Alma Delia Marin Cruz

Expediente 1076/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1076/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • Alma Delia Marin Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: ".En Xalapa, Veracruz, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta al Juez de Distrito, con la demanda de amparo, registrada en la Oficialía de Partes de este Juzgado con el número 20838 y anexos que la acompañan. Conste. Xalapa, Veracruz, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese para los efectos legales procedentes el escrito signado por **********, por derecho propio y en representación de su menor hija de identidad reservada contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1076/2019, que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano judicial que conozca del juicio de garantías, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. Sirve de apoyo la tesis I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. En el caso, se estima que contra el acto aquí reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). El precepto anterior contempla uno de los principios rectores sobre la procedencia del juicio de amparo, comúnmente denominado "de definitividad", el que impone la obligación ineludible a la parte quejosa de agotar, previo a acudir a la vía constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pudiendo obtener así el resarcimiento de las violaciones que estime cometidas en su contra. Delimitado lo anterior, se tiene que el acto reclamado consiste en el auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil 624/2017 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en el que se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles. Ahora, dicha determinación es susceptible de impugnarse a través del recurso de apelación a que se refiere el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz que establece: Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia. El precepto legal transcrito determina que el recurso de apelación es procedente, entre otros supuestos, contra los autos que causan un daño irreparable en la sentencia; lo que conlleva a estimar que en contra del auto en el que se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; es susceptible de ser impugnado mediante el recurso ordinario de mérito, por el que se pudo obtener su revocación o modificación. Lo anterior se afirma, ya que el recurso de apelación es procedente, desde el momento en que el acto reclamado causa daño irreparable en la sentencia, ya que en el dictado de ésta no se estará en aptitud de realizarse pronunciamiento en torno a la legalidad o no de la cuestión aquí impugnada; es decir, el fallo que llegue a resolver la controversia sólo se ocupa del estudio de la acción y las excepciones opuestas, en relación con las pruebas aportadas por las partes, pero no de aquellas incidencias que ocurrieron durante la tramitación del procedimiento, como es el caso del acto reclamado. Así, al no haberse agotado el recurso de apelación en contra del auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil 624/2017 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en el que fijó fecha para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles, antes de acudir al juicio de amparo, se estima que la quejosa dejó de observar el principio de definitividad. No está por demás señalar que, en el presente caso, no se advierte que se esté en presencia en alguno de los casos de excepción de agotar los recursos o medios de defensa a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, de un auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad; no se trata de una resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; no es una determinación que decide sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; mucho menos que los quejosos sean personas extrañas al procedimiento; de igual forma, no se trata de un auto de vinculación a proceso y, finalmente, el recurso o medio de defensa establecido en la ley procesal, no está sujeto a una interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinar su procedencia, por el contrario, se advierte que es claro en cuanto a que señala que el recurso de apelación procede en contra de autos que causan daño irreparable en la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia localizable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Tesis 447, Página 297, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo. En esa tesitura, es evidente que si existe algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, dado que no es optativo para alguna de las partes del juicio natural el cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contempla, sino obligatorio, en virtud del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO."

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