Alma Delia Franco Muñoz

Expediente 280/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
280/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
22/09/2021

Partes del expediente

  • Alma Delia Franco Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Glósese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la Superioridad, a través del cual remite copia certificada del testimonio de la resolución de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el Q.C.- 117/2021, a través de la cual declara infundado el recurso de queja interpuesto. Acúsese el recibo de estilo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este expediente susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el artículo vigésimo primero, inciso d), del citado Acuerdo, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo antes referido. Por lo que en cumplimiento de este último acuerdo general conjunto se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de ser destruido. Finalmente, se tiene a la vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el presente asunto no obran documentos catalogados como originales; y, que las actuaciones del presente asunto coinciden con el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, por el cual el Actuario Judicial Adscrito al Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito acusa recibo de los documentos enviados para la substanciación del recurso de queja interpuesto en autos e informa que se admitió a trámite, registrándolo bajo el número Q.C. 117/2021, de lo que se toma conocimiento.Por otra parte, en atención a lo solicitado se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes realice las gestiones pertinentes para hacer disponible el acceso electrónico de este asunto a la Superioridad y pueda consultar las constancias que lo integran en dicho Sistema de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aplicado por analogía.Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, por el cual la quejosa interpone recurso de queja y expresa agravios en contra del acuerdo que desechó la demanda de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación; sin lugar a ordenar la notificación a las demás partes, toda vez que la demanda de garantías fue desechada, por lo cual no hay más partes que el quejoso; en consecuencia, se ordena enviar el escrito original de interposición del recurso de queja y expresión de agravios, copia certificada de las constancias que señala el promovente en su escrito de cuenta, así como la notificación del auto recurrido, al órgano jurisdiccional que deba resolver el recurso de queja que interpone.Asimismo se ordena rendir el informe justificado correspondiente, manifestando a la Superioridad que es cierto que este órgano jurisdiccional dictó el proveído recurrido.Por otro lado, se ordena agregar copia certificada del escrito de interposición del recurso de queja y de expresión de agravios al expediente en que se actúa para que surta los efectos legales conducentes.Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito de cuenta por medio del cual da cumplimiento a lo solicitado por auto de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, asimismo se procede a proveer respecto a la demanda de garantías y escrito aclaratorio presentados en este órgano federal. Vista nuevamente la demanda de garantías y escrito aclaratorio promovidos por Alma Delia Franco Muñoz, contra actos de la Juez Décimo Séptimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 constitucionales. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el proveído dictado el tres de marzo de dos mil veintiuno, por el Juez responsable en el juicio 1159/2014, en el que se informó que en dicho asunto no existía nombramiento de albacea en la sucesión a bienes de José Víctor Pérez Mora, así como que en cumplimiento a lo ordenado en sentencia dictada en el juicio de amparo 1197/2014 de la estadística de este Juzgado se dejó insubsistente todo lo actuado y procedió a llamar a juicio a Víctor Pérez Guzmán, a fin de que acudiera a deducir sus derechos como heredero sustituto. Procedimiento en que, de acuerdo con lo expuesto en el escrito aclaratorio de demanda ya se le ha reconocido personalidad a la ahora quejosa. Al respecto, cabe precisar que al examinar la demanda, se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia ya que su estudio es de orden público y de estudio preferente, y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo prescrito por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Este precepto autoriza desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En razón de la naturaleza del acto que se reclama, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - Se exceptúa de lo anterior: - - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; - - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. - - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la lectura del precepto transcrito deriva la improcedencia del amparo biinstancial si es que no se agotan los medios de impugnación previstos por la ley de la materia, cuando éstos puedan ser interpuestos conforme a derecho. Por su parte, los artículos 684 y 685 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, dispone: "Artículo 684.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al procedimiento. Artículo 685.- En los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente únicamente contra determinaciones de trámite, en los términos del artículo 79, fracción I de este código. En aquellos casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones con excepción de la definitiva. En todo caso, debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, pudiéndose resolver de plano por el juez, o dar vista a la contraria por un término igual y la resolución deberá pronunciarse dentro del quinto día. En contra de esta resolución no se admitirá ningún recurso." En tal virtud, se actualiza la causa de improcedencia aludida, toda vez que procede el recurso de revocación contra el proveído dictado el tres de marzo de dos mil veintiuno, por el Juez responsable en el juicio 1159/2014, en el que se informó que en dicho asunto no existía nombramiento de albacea en la sucesión a bienes de José Víctor Pérez Mora, así como que en cumplimiento a lo ordenado en sentencia dictada en el juicio de amparo 1197/2014 de la estadística de este Juzgado se dejó insubsistente todo lo actuado. Por tanto, la quejosa debió hacer valer el recurso procedente antes de acudir al juicio constitucional, más aún, porque en forma genérica el numeral en cita establece la procedencia del medio de impugnación en comento, de ahí que no se esté en la hipótesis de una resolución irrecurrible a través de los medios ordinarios de impugnación; por tanto, se insiste que a través del medio ordinario antes señalado, era posible modificar o revocar el acto reclamado. Luego, si de la lectura del código procesal local, se advierte que el acto reclamado puede ser modificado o revocado a través del recurso de revocación, en tal virtud la promovente se encontraba obligada a respetar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional, y al no hacerlo así, violó el principio aludido, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo; de tal suerte que, al existir dicho medio ordinario de impugnación, y al no haber sido interpuesto por la quejosa, el amparo es improcedente. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza del amparo, que es un medio extraordinario de control constitucional para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera cuando ya se hayan recorrido todas las instancias previstas en la Ley de la materia, en virtud de los recursos ordinarios que procedan. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 447, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 297, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, pagina 5721, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. El artículo 73, fracción XIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías que establece la improcedencia de este juicio, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, no es contrario al artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, sino estrictamente acorde con el espíritu de este precepto." No es óbice a lo anterior que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación en la especie, cuando como en el caso la existencia del recurso se advierte del artículo transcrito, con lo que se tiene la certidumbre y plena convicción de que se actualiza la causa de improcedencia, en estudio, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes. De ahí, que si se admitiera la demanda de que se trata, tal circunstancia violaría el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedentes, distrayendo al órgano jurisdiccional del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios, cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Octava Época, Tomo XI, junio de 1993, página 252, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a tener por como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona, toda vez que el actuario judicial de la adscripción mediante razón asentada el dieciocho de mayo del año en curso, informó la imposibilidad para practicar notificaciones en dicho predio, por los motivos en ella expuestas. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

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