Alma Delia Merino Pérez

Expediente 1062/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1062/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Alma Delia Merino Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.  Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado del Tlaxcala, por el cual en cumplimiento al requerimiento dictado en proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, informa que, la demandada Ayuntamiento de Españita, Tlaxcala, no informó si cuenta con una partida presupuestal etiquetada para el pago del crédito laboral emitido dentro del juicio laboral; por tanto, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictó un proveído en el que hizo efectivo el apercibimiento al Ayuntamiento de Españita Tlaxcala, fijó multa y a efecto de impulsar la ejecución del laudo dictado el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, requiero a la demandada citada, a fin de que, dentro del plazo de treinta días realice lo siguiente: Y al efecto, remite la documental consistente en copia certificada de las constancias relacionadas con el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 67/2017-B, y el oficio TCA/2460/2022, derivado de dicho acuerdo, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo .  Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" . Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: Asimismo, de acuerdo a los conceptos de violación que señala la parte quejosa, se aprecia que dicho auto reclamado es emitido en atención al escrito presentado el treinta y uno de mayo del año actual, donde el quejoso hace del conocimiento de la responsable que en la diligencia de veinte del mismo mes y año, hizo diversas peticiones, mismas que describió como se precisa en la siguiente captura de imagen: Bajo este contexto, se desprende que de lo que en realidad se duele el quejoso es de que no se atendió a lo solicitado en el diligencia de veinte de mayo actual; sin embargo, conforme a las constancias remitidas por la responsable y recibidas en este acto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" . "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL" . Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la parte quejosa, consiste en la falta de contestación a las peticiones formuladas en la diligencia de veinte de mayo actual, mismas que fueron reiteradas mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo del mismo año, dentro de los autos del juicio ordinario laboral 67/2017-C de los de índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Así, como se aprecia, de las constancias remitidas mediante el oficio de cuenta, por la autoridad responsable el el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado del Tlaxcala, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se dictó un auto, cuyos puntos resolutivos se advierten en la siguiente imagen: Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que el acto reclamado por la parte quejosa dejó de existir, pues el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió un auto donde acordó todas las peticiones de la parte quejosa realizadas en diligencia de veinte de mayo de dos mil veintidós. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, pues no puede emprenderse estudio de la inconstitucionalidad planteada contra la orden de aprehensión reclamada, porque ha dejado de existir. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" . Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar.  Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veinticuatro minutos del doce de diciembre de dos mil veintidós), por los motivos antes precisados.  Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.  Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado del Tlaxcala, por el cual en cumplimiento al requerimiento dictado en proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, informa que, la demandada Ayuntamiento de Españita, Tlaxcala, no informó si cuenta con una partida presupuestal etiquetada para el pago del crédito laboral emitido dentro del juicio laboral; por tanto, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictó un proveído en el que hizo efectivo el apercibimiento al Ayuntamiento de Españita Tlaxcala, fijó multa y a efecto de impulsar la ejecución del laudo dictado el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, requiero a la demandada citada, a fin de que, dentro del plazo de treinta días realice lo siguiente: Y al efecto, remite la documental consistente en copia certificada de las constancias relacionadas con el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 67/2017-B, y el oficio TCA/2460/2022, derivado de dicho acuerdo, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo .  Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" . Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: Asimismo, de acuerdo a los conceptos de violación que señala la parte quejosa, se aprecia que dicho auto reclamado es emitido en atención al escrito presentado el treinta y uno de mayo del año actual, donde el quejoso hace del conocimiento de la responsable que en la diligencia de veinte del mismo mes y año, hizo diversas peticiones, mismas que describió como se precisa en la siguiente captura de imagen: Bajo este contexto, se desprende que de lo que en realidad se duele el quejoso es de que no se atendió a lo solicitado en el diligencia de veinte de mayo actual; sin embargo, conforme a las constancias remitidas por la responsable y recibidas en este acto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" . "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL" . Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la parte quejosa, consiste en la falta de contestación a las peticiones formuladas en la diligencia de veinte de mayo actual, mismas que fueron reiteradas mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo del mismo año, dentro de los autos del juicio ordinario laboral 67/2017-C de los de índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Así, como se aprecia, de las constancias remitidas mediante el oficio de cuenta, por la autoridad responsable el el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado del Tlaxcala, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se dictó un auto, cuyos puntos resolutivos se advierten en la siguiente imagen: Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que el acto reclamado por la parte quejosa dejó de existir, pues el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió un auto donde acordó todas las peticiones de la parte quejosa realizadas en diligencia de veinte de mayo de dos mil veintidós. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, pues no puede emprenderse estudio de la inconstitucionalidad planteada contra la orden de aprehensión reclamada, porque ha dejado de existir. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" . Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar.  Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veinticuatro minutos del doce de diciembre de dos mil veintidós), por los motivos antes precisados.  Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, quince de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, re requirió a la autoridad responsable Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a fin de que remitiera diversas constancias, sin que a la fecha obre constancia de la notificación de dicho auto. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional que está señalada para este día se difiere para las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de catorce de octubre del año en curso, se tuvo al Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, rindiendo su informe justificado; del que se desprende que manifestó como cierto el acto reclamado; así mismo, informó que requirió al Ayuntamiento de Españita, Tlaxcala, para que informe si cuenta con una partida presupuestal etiquetada para el pago del crédito laboral emitido en el expediente 67/2017-C. Se requieren constancias. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad para que en el improrrogable término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informe: Si le fue proporcionada la información requerida al Ayuntamiento de Españita, Tlaxcala, en el sentido de que informara si cuenta con una partida presupuestal etiquetada para el pago del crédito laboral emitido en el expediente 67/2017-C; En caso de ser afirmativo el punto que antecede, informe cual fue el sentido de la información solicitada; y, cual fue la determinación que recayó en ese juicio En el entendido de que la autoridad responsable deberá remitir las constancias necesarias para acreditar su dicho, las que deberán encontrarse completas, legibles y en orden secuencial, toda vez que se estiman necesarias para resolver el presente juicio conforme a derecho. Apercibida que de no hacerlo dentro de la temporalidad concedida, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de ciento veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo que establece el artículo 259 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

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