsables los señalados en el escrito de demanda. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, y 107, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos emanados de un procedimiento administrativo de ejecución que pueden resultar de imposible reparación, atribuidos a autoridades administrativas con residencia en la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De la demanda se obtiene que la quejosa señaló como actos reclamados la orden de embargo, congelamiento e inmovilización de los fondos existentes en sus cuentas bancarias especialmente la número 0195979064 de la institución bancaria BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer, así como su respectiva ejecución, en tanto que en sus conceptos de violación refirió desconocer el origen de dicho actos. En ese sentido, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se concluye que la cuestión efectivamente planteada por la quejosa, consiste en: a) La orden de inmovilización y transferencia de los depósitos de sus cuentas bancarias especialmente la número 0195979064 de la institución bancaria BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer, contenidas respectivamente en los oficios números 129001900110/REM/0543/2018 y 129001900110/REM/0578/2018 de veinticinco de septiembre y veintitrés de octubre, ambos de dos mil dieciocho, suscritos por el Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Acapulco del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero, así como su ejecución que atribuyó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a su Director General adjunto de Atención a Autoridades "A" y al Gerente General de la Sucursal 5545 Acapulco Renacimiento de Banco BBVA, Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; y b) La falta de notificación de los documentos que dieron origen a la inmovilización de su cuenta. TERCERO. Oportunidad de la demanda. Bajo protesta de decir verdad, la quejosa se ostentó sabedora de los actos reclamados el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del veintiuno de noviembre al once de diciembre del año pasado (descontados los días diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinticuatro y veinticinco de noviembre, uno, dos, ocho y nueve de diciembre por haber sido inhábiles, así como el veinte de noviembre en que no corrieron términos de ley), de ahí que, al haberse presentado la demanda el veintitrés de noviembre anterior, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. El Delegado Estatal y el Encargado de la Subdelegación Acapulco, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero, al rendir sus informes con justificación (el primero por conducto del funcionario público que lo representa) negaron la existencia del acto que se les atribuye consistente en la emisión de la orden de embargo, congelamiento e inmovilización de los recursos contenidos en las cuentas bancarias de la quejosa especialmente la número 0195979064 de la institución bancaria BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al rendir su informe con justificación por conducto de los funcionarios públicos que la representan, negó el acto que se le atribuye, consistente en la ejecución de alguna orden de embargo, aseguramiento e inmovilización de los recursos contenidos en las cuentas bancarias de la quejosa especialmente la número 0195979064 de la institución bancaria BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Ahora bien, tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2, se advierte que, la quejosa, no rindió prueba idónea tendente a demostrar la existencia de tales actos y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las citadas autoridades responsables, no obstante el conocimiento oportuno que de aquéllos tuvo. Así las cosas, no habiéndose acreditado la existencia de los actos atribuidos a las autoridades mencionadas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio a su respecto. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia integrada por el Pleno de nuestro máximo tribunal, publicada bajo el número 284 en la página 236, tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que se encuentra redactada de la siguiente manera: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Certeza de los actos reclamados. El Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Acapulco del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero, así como el Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el apoderado legal de Banco BBVA, Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, al rendir sus informes con justificación (el segundo por conducto de los funcionarios públicos que lo representan) reconocieron los actos que se les atribuyen y que quedaron precisados en el considerando segundo que antecede, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Certeza que además se robustece con las constancias que en su apoyo allegaron los dos primeros al sumario, consistentes, entre otras, en copia certificada de los oficios de requerimiento números 129001900110/REM/0543/2018 y 129001900110/REM/0578/2018 identificados con los folios SIARA IMSSCC1202/2018/000507 y SIARA IMSSCC1202/2018/000539 de veinticinco de septiembre y veintitrés de octubre, ambos de dos mil dieciocho respectivamente, signados por el Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Acapulco del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero, por el primero de los cuales solicitó la inmovilización de los depósitos en todas las instituciones bancarias de la quejosa y por el segundo la transferencia electrónica de los recursos contenidos en su cuenta bancaria número 0195979064 de la institución bancaria BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por la cantidad de $18,633.04 (dieciocho mil seiscientos treinta y tres pesos 04/100 M.N.) y de los diversos oficios emitidos por el Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de los cuales retransmitió dicha orden a las Instituciones Financieras para su cumplimiento; documentales que en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, merecen valor probatorio pleno. SEXTO. Actualización de diversas causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, se procede a analizar las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, este órgano de control constitucional de oficio advierte que por lo que hace al Banco BBVA, Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, a través de su Gerente General de la Sucursal 5545, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario, dado que el acto que se le reclama no puede considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para avalar tal postura, resulta oportuno traer a colación lo dispuesto por los artículos mencionados, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive del contenido de la Constitución, o bien, de la misma ley, por tanto, dicha fracción permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo es improcedente, a pesar de no ubicarse dentro de los supuestos establecidos en las diversas fracciones del citado precepto. Por su parte, el artículo 1, fracción I, de la ley de la materia establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que puedan vulnerar los derechos humanos de los gobernados; mientras que el diverso precepto 5, fracción II, establece quiénes pueden tener el carácter de autoridad responsable para efectos de este juicio, entre los que se encuentran particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para efectos del juicio de amparo, tiene el carácter de autoridad responsable aquélla que, con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico, emitiendo actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que inciden en la esfera jurídica de los particulares, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Asimismo, en términos de los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 1 de la Ley de Amparo, al realizar el análisis de la procedencia del juicio de amparo, debe estudiarse la naturaleza del acto que se reclama, ya que éste únicamente se puede promover en contra de normas generales, actos u omisiones de autoridad. Así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo -decisión, ejecución o ambas- o negativo -abstención u omisión- que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas -ley-, que constituye un acto concreto de efectos particulares imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Sin embargo, no todos los actos que el particular estime contrarios a sus intereses son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo, debido a que solamente pueden ser considerados como actos de autoridad aquellos que necesariamente involucren una actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Y si bien también pueden impugnarse en el juicio de amparo actos emitidos por particulares, ello se constriñe a que realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima que el acto que por esta vía se reclama al Banco BBVA, Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, a través de su Gerente General de la Sucursal 5545, consistente en la ejecución de las ordenes de inmovilización y transferencia de los recursos contenidos en la cuenta bancaria de la quejosa número 0195979064, por la cantidad de $18,633.04 (dieciocho mil seiscientos treinta y tres pesos 04/100 M.N.), no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, debido a que no fue emitido en un plano de supra a subordinación, ni se emitió con base en funciones determinadas por una norma general, en razón de que la inmovilización de cuentas derivó del contrato pactado con la parte quejosa para la prestación de un servicio financiero. Por tal situación, la institución bancaria denominada Banco BBVA, Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, a través de su Gerente General de la Sucursal 5545, no actuó en calidad de autoridad, ya que para ello era necesario que realizara actos que afectaran la esfera jurídica de la quejosa y que sus funciones estuvieran determinadas en una norma general; sin embargo, en el caso, el acto reclamado derivó de la relación contractual que existe entre la parte quejosa y dicha institución bancaria. En virtud de las consideraciones expuestas, al acreditarse la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que hace al Gerente General de la Sucursal 5545 del Banco BBVA, Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, de conformidad con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Asimismo, por lo que hace a los restantes actos reclamados al Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Acapulco del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero y al Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de oficio se advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en confrontación con el primer párrafo del numeral 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los dispositivos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo por regla general dentro del término de quince días computado de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución reclamada. b) Desde el día siguiente a aquél en que la quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que la quejosa se hubiese ostentado sabedora de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifiquen ellos. Cabe hacer mención que las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo: 1) En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición el término para interponer la demanda será de treinta días; 2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión el plazo será de hasta ocho años. 3) La demanda de amparo podrá promoverse en un plazo de siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 4) En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, e incorporación forzosa al ejército, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. Luego, esta hipótesis de improcedencia tiene lugar cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que para el caso específico consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos de excepción destacados- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de los principios de preclusión y cosa juzgada. Ahora bien, es importante establecer que la quejosa se ostenta como tercera extraña en estricto sentido pues argumenta que no se le notificó la orden de inmovilización, por lo que desconoce su origen, sin embargo, existen constancias de las que se deduce que no se está en presencia de un tercero extraño por los motivos que se vierten enseguida. La figura del tercero extraño participa de los diversos supuestos en que se ubica a una persona que es ajena al procedimiento u origen del o los actos que se reclaman (sea cual fuere el motivo de su ajenidad). En el caso si bien la quejosa se ostentó con tal carácter, sin embargó no lo acreditó en virtud de que existen constancias que ponen de manifiesto que el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho se le dejó citatorio para que estuviera en su domicilio el diecinueve de septiembre siguiente para iniciar el procedimiento de ejecución en su contra por los créditos fiscales firmes números 188015235, 188011655, 188005852, 188004184, 188009990, 186012752, 186018145, 182015235, 188017023, 182017023, 177029243, 187012752 y 187018145, el cual no atendió, por lo que el diecinueve de septiembre del año pasado, se le requirió el pago de los créditos citados en el domicilio señalado en su calidad de patrón, diligencia que de conformidad con los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación se entendió con su vecino Juan Antonio Campos García, por lo que se procedió al embargo y se señalaron los depósitos de las cuentas de la quejosa Alma Delia Nava Chavelas que se localizan en todas las instituciones de crédito y casa de bolsa hasta por la cantidad total de los referidos créditos (fojas 63 a 69). Entonces al existir dichas constancias, la quejosa estaba obligada a acudir al procedimiento de ejecución, por lo menos desde el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho a interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra los actos reclamados. Es aplicable en lo sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 11/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1242, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente." Máxime que todas las notificaciones y diligencias practicadas a la deudora, hoy quejosa, se efectuaron en el mismo domicilio en el que recibió la última notificación y se practicó la diligencia de embargo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Luego, se advierte que la quejosa tuvo conocimiento del requerimiento de pago y embargo de los créditos fiscales 188015235, 188011655, 188005852, 188004184, 188009990, 186012752, 186018145, 182015235, 188017023, 182017023, 177029243, 187012752 y 187018145 el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, según se aprecia de las constancias que obran agregadas en autos, por tanto, es claro que el plazo de quince días para reclamarlos transcurrió en su totalidad, siendo que lo hizo hasta el veintitrés de noviembre siguiente, como se deduce del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco (foja 1) y, por ende, la presentación de la demanda resulta extemporánea, al instarse fuera del término de quince días a que se refiere el numeral 21 de la Ley de Amparo. Cabe aclarar que la notificación por la cual se hizo del conocimiento del quejoso el embargo de cuentas no es materia de impugnación en este juicio, no obstante que mediante auto de veintinueve de enero de dos mil diecinueve se le otorgó el plazo de quince días para que manifestara si era su voluntad ampliar su demanda respecto de la notificación que se le realizó de los mandamientos de ejecución de fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, así como las actas de requerimiento de pago y de embargo tendentes a hacer efectivos los créditos fiscales números 188015235, 188011655, 188005852, 188004184, 188009990, 186012752, 186018145, 182015235, 188017023, 182017023, 177029243, 187012752 y 187018145 de diecinueve de septiembre siguiente, y en su caso, señalara como autoridad responsable al Notificador Ejecutor adscrito a la Subdelegación Acapulco del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; empero no desahogó dicho requerimiento y mediante audiencia constitucional de uno de marzo pasado se le hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado y se ordenó resolver el presenta asunto, teniéndose únicamente como actos y autoridades responsables los señalados en el escrito de demanda (foja 283); consecuentemente no puede analizarse la constitucionalidad de la notificación mencionada por no existir reclamo expreso por lo que se actualiza la causal de improcedencia por resultar extemporánea la demanda de garantías. Ilustra en lo conducente, la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1148, tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 190848, que señala: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en confrontación con el primer párrafo del numeral 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio con base en el ordinal 64, fracción IV, de la propia ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 74 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y demás relativos, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio 990/2018, promovido por Alma Delia Nava Chavelas, en términos de lo expuesto en los considerandos cuarto y último de la presente resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: "VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 990/2018, del índice de este juzgado. R E S U L T A N D O ... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 74 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y demás relativos, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio 990/2018, promovido por Alma Delia Nava Chavelas, en términos de lo expuesto en los considerandos cuarto y último de la presente resolución.

  4. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

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