Alma Delia Beltran Cerezo

Expediente 702/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
702/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
14/10/2020

Partes del expediente

  • Alma Delia Beltran Cerezo

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN A LA RAZÓN ACTUARIAL DE 01/10/2020, SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN PROVEÍDO DE 29/09/2020 Y SE NOTIFICA, POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 29/09/2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de septiembre de dos mil veinte. RECEPCIÓN Y DEMANDA: Téngase por recibida la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Menor Civil del Distrito Judicial de Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 702/2020-IV, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. DESECHAMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, en virtud de que en la especie, se actualizan causas manifiestas e indudables de improcedencia, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a examinar la demanda de amparo, y de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Registro Núm. 186605, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". Por tanto, se hace patente la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para dar sustento a lo anterior es necesario precisar el acto reclamado que de manera esencial se contiene en los siguientes incisos: Acto reclamado: El auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, en el que se emitió auto de exequendo contra el aquí quejoso, emitido en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juez Segundo Menor Civil del Distrito Judicial de Querétaro y su ejecución de veinticuatro de agosto de dos mil veinte. Ahora, teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo, donde se dispone que la observancia de las causas de improcedencia en el juicio debe ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otro aspecto, tal y como está interpretado por la Jurisprudencia número 800, consultable en la página 553, Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO", este juzgado federal estima que el juicio de amparo que ahora se atiende resulta improcedente, como se explica enseguida. DESECHAMIENTO. Una vez analizados los actos reclamados que se precisaron, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional, comprendida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad previo a la presentación del juicio de amparo que nos ocupa; para ello conviene traer a la vista el contenido de dicho dispositivo legal: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". De la interpretación de la porción normativa del precepto legal transcrito, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y establece como excepciones a dicha regla, las que se enuncian: a) Tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado pueda afectar la libertad personal del quejoso; c) En caso de que quien acude al amparo sea una persona extraña al procedimiento; d) Además, prevé que es optativo para la parte quejosa interponer el medio ordinario de defensa, cuando su procedencia se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Luego, del estudio integral de la demanda de amparo que nos ocupa, se revela que la parte quejosa hace alusión a que el acto de autoridad que le causa perjuicio es el auto de cuatro de agosto del año actual y su ejecución materializada en el embargo de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, sobre el salario que percibe, lo que se materializa en cumplimiento al auto de exequendo, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ** del índice del Juez Segundo Menor Civil del Distrito Judicial de Querétaro. Descrito lo anterior, se obtiene que el presente juicio de amparo deviene improcedente en razón de que previo a la presentación del amparo, el Código de Comercio, específicamente en sus artículos 1334 y 1335, prevé el recurso de revocación, que le prevé a la parte quejosa la posibilidad de revocar, nulificar, modificar el acto de autoridad del que se duele, como se advierte de la siguiente transcripción: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. - - - De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." De los preceptos antes descritos se obtiene que contienen las reglas de procedencia de los recursos de revocación y reposición, de cuyo análisis se advierte que no existe alguna limitante para interponer la revocación en contra de las determinaciones o resoluciones dictadas durante el procedimiento, pues al efecto basta con enunciar que las determinaciones que no fueren apelables serán revocables. Por su parte el artículo 1339 de la misma codificación normativa, establece que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 moneda nacional). Así, de una interpretación sistemática, analítica y armónica de los artículos 1334, 1335 y 1340 del Código de Comercio, se puede arribar a la conclusión de que si la apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, entonces, en atención a los referidos artículos 1334 y 1335 del ordenamiento legal en cita, que determinan que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, se concluye que los autos que recaigan en negocios cuyo valor no exceda el monto antes precisado, al no ser apelables, son revocables, sin importar o con independencia de la cuantía o del monto de lo reclamado en el juicio de origen. A su vez, de lo establecido en el artículo 1339 del Código de Comercio, se observa que sólo son recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, por ende, debe entenderse que "recurribles" son las resoluciones en donde el negocio sea mayor a dicho monto e "irrecurribles" sólo comprende al recurso de apelación, cuando su monto sea menor a tal suma de dinero, como es el caso, pues es en el capítulo relativo a tal recurso (apelación) en donde se encuentra establecido dicho artículo, no así, de la revocación; máxime que el citado artículo (1334), establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. En conclusión, de una interpretación relacionada de los artículos antes invocados, se concluye que todos los autos, interlocutorias y sentencias que resuelvan un incidente o el juicio en lo principal o auto que ponga fin al juicio, dictados en un juicio mercantil (ya sea ordinario o ejecutivo), que por su cuantía no admitan el recurso de apelación, son impugnables mediante el recurso de revocación, previsto en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio. Ahora bien en el caso, de las constancias que la parte quejosa acompañó a su escrito de demanda, se advierte que la suerte principal reclamada en el juicio ejecutivo mercantil asciende a la cantidad de $17,520.00 (diecisiete mil quinientos veinte pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, contra el acto reclamado procede el recurso de revocación y previo a acudir a esta instancia constitucional, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el referido medio ordinario de defensa que la legislación en consulta contempla y con el cual es dable lograr la modificación, revocación o anulación del acto reclamado, máxime que al ser parte formal en el procedimiento de donde deriva la materia de reclamo, estaba en la aptitud legal de hacerlo. Se hace patente que contra la determinación reclamada, con fundamento en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio procede el recurso de revocación, a través del cual puede ser revocado, modificado, o nulificado, tomando en consideración que constituye un auto que atañe a una cuestión que trae aparejada ejecución y, por tanto, puede ser recurrido mediante el aludido recurso como expresamente así lo dispuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 146/2015. Al respecto, se puntualiza que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza la promoción del juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquél. Asimismo, se estima preciso destacar que si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante el recurso de revocación de que se ha hablado, no pueden ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Sin que importe en contrario la naturaleza irreparable del acto combatido (auto de exequendo), de tomar en cuenta que ello no constituye una excepción a la observancia del principio de definitividad en la forma analizada en el presente asunto. Robustece a lo explicado, la Jurisprudencia 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8 del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2017117, de rubro y contenido siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." De igual manera, por identidad de razones, es aplicable al respecto, la jurisprudencia 113/2013 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2005039, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". De esta suerte, si la parte promovente del amparo, instó el presente juicio constitucional no obstante encontrarse obligada a agotar el medio de defensa ordinario la legislación mercantil le concede (recurso de revocación), es decir, le asistía la carga procesal de observar el principio de definitividad previamente al ejercicio de su acción constitucional, es inconcuso que al no haberlo hecho, es improcedente el presente juicio de amparo. Ello es así, pues se insiste, aun cuando el acto pudiera catalogarse de ejecución irreparable, ello no exime a la parte quejosa que deba agotar el recurso previsto por la ley previamente a intentarse el juicio de amparo, y así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, ya que el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, señala expresamente que el amparo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, a lo que se suma que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/2015, concluyó que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. A lo expuesto se suma que de forma expresa, en lo que atañe, lo establecido por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al sustentar que previo a la promoción del juicio de amparo contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil, debe observarse el principio de definitividad, como así se desprende la Jurisprudencia número 12/2016 (10a.), la cual es visible en la página 979 del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2011695, de rubro y contenido siguientes: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente". Lo anterior es así, pues con independencia que en la jurisprudencia de trato, la referida Sala del Alto Tribunal del País no haya distinguido si quien pretende acudir a esta sede extraordinaria a combatir actos como los aquí reclamados se trata de persona extraña a juicio o tercero extraño en su carácter de equiparado, lo cierto es que los asuntos que dieron origen a los criterios contendientes en la jurisprudencia mencionada, aluden a ambos supuestos relacionados con la calidad del impetrante dentro del amparo promovido (tercero extraño lato sensu o equiparado). En efecto, de los antecedentes que informan la contradicción de tesis **la Sala del máximo Tribunal que la resolvió, dejó en claro lo siguiente: ".TERCERO. Criterios contendientes. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma. El veintitrés de abril de dos mil quince, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa resolvió el amparo en revisión **********, correspondiente al diverso ********** del índice del Tribunal Colegiado en materia Civil del Décimo Segundo Circuito, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes: **********, por conducto de su representante demandó en la vía ejecutiva mercantil de **********, ********** (aval) y ********** (aval), el pago de US$********** (********** americanos) como suerte principal del documento base de la acción, el pago de intereses moratorios, gastos y costas. De esa demanda conoció el Juez Décimo Primero Civil del Distrito Federal, quien previo requerimiento y su respectivo desahogo, admitió la demanda y dictó auto con efectos de mandamiento, para lo cual giró exhorto al Juez Civil competente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en atención a que el domicilio de los codemandados se encontraba fuera de su jurisdicción. Dicho exhorto fue turnado al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, quien ordenó su diligenciación, y al efecto, ordenó remitir el instructivo de notificación a la Central de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de ese distrito judicial; dicho emplazamiento, fue realizado mediante diligencia de la actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios referida. Inconforme con esa diligencia, **********, promovió juicio de amparo indirecto en contra del auto de exequendo, el auto en el que se ordenó dar cumplimiento al citado exhorto, así como la diligencia en la cual se cumplimentó el referido exhorto y el embargo ordenado como acto futuro e inminente. Correspondió conocer de esa demanda al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, quien resolvió sobreseer en el juicio de amparo al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, ya que estimó que si bien el auto de exequendo, por su naturaleza y efectos jurídicos es trascendente y puede causar un daño de imposible reparación; atendiendo al monto de la suerte principal y a lo dispuesto por el artículo 1339 del Código de Comercio, antes de acudir al juicio de amparo, el quejoso debió interponer recurso de apelación, y no estaba exento de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. En desacuerdo con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual fue turnado al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, el que lo admitió y en cumplimiento al oficio **********, suscrito por la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, remitió los autos al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el que confirmó la sentencia recurrida con base, en lo que interesa, en las siguientes consideraciones: Confirmó que en el caso efectivamente se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en razón de que contra el acto reclamado, consistente en el auto de exequendo emitido en el juicio ejecutivo mercantil de origen y su ejecución, materializada en diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, procede el recurso de apelación a que se refiere el artículo 1339 del Código de Comercio. Señaló que si en contra del auto reclamado existe un medio ordinario de defensa en virtud del cual era factible modificarlo, revocarlo o anularlo, es evidente que para cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, era indispensable que el quejoso agotara previamente ese medio ordinario de defensa. En ese sentido, aclaró que el actor demandó por concepto de suerte principal, la cantidad de US$********** (********** americanos), equivalentes a $********** (********** pesos 00/100 moneda nacional), cantidad superior a la que estipula el artículo 1339 del Código de Comercio para determinar el monto de los juicios mercantiles, por lo que era procedente el recurso de apelación, con independencia de que el acto reclamado pueda ocasionar al quejoso perjuicios de imposible reparación, circunstancia que no constituye una excepción al principio de definitividad, que necesariamente debe observarse. Lo anterior, porque la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos; es decir, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Adujo que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el auto de exequendo, es un acto de ejecución irreparable, toda vez que sólo puede reclamarse, en su caso, a través del amparo indirecto; tal circunstancia no pugna con el hecho de que en contra de dicho auto, previo a instar el amparo, deba interponerse el recurso de apelación, y la sentencia que lo resuelva sea impugnable a través del amparo, puesto que a través de dicho recurso, se analiza el cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, lo que no se examina en otro momento del juicio. Máxime que el recurso de apelación cumple con los requisitos de ser idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado, además de eficaz para repararlo en un plazo razonable pues acorde con el artículo 1165, último párrafo, del Código de Comercio, es de tramitación inmediata por lo que no hay que esperar a la conclusión del proceso; acorde con el diverso 1336 de la misma ley, se persigue que el tribunal de alzada confirme, reforme o revoque la resolución del inferior y, finalmente, el diverso 1345 bis 8 de la misma ley se refiere a la suspensión del acto. Por otra parte, calificó de inoperantes los agravios relativos a que el sobreseimiento trasgrede lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 217 de la Ley de Amparo al contradecir la jurisprudencia de rubro "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO"; así como que el sobreseimiento también viola los artículos 228, 229 y 230 de la Ley de Amparo, al no haber sido interrumpida esa jurisprudencia y que el artículo 62 de la Ley de Amparo, no permite desatender o desobedecerla. Lo anterior, porque la parte recurrente no señala las razones del porqué se violan los citados preceptos, ni porqué el sobreseimiento recurrido, contradice la jurisprudencia señalada. Por lo tanto, confirmó la sentencia y sobreseyó en el juicio. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito resolvió el ocho de julio de dos mil diez, el amparo en revisión **********, ejecutoria de la que se desprenden los siguientes antecedentes: **********., por conducto de su administrador único, promovió juicio de amparo indirecto en contra del auto dictado por el Juez Primero de lo Mercantil de Guadalajara, Jalisco, en el juicio ejecutivo mercantil **********, en el que se ordenó llevar a cabo la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento a la empresa quejosa, ahí demandada. De esa demanda conoció el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, quien la admitió y posteriormente, sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues el acto que se reclama es impugnable a través del recurso de apelación previsto en el numeral 1341 del Código de Comercio, por lo que previamente al amparo, se debió promover dicho recurso. Inconforme, el quejoso interpuso el recurso de revisión del que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el que revocó la sentencia recurrida y ordenó la prosecución del juicio de amparo, con base en las siguientes consideraciones. Consideró sustancialmente fundados los agravios hechos valer en el recurso. Adujo que del artículo 1339 del Código de Comercio se desprende que en materia mercantil el recurso de alzada que se interpone contra un auto emitido durante el curso del procedimiento, debe sustanciarse conjuntamente con el trámite de la apelación de la misma parte apelante contra la sentencia definitiva, por lo que a pesar de que proceda dicho medio de impugnación, el inconforme debe esperar la conclusión del proceso y, de ser desfavorable la sentencia, recurrirla y junto con ella tramitar la apelación que hubiera interpuesto contra cualquier acuerdo previo. Señaló que la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo (actualmente abrogada) dispone que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que sean de imposible reparación, pues tratándose de actos en los que se ponen en juego los derechos fundamentales, procede analizar de inmediato la constitucionalidad de lo reclamado, sin necesidad de esperar el resultado del fallo. Por otro lado, consideró que uno de los principios que rigen el juicio de amparo es el de definitividad, consagrado en el párrafo primero de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que prevé la procedencia del juicio de amparo contra resoluciones respecto de las que la ley ordinaria conceda recurso o medio de defensa, por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, de forma que si mediante el juicio de garantías se pretende combatir un acto dictado dentro de un juicio mercantil contra el que procede recurso de apelación en términos del artículo 1339 del Código de Comercio, es indudable que se surte una excepción al principio de definitividad, dado que tal medio no revocaría, nulificaría o modificaría la determinación recurrida, habida cuenta que debe tramitarse de manera conjunta con la apelación que en su caso se haga valer contra la sentencia definitiva que se emita en el proceso. Concluyó que exigir en ese supuesto que se agote el recurso ordinario, desatendería la urgencia del análisis constitucional de un acto que requiere ser estudiado con prontitud, y no basta que la ley prevea la existencia de un medio de defensa, sino que el mismo debe ser apto para modificar, anular o revocar la determinación recurrida sin mayor dilación que su propia tramitación, lo que no sucede si se posterga su sustanciación para que sea simultánea a la de la impugnación de la resolución definitiva, dado que implicaría tolerar la eventual afectación durante todo el tiempo que dure el proceso. Por lo que revocó el auto recurrido y ordenó al juez federal continuar con el trámite del juicio constitucional.". Luego, como se ve de lo transcrito, en uno de los asuntos que dieron origen a los criterios contendientes, se revela que el quejoso respectivo acudió al amparo indirecto con motivo de la ejecución del auto de exequendo girado en su contra dentro de un juicio ejecutivo mercantil donde le devino el carácter de parte demandada; en tanto que en el segundo de aquéllos, se trató de un impetrante que con el mismo carácter acudió a la vía constitucional a combatir el sólo dictado de un auto idéntico, sin que se hubiere llevado a cabo su ejecución, o al menos, así se desprende de su lectura. De esta suerte, se tiene que si la Primera Sala del Alto Tribunal del País al resolver la contradicción de mérito, en el mismo sentido adoptado en este fallo (atinente a que previo a acudir a la vía extraordinaria para combatir el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil es condición necesaria agotar el principio de definitividad), no realizó distinción alguna en el carácter con que pudiera ostentarse la parte impetrante en los juicios constitucionales de origen (tercero extraño lato sensu o equiparado); es inconcuso que tal cuestión no fue materia del tema toral debatido, y en esa virtud, si como en el caso ocurre la parte aquí impetrante acude a esta sede extraordinaria a combatir un auto de exequendo dictado en su contra, dentro de un procedimiento mercantil donde le deviene el carácter de parte demandada, tal circunstancia además de ubicarla dentro de uno de los supuestos contenidos como antecedentes del criterio jurisprudencial que rige esta resolución, haciendo idónea su aplicabilidad, no puede hacer pasar inadvertido el hecho de que contra un auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil procede amparo indirecto de conformidad con lo previsto en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque constituye un acto de ejecución irreparable dentro de juicio, pero de ejecutarse la orden de embargo inmersa en él no es factible analizar su legalidad, ya que en su caso, tal perjuicio no puede repararse dentro de juicio ni con el dictado de una sentencia favorable; de ahí que casos como en el que se ubica la parte aquí quejosa, si bien reclama un acto de esa naturaleza, en modo alguno, como se dijo, no la exenta de agotar el principio de definitividad antes de acudir al amparo. Así como la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página setecientos cincuenta y dos, tomo LXXXIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. Si contra la resolución reclamada en amparo procedía un recurso ordinario, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, conforme a lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la ley orgánica respectiva, sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el quejoso haya hecho valer ese recurso y el mismo le haya sido desechado, porque el consentimiento tácito de esta repulsa, no puede revestirla de legalidad". Al respecto, tampoco resulta trascendente el hecho de que el recurso de revocación de que se ha hablado, como medio ordinario de defensa que la parte quejosa debió agotar antes de acudir a este juicio, no suspenda el procedimiento de origen, dado que esa sola circunstancia tampoco da lugar a que se exceptúe agotar tal medio ordinario de defensa, porque tal evento no se encuentra contemplado como una excepción al principio de definitividad en materia jurisdiccional. Tampoco puede estimarse que por el hecho de que la ley establezca un medio ordinario de defensa contra el acto reclamado, se deje en estado de indefensión a la parte quejosa y que se le prive de sus bienes durante el proceso, pues válidamente podría haber agotado tal medio de defensa haciendo valer los argumentos que estimara pertinentes y con posterioridad, de ser el caso, promover el juicio de amparo indirecto. De ahí que, se reitera, si la parte quejosa omitió agotar dicho principio que rige en el juicio de amparo, consistente en hacer valer contra la materia de reclamo a través del recurso de revocación previsto en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, previo a la promoción de esta instancia constitucional, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos del artículo 61 fracción XVIII en concordancia con el numeral 113 de la Ley de Amparo. CAPTURA DE PROVEÍDO. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. INFORMACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. ATENCIÓN PRESENCIAL. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. RECEPCIÓN DE PROMOCIONES. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; asimismo, se le tiene señalando como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que acreditó contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a los diversos que menciona únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. NOTIFICACIÓN Y EXHORTACIÓN. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. PUBLICACIÓN DE LISTA DE ACUERDOS Y CONTACTO CON LAS PARTES. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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