Alma Delia Bustamante Gomez

Expediente 4877/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
4877/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Alma Delia Bustamante Gomez
  • YULISSA OLMOS SANTIAGO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México; a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Acuerdo de promoción. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, por medio del cual envía el testimonio correspondiente al recurso de queja 1542/2022 de su índice; en ese sentido, dicho órgano colegiado, determinó desechar el recurso de queja interpuesto y declararlo infundado. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que haya lugar a realizar acuse de recibo por así haberlo solicitado. Archivo del expediente. Tomando en consideración el estado procesal de autos, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en sentido contrario, archívese el presente asunto como concluido. Por lo anterior y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en un plazo de tres años, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente auto. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México; ocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que en el presente juicio de amparo los quejosos Alma Edith Martínez González, Karla Aigxa Ortiz Carrasco, Raúl Mazariegos Aguirre, César Armando Cámara Contreras y Omar Alejandro Elizalde Herrera, por propio derecho, son integrantes del Poder Judicial de la Federación y tienen el cargo de Secretarios de Tribunal. La parte quejosa amplió su demanda mediante escritos presentados en las siguientes fechas y por los actos y autoridades que enseguida se señalan: Escrito de ampliación presentado el veintidós de enero de dos mil diecinueve Acto reclamado: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve. Autoridades responsables: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Consejo de la Judicatura Federal; Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal; Director de Nómina del Consejo de la Judicatura Federal; Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal; Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en Querétaro; y Jefe del Servicio de Administración Tributaria. Escrito de ampliación de demanda presentado el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve Actos reclamados: El Acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, en su totalidad. El Acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en materia administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, que establece las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del Poder Judicial de la Federación, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero del mismo año. Omisiones legislativas relativas, por no incluir en el Acuerdo General del Comité Coordinador medidas con perspectiva de género. Criterios que regulan la Autorización y Pago a Personal a Cargo del Consejo de la Judicatura Federal que sustituye a otro que se separa temporalmente de su empleo. Autoridades responsables: Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, representado por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal en su carácter de Presidente del citado Comité Coordinador. Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Insterinstitucional del Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Escrito de ampliación de demanda presentado el diez de mayo de dos mil diecinueve Actos reclamados: De las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como las Legislaturas de los Estados, el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al catálogo de delitos graves que implican prisión preventiva oficiosa, relativa al tipo penal de corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, publicado el doce de abril de dos mil diecinueve. De la Secretaría de Gobernación, el refrendo de ese decreto. El Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de abril de dos mil diecinueve. Autoridades responsables: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Consejo de la Judicatura Federal; Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal; Director de Nómina del Consejo de la Judicatura Federal; Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal; Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en Querétaro. Jefe de la Dirección de Recursos Humanos de la Administración Regional, del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en Querétaro; Jefe del Servicio de Administración Tributaria; y Fiscal General de la República. Escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve Actos reclamados: De la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, se reclama el Acuerdo aprobado en sesión de cuatro de junio de dos mil diecinueve, por virtud del cual se acordó no incrementar las percepciones y determinó hacerlo únicamente respecto de niveles operativos distintos a los de los quejosos. Del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal: La omisión de atender directamente y como órgano colegiado el escrito de uno de julio de dos mil diecinueve, por virtud del cual le solicitaron justificara jurídicamente las razones para no realizar el ajuste salarial a las percepciones de los quejosos para el ejercicio fiscal 2019; y La omisión de realizar el ajuste salarial y consecuente pago retroactivo de diferencias, previsto tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación como en los tabuladores salariales correspondientes al ejercicio fiscal 2019. De los Directores Generales (de Recursos Humanos y de Programación, Presupuesto y Tesorería) del Consejo de la Judicatura Federal, se reclama el oficio SEA/DGRH/DGPPT-36410/2019), de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, por virtud del cual dan respuesta al escrito (no dirigido a ellos), de uno de julio de dos mil diecinueve. Desechamiento parcial del escrito inicial de demanda y de las ampliaciones respectivas. Del escrito inicial de demanda se desechó parcialmente respecto de lo siguiente: El Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; así como sus artículos Transitorios Primero a Quinto, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve. El escrito de ampliación de demanda presentado el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, se desechó de plano. Del escrito de ampliación de demanda presentado el diez de mayo de dos mil diecinueve se desechó parcialmente respecto de lo siguiente: De las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como las Legislaturas de los Estados, el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al catálogo de delitos graves que implican prisión preventiva oficiosa, relativa al tipo penal de corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, publicado el doce de abril de dos mil diecinueve. De la Secretaría de Gobernación, el refrendo de ese decreto. Admisión del escrito inicial y ampliaciones En el propio auto de once de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite el escrito inicial de demanda y ampliaciones respectivas en relación con el resto de los actos reclamados (de los cuales no se desechó parcialmente o de plano). Cabe señalar que, las normas generales se reclamaron, según se apreció en la demanda, como parte de un sistema normativo complejo que regula las remuneraciones de los servidores públicos federales, el cual incidió en los derechos de la parte quejosa desde su entrada en vigor; es decir, las impugnó en su carácter de autoaplicativas porque estimó encontrarse sujeta a las obligaciones, prohibiciones o sanciones establecidas por dicho régimen jurídico especial, dado que se trata de servidores públicos de la Federación. De igual modo, los artículos Primero y Segundo Transitorios del citado decreto y el artículo segundo por el que se adiciona un Capítulo V Bis al Título Decimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos", los reclamó como parte del sistema de remuneraciones de los servidores públicos federales previsto en el decreto impugnado, no de forma destacada; de ahí que, tampoco se tendrán como actos reclamados. Es aplicable a la precisión de actos antes realizada, la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Asimismo, es necesario mencionar que no se tendrán como actos destacados los señalados en la demanda de amparo como 'circulación, observación y debido cumplimiento' del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; las omisiones legislativas relativas indicadas en el apartado correspondiente; los artículos Primero y Segundo Transitorios del citado decreto; ni el artículo segundo por el que se adiciona un Capítulo V Bis al Título Decimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos". Lo anterior es así, habida cuenta que de la lectura integral de la demanda, se observó que tanto los actos que se hicieron consistir en la 'circulación, observación y debido cumplimiento', como las omisiones legislativas relativas, forman parte de los argumentos planteados para acreditar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, es decir, no son en sí mismos actos destacados sino motivos de agravio planteados para controvertir las disposiciones reclamadas del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Por esa razón, tales señalamientos no se tienen como actos reclamados, sin perjuicio de que sean estudiados, en su caso, en vía de conceptos de violación en el considerando correspondiente de esta sentencia. Por tanto, este resolutor considera que a la fecha es posible resolver en el presente asunto, por lo tanto se provee lo siguiente: Causas de improcedencia atinentes al Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, así como al diverso Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el doce de abril de dos mil diecinueve. Artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo (reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) El juicio de amparo es improcedente en relación con los actos que se hicieron consistir en la discusión, aprobación, promulgación y expedición de los Decretos por los que se reforman los artículos 75 y 127, así como 19, todos de la Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos, de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, en términos del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, en el cual se establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;" El precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las adiciones y reformas a la Constitución implican agregar o modificar los principios, reglas, disposiciones y decisiones fundamentales referidas al funcionamiento, atribuciones y organización de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos constitucionales autónomos, así como las relaciones con los particulares. El procedimiento de adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contiene en el artículo 135, que establece: "Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas." Dicho procedimiento se encuentra conferido exclusivamente al denominado poder reformador, que se conforma por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión además de la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. Asimismo, el Congreso de la Unión o, en su caso, la Comisión Permanente, hace el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaratoria de aprobación de las adiciones o reformas. Apuntado qué es una reforma o adición a la Constitución General, corresponde determinar el fundamento constitucional de la causal de improcedencia contra adiciones y reformas a éste. Así, su fundamento se encuentra implícito en los artículos 103, fracción I y 133 que prevén lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas." Ahora bien, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, expresamente incorporó el impedimento para ejercer el control constitucional vía amparo contra adiciones y reformas al máximo ordenamiento del país, incluso la Segunda Sala de la Suprema Corte abordó el estudio de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, en la jurisprudencia 2a./J. 3/2014 (10a.), sostuvo que los artículos constitucionales no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante alguno de los recursos establecidos en la Ley de Amparo, dado que las normas que componen la Constitución General de la República constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. El criterio mencionado tiene el número 2a./J. 3/2014 (10a.) y rubro siguiente: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. NO PUEDE REALIZARSE RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." La razón de la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inclusive sus procesos de reformas, resulta porque el órgano reformador ejerce una función soberana no sujeta a ningún tipo de control externo, dado que en la conformación del órgano y en la atribución constitucional de su función se encuentra su propia garantía. Aunado a que dichas decisiones soberanas se refieren a principios, reglas, disposiciones y decisiones político fundamentales referidas a la organización, así como derechos fundamentales y garantías para su protección. Una vez expuestas las anteriores consideraciones, es obligatorio concluir que, si se reclamó el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, así como al diverso Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el doce de abril de dos mil diecinueve, el juicio de amparo es improcedente conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia con registro 2024180, con rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA ALGUNA ADICIÓN O REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS -RESPECTO A SU CONTENIDO MATERIAL-, LO QUE DA LUGAR A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DESDE EL AUTO INICIAL." Por los motivos expuestos anteriormente, al actualizarse el motivo de improcedencia analizado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto a los actos reclamados precisados. 2. Causas de improcedencia atinentes a los Decretos por los cuales se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y doce de abril de dos mil diecinueve. El juicio de amparo es improcedente en relación con los actos reclamados que se hicieron consistir en la discusión, aprobación, promulgación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y del diverso Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve. En efecto, mediante Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Se destruyó, a partir de su entrada en vigor de forma total e incondicional los efectos que pudieran haber derivado de los artículos impugnados, puesto que se combaten como autoaplicativos y no se acreditó en autos que se hayan materializado sus efectos en la esfera de derechos de los quejosos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El precepto establece la improcedencia del juicio si cesaron los efectos del acto reclamado. Al respecto, se destaca que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario cuyo objeto es proteger a las personas respecto de normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de conformidad con el artículo 103, fracción I, constitucional y 1, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, en términos generales, en caso de otorgarse el amparo el efecto será: i) si el acto es positivo se restituiría al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ii) si el acto es negativo o implica una omisión, se obligaría a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que el mismo exija. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el numeral 77, fracciones I y II, de la ley de la materia. Asimismo, si se declara la inconstitucionalidad de una norma general los efectos se extienden a aquellas normas o actos cuya validez dependa de la norma invalidada. Lo anterior se desprende del artículo 78 de la Ley de Amparo. Bajo esa lógica, se previó la imposibilidad de ejercer la acción constitucional vía amparo contra actos, omisiones y normas generales que hayan destruido todos sus efectos en la esfera jurídica de los particulares, ya que sería ocioso su estudio si las cosas volvieron al estado en que se encontraban o la autoridad ya actúa como debía hacerlo, pues precisamente esa es la pretensión de los quejosos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó diversos pronunciamientos respecto de la Ley de Amparo abrogada, ya que la causa de improcedencia estaba contenida en el artículo 73, fracción XVI. También, se pronunció respecto al numeral vigente, por lo que a continuación se analizarán algunos de tales pronunciamientos. El Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte al interpretar la causa de improcedencia determinaron que no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino además, resulta indispensable que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la trasgresión constitucional. Lo anterior quedó desarrollado en las jurisprudencias 2a./J. 9/98 y 2a./J. 59/99 además en la tesis aislada P. CL/97, de registros y rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte en la contradicción de tesis 18/94, identificó los elementos que actualizan la cesación del acto reclamado, los cuales son: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías. d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Del asunto referido, surgió la jurisprudencia P./J. 36/97, de registro 198408 y rubro: "MÁQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACIÓN FISCAL. EL SOLO HECHO DE NO PRESENTARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE ACUDAN A LAS OFICINAS A ADQUIRIR DICHAS MÁQUINAS, NO PROVOCA QUE CESEN LOS EFECTOS DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LOS ARTÍCULOS QUE OBLIGAN A LOS PARTICULARES A ADQUIRIRLAS, Y EN EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE CITA A LOS CONTRIBUYENTES PARA LLEVAR A CABO LA ASIGNACIÓN." La Segunda Sala también ha explicado las diferencias entre la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado y la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. Se señaló que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario; mientras que la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, ello puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Lo anterior se encuentra en la tesis aislada 2a. XLVIII/98, de registro 196442 y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD." Ahora bien, atendiendo a que en el caso se reclama una norma general con motivo de su sola entrada en vigor, a continuación se analizarán los pronunciamientos de la Suprema Corte relativos a la cesación de efectos cuando se reclaman ordenamientos de carácter general y, posteriormente, se explicarán los precedentes atinentes a normas autoaplicativas. Normas generales De manera general, el Pleno de la Suprema Corte al resolver la controversia constitucional 6/97, diferenció entre la cesación de efectos en materia de amparo y en controversia constitucional. Estableció que para la actualización de la primera, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo. Por su parte, en controversia constitucional se actualiza simplemente con que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, de conformidad con la Constitución Federal. Ese razonamiento se plasmó en la jurisprudencia P./J. 54/2001, de registro 190021 y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS." Normas autoaplicativas El Pleno de la Suprema Corte al emitir la jurisprudencia P./J. 53/97, determinó que si se impugna una norma autoaplicativa, que no entrañe una prohibición sino una obligación de hacer o permitir que se haga; su derogación no implica la liberación a los sujetos a la que va dirigida de las consecuencias por el periodo que estuvieron vigentes, pues por regla general la derogación sólo tiene efectos hacia el futuro. Bajo esa lógica, se concluyó que no se actualiza la causa de improcedencia analizada, mientras subsistan los efectos de la ley durante el periodo que rigió. Dicha jurisprudencia tiene el registro 198407 y rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO ESTABLECEN HIPÓTESIS NORMATIVAS DE NATURALEZA POSITIVA SU DEROGACIÓN NO IMPLICA, GENERALMENTE, LA CESACIÓN DE SUS EFECTOS." Por su parte, la Segunda Sala al resolver varios amparos en revisión, matizó el anterior criterio y determinó que se actualizaba la causa de improcedencia relativa a cesación de efectos del acto reclamado, cuando se reclamaba como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva o la que establece una obligación y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la obligación o la prohibición, destruyendo total e incondicionalmente sus efectos, siempre que no se demostrara que la que generó obligación hubiere producido durante su vigencia una consecuencia material en perjuicio de la quejosa. El criterio referido se encuentra en la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), de rubro "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA." De los criterios enunciados se pueden desprender las siguientes reglas que, en términos generales, ha establecido la Suprema Corte al analizar la causa de improcedencia relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado: Si una norma general establece una prohibición, su derogación, por regla general, actualiza la causa de improcedencia, lo que no sucede si tal norma prevé una obligación de hacer o permitir que se haga; ya que ese actuar no implica la liberación a los sujetos a la que va dirigida de las consecuencias por el periodo que estuvieron vigentes. La declaratoria de invalidez de una norma general en una acción de inconstitucionalidad, no actualiza la causa de improcedencia analizada, si ésta establece obligaciones. No obstante, si la norma general autoaplicativa que establece obligaciones a sus destinatarios, es derogada [o como ocurre en la especie abrogada] y se comprueba que durante su vigencia no generó una consecuencia material en perjuicio de la quejosa, se actualizará la causa de improcedencia. De los criterios reseñados se observa que, debe atenderse al tipo de acto que se reclama, es decir, si se trata de una norma general, acto u omisión, y a partir de ahí, analizar si su revocación o derogación trae como consecuencia que sus efectos se destruyan de manera total e incondicional, como si se hubiese restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado. De lo contrario, no se estará en la hipótesis de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Una vez expuestas las anteriores consideraciones, procede analizar si han cesado de forma total los efectos del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, atendiendo a que el reclamo se hizo con motivo de su sola entrada en vigor. En ese orden, es adecuado establecer que, el término abrogar que deriva del latín "abrogatio", implica anular, lo que significa la supresión total de la vigencia y, por lo tanto, de la obligatoriedad de una ley. En efecto, la abrogación puede ser expresa o tácita; es expresa, cuando un nuevo ordenamiento declara la abrogación de otro anterior que regulaba la misma materia que regulará ese nuevo ordenamiento; es tácita, cuando no resulta de una declaración expresa de otro ordenamiento, sino de la incompatibilidad total o parcial que existe entre los preceptos de una ley anterior y otra posterior, debiendo aplicarse u observarse, ante la incompatibilidad de preceptos, los del ordenamiento posterior. En cambio la derogación es la privación parcial de los efectos de una ley, esto es, la vigencia de algunos preceptos se concluye, pero no así de todo el ordenamiento jurídico en el que se contienen. En nuestro sistema mexicano normalmente el procedimiento que se sigue al abrogarse un ordenamiento jurídico es declarar la abrogación del mismo y además, derogar las disposiciones que se opongan al nuevo ordenamiento; tal y como se advierte del DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; en sus transitorios tercero y cuarto que son del tenor siguiente: "(.) Tercero. Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin efectos todas las disposiciones contrarias a la misma. Cuarto. Se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018. (.)" En efecto, los artículos impugnados, no establecieron prohibiciones a la parte quejosa durante su vigencia, sino que, por su naturaleza, son normas declarativas que configuraron el sistema regulatorio de las remuneraciones de los servidores públicos federales y crearon las competencias de las autoridades correspondientes para el despliegue de sus funciones. En otras palabras, no dispusieron prohibiciones ni obligaciones que, ante una eventual concesión de amparo, pudieran quedar sin efectos, dado que el reclamo del decreto se hizo con motivo de su sola entrada en vigor, es decir, como norma autoaplicativa. En esa línea argumentativa, los preceptos legales y sus porciones normativas referidas están comprendidas en el supuesto de cesación de efectos previsto en las jurisprudencias P./J. 53/97 y 2a./J. 6/2013 (10a.) explicadas con antelación y, por ende, es obligatorio concluir que, durante el tiempo en que estuvieron vigentes, dichos dispositivos no dejaron efecto material alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa que pudiera ser reparado a través de una sentencia de amparo, por lo que han cesado sus efectos. Es importante resaltar que, para estimar actualizada la causa de improcedencia que se analiza, no debe existir efecto o consecuencia legal alguna que pudiere haber dejado su impronta en la esfera jurídica de la justiciable. En otras palabras, debe existir constancia plena de que no hay aspecto alguno que haya trascendido en perjuicio de la gobernada por la sola entrada en vigor del ordenamiento legal impugnado durante el tiempo en que se encontró vigente, y que pudiera desaparecer ante una eventual concesión de amparo. Para dilucidar tal cuestión, es necesario imponerse de las constancias que obran en el expediente, de acuerdo con las reglas en materia probatoria contenidas en los artículos 129, 130, 200, 202, 203 y 210-A, y las que resulten aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En términos de tales preceptos legales, se reconoce a las documentales glosadas en autos valor probatorio pleno. La evidencia probatoria permite concluir que no está acreditado que los preceptos legales cuestionados en el juicio de amparo, como normas autoaplicativas vigentes durante el periodo comprendido del seis de noviembre de dos mil dieciocho al diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, hubiesen producido consecuencias materiales, es decir, que hayan sido aplicados a la parte quejosa derivado del incumplimiento de las obligaciones y/o prohibiciones que establecieron durante el periodo que estuvieron vigentes, por lo que, en el caso, una eventual concesión del amparo en contra de esos preceptos carecería de efectos. Los quejosos son servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, en donde ocupan diversos cargos, lo cual se encuentra plenamente acreditado con las pruebas que acompañaron a la demanda; sin embargo, con ninguna de las pruebas aportadas al juicio, demostró que las normas reclamadas fueron aplicadas en su perjuicio; por el contrario en virtud de la inexistencia de actos de aplicación, se determinó el sobreseimiento respectivo. En tales condiciones, si durante la vigencia de la Ley reclamada, no se materializó en la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación de alguna de sus fraccione normativas y dicha ley fuer abrogada al partir del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, no podrán ya aplicarse alguna de dichas porciones en su perjuicio, por lo que carecería de efectos prácticos emprender el análisis de constitucionalidad de normas que en su oportunidad no fueron aplicadas y en el futuro resultarán inaplicables. Además, es un hecho notorio en términos del artículo 88 de la ley adjetiva, que en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concedió la suspensión sobre los efectos y consecuencias de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que, los efectos de la norma, no se aplicaron a la parte quejosa. La suspensión dictada por el Ministro Pérez Dayán, se otorgó en los términos y para los efectos siguientes: "[.] con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el Ejercicio de 2019, no sean fijadas en términos de la Ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia, sino exclusivamente por lo dispuesto en los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución Federal, así como tercero transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de agosto de dos mil diecinueve [.]" Son aplicables las jurisprudencias P./J. 51/97 y 2ª./J. 72/2005, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS. APLICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE LLEVA POR RUBRO "LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN." (PUBLICADA CON EL NÚMERO 192 EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO I, MATERIA CONSTITUCIONAL, PÁGINA 189)." "CESACIÓN DE EFECTOS DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN RECLAMADOS. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EFECTUADA EN LA RESOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2003, NO ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE AMPARO." Sobreseimiento que procede respecto de los artículos que señalan en su demanda del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, porque la parte quejosa no los reclamó de manera aislada sino como parte del sistema normativo que regula las remuneraciones de los servidores públicos federales, por lo que, dada su estrecha relación, su estudio, en vía de amparo, no puede desvincularse. En razón de ello, dada la forma en que fue planteada la demanda, la improcedencia del juicio por cesación de efectos también acarrea la improcedencia del juicio respecto de todos y cada uno de los artículos que impugnan del decreto reclamado, puesto que una eventual concesión de amparo carecería de efectos prácticos debido a que fue modificado sustancialmente el sistema normativo de remuneraciones para los servidores públicos federales, a través del nuevo proceso deliberativo que dio lugar a la reforma publicada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno en el que se abrogó el decreto impugnado, mismo que como está acreditado no fue aplicado en alguna de sus porciones normativas al peticionario de amparo. Por todo lo anterior, el juicio es improcedente por la causa de cesación de efectos del decreto impugnado. 3. Artículo 61, fracción VIII, última parte, de la Ley de Amparo (en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) Aunado a la improcedencia del juicio por la cesación de los efectos de los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c), así como párrafo último y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, así como de los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, también se actualiza la diversa contenida en la última parte de la fracción VIII del artículo 61 de la ley de la materia, sobre dichos preceptos legales. Lo anterior es así, habida cuenta que la declaratoria de invalidez decretada por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, en relación con los artículos señalados en el párrafo anterior, es vinculante para este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no procede someterlos a un nuevo examen constitucional en vía de amparo. En tales circunstancias, ha lugar a decretar el sobreseimiento sobre el particular. 4. Artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia) Además de las razones apuntadas, es preciso señalar que, aun y cuando no se reclaman de manera aislada los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, sino como parte del sistema normativo que regula las remuneraciones de los servidores públicos federales, se hará pronunciamiento específico en relación con la naturaleza jurídica de esos dispositivos, porque se considera que, contrario a lo señalado por la parte quejosa, su naturaleza no es autoaplicativa, puesto que requieren de un acto concreto de aplicación para que su reclamo sea procedente en vía de amparo. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del precepto legal transcrito, se desprenden las siguientes hipótesis de improcedencia del juicio de amparo: a. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso; b. Contra actos que no afecten los intereses legítimos del quejoso; y, c. Contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En el caso interesa el supuesto descrito en el inciso c), por lo que se procede a su estudio. Para explicar esta causal de improcedencia, resulta necesario hacer referencia al contenido de los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De los preceptos constitucionales transcritos, se desprende que el juicio de amparo es procedente contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; así como aquéllos que vulneren o restrinjan la esfera de competencia de alguno de los órdenes de gobierno establecidos en la Constitución Federal. Asimismo, uno de los principios rectores del juicio de amparo, en términos de la fracción I del artículo 107 constitucional, es que dicha acción únicamente procede a instancia de "parte agraviada", lo que se traduce en la exigencia de que la norma o el acto reclamado debe generar una afectación a un interés jurídico o legítimo del quejoso. Tratándose del amparo contra leyes, este requisito de afectación puede generarse en dos posibles momentos, a saber: a) por su sola entrada en vigor y b) con motivo de su primer acto de aplicación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia ha establecido los conceptos de normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas, con el propósito de clasificar e identificar los escenarios en que una norma puede generar una afectación a los particulares y la oportunidad para impugnarla en amparo. Conforme a dicha clasificación, las normas autoaplicativas son aquéllas que con su sola entrada en vigor causan una afectación al particular. Por otro lado, las normas heteroaplicativas son aquéllas que no generan un perjuicio sino hasta que se suscita un acto concreto de aplicación de la norma. Asimismo, el Máximo Tribunal de nuestro país adoptó un concepto para diferenciar dichas normas: el de "individualización incondicionada". Sobre lo anterior, el citado órgano estableció que dicho principio es consubstancial a las normas autoaplicativas, es decir, las que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, dado que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en razón a que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En ese sentido, señaló que el principio de individualización incondicionada permite determinar con mayor objetividad la procedencia del amparo contra leyes, puesto que habilita al juzgador a conocer, en cada caso, si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada, siendo dicha condición la realización de un acto necesario para que la ley adquiera individualización. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 55/97 (9ª) y la tesis aislada 2a. XIX/96 (9ª) (registros 198200 y 200627), cuyos rubros son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS (DISTINCION BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACION INCONDICIONADA)." En esa tesitura, cuando las obligaciones derivadas de la ley nazcan con ella misma, al margen de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones que impone el mandato legal no surjan en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiera para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se estará en presencia de una ley heteroaplicativa o de individualización condicionada. Cabe destacar que, tratándose de las normas heteroaplicativas, el acto concreto de aplicación de las mismas puede efectuarse de las siguientes formas: a) de manera directa por una autoridad, b) por parte de un particular que actúe por mandato expreso de la ley, como sucede, por ejemplo, en el caso de los retenedores de las contribuciones; o bien, c) cuando el agraviado se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de una autoridad, como ocurre, por ejemplo, con la autodeterminación o autoliquidación en materia tributaria. Lo anterior se corrobora en las tesis jurisprudenciales y aisladas 2ª./J. 36/2008 (9ª), 2ª./J. 153/2007 (9ª), 2a./J. 128/2002 (9ª), 2ª. XCII/2002 (9ª) y s/n (7ª) (registro 232151), de rubros: "RENTA. LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO CONDUCE A TENER POR CIERTOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA LEY ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES HACENDARIAS, PERO SÍ ES APTA PARA PROMOVER AMPARO CONTRA DICHA LEY." "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN." "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS." "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTUA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY." Además, debe precisarse que no cualquier acto de aplicación de una ley heteroaplicativa puede dar pauta para impugnar su inconstitucionalidad en amparo, es decir, debe tratarse del primer acto de aplicación que afecte al gobernado en su interés jurídico, ya que, de lo contrario, se vulneraría el principio de 'instancia de parte agraviada', contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha causado ningún perjuicio al promovente. Sirve de apoyo la tesis aislada P. XCVII/95 (9ª) (registro 200276), de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERES JURIDICO." Cabe señalar que, el Alto Tribunal ha sentado el criterio de que el acto de aplicación de una ley heteroaplicativa debe ser, necesariamente, real y actual, es decir, no deben tratarse de actos futuros e inminentes, dado que ello implicaría analizar en abstracto la constitucionalidad de una norma que no causa perjuicio con su sola iniciación de vigencia, situación técnicamente inadecuada dentro del juicio de amparo. Informa lo anterior, las jurisprudencias 2a./J. 77/97 (9ª) (registro 196954) y 2a./J. 76/97 (9ª) (registro 196955), de rubros: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO." "LEYES HETEROAPLICATIVAS, IMPUGNACIÓN DE LAS. ES NECESARIO QUE EL ACTO DE SU APLICACIÓN SEA ACTUAL, NO INMINENTE." Asimismo, la tesis aislada 2a. XVI/94 (9ª) (registro 206323) y la tesis s/n (registro 232029), cuyos rubros son: "ACTOS INMINENTES. LEYES HETEROAPLICATIVAS. AMPARO IMPROCEDENTE." "LEYES HETEROAPLICATIVAS, IMPUGNACIÓN DE LAS. ES NECESARIO QUE EL ACTO DE SU APLICACIÓN SEA ACTUAL, NO INMINENTE." Establecido lo anterior, se debe retomar que la parte quejosa reclamó los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, que prescriben el tipo penal para el delito de remuneración ilícita y las penas correspondientes. Al respecto, es necesario destacar que las normas penales que tipifican conductas ilícitas, cuando contienen obligaciones de hacer o no hacer, están condicionadas a la realización de la conducta contemplada en la misma, la cual, una vez consumada, da base a la aplicación de la sanción respectiva. En ese sentido, si las normas reclamadas definen y sancionan el delito de remuneración ilícita de los servidores públicos, es posible concluir que su sola vigencia no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, tornándose necesaria la existencia de un acto posterior de aplicación que produzca el agravio personal y directo que haga factible la procedencia del juicio de amparo en su contra. Lo anterior se considera así, en tanto que dichas normas establecen presupuestos conductuales y de hecho vinculados con una consecuencia que no es inmediata, al no contener disposiciones que vinculen al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por lo mismo, con la entrada en vigor de dichos dispositivos no se transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, y las obligaciones de éstos tampoco nacen o surgen desde su entrada en vigor, con independencia de que con posterioridad se realice un acto. En otras palabras, el legislador no creó en los citados numerales, ex profeso, infracciones administrativas o penales dirigidas a sancionar la conducta de alguna persona, sino que se emitió el supuesto jurídico cuyas sanciones no se aplican automáticamente con la entrada en vigor de la ley, sino en tanto exista un acto posterior de aplicación que vincule el supuesto jurídico en el hecho hipotético. Por tanto, si en el caso concreto, la parte quejosa combate los preceptos reclamados como 'autoaplicativos' y de sus propias manifestaciones se desprende que no existía un acto de aplicación al momento de la presentación de la demanda, ni durante su tramitación o bien, durante el tiempo en que estuvo vigente la norma reclamada, se estima que el juicio de amparo es improcedente respecto a dichos artículos. Lo anterior, debido a que las leyes penales únicamente sancionan conductas mediante actos concretos de aplicación, por lo cual, es innecesario realizar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, dado que es notoria su naturaleza heteroaplicativa y no hubo aplicación. Son aplicables las jurisprudencias 2a./J. 162/2015 (10a.) y P./J. 72/2009, de rubros: "CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. NO SE ACTUALIZA CON MOTIVO DE LA NATURALEZA DEL SISTEMA NORMATIVO CONFORMADO POR LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS ARTÍCULOS 217 BIS Y 217 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL." "SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA MENORES. LOS PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO Y ADICIONADOS, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DE 2005, SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA." En ese sentido, atento las diversas causales de improcedencia que se actualizan es por lo que, se sobresee fuera de audiencia el juicio de amparo por lo que hace a los actos reclamados en el escrito inicial de demanda y escritos de ampliación; de conformidad con el artículo 63 fracción V en relación con el diverso 61 fracción VIII, XII y XXI de la Ley de Amparo. 5. De igual manera, este Juzgado advierte que la improcedencia referida en párrafos precedentes, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe hacerse extensiva al acto señalado en el primer escrito de ampliación de demanda Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Razón por lo que, procede sobreseer en el juicio por actualizarse de manera notoria y manifiesta las causa de improcedencia, correspondientes al artículo 61 fracción XII y XXI, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues la nueva Ley Federal de remuneraciones publicada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, no solo dejó sin efectos a partir del veinte de mayo la diversa Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve. Sino que, también se actualiza respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, ya que los presupuestos de egresos de las Entidades Federativas de la Federación tiene vigencia en el periodo fiscal de un año, por lo que los efectos del referido presupuesto reclamado han cesado con la emisión del relativo al ejercicio fiscal 2020, el cual fue publicado en el citado medio de difusión oficial el once de diciembre de dos mil diecinueve. Máxime que en el caso no está demostrado que la legislación de doce de abril de dos mil diecinueve y el presupuesto mencionados, hayan producido consecuencias materiales en perjuicio de la parte quejosa, dado que no se aportó elemento de prueba alguno que evidencie que, derivado de su entrada en vigor, se haya causado afectación en su esfera jurídica durante el tiempo que estuvieron vigentes. No obstante a lo anterior, a mayor abundamiento resulta pertinente para quien provee realizar el siguiente estudio correspondiente al presupuesto de egresos de la federación, a efecto de justificar el por qué, no causa perjuicio en la esfera de la quejosa en el juicio de amparo en que se actúa, como trabajador del Poder Judicial de la Federación. Como fue precisado, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 fue reclamado como parte del sistema remuneratorio de los servidores públicos federales; esto es, su inconstitucionalidad se hizo depender de la alegada vulneración de derechos que generó el sistema desarrollado esencialmente en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Sin embargo, con la sola entrada en vigor del presupuesto de egresos, no se afectaron los intereses jurídicos de la parte quejosa. En efecto, la afectación que pudiera resentir la parte quejosa en todo caso podrá darse al momento de ser aplicadas las disposiciones de dichos ordenamientos, tomando en cuenta que por sí mismos no contienen un principio de ejecución que se realice por su propia existencia, sino que es necesario que haya actos posteriores de aplicación concreta de los mismos para que puedan afectarse los intereses jurídicos de quienes se encuentran en las condiciones previstas por ellos. De acuerdo, a lo manifestado con anterioridad, es pertinente considerar, a través de un cuadro comparativo las cantidades que a manera de percepción obtuvieron en los diversos ejercicios fiscales de 2018, 2019 y 2020, con base en los ACUERDOS por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para los diversos ejercicios fiscales mencionados, emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. EJERCICIO FISCAL 2018. CARGO SALARIO MENSUAL NETO PAGO POR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PAGO POR ASIGNACIONES ADICIONALES CONSEJERO $269,215 $444,380 $554,595 MAGISTRADO $145,266 $280,071 $472,253 JUEZ DE DISTRITO $132,431 $251,486 $422,194 SECRETARIO DE TRIBUNAL $73,619 $143,030 $195,426 SECRETARIO DE JUZGADO DE DISTRITO $68,005 $131,421 $179,574 ACTUARIO JUDICIAL $43,857 $78,501 $113,700 SECRETARIO PARTICULAR DE MAGISTRADO O JUEZ DE DISTRITO $34,915 $59,067 $89,089 COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO $30,440 $51,168 $77,793 ANALISTA JURÍDICO SISE $24.496 $40,392 $62,983 OFICIAL ADMINISTRATIVO $21,920 $35,289 $56,691 CHOFER DE FUNCIONARIO $19,643 $30,870 $51,361 OFICIAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO $13,369 $18,252 $33,632 EJERCICIO FISCAL 2019 CARGO SALARIO MENSUAL NETO PAGO POR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PAGO POR ASIGNACIONES ADICIONALES CONSEJERO $204,683 $444,401 $415,946 MAGISTRADO $150,058 $291,277 $472,711 JUEZ DE DISTRITO $136,737 $261,549 $422,674 SECRETARIO DE TRIBUNAL $76,707 $150,161 $204,459 SECRETARIO DE JUZGADO DE DISTRITO $70,906 $137,900 $187,666 ACTUARIO JUDICIAL $45,638 $82,426 $118,353 SECRETARIO PARTICULAR DE MAGISTRADO O JUEZ DE DISTRITO $36,261 $62,020 $92,806 COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO $31,701 $53,616 $80,820 ANALISTA JURÍDICO SISE $25,489 $42,412 $65,412 OFICIAL ADMINISTRATIVO $22,811 $37,031 $58,748 CHOFER DE FUNCIONARIO $20,423 $32,391 $53,158 OFICIAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO $13,831 $19,171 $34,914 EJERCICIO FISCAL 2020 CARGO SALARIO MENSUAL NETO PAGO POR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PAGO POR ASIGNACIONES ADICIONALES CONSEJERO $204,683 $444,413 $415,946 MAGISTRADO $150,083 $291,290 $472,043 JUEZ DE DISTRITO $136,762 $261,563 $422,006 SECRETARIO DE TRIBUNAL $76,731 $150,175 $204,459 SECRETARIO DE JUZGADO DE DISTRITO $70,929 $137,915 $187,670 ACTUARIO JUDICIAL $45,659 $82,437 $118,362 SECRETARIO PARTICULAR DE MAGISTRADO O JUEZ DE DISTRITO $36,283 $62,031 $92,810 COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO $31,718 $53,631 $80,838 ANALISTA JURÍDICO SISE $26,520 $44,525 $67,952 OFICIAL ADMINISTRATIVO $23,714 $38,874 $60,961 CHOFER DE FUNCIONARIO $21,231 $33,980 $55,033 OFICIAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO $14,688 $20,065 $36,268 En virtud de lo precisado con el cuadro comparativo, se observa que ningún trabajador con los cargos ahí señalados - entre los que se encuentra el de los aquí quejosos quienes acuden en su carácter de Secretarios de Tribunal - obtuvieron una disminución a sus salarios ni por el pago de aguinaldo y asignaciones adicionales, por el contrario, se advierte un incremento en cada uno de ellos. Lo cual, revela que no existe un perjuicio en su esfera jurídica respecto de los diversos presupuestos de egresos. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, dispone que: a) Las personas que ocupen el cargo de Consejero del Consejo de la Judicatura Federal, Magistrado de Circuito y Juez de Distrito, con inicio en el ejercicio presupuestal de dos mil diecinueve, recibieron una retribución no mayor a la cantidad total anual neta de $1, 663,050.00 (un millón seiscientos sesenta y tres mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) durante el propio ejercicio fiscal, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 de la Constitución Federal. b) Las remuneraciones de los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, excepción hecha de los servidores públicos señalados en el párrafo anterior, serán determinadas por el órgano de gobierno, el órgano de dirección o la instancia correspondiente, las cuales serán siempre inferiores a la fijada para el cargo de Presidente de la República durante el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Conforme a lo anterior, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, se fijó el tope salarial que por concepto de remuneraciones percibieron los Consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, con inicio en el ejercicio presupuestal de dos mil diecinueve, el cual no fue mayor a $1, 663,050.00 (un millón seiscientos sesenta y tres mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). Sin embargo, no se precisó el tope máximo que percibieron por concepto de remuneraciones los demás servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, sino que estableció una remisión a los órganos de gobierno, órganos de dirección o instancias administrativas del citado Consejo para que ellos determinaran el monto que comprendió la remuneración de los restantes servidores públicos, la cual ciertamente no fue mayor a la fijada para el cargo de Presidente de la República durante el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Con base en lo anterior, es posible concluir que, en relación con aquellos servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, que no ocupen las categorías de Consejero, Magistrados de Circuito o bien, de Jueces de Distrito con inicio en el ejercicio presupuestal de dos mil diecinueve, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 por su naturaleza jurídica constituye una 'norma de remisión' a las áreas administrativas correspondientes del citado Consejo de las facultades para determinar el monto de las remuneraciones de los servidores públicos referidos. Sobre la forma en que operan las normas de remisión, resulta ilustrativa la tesis 2a. CXXVI/2016 (10a.), de rubro: "TIPICIDAD. LAS NORMAS DE REMISIÓN NO VULNERAN DICHO PRINCIPIO, CUANDO EL SUPUESTO DE INFRACCIÓN QUE CONTIENEN SE COMPLEMENTA CON LO PREVISTO POR EL PROPIO ORDENAMIENTO O POR SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS." En otras palabras, conforme a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, correspondió a los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal establecer la forma en que se integraron las remuneraciones de los servidores públicos a través de los acuerdos, manuales o disposiciones reglamentarias que, con base en sus facultades legales, puede emitir con el objeto de dar operatividad financiera a lo señalado en el presupuesto. Es conveniente reiterar que, en el caso, se combatió como autoaplicativo el sistema remuneratorio establecido por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, sobre la cual se sobreseyó fuera de audiencia, conforme al contenido de este proveído, en razón de la posterior publicación de doce de abril de dos mil diecinueve de las reformas que modificaron sustancialmente dicho sistema, dejando sin efectos las disposiciones del primer decreto; por lo que, al haberse sobreseído fuera de audiencia respecto a la ley reglamentaria de ese sistema normativo, la misma suerte debe correr el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, habida cuenta que no se demostró que por sí solo le haya generado perjuicio alguno con motivo de su entrada en vigor. Son ilustrativas las tesis con los números de registro 323468, 372444 y 206527, de rubros: "LEY DE EGRESOS Y PLAN DE ARBITRIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA 1943, NO ES DE INMEDIATA EJECUCIÓN." "PERJUICIOS, BASE DEL AMPARO." "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO CONTRA." 6. Así, es importante precisar que también se hace extensivo el sobreseimiento respecto de los siguientes actos: El Acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. El Acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en materia administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la Federación (PJF), que establece las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión PJF para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Criterios que regulan la Autorización y Pago a Personal a Cargo del Consejo de la Judicatura Federal que sustituye a otro que se separa temporalmente de su empleo. Lo anterior, pues se insiste en que las normas generales se reclamaron como parte de un sistema normativo complejo que regula las remuneraciones de los servidores públicos federales, el cual incidió en los derechos de la parte quejosa desde su entrada en vigor; es decir, las impugnó en su carácter de autoaplicativas porque estimó encontrarse sujeta a las obligaciones, prohibiciones o sanciones establecidas por dicho régimen jurídico especial, dado que se trata de servidores públicos de la Federación. Por lo tanto, en razón de lo ya expuesto se advierte que los efectos que pudieran haber derivado de los artículos impugnados, puesto que se combaten como autoaplicativos, sin embargo, no se acreditó en autos que se hayan materializado sus efectos en la esfera de derechos de los quejosos. Se afirma lo anterior, pues la nueva Ley Federal de remuneraciones publicada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, no solo dejó sin efectos a partir del veinte de mayo la diversa Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve. Máxime que en el caso no está demostrado que la legislación de doce de abril de dos mil diecinueve y el presupuesto mencionados, hayan producido consecuencias materiales en perjuicio de la parte quejosa, dado que no se aportó elemento de prueba alguno que evidencie que, derivado de su entrada en vigor, se haya causado afectación en su esfera jurídica durante el tiempo que estuvieron vigentes. Como fue precisado, la inconstitucionalidad de los actos que en esta vía se combaten se hicieron depender de la alegada vulneración de derechos que generó el sistema desarrollado esencialmente en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Sin embargo, con la sola entrada en vigor del presupuesto de egresos, no se afectaron los intereses jurídicos de la parte quejosa. En este sentido, el Consejo de la Judicatura Federal emitió el ACUERDO por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, en el que se advierte nuevamente que ningún trabajador del Consejo de la Judicatura Federal tuviera una percepción menor, sino por el contrario, recibieron un incremento. Sobre la base de lo explicado, es obligatorio concluir que no se generó un perjuicio a la parte quejosa, toda vez que se demostró que incluso percibieron un ingreso mayor al fijado para el ejercicio fiscal anterior. Como corolario de todo lo anterior, se tiene que el juicio de amparo resultó improcedente por las causas que fueron analizadas en relación con los actos y dispositivos legales precisados; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Hágase del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en este asunto para celebrarse a las diez horas con treinta minutos del once de julio de dos mil veintidós. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

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