Alma Delia Coral Padron

Expediente 815/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
815/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
06/01/2016

Partes del expediente

  • Alma Delia Coral Padron

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso alguno dentro del término legal; se declara que el auto que desechó la demanda, HA CAUSADO ESTADO, se ordena el archivo del presente asunto, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, mediante el cual devuelve sin diligenciar diversa comunicación oficial del índice de este Juzgado Federal. Ahora de las constancias remitidas, se advierte la imposibilidad de notificar a las partes quejosa el proveído de veintitrés de noviembre pasado. En ese contexto, se ordena que el citado proveído, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se realicen por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Chetumal, Quintana Roo, veintitrés de noviembre de dos mil quince. ? Recepción del oficio de incompetencia. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, comunica a este Órgano Jurisdiccional el contenido de la resolución de nueve de noviembre de dos mil quince, dictada en el juicio de amparo directo 426/2015 de la estadística de ese Tribunal, por medio de la cual la Superioridad declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo que remite. Al oficio de mérito se acompañan las constancias siguientes: I. Copia certificada de testimonio de resolución dictada en el juicio de amparo directo 426/2015 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo. II. Oficio UAJ-443/2015 signado por el Magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cuatro, residente en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado. III. Cédula de notificación de ocho de julio de dos mil quince, dirigida a la Delegación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. IV. Cédula de notificación de ocho de julio de dos mil quince, dirigida a Alma Delia Coral Padrón. V. Copia simple del anverso de la cédula profesional número 6163733. VI. Escrito original de demanda signada por Alma Delia Coral Padrón. VII. Copia certificada del expediente 530/2014 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cuatro, con residencia en esta ciudad. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. ? Demanda y radicación. En ese orden, en acatamiento a lo ordenado por el citado Tribunal, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por Alma Delia Coral Padrón, se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 815/2015. ? Desechamiento. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora, toda vez que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, es por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, septiembre de 2004, tomo XX, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Previo a determinar la causal de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, tenemos que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "IV. Acto reclamado: La Sentencia de fecha 14 de mayo de 2015, dictada dentro del expediente relativo al Juicio Agrario No. TUA 44-530/2014, (sentencia impugnada) promovido por el ahora quejoso, en contra de la Delegación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.". Por otra parte, en el cuarto punto del capítulo de antecedentes adujo: "Cuarto. El juicio agrario número TUA 44-530/2014, al que se refiere en líneas anteriores, promovido por el ahora quejoso en contra de la Delegación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, se tramitó en todas y cada una de sus partes y mediante sentencia que recayó al mismo de fecha 14 de mayo de 2015, el Magistrado del propio Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo; emitió los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- En consecuencia, con fundamento en el artículo 168 de la Ley Agraria, así como en término de las (sic) previsto en las tesis jurisprudencia antes invocadas, por acreditarse de autos que la superficie materia de la controversia ha dejado de pertenecer al régimen ejidal y se encuentra a disposición del Ejecutivo Federal, por resolución del Tribunal Agrario de fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en consecuencia, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a considerar que carece de competencia para conocer el asunto.---------------------------------------------------------------------- SEGUNDO.- Por lo tanto con fundamento en el artículo 168 de la Ley Agraria; mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena remitir todo lo actuado a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para que éste a su vez analice y estudie el asunto y lo remita a su Delegación correspondiente, dejando en este caso copia certificada del expediente en este Tribunal para debida constancia, en el entendido que lo actuado en este Tribunal Agrario es nulo de pleno derecho, por tratarse de terrenos nacionales y no de derechos agrarios, salvo que las partes convengan en reconocer como válidas todas o algunas de las actuaciones por tratarse de incompetencia por materia.-------------------------------- TERCERO.- Una vez que se reciba la aceptación de la competencia por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, deberá de archivarse el presente expediente en copias certificadas como asunto total y definitivamente concluido. CÚMPLASE."." Asimismo, en el tercer punto del capítulo de conceptos de violación la quejosa adujo: "TERCERO. Continuando con la exposición de los conceptos de violación, la autoridad responsable, en su sentencia que se impugna, hoy acto reclamado, en la parte final del penúltimo párrafo, de la página 16, señala lo siguiente: "...se llega a la conclusión de que no es competente por razón de la materia, lo que puede hacerse desde luego en cualquier estado del proceso, y aun en la ejecución de la misma..." Dicha circunstancia es violatoria de derechos humanos y garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica, así como la de acceso a la administración de justicia. La Autoridad responsable, fundamenta su incompetencia en el artículo 168 de la Ley Agraria y en una tesis jurisprudencial, bajo la premisa fundamental de que la superficie materia de litis, sufrió automáticamente un cambio de situación jurídica, extinguiendo así el régimen ejidal, es decir de ejidal, paso a terreno nacional. Ahora bien, en el supuesto no concedido, de que la Autoridad responsable, en efecto sea incompetente por cualquier circunstancia legal en razón de jurisdicción o materia, lo que debió de realizar, era emitir un acuerdo de incompetencia, suspendiendo de plano el procedimiento y remitir todo lo actuado al Tribunal competente, esto conforme al artículo 168 de la Ley Agraria; no emitir una sentencia definitiva, y digo definitiva, porque en su último resolutivo ordena el archivo definitivo del asunto, poniendo así fin al procedimiento; y mucho menos debió declarar nulo todo la actuado, en este sentido, ya está prejuzgando lo actuado en el juicio; declarando la ilegal incompetencia, violenta el debido proceso porque su actuación es contraria al derecho; en ningún momento debió declinar la competencia a una autoridad administrativa que como ya hemos demostrado y que es ampliamente sabido en el sector agrario, y como ésta misma manifestó en sus contestaciones y oficios, carece de facultades administrativas legales para conocer del asunto; dejando con esto en estado de indefensión al quejoso, violentando así las garantías de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y acceso a la justicia." De lo anterior es posible advertir que la parte quejosa reclama la sentencia de catorce de mayo de dos mil quince, donde el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con sede en la ciudad de Chetumal, declinó la competencia a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para que ésta, a su vez, analice y estudie el asunto y lo remita a su Delegación correspondiente. Ahora, es preciso tener en cuenta el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; [.]" El dispositivo transcrito establece un catálogo de hipótesis en las que el juicio de amparo resulta improcedente, empero, no es limitativo de las que ahí se estipulan, ya que su última fracción prevé que la improcedencia del amparo puede derivar de otras disposiciones que establece la Constitución o la propia Ley. Al respecto, resulta conveniente precisar que en el artículo 107 de la ley de la materia, se estatuyen las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, por lo que cuando el acto no actualiza alguna de las ahí establecidas, la promoción del juicio constitucional se torna improcedente. En el caso particular, como punto de partida debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente a partir de tres de abril de dos mil trece. "Artículo 107. El amparo indirecto procede:" [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Del numeral trascrito se advierte que el juicio de amparo procede contra resoluciones de incompetencia [declinar o inhibir la competencia o el conocimiento del asunto]; sin embargo, no debe estarse a la interpretación literal de dicha disposición para la procedencia del asunto, pues tiene que atenderse el sistema general normativo de procedencia del juicio de amparo, esto es, la resolución reclamada tiene que tener el carácter de definitiva. Lo anterior tiene sustento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén que los actos materia de impugnación a través del juicio constitucional, en cualquiera de sus vías, deben ser definitivos, salvo las excepciones que expresamente establece la propia ley, como cuando se reclaman actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, los que afecten la libertad personal, afecten a personas extrañas, entre otros. En ese tenor, también debe puntualizarse que el juicio constitucional es "extraordinario", su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de esas reglas fundamentales, que desde luego estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, el cual establece que dicho juicio es procedente únicamente contra actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el que puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. En un sentido general, la definitividad comprende los casos en los que la potestad común ya ha emitido la determinación final respecto del punto jurídico de que se trate, es decir, ya sea porque se agotaron los medios de defensa, ya sea que no proceda alguno de ellos o, que se trate de la resolución culminatoria del procedimiento respectivo; únicamente así podrá estimarse que el acto reclamado es definitivo para los efectos del juicio de amparo. Esta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Esa característica de definitividad está presente en los supuestos de procedencia del juicio de amparo. Así, se tiene que el artículo 170, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establece que el juicio en la vía directa procede contra sentencias definitivas o laudos o resoluciones que pongan fin al juicio; y su segundo párrafo, dispone que por ese tipo de sentencias o laudos son las que decidan el juicio en lo principal; y resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Ese mismo principio está implícito, en general, respecto de diversos actos impugnables en el juicio de amparo indirecto, lo cual se corrobora, ya que éste sólo procede respecto de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiera quedado sin defensa a la quejosa trascendiendo al resultado de la resolución [artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo]. También se advierte dicho principio de definitividad cuando se reclaman actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, en el supuesto, en que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que pueden reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución [artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo]. Lo anterior pone de manifiesto que el sistema prevalente en el juicio de amparo -como medio excepcional- privilegia que la solución jurídica del asunto encuentre respuesta primaria y completa ante la potestad común, de ahí que la intervención del Juez de Amparo sólo se requerirá cuando el asunto tenga cierto grado de depuración jurídica que ya no pueda ser analizada por esas autoridades, es decir, hasta que sea definitivo. Bajo ese contexto, si uno de los principios rectores de procedencia del juicio de amparo respecto de actos dentro del procedimiento, es la definitividad del acto reclamado, ya sea porque contra ese acto ya se agotaron los medios ordinarios, ya sea porque no proceda alguno de ellos o, bien, porque la determinación impugnada es la final; en consecuencia, la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo debe interpretarse en el mismo sentido, esto es, el juicio de amparo sólo procede contra las resoluciones de incompetencia cuando se trata de una determinación final. Consecuentemente, la declaración unilateral de incompetencia por declinatoria o inhibitoria no puede considerarse como un acto definitivo, ya que involucra un pronunciamiento incierto en cuanto a su sentido, que en su momento necesariamente deberá emitir la autoridad considerada competente. Desde esa óptica, será la aceptación de la competencia el hecho jurídico que consolidará el pronunciamiento respectivo, es decir, hasta ese momento es que la resolución respecto de la competencia será definitiva para los efectos de la procedencia genérica del juicio de amparo, pues hasta entonces podrá asumirse que el asunto será conocido y, en su caso, resuelto por determinada autoridad. Ello es así, en virtud de que si no se acepta la competencia y el asunto regresa a la autoridad que previno, de insistir en su incompetencia, se entablará un conflicto competencial cuya solución es diversa al juicio de amparo. En ese tenor, se concluye que cuando se reclama la determinación de incompetencia de una autoridad jurisdiccional, el juicio de amparo resulta improcedente, ya que carece de carácter de definitivo, pues está sujeta a que dicha competencia sea aceptada por la autoridad a la que se le declinó. No es obstáculo que la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, carezca de mención expresa de que la resolución de incompetencia deba ser definitiva, ya que la definitividad en el juicio de amparo es un principio rector del mismo que se encuentra inmerso en la constitución y en la propia ley de amparo, tal y como se ha expuesto en párrafos precedentes. Apoya lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , con de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Ahora, en el caso particular, el acto reclamado lo constituye la sentencia de catorce de mayo de dos mil quince, dictada en el juicio agrario TUA-530/2014, a través de la cual el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 declinó competencia para conocer del asunto que promovió el quejoso, en favor de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para que ésta, a su vez, analice y estudie el asunto y lo remita a su Delegación correspondiente. Sin embargo, tal determinación no tiene el carácter de definitiva, ya que ese acto se encuentra sujeto a que la autoridad a la que se declinó la competencia la acepte, como se advierte del análisis de la resolución de catorce de mayo de dos mil quince dictada en el juicio agrario TUA-530/2014. En efecto, del análisis de la resolución citada se desprende que, inicialmente, el Tribunal Unitario Agrario determinó que la litis del juicio TUA-530/2014 consistía en determinar, si resultaba procedente o no el reconocimiento a la parte actora -hoy quejosa- de que cumplía y acreditaba los requisitos establecidos en el artículo 200 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, a fin de que estuviera en aptitud de obtener la unidad de dotación de tierras que solicitó respecto al ejido Laguna Costa Rica, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, que habían sido declaradas vacantes y a disposición del Ejecutivo Federal mediante sentencia de dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete dentro del expediente número TUA-34-099/97. De igual forma, en la resolución de mérito se sostuvo que conforme a la sentencia dictada en el diverso expediente TUA-34-099/97, el núcleo de población denominado Laguna de Costa Rica perdió derechos respecto a las tierras que le fueron dotadas por resolución presidencial del catorce de octubre de mil novecientos sesenta y seis, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de ese año, por tanto, éstas habían quedado a disposición del Ejecutivo Federal para los fines legales que correspondan, de tal manera que tales tierras ya no eran propiedad del poblado que originalmente fue el beneficiado y que actualmente se encuentran a disposición del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y, por tanto, esas tierras tienen el carácter de terrenos nacionales en términos del artículo 158, fracción II, de la Ley Agraria. Asimismo consideró que, conforme a las facultades previstas en la Ley Agraria y el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, a favor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, corresponde a esa Dependencia del Ejecutivo Federal regularizar la superficie de tierra puesta a su disposición dejándola en condiciones para que se den los supuestos contenidos en el artículo 90 de la citada Ley Agraria y cuenten con las condiciones de que se constituya un nuevo ejido. Concluyó que dado que la superficie en controversia no es ejidal, no se encuentra en los supuestos del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y, por tanto, determinó: 1. Suspender de plano el proceso; 2. Con fundamento en el artículo 168 de la Ley Agraria ordenó remitir todo lo actuado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que ésta, a su vez, analice y estudie el asunto y lo remita a su Delegación; y, 3. Una vez que se reciba la aceptación de la competencia por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, deberá archivarse la copia certificada del expediente como asunto total y definitivamente concluido. De lo anterior se desprende que la decisión de declararse incompetente contenida en la resolución de catorce de mayo de dos mil quince no tiene el carácter de definitiva para la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que la misma se encuentra condicionada a que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano acepte la competencia para conocer y resolver en torno al problema jurídico suscitado en el juicio TUA-530/2014. Esto es, la determinación asumida se encuentra sujeta a que la citada autoridad administrativa determine si acepta o no conocer y resolver el asunto instado por la parte actora -hoy quejosa-. Lo que se corrobora con el contenido de la resolución de nueve de noviembre de dos mil quince, dictada por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en la que se sostuvo, que la determinación del tribunal agrario responsable de declarar su legal incompetencia por razón de la materia, para conocer de la controversia planteada por el aquí quejoso, no se trata de una sentencia ni de un laudo, así como tampoco de una resolución que ponga fin al juicio, al sostener: En esa tesitura, es que este órgano colegiado estima que la determinación del Magistrado responsable, de declarar a ese Tribunal Agrario incompetente, por razón de la materia, para conocer de la controversia planteada por el actor, no constituye una sentencia, laudo o resolución, que ponga fin al juicio. Ello, toda vez que la determinación reclamada en el presente juicio de amparo directo no establece el derecho en cuanto a la acción intentada por el ahora quejoso, ni resuelve el asunto de tal modo que ponga fin al juicio agrario. Además, es de destacar que en la parte considerativa de la sentencia reclamada, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cuatro estableció lo siguiente: "[.] en donde se llega a la convicción de que la superficie materia de la litis al haber sido puesto (sic) a disposición del ejecutivo federal, se extinguió el régimen jurídico a que se encontraba sometido, es decir, a la materia agraria, todo ello en relación a la sentencia emitida, la cual se acredita y se desprende de la copia simple exhibidas (sic) en autos y con la información enviada por el Registro Agrario Nacional, que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se encuentra en vías de cumplimento de la resolución, debido a que ya ordeno (sic) trabajos técnicos (sic) informativos, y el cual que tiene pleno valor probatorio en términos del artículo 189 y 150 de la Ley Agraria en vigor; por tanto este Tribunal Agrario carece de competencia legal para seguir conociendo de la presente causa, en base a las pruebas documentales mencionadas (.) (.) se llega a la conclusión de que no es competente por razón de la materia, lo que puede hacerse desde luego en cualquier estado del proceso, y aún en la ejecución de la misma, por lo que se suspende de plano el que nos ocupa y con fundamento en el artículo 168 de la ley agraria en vigor, se ordena remitir todo lo actuado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que esta a su vez analice y estudie el asunto y lo remita a su Delegación (.)" Como se desprende de la anterior transcripción, el Magistrado resolutor determinó suspender de plano el proceso, al considerar que el Tribunal Unitario Agrario era incompetente, en razón de la materia, para ventilar la litis planteada, dado que el régimen jurídico al que se encontraba sujeto la superficie en conflicto (la materia agraria), se extinguió, al haber sido puesta a disposición del ejecutivo federal, lo que pone en evidencia que en el presente caso no se está en el supuesto de una sentencia que haya puesto fin a la controversia. De ahí que resulte improcedente la vía de amparo directo." Consideraciones de la Superioridad que se estiman aplicables y que permiten concluir que la declaración de incompetencia no constituye una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que la misma no se ha tornado definitiva. Por tal motivo -se insiste- la determinación contenida en la resolución de catorce de mayo de dos mil quince no tiene el carácter de definitiva ya que ese acto se encuentra sujeto a que la autoridad a la que se declinó la competencia la acepte, lo que hace improcedente el juicio de amparo, al no actualizarse el supuesto previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que si bien esta última fracción establece la procedencia contra resoluciones de incompetencia, lo cierto es que las mismas deben tener la calidad de definitivas, conforme a lo ya expuesto en líneas precedentes. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, respecto al acto que en este amparo se reclama, con apoyo en el numeral 62 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 86-2, Febrero de 1995, página 36, cuyo rubro y texto señalan: "AMPARO IMPROCEDENTE, EL QUE SE PROMUEVE CONTRA RESOLUCIÓN DE INCOMPETENCIA DE UNA JUNTA, CUANDO NO ES AUN DEFINITIVA. La determinación de la Junta Federal, al declinar la competencia en favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en sí misma considerada no reviste la condición de definitividad para los efectos del amparo, la que sí se alcanzaría en el supuesto de que dicho tribunal acepte la competencia que se le declinó. Luego entonces, en tanto no ocurra esto, el amparo que se promueve resulta improcedente." ? Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que la parte quejosa cita en su escrito de demanda. Toda vez que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; por tanto, en atención a lo dispuesto por los artículos 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo, envíese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en Turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al Actuario de su adscripción, a fin de que se sirva notificar el presente proveído al promovente, en el domicilio citado en el escrito de demanda [se anexa copia]; además, deberá requerirla para que en el plazo de tres días legalmente computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Se tiene al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, acusando recibo del exhorto librado en el presente juicio.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano