Alma Delia Campos Rivera
Expediente 1012/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 30 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1012/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 27/09/2019
Partes del expediente
- Alma Delia Campos Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
MESA IV. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa *************, mediante el cual solicita la devolución de la cantidad exhibida a efecto de garantizar la suspensión provisional y definitiva decretada en su favor en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, se autoriza la devolución del billete de depósito en comento, previa comparecencia en el local de este órgano jurisdiccional de la quejosa ************* con identificación oficial y vigente, para lo cual deberá dejar en autos constancia de su recibo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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MESA IV. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por la quejosa ********************* por medio del cual señala solicita copia simple de todo lo actuado en el presente expediente. Atento a lo anterior, expídase a costa de la promovente las copias simples que solicita. Notifíquese.
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MESA IV Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y visto el estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II). El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, fracción III, de dicho Acuerdo General), al haberse concedido la suspensión provisional de los actos reclamados. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en mención). Ello es así, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia, pues en el presente juicio se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia), asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se hace la precisión que los cuadernos incidentales serán remitidos por separado al archivo físico junto con el cuaderno principal, los cuales contendrán copia certificada de la determinación emitida en esta fecha. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido a la parte quejosa para que realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Atento a lo anterior, y toda vez que la peticionaria de amparo no realizó manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hacen efectivos los apercibimientos decretados en autos de veintiocho de febrero y cuatro de marzo, ambos de dos mil diecinueve (fojas 208 y 219), y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, materia Común, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Conviene realizar una breve reseña de los antecedentes más destacados del presente asunto, a fin de constatar el debido cumplimiento al fallo protector. Por auto de dos de julio de dos mil dieciocho (fojas 18 a 21), se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Alma Delia Campos Rivera, por propio derecho, contra todo lo actuado en el Juicio Ordinario Civil 628/2017 relativo al cumplimiento de convenio de dación de pago, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal y como consecuencia la orden de entrega el inmueble ubicado en C. Gustavo Méndez Lugo número 8, Barrio de la Primera de Santa Ana, en la cabecera Municipal de Coatepec Harinas, México. El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva (fojas 105 a 116), en la cual se negó el amparo y la protección de la justicia en el presente asunto. Mediante escrito recibido el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, la parte quejosa, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada, del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien mediante sesión de ocho de febrero de dos mil diecinueve, revocó la resolución recurrida, concedió el amparo y protección de la justicia federal peticionado, para que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: "Respete la posesión material y jurídica del predio del cual la amparista demostró su interés jurídico, ubicado en calle Gustavo Méndez Lugo número 8, Barrio de la Primera de Santa Ana, en el municipio de Coatepec Harinas, Estado de México; hasta en tanto, en su caso, sea oída y vencida en diverso juicio. En efecto, al promoverse el juicio de amparo con el carácter de tercero extraño a juicio en estricto sentido, como es el caso concreto, se tiene como finalidad interferir en un juicio preexistente, del cual no se es parte, para hacer valer intereses propios y distintos a los del actor y demandado, teniendo como "único objetivo" retirar el derecho afectado con el acto de autoridad, lo que en el particular implica que al ejecutarse la resolución definitiva dictada en el recurso de apelación 134/2018, del índice de la sala responsable, ésta no se lleve a cabo en el predio cuyo interés jurídico ha quedado demostrado tiene la quejosa" Mediante oficios recibidos el veintisiete de febrero y uno de marzo de dos mil diecinueve (fojas 203 y 211), el Presidente de la Segunda Sala Civil de Toluca y la Ejecutora Adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, hicieron del conocimiento la forma en que dieron cumplimiento al fallo protector, exhibiendo para tal fin copia certificada de las constancias relacionadas con el cumplimiento (fojas 204 a 206 y 212 a 218); por lo que el veintiocho de febrero y cuatro de marzo de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la parte quejosa con dichos pronunciamientos, sin que se haya manifestado al respecto. En esas condiciones, procede el suscrito a analizar el cumplimiento dado por las responsables al fallo protector, y se concluye que el mismo fue acatado en sus términos, pues las autoridades responsables en su resolución de veintisiete y veintiocho de febrero último, establecieron: "(.) Se ordena respetar la posesión material y jurídica del predio del cual la amparista demostró a su interés jurídico, ubicado en calle Gustavo Méndez Lugo número 8, Barrio de la Primera de Santa Ana, en el municipio de Coatepec Harinas, Estado de México; hasta en tanto sea oída y vencida en diverso juicio. Lo que por otra parte implica que al ejecutarse la resolución definitiva dictada en el recurso de apelación 134/2018, del índice de esta sala responsable, ésta no se lleve a cabo en el predio mencionado, por encontrarse acreditado el interés jurídico de la quejosa Alma Delia Campos Rivera (.)." foja 204). De lo cual se evidencia que se cumplió con la ejecutoria de amparo, pues se fijó una nueva fecha para la celebración de la audiencia de desahogo de la prueba testimonial, acatando el término previsto en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por las responsables al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa *******************, en el goce de sus derechos humanos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. Sin que este órgano de control constitucional haga pronunciamiento alguno relativo al sentido o legalidad de la resolución de cumplimiento, al no haber formado tales tópicos la litis constitucional planteada en este asunto, es decir, tales circunstancias no fueron motivo de examen de constitucionalidad y, consecuentemente, tampoco de los efectos de la ejecutoria en comento. En tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento de la quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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