Alma Delia Casanova Sanchez
Expediente 1104/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1104/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Alma Delia Casanova Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
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MESA III NOTIFIQUESE PERSONALMENT
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MESA III SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE:Agréguese el escrito aclaratorio signado por la quejosa, mediante el cual cumple con la prevención contenida en el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Ahora bien, en relación con la demanda de amparo y escrito aclaratorio promovido por Alma Delia Casanova Sánchez, contra actos del Juez Sexto de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en Tamaulipas, con sede en Altamira, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." , se obtiene que, en la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado destacado los siguientes: "Las resoluciones 166 y 167, ambas de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictadas por la Juez Sexto de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en Tamaulipas, con sede en Altamira, en el juicio de divorcio incausado 43/2016 de su índice, en las que, esencialmente, declaró infundados los recursos de revocación que hizo valer en contra de los diversos autos de catorce de septiembre del año en curso, donde no acordó favorablemente sus peticiones de: 1) Dar vista al Ministerio Público con las posibles falsedades en las que, desde su perspectiva, incurre la parte actora en el juicio de que se trata; y, 2) Se le tenga formulando alegatos y presentando una contrapropuesta del convenio exhibido por la parte actora." Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. Es verdad, en el caso concreto este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El primero de los artículos transcritos establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. En su caso, el segundo artículo en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material de derechos sustantivos. Es decir, los actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Y en segundo término, que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos - sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En consecuencia, resulta que si a través de los actos reclamados y que fueron dictados dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, no ocurre esa afectación material a un derecho sustantivo, el juicio de amparo resulta improcedente conforme a la citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Luego, si en el caso concreto tenemos que la parte quejosa reclama, en esencia, las resoluciones 166 y 167, ambas de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictadas por la Juez Sexto de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en Tamaulipas, con sede en Altamira, en el juicio de divorcio incausado 43/2016 de su índice, las cuales resolvieron los recursos de revocación que hizo valer, respecto de los autos de catorce de septiembre del año en curso, donde el juzgador responsable no acordó favorablemente sus peticiones de dar vista al Ministerio Público con las posibles falsedades en las que, desde su perspectiva, incurre la parte actora en el juicio de que se trata; y, presentó una contrapropuesta del convenio exhibido por la parte actora en el juicio de origen. Entonces, resulta inconcuso que dichos actos no pueden considerarse como de imposible reparación, pues su consecuencia es una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, cuenta habida que pueden o no trascender al resultado del fallo. Por tanto, las resoluciones reclamadas (ambas de cuatro de octubre de dos mil diecisiete) no deben ser consideradas como actos dentro del juicio cuya ejecución es de imposible reparación, en virtud que no producen materialmente una afectación a algún derecho fundamental de índole sustantiva. Máxime que, en la especie, el juicio de divorcio de que se trata aún se encuentra en trámite, según se colige de lo expresado bajo protesta de decir verdad por la promovente del amparo al cumplir la prevención realizada en autos; de lo que se sigue que, las violaciones aducidas pueden ser subsanadas al momento del dictado de la sentencia correspondiente. Lo que es más, conforme a lo dispuesto por el ordinal 251 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, en el supuesto de que los cónyuges no lleguen a un acuerdo respecto de las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, aún le queda expedito el derecho a la aquí quejosa para que lo haga valer en la vía incidental. De ahí que, como se dijo, la consecuencia de esas determinaciones es que se continúe con el trámite del procedimiento natural y en el momento procesal oportuno, se pronuncie la sentencia que culmine con las mismas, lo que denota que las apuntadas transgresiones sólo afectan derechos adjetivos que surgen exclusivamente de las leyes adjetivas por la tramitación de un procedimiento cuyo fin último es la obtención de una sentencia favorable. Es aplicable en lo conducente, la diversa tesis de rubro "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS." , pues de ella se obtiene que en el caso de las violaciones procesales - como los actos reclamados en el juicio de amparo que se pretende iniciar - serán combatibles hasta el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, previa su preparación legal, siempre y cuando sea desfavorable a los intereses de la ahora quejosa; ello, de conformidad con el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Además, esos aspectos no influyen de manera trascendente en el procedimiento de origen, pues no lo suspenden, obstaculizan o hacen innecesaria su tramitación, para considerar que pudiera trascender en grado predominante o superior en los derechos adjetivos de la parte quejosa. Al respecto, deviene aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, en vinculación con el ordinal 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo.
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MESA III NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
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