Alma Delia Cerón Granados y Otros.

Expediente 675/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
675/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
12/07/2023

Partes del expediente

  • Alma Delia Cerón Granados y Otros.
  • Antonio Bazán Haro y Otros.
  • Alma Delia Cerón Granados

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de julio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda, en el término legal, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, de esa normatividad. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos exhibidos por la parte quejosa que ameritan su devolución, con fundamento en el último párrafo del punto decimoprimero, del citado acuerdo general; requiérase a ésta para que dentro del término de noventa días comparezca a recoger dichos documentos, apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa por conducto de su representante común.

  2. Principal

    Con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c de la Ley de Amparo vigente procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la quejosa Alma Delia Cerón..., el auto de doce de julio de dos mil veintitrés, misma PUBLICACIÓN que aparecerá en la lista que se coloca en los estrados del juzgado de mi adscripción el día hábil siguiente al de la fecha en que se levanta la presente, y que se fija a las nueve horas del diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Doy fe. SÍNTESIS DEL AUTO DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES: "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de julio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda, en el término legal, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, de esa normatividad. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos exhibidos por la parte quejosa que ameritan su devolución, con fundamento en el último párrafo del punto decimoprimero, del citado acuerdo general; requiérase a ésta para que dentro del término de noventa días comparezca a recoger dichos documentos, apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos..."

  3. Principal

    "SE DESECHA..." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa por conducto de su representante común.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa, el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, mismo que en síntesis establece: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa por conducto de su representante común Alma Delia Cerón Granados, por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de dos de junio del año en curso; por lo tanto, se provee: ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: - El aviso de cobro por ajuste a la facturación 1310-2022 de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós y requerimiento de pago de la cantidad de $5,771,052.00 (cinco millones setecientos setenta y un mil cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). - El apercibimiento de corte del servicio. - La negativa para regularizar su situación y contratación. DESECHAMIENTO Al respecto, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, concatenada con los diversos 5°, fracción II, y 108, fracción III, así como 217, todos de la Ley de Amparo1 , en razón de que la autoridad responsable no 1Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de tiene tal carácter para efectos del juicio constitucional, lo cual ha sido determinado por jurisprudencia. El estudio de la causa de improcedencia invocada hace necesario traer a contexto la jurisprudencia 2a./J. 164/20112 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", en la que definió que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso concreto, el requisito relativo a la existencia de una relación de supra a subordinación entre el gobernado y la autoridad no se colma, porque los actos combatidos están relacionados con la actividad de distribución y suministro de la energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, actuación que se ejerce en un plano de igualdad frente al organismo impetrante, a través del contrato de adhesión para dicho suministro, lo que implica que la Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) 2Compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, registro digital 161133. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte actuación reprochada a la autoridad forma parte de esa relación comercial. Así, los actos combatidos, no pueden considerarse como actos de autoridad, en virtud de que derivan del contrato de suministro de energía eléctrica, celebrado con la Comisión Federal de Electricidad y los consumidores, que son la parte quejosa, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 30/2018, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo I, abril de 2018, Materia Común, página 532, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo.". Así, de la interpretación sistemática del artículo 217 de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando así se disponga en la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J.2/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo I, febrero de 2019, Materia Común Administrativa, página 1008, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional.". Es oportuno precisar el marco normativo aplicable para el caso concreto, para lo cual es destacable la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, a los artículos 25, párrafos primero, quinto y penúltimo, 27, párrafo sexto, y 28, párrafo cuarto3 , de los que se obtiene que la 3"Artículo 25. . Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. . La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución." "Artículo 27. . En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son actividades exclusivas de la Nación respecto de las cuales no se otorgarán concesiones; sin embargo, podrán celebrarse contratos con los particulares para que participen en las demás actividades de la industria eléctrica; reforma que fue reglamentada en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, así como en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y su Reglamento, donde se fijaron la naturaleza de los actos que emita o resulten imputables a la Comisión Federal de Electricidad, en el contexto mercantil. Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica." "Artículo 28. . No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia." 4 Ley de la Industria Eléctrica "Artículo 5. El Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal." "Artículo 7. Las actividades de la industria eléctrica son de jurisdicción federal. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales proveerán lo necesario para que no se interrumpan dichas actividades." Ley de la Comisión Federal de Electricidad "Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios." "Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos De la interpretación sistemática de las normas de mérito se constata que el legislador dispuso expresamente que el Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el Centro Nacional de Control de Energía, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En ese orden, la regla general implica que las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, compuesto por la red nacional de transmisión, redes generales de distribución, centrales eléctricas que entreguen energía eléctrica a las anteriores y equipos e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía, adquieren la naturaleza de administrativos. Sin embargo, también se dispuso como excepción que, en lo no previsto por la Ley de la Industria Eléctrica; es decir, los actos diversos a las actividades ahí enunciadas, deben considerarse mercantiles y se regirán por el Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil Federal; de ese modo, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad prevé que a los actos que emita les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza y, por ende, excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, tendrán naturaleza administrativa. permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda." "Artículo 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable." "Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte." Por tal motivo, los conflictos nacionales en que participe la Comisión, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos derivados de un procedimiento administrativo, se resolverán en vía mercantil o civil por los tribunales de la Federación, o bien, a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Concretamente, los conflictos en los que se involucre a la Comisión Federal de Electricidad, por determinación del legislador, tienen naturaleza mercantil; en efecto, en el contrato de suministro de energía eléctrica dicha empresa productiva del Estado y el particular tienen obligaciones y derechos recíprocos; de ahí que la relación jurídica existente entre las partes corresponde a la de una comercial y de correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y el usuario del servicio. Luego, tratándose de relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, pues los contratos, por regla general, se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad; por tanto, del contenido de la ejecutoria que originó la invocada jurisprudencia 2a./J.156/2017, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que contra los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, procede la vía ordinaria mercantil. Lo sostuvo así, al exponer que de la interpretación armónica de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares o a los órganos de gobierno en un plano de coordinación, tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, tal como lo sustentó la propia Sala al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014, del cual derivó la tesis 2a. XLII/2015, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo I, junio de 2015, Materia Civil, página 1071, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." En consecuencia, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como el Código de Comercio, los actos reclamados en la demanda de amparo derivan de una relación contractual entre las personas físicas usuarias y la empresa productiva del Estado, es decir, el corte y suministro, así como el historial de consumo que del servicio deriven, tienen origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial; por lo tanto, tales controversias suscitadas por los derechos y obligaciones generadas con motivo y en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica, no son susceptibles de control constitucional, sino que deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, pues los actos reclamados que la parte quejosa hace consistir en el aviso de cobro y requerimiento de pago, el apercibimiento de corte y sus consecuencias, es evidente que son actos que derivan del contrato de suministro de energía eléctrica pactados entre la parte quejosa con la Comisión Federal de Electricidad. Sin que pase inadvertido que en el juicio de amparo no se exhibió el contrato de suministro de energía eléctrica; sin embargo, la existencia o inexistencia material de un documento, no es un elemento fundamental para demostrar la existencia de una relación contractual entre partes y, por ende, para afirmar que se está en un plano de coordinación; toda vez que para la existencia de un contrato se requiere: I. Consentimiento; y, II. Objeto que pueda ser materia del contrato. Además, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley -por ejemplo el matrimonio-. Por lo tanto, si en el caso concreto existió un consentimiento tácito, porque ninguna de las partes rehusó proveer o rechazar el servicio suministro de energía eléctrica, existe un objeto lícito consistente en suministrarla, lo que permite llegar a la conclusión de que tales elementos evidencian una relación contractual, con independencia de la existencia material del contrato correspondiente, resultando aplicable la jurisprudencia PC.XVI.A. J/4 K, sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, octubre de 2014, página 1338, Décima Época, de rubro y contenido: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CUANDO EL AMPARO SE PROMUEVE CONTRA LA DETERMINACIÓN Y COBRO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTENIDOS EN EL AVISO RECIBO ATRIBUIDOS A AQUÉLLA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA [APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 43/2014 (10a.) y 2a./J. 44/2014 (10a.)].El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar la demanda relativa cuando advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida como aquella que está plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con las jurisprudencias 2a./J. 43/2014 (10a.) y 2a./J. 44/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, páginas 888 y 890, respectivamente, de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", el aviso recibo que contiene la determinación y cobro del suministro de energía eléctrica, e incluso cuando contenga una advertencia del corte de ese servicio, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la aplicación de dichos criterios jurisprudenciales es obligatoria, en términos del artículo 217 de la ley citada; de modo que resulta suficiente la aplicación de los criterios definidos, sin que se requiera mayor pronunciamiento, para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en los supuestos en los que se señalen como actos reclamados aquellos a que se contraen las tesis jurisprudenciales referidas.". En tal razón, el juicio de amparo deviene improcedente por disposición de jurisprudencia obligatoria, actualizándose la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, de la ley de la materia; en consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa por conducto de su representante común".

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