Alma Delia López Rodríguez

Expediente 1078/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1078/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Alma Delia López Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1078/2023, promovido por ******************** contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. El tres de agosto de dos mil veintitrés, se recibió, la boleta de turno y el oficio signado por el Secretario de este Juzgado, mediante el cual ordenó remitir la ampliación de demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Morelos, para que se returnara de manera aleatoria como demanda de amparo nueva. Asimismo, remitió copia del escrito de demanda promovido por ********************, en la cual solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos "[.] el acuerdo de fecha 05 de julio del 2023 el cual resulta incompleto, incongruente y no justifica las causas o motivos por los que no acordó favorables las peticiones realizadas para llevar acabo la ejecución del laudo de manera funda y motivada." SEGUNDO. El tres de agosto de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1078/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: La omisión de acordar la totalidad de las peticiones realizadas en el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ******************** La omisión de acordar de manera fundada y motivada la negativa de aplicar el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, en el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ******************** TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que la autoridad señalada como responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos, con fecha veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, dictó un proveído, dentro del juicio de origen ********************, en el cual regularizó el procedimiento y acordó la totalidad de las peticiones realizadas en su escrito de diez de enero de la presente anualidad. En relación a lo anterior el proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, fueron notificadas las partes el día veinticinco de agosto de la presente anualidad, aunado que desde el treinta y uno de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el informe y anexo correspondiente para los efectos legales conducentes. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado por la parte quejosa se traduce en la omisión de acordar la totalidad de las peticiones realizadas en el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************; sin embargo, con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, la omisión reclamada quedó superada; de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. En consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, por el acto reclamado, consistente en la omisión de acordar la totalidad de las peticiones realizadas en el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Con el propósito de entrar al estudio de los conceptos de violación, debe precisarse en primer lugar que, resulta innecesario realizar su transcripción, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, aunado a que no existe algún precepto en la Ley de Amparo que establezca esa obligación, por lo que queda al prudente arbitrio de la persona juzgadora el realizarlo, atendiendo a las particularidades de cada asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para un mejor entendimiento de este asunto, en primer lugar se realizará una síntesis de los conceptos de violación expuestos en el escrito de demanda; luego, se procederá al estudio y análisis respectivo. En esta perspectiva, en relación al segundo acto reclamado, la parte quejosa señala en sus conceptos de violación que la responsable no realiza un razonamiento lógico jurídico de manera fundada y motivada por el cual no se puede aplicar el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, en beneficio de la parte quejosa en el juicio laboral ********************. Ateniendo a lo anterior cabe precisar que la responsable en el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, manifestó que: "[.] EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO INICIA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 DÍAS A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 945 DE LA PROPIA LEY, PREVIA PETICIÓN DEL EJECUTANTE SIENDO NECESARIA LA INTERVENCIÓN DE ESTE EN LAS DIVERSAS ETAPAS QUE LO CONFORMAN, LO ANTERIORMENTE EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 17, 685, 688, 731, 939, 940, 947, 948, 950 AL 964 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.". En esta perspectiva, es infundado el concepto de violación, que aduce la parte quejosa, dicha determinación, se considera por los siguientes argumentos. En primer lugar, hay que precisar lo que establece el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, "Artículo 945. Las sentencias deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Vencido el plazo, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá solicitar la ejecución de ésta en términos de lo dispuesto en el artículo 950 de esta Ley. Si el juez advierte que existe riesgo de no ejecutar la sentencia, o si el patrón realiza actos tendientes al incumplimiento de la misma, el juez tomará las medidas necesarias a efecto de lograr el cumplimiento eficaz de la sentencia. Para ello podrá decretar el embargo de cuentas bancarias y/o bienes inmuebles, debiendo girar los oficios respectivos a las instituciones competentes. Asimismo, deberá dar vista a las instituciones de seguridad social a efecto de que se cumplimenten las resoluciones en lo que respecta al pago de las cotizaciones y aportaciones que se contengan en la sentencia. La acción para solicitar la ejecución de las sentencias definitivas del Tribunal prescribe en dos años en términos del artículo 519 de esta Ley. La prescripción correrá a partir del día siguiente al que hubiese notificado la sentencia del Tribunal a las partes y solo se interrumpe en los siguientes casos: a) Por la presentación de la solicitud de ejecución debidamente requisitada, mediante la cual la parte que obtuvo sentencia favorable, solicite al juez dicte el auto de requerimiento y embargo correspondiente, o bien que abra el Incidente de Liquidación, y b) Cuando alguna de las partes interponga el medio de impugnación correspondiente. Independientemente de lo anterior, las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento." Del precepto anterior, se desprende en esencia, que los laudos deben cumplirse en término de quince días, una vez que transcurra el plazo, la parte que obtuvo un resultado favorable podrá solicitar su ejecución. Si el juez advierte que el patrón no cumplirá con el cumplimiento del laudo, la autoridad podrá decretar el embargo de las cuentas y/o bien inmuebles. La acción para solicitar la ejecución prescribe en dos años. En el caso concreto como se pudo observar de la transcripción que se realizó en líneas anteriores, la autoridad responsable al pronunciarse sobre la petición de la parte quejosa, no le establece una negativa, más bien hace del conocimiento al promovente que una vez que transcurra el plazo de quince días que establece la Ley de la materia, podrá solicitarlo la parte actora de acuerdo a los artículos 939, 940, 947, 948, 950 al 964 de la Ley Federal del Trabajo. Ya que como bien fundamenta la responsable en el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, donde empieza la segunda sección, denominada "Del procedimiento del embargo" del titulo quince procedimientos de ejecución del capítulo I, se establece el procedimiento que deberá seguir la responsable una vez que transcurra el término que se otorga el en artículo 945 de la multicitada Ley. Esto en razón de que, como autoridades, es su deber acatar los que se establece en las leyes, y seguir el procedimiento que marca la Ley Laboral, por lo cual este Órgano Jurisdiccional, advierte que la responsable, realizó un razonamiento lógico jurídico de manera fundada y motivada a la petición solicitada, ya que como se mencionó en líneas anteriores, la Junta no manifestó una negativa en querer aplicar el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, en beneficio de la parte quejosa en el juicio laboral ********************, como aduce la parte quejosa, simplemente está siguiendo el procedimiento que marca dicha Ley. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.) de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2772, de la Décima Época, con registro digital 2000025, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Ante lo infundado de los conceptos de violación, este juzgador: R E S U E L V E : Primero. Se sobresee en el juicio en términos del considerado cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto de la autoridad y acto reclamado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy nueve de octubre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte, que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto, sin embargo, no es posible su celebración, toda vez que se encuentra transcurriendo la vista a las partes con el informe justificado, ordenada en auto de treinta y uno de agosto de este año; en consecuencia, se difiere la audiencia señalada para esta data y en su lugar se señalan para su verificativo las DIEZ HORAS CON VEINTIUNO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Nadia Luz María Lara Chávez, Consejera Jurídica y en representación de las autoridades responsables, Ayuntamiento, Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Comisión Dictaminadora, Síndico municipal y Secretario del Ayuntamiento, todos de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual remite de nueva cuenta copia certificada de los desgloses de los montos de conformidad con el Acuerdo SO/AC-174/14-XI-2019, autorizado por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en todos sus términos, en cuanto al pago de los incrementos del uno de mayo de dos mil diecinueve, a la fecha, así como el pago de la pensión y los incrementos del dieciséis de abril de dos mil dieciséis, al treinta de abril de dos mil diecinueve; sin embargo dichas constancias ya obran en autos, cabe mencionar que no atendió lo solicitado por auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, y al escrito de la quejosa, además de lo mencionado en el oficio de cuenta, se hace necesario remitir copia del escrito de la quejosa de veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta al Presidente Municipal, Tesorero Municipal y a la Directora General de Recursos Humanos, todos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, den cumplimiento a lo siguiente: Remitan copia certificada del desglose de los montos de conformidad con el Acuerdo SO/AC-174/14-XI-2019, autorizado por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en todos sus términos, en cuanto al pago de los incrementos del uno de mayo de dos mil diecinueve, a la fecha, así como el pago de la pensión y los incrementos del dieciséis de abril de dos mil dieciséis, al treinta de abril de dos mil diecinueve, ya que atendiendo a la ejecutoria de amparo éstas deberán ser detalladas, a fin de que sean entendibles y se pueda concluir que se cumple en todos sus términos el Acuerdo SO/AC-174/14-XI-2019. Para mayor precisión y atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria y a las manifestaciones de la parte quejosa, se les remite copia del escrito de la quejosa de veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por Rodrigo Martínez Serrano, en mi carácter de apoderado de Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada Capital Variable, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Se ordena distribuir entre las partes, las copias de los escritos de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, infórmese al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, sobre la interposición del presente medio de impugnación y póngase a su disposición el expediente electrónico de este juicio, en el cual se encuentra agregado el escrito de expresión de agravios presentado, para lo que tenga a bien determinar. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Por otra parte, notifíquese personalmente la presente determinación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito, corriéndole traslado con el escrito de expresión de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito, corriéndole traslado con el escrito de expresión de agravios. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del once al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de junio del presente año, en términos de los artículos44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3682/2023, asistido de Erik Calderón Ocampo, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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