Alma Delia Muñoz Granados

Expediente 799/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
799/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • Alma Delia Muñoz Granados

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el SOBRESEIMIENTO DECRETADO FUERA DE AUDIENCIA, HA QUEDADO FIRME. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese como asunto concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, difundido en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal, es susceptible de DEPURACIÓN. Máxime que en términos de los numerales 15 y 17 del mismo Acuerdo General, este Juzgado estima que no contienen relevancia documental por el cual se deban conservar. Notifíquese.

  2. Principal

    Por recibido el ********************signado por la Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en representación de la Comisionada de Autorización Sanitaria de dicha dependencia, por el que exhiben las constancias con las que aducen el cumplimiento del fallo protector. Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la quejosa con el ********************de cuenta y sus anexos, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el acatamiento de la sentencia de amparo, en el entendido que transcurrido dicho término, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución correspondiente, con base en las documentales que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Por recibido el oficio signado por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual pretende desahogar el requerimiento de siete de abril de dos mil veintidós, y al efecto manifiesta que únicamente debe realizar la actualización de los documentos al presente ejercicio fiscal y no de cantidad que debe pagarse al quejoso, en atención al principio de anualidad en materia presupuestal. Ahora bien, en principio, conviene resaltar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que aun cuando se determine que es injustificada la remoción, baja o cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de cualquier orden de gobierno, el Estado sólo está obligado a pagar una indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Por tanto, estableció que ante la imposibilidad absoluta de reincorporar a los elementos policiales que fueron separados injustificadamente de su cargo, el Estado tiene la obligación de resarcir los daños ocasionados al servidor público a través del pago de una "indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". En ese sentido, determinó que el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" debe entenderse como el deber de la autoridad de pagar la remuneración diaria ordinaria, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto percibido por el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, baja o cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. El referido criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 110/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. ...". De lo anterior, se desprende que, contrariamente a lo sostenido por la autoridad responsable, las cantidades a pagar a la parte quejosa, deben estar debidamente actualizadas. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 197, de la Ley de Amparo, se requiere a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del término de diez días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, realice un nuevo cálculo con la debida actualización al ejercicio fiscal de dos mil veintidós. Se apercibe a la autoridad requerida, que de no acatar lo ordenado en este acuerdo, se le impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 192, 238, primer párrafo, y 258, todos de la Ley de Amparo, conforme al decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, contra la sentencia de treinta de marzo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE HA QUEDADO FIRME. En consecuencia, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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