Alma Delia Hernández Jaime
Expediente 791/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alma Delia Hernández Jaime
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veintisiete de julio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por *****. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 791/2023-VIII. ****************************************Desechamiento.**************************************** De conformidad con dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: ... En el caso, la quejosa reclama la resolución de cinco de julio de dos mil veintitrés, emitida por la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca ********************de ese índice, donde confirmó la sentencia de diecinueve de abril de este año, dictada por el Juez Primero Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato, dentro del juicio ordinario civil ********************, por la cual ordenó la reposición del procedimiento de ese sumario para el efecto de que se emplace a juicio a ******************** en calidad de demandada reconvencional. ********************.********************Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no causa una afectación de imposible reparación. ****************************************Los artículos invocados establecen textualmente lo siguiente: ****************************************De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ... El acto reclamado no es de imposible reparación, porque su posible incorrección sólo inobservaría normas de fuente procesal, no sustantiva; por tanto, únicamente afectaría derechos adjetivos susceptibles de repararse en la sentencia que se dicte en ese proceso. ****************************************Es así, pues la reposición del procedimiento en el juicio de origen fue confirmada por el tribunal de alzada al considerar que se actualizaba un litisconsorcio pasivo necesario, consistente en la necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquellas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio.****************************************Es decir, el objetivo de que exista dicha institución -litisconsorcio- se concreta en que solo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador.****************************************De ahí que, al versar la reposición sobre un presupuesto procesal y no afectar las actuaciones previas que sirvieron para integrar el juicio de origen, se considera que el acto reclamado no es de imposible reparación, dado que no causa una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, tales como el patrimonio, la posesión, la propiedad, la vida o la libertad.****************************************Así, se concluye que el acto reclamado -resolución que confirma la reposición del procedimiento-, no sitúa a la quejosa en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impida el libre ejercicio de los derechos sustantivos y que sea imposible repararlos, es decir, que afecte su vida, su libertad, su propiedad o posesión, sino que sus efectos son meramente adjetivos, precisamente porque su afectación no es actual, sino que depende de la trascendencia que tengan al momento de dictarse sentencia en el juicio. Al respecto, no pasa inadvertido el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 199, tomo XXI, enero de 2005, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente:... Sin embargo, dicho criterio fue integrado conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, que dejaba abierta la posibilidad de interpretar lo que se debía considerar como actos de imposible reparación, entendidos, según ese criterio, como aquellas violaciones adjetivas que afectan a las partes en grado predominante o superior. ****************************************Empero, ese supuesto dejó de ser aplicable a los juicios de amparo iniciados con posterioridad al tres de abril de dos mil trece, en tanto que el propio Tribunal, en la precitada jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."; precisó que considerar como actos de imposible reparación aquellos que afectan a las partes en grado predominante o superior, era un concepción incompatible con el nuevo texto legal de la Ley de Amparo vigente, dado que esta legislación establece con precisión que un acto, para que pueda considerarse irreparable, debe producir afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo.****************************************Ahora, podría alegarse que la reposición del procedimiento ordenada en la resolución reclamada afecta la garantía a la administración de justicia pronta prevista en el artículo 17 constitucional, pues prorroga que se decida el fondo del asunto en tanto se integre al litisconsorte a la relación jurídico procesal. Sin embargo, en la resolución reclamada, se confirmó una sentencia que no favoreció a ninguna de las partes, dado que el juez responsable no estudió el fondo del asunto y ordenó la reposición del procedimiento; es decir; no hubo un pronunciamiento respecto de las procedencia o improcedencia de las prestaciones reclamadas por la actora original y la actora reconvencional.****************************************Por lo que no se dejó sin efecto una sentencia favorable para alguna de las partes, con lo cual, sí se habría afectado el derecho de acceso a la jurisdicción, tutelado por el artículo 17 constitucional.****************************************De suerte que el hecho de que en la nueva sentencia que se llegue a dictar se valoren, de nueva cuenta, los elementos que obren en el expediente y los que aporte la litisconsorte que será llamada a juicio, no afecta un derecho sustantivo de la quejosa. ... Toda vez que integrar a una nueva parte a la relación jurídico-procesal constituye una actuación carente de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental. ... En tales condiciones, se pone de relieve que respecto del acto que la solicitante de amparo pretende combatir se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Como lo solicita la promovente, con fundamento en el artículo26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que pueda consultar el expediente con el usuario ********************, y reciba notificaciones. ****************************************Ténganse como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, pues tiene su cédula profesional registrada en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del citado numeral a ********************, por así solicitarlo expresamente. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.-
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