ALMA DELIA LANDA JACOBO y Otros.

Expediente 218/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
218/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • ALMA DELIA LANDA JACOBO y Otros.
  • ELDA IVONNE JIMENEZ LANDA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya realizado; en consecuencia, con apoyo en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara firme el referido auto. Archivo y anotaciones. En ese orden, archívese como asunto concluido el presente expediente, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, con la precisión que una vez que obren las constancias de notificación de este proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. En el Libro de Gobierno correspondiente realícense las anotaciones respectivas; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Destino del expediente. En tales condiciones, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en términos de lo establecido en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; consecuentemente, una vez que transcurran tres años a partir del presente proveído, de conformidad con lo establecido en el numeral 21 del citado Acuerdo General, destrúyase el presente expediente, previa acta de la relación que se elabore para la identificación. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial administrativo ponga en la caratula de este asunto el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que tanto el expediente físico como el electrónico coinciden en la totalidad de las constancias; con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, cualquiera de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre el expediente físico y el expediente electrónico. Lo anterior en términos del artículo 35 del acuerdo general citado. Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos que, conforme a las obligaciones inherentes a su cargo, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, notifique la presente determinación a las partes; en términos del dispositivo octavo, fracción II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vinculen al expediente electrónico dichas notificaciones a cada una de las partes, según sea el caso, y hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite dichas circunstancias, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo. Lo que se ordena hacer constar en la carátula del expediente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se ordena agregar a los autos la comparecencia de ratificación de firma de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, de la que se advierte que las quejosas ***y ****, ratificaron el escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado, el trece de septiembre de dos mil veintidós, registrado con el número de folio 10491, relativo a la prevención de cinco de septiembre de dos mil veintidós. Ahora bien, vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio de las quejosas ***y ***contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 51 y otra autoridad, se procede acordar lo conducente. Estudio de la demanda. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Del criterio jurisprudencial anterior, se puede advertir que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la especie, el acto reclamado materia del presente sumario constitucional, esencialmente consiste en el auto de ejecución de nueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente 134/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 51. Acotado lo anterior, es menester referir que se surte el supuesto establecido en el citado artículo 113 de la Ley de la materia, toda vez que se actualiza de manera clara, patente e indudable la causa de manera improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De lo antes expuesto, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, y que si se tratare de actos en la etapa de ejecución de sentencia, sólo procede la acción constitucional contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda las violaciones procesales que hubieren dejado sin defensa al quejoso en la referida fase, al mismo tiempo que sea impugnada dicha resolución. Así, se colige que para la procedencia del juicio de amparo biinstancial existen dos reglas genéricas y una específica, las cuales son: Reglas genéricas. A) contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, es decir, aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos fundamentales del gobernado, pues ésta no se destruye con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones; B) contra actos dictados después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; y, Regla especifica. C) contra actos emitidos en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante aquél, que hubieren dejado sin defensa al promovente. La razón de ser de la regla específica de procedencia fue impedir que el juicio de amparo se utilizara como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, dado que ésta constituye el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirimió ya un conflicto suscitado entre las partes contendientes, por lo cual la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad y en el menor tiempo posible. De ahí, que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo bi-instancial en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 1a./J. 29/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII (junio de dos mil tres), Novena Época, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Por tanto, se colige que el juicio de amparo es procedente en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En ese sentido, conviene precisar que por "última resolución" debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, como se advierte de la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de nuestro más alto tribunal, consultable en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII (abril de 2001), Novena Época, de rubro: "AMPARO "INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA "RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO "DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA "MATERIA." Ahora bien, con base en lo antes expuesto, considerando que el acto aquí reclamado lo constituye el auto de ejecución de nueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente número 134/2016 que se ventiló ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 51. Se destaca, que esa determinación, fue en cumplimiento a la sentencia de cinco de octubre de dos mil veinte, en la que se ordenó la restitución de la totalidad de la parcela en favor del quejoso (José Alfredo Jiménez Segura); de ahí que se considera que no se trata de la última actuación dentro del procedimiento de ejecución agrario, toda vez que con su emisión no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de manera que el juicio de amparo indirecto promovido contra dicho acto, es improcedente. No es obstáculo para arribar a lo anterior, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, hubiera establecido que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, porque se trata de un caso de excepción; es decir, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del impetrante, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el máximo tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable; por lo cual, el acto reclamado es consecuencia directa y está encaminado a cumplir con lo resuelto en la sentencia definitiva, que constituye cosa juzgada, cuya ejecución, como se dijo, no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia I.11º.C.J/7 K (11ª.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2764, Tomo IV, Enero de 2022 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 2024100, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." En ese contexto, se reitera, el acto reclamado, descrito en párrafo que anteceden, no constituye el último acto de ejecución en el procedimiento para cumplimentar la sentencia. Dado que se trata de un acto emitido en ejecución, por lo que el juicio de amparo indirecto, sólo prosperará, hasta que se pronuncie la resolución final en ese procedimiento, donde tendrá la oportunidad, se insiste, de hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese periodo. Atento a lo anterior, cabe señalar lo expuesto en el artículo 191, fracción II, párrafo segundo de la Ley Agraria, que a la letra dice: "(.) Si existiera alguna imposibilidad material o jurídica para ejecutar una sentencia relativa a tierras de un núcleo de población, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá aceptar la superficie efectivamente deslindada, en cuyo caso la sentencia se tendrá por ejecutada, dejándose constancia de tal circunstancia en el acta que levante el actuario. (.)" Sirve de sustento a lo anterior, la tesis XXI.1o.24 A, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que dispone: "RESTITUCION DE PARCELA EJIDAL. EL ACUERDO QUE CONFIERE AL DEMANDADO UN PLAZO PARA LA ENTREGA VOLUNTARIA DEL INMUEBLE, NO IMPLICA EL ULTIMO ACTO DE EJECUCION DE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. La distinción entre lo que constituye una resolución dictada "para la ejecución de una sentencia" y la diversa "en ejecución de la misma", consiste en que la primera debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo, y la que, por su propia naturaleza, ya no requiere de otra determinación legal; en cambio, la resolución emitida en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo; en tal circunstancia, el acuerdo que conceda al demandado un término para la restitución de la parcela ejidal que fue motivo de controversia, no está encaminado directa e inmediatamente a la ejecución de la sentencia respectiva, ya que requiere de otra determinación legal posterior para la ejecución material de ésta, como lo es el proveído que ordene la entrega real y material del inmueble motivo del juicio respectivo." Así como la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1364, Tomo XX, Diciembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 179882, cuyo rubro y texto son: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA AGRARIA. EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO LA AUTORIDAD NO SE APEGA A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS. Conforme al artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo y a la jurisprudencia P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31 del Tomo XIII, abril de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia sólo cuando se impugne la última resolución, es decir, aquella en la que se apruebe o desapruebe de manera expresa o tácita el cumplimiento de una sentencia, o bien, se declare su imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento. Sin embargo, no debe regir esta regla general cuando en el juicio de amparo en materia agraria el acto reclamado lo constituye la decisión de un órgano jurisdiccional agrario de no ejecutar la sentencia por más que se aduzcan razones de interés social, dejando en total indefensión al impetrante de garantías, pues con ello se afectaría la garantía constitucional de impartición de justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 de la Carta Magna, al dejar a la voluntad y arbitrio de la autoridad responsable la ejecución de un fallo, cuya indefinición se extendería sin la posibilidad para el que obtuvo sentencia favorable de impugnar tal omisión ante el citado criterio general; máxime que la propia legislación agraria, en el artículo 191, primer párrafo, establece como obligación de los Tribunales Agrarios proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias. Es por ello que se estime que cuando se promueva el juicio constitucional en materia agraria contra actos de autoridad que lesionan el efectivo e inmediato cumplimiento de sentencia, no debe actualizarse la causal de improcedencia en comento, pues la pretensión del gobernado no es la de obstaculizar la ejecución -razón que motiva la procedencia del juicio constitucional hasta la "última resolución"- sino instar a la autoridad para que provea al respecto, ya que considerar lo contrario sí contravendría el interés de la sociedad y del Estado, además de ser una violación evidente al artículo 17 constitucional, al dejar al libre arbitrio y voluntad de la autoridad encargada del cumplimiento el tiempo y forma en que se deba ejecutar el fallo protector, lo cual es inaceptable." Finalmente y no menos importante es precisar que si bien es cierto que podría tomarse la orden de desalojo ante el desacato del ejecutado como un acto de la etapa de ejecución, la misma no es la última en esa etapa del procedimiento. Lo anterior se sustenta con la Jurisprudencia Ia./j.52/2020 (10ª.), sustentada por la Primera Sala, visible en la página 293, Tomo I, Diciembre de 2020 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 2022499, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y estos últimos aplicados en sentido contrario, respecto del acto reclamado por la parte quejosa. Además, no es necesario realizar un análisis respecto a un diverso acto reclamado, en virtud de que las quejosas no señalaron como acto reclamado la falta de emplazamiento al juicio, tal como se advierte del escrito de desahogo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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