Alma Delia Merino Pérez
Expediente 696/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Alma Delia Merino Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. No existe devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, siete de enero de dos mil veintidós. Se ordena notificar por lista. Vista la razón actuarial de uno de diciembre de dos mil veintiuno, practicada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, en la que asienta la imposibilidad para notificar a la parte quejosa Alma Delia Merino Pérez, el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, por los motivos que indica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el citado auto, así como el presente proveído, y subsecuentes notificaciones -aún las de carácter personal-, por medio de lista, que se fija en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale diverso domicilio para tal efecto en la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala. Apizaco, Tlaxcala; veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia Visto el estado procesal de autos, se advierte que el acto en reclamo que dio origen a la presente instancia, lo constituye la dilación procesal en que incurre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, derivado de la omisión de dar contestación al escrito de once de marzo de dos mil veintiuno, presentado ante el tribunal señalado el dieciséis siguiente. Ahora bien, en dicho escrito, la parte quejosa solicitó que el tribunal responsable certificara e hiciera constar que el laudo emitido en el juicio laboral 67/2017-B, ha causado ejecutoria, por haber transcurrido el plazo correspondiente (foja 24). En ese sentido, de las constancias remitidas por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se desprende que en proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se acordó el escrito cuya omisión en su atención constituye el acto reclamado en este asunto (foja 25), determinándose que el laudo dictado en el procedimiento de origen, causó ejecutoria y requiriendo el cumplimiento respectivo. De lo anterior se obtiene que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior" Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La dilación procesal en que incurre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala dentro del expediente laboral 67/2017, de su índice, derivado de la omisión de dar contestación al escrito de once de marzo de dos mil veintiuno, presentado el dieciséis siguiente. Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la quejosa consiste en: la dilación procesal en que incurre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala dentro del expediente laboral 67/2017, de su índice, derivado de la omisión de dar contestación al escrito de once de marzo de dos mil veintiuno, presentado el dieciséis siguiente. Y, de las constancias remitidas por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que el dos de septiembre de dos mil veintiuno, emitió un acuerdo, en el que en atención al escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, determinó que el laudo dictado en el procedimiento de origen, causó ejecutoria, requiriendo a la parte demanda el pago y cumplimientos de las prestaciones a que fue condenada (foja 25). Tal como se desprende de la siguiente reproducción: Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias relacionadas se evidencia que la omisión reclamada por la parte quejosa dejó de existir, pues el dos de septiembre de dos mil veintiuno la autoridad responsable dictó una determinación en la que recibió y acordó el escrito de once de marzo del presente año, presentado el dieciséis siguiente -cuya omisión en su contestación constituye el acto reclamado en la presente instancia-; por tanto, se advierte que el acto reclamado dejó de existir, al determinar que el laudo emitido en el procedimiento de origen causó ejecutoria y requerir su cumplimiento (solicitud formulada por la parte quejosa en el escrito de mérito). En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas con diez minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno), por los motivos precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala; veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia Visto el estado procesal de autos, se advierte que el acto en reclamo que dio origen a la presente instancia, lo constituye la dilación procesal en que incurre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, derivado de la omisión de dar contestación al escrito de once de marzo de dos mil veintiuno, presentado ante el tribunal señalado el dieciséis siguiente. Ahora bien, en dicho escrito, la parte quejosa solicitó que el tribunal responsable certificara e hiciera constar que el laudo emitido en el juicio laboral 67/2017-B, ha causado ejecutoria, por haber transcurrido el plazo correspondiente (foja 24). En ese sentido, de las constancias remitidas por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se desprende que en proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se acordó el escrito cuya omisión en su atención constituye el acto reclamado en este asunto (foja 25), determinándose que el laudo dictado en el procedimiento de origen, causó ejecutoria y requiriendo el cumplimiento respectivo. De lo anterior se obtiene que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior" Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La dilación procesal en que incurre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala dentro del expediente laboral 67/2017, de su índice, derivado de la omisión de dar contestación al escrito de once de marzo de dos mil veintiuno, presentado el dieciséis siguiente. Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la quejosa consiste en: la dilación procesal en que incurre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala dentro del expediente laboral 67/2017, de su índice, derivado de la omisión de dar contestación al escrito de once de marzo de dos mil veintiuno, presentado el dieciséis siguiente. Y, de las constancias remitidas por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que el dos de septiembre de dos mil veintiuno, emitió un acuerdo, en el que en atención al escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, determinó que el laudo dictado en el procedimiento de origen, causó ejecutoria, requiriendo a la parte demanda el pago y cumplimientos de las prestaciones a que fue condenada (foja 25). Tal como se desprende de la siguiente reproducción: Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias relacionadas se evidencia que la omisión reclamada por la parte quejosa dejó de existir, pues el dos de septiembre de dos mil veintiuno la autoridad responsable dictó una determinación en la que recibió y acordó el escrito de once de marzo del presente año, presentado el dieciséis siguiente -cuya omisión en su contestación constituye el acto reclamado en la presente instancia-; por tanto, se advierte que el acto reclamado dejó de existir, al determinar que el laudo emitido en el procedimiento de origen causó ejecutoria y requerir su cumplimiento (solicitud formulada por la parte quejosa en el escrito de mérito). En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas con diez minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno), por los motivos precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha en que se actúa, se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; otorgado en proveído de ocho de septiembre del año en curso. Diferimiento de audiencia constitucional En consecuencia, al no haber transcurrido los ocho días de anticipación a que alude el artículo en cita, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE NONVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo.
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