Alma Delia Azuara Castelan

Expediente 773/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
773/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2017

Partes del expediente

  • Alma Delia Azuara Castelan

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual acusa de recibo del recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo 811/2017 promovido por Celsa Pedraza Montiel, en contra de la resolución terminada de engrosar el uno de septiembre del año en curso, haciendo del conocimiento que admitió el recurso de revisión interpuesto, mismo que quedó registrado bajo el número 492/2017; circunstancia de la cual queda enterado este juzgador federal. Cúmplase.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a seis de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus antecedentes para que obre como corresponda el oficio por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el cual se le remitió el recurso de queja que deriva el presente juicio, e informa que se admitió a trámite el recurso interpuesto, quedando registrado bajo el número 159/2017, de lo cual queda enterado este Órgano de Control Constitucional. Notifíquese.

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, cuatro de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito signado por la quejosa Alma Delia Azuara Castelán, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio de garantías en que se actúa. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, que es cierto el acto reclamado y remítase el escrito de agravios y copia del mismo, así como copias certificadas del acto reclamado, su notificación y de las constancias que lo motivaron. En aras de una pronta impartición de justicia, remítase de inmediato a la superioridad para los fines legales conducente.

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Alma Delia Azuara Castelán, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez en Materia Penal en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral para el Primer Circuito Judicial de Pachuca, Hidalgo y otras. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 773/2017-3, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. En ese orden, del contenido integral de demanda, se desprende que el quejoso reclama como actos: IV.- ACTO RECLAMADO: El auto de fecha trece de junio de dos mil diecisiete, dictado dentro de la causa penal 264/2016. Reclamo la remisión del exhorto 55/2017 derivado de la causa penal 264/2016. Y, el oficio SAO/DGPP/CUCD/040/2017, por el cual solicita audiencia para solicitar se declare el abandono de bienes a favor de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo. Toda vez que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, he figurado en calidad de VÍCTIMA dentro de la causa penal 264/2016, como tampoco en calidad de OFENDIDA y mucho menos en calidad de SUJETO ACTIVO DEL DELITO, lo que significa que en ninguna etapa procesal derivada de la causa penal 264/2016 he sido parte. En primer término, debe decirse que la demanda de derechos, debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto, resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Luego, del análisis integral de la demanda de derechos, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 1º, fracción I, y 4º, del mismo ordenamiento, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II Por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; III Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal." "Artículo 4. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor." Esto es así, en virtud de que si bien existe una citación en favor de la quejosa Alma Delia Azuara Castelán, para que comparezca a la audiencia donde se solicitara el abandono de bienes en favor de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo, emitida por la Jueza Penal de Control adscrita a la Primer Circuito Judicial de Pachuca, Hidalgo, lo cierto es que la citación ordenada solo tiene como fin dar oportunidad a las partes de presentarse a deducir derechos sobre los bienes asegurados, lo que implica la posibilidad de comparecer o no a la audiencia señalada para hacer valer esos derechos, por lo que comparezca o no, esa formalidad no constituye un impedimento para que el Juez emita su pronunciamiento sobre el abandono de bienes. En efecto, el artículo 231, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales a la letra dice: "Artículo 231. Notificación del aseguramiento y abandono El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por dos edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, medio de difusión oficial en la Entidad federativa y en un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda, con un intervalo de diez días hábiles entre cada publicación. En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las Entidades federativas, según corresponda. Transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se haya presentado a deducir derechos sobre los bienes asegurados, el Ministerio Público solicitará al Juez de control que declare el abandono de los bienes y éste citará al interesado, a la víctima u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los diez días siguientes a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior. La citación a la audiencia se realizará como sigue: I. Al Ministerio Público, conforme a las reglas generales establecidas en este Código; II. A la víctima u ofendido, de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, por estrados y boletín judicial, y III. Al interesado de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, de conformidad con las reglas de la notificación previstas en el presente Código. El Juez de control, al resolver sobre el abandono, verificará que la notificación realizada al interesado haya cumplido con las formalidades que prevé este Código; que haya transcurrido el plazo correspondiente y que no se haya presentado persona alguna ante el Ministerio Público a deducir derechos sobre los bienes asegurados o que éstos no hayan sido reconocidos o que no se hubieren cubierto los requerimientos legales. La declaratoria de abandono será notificada, en su caso, a la autoridad competente que tenga los bienes bajo su administración para efecto de que sean destinados a la Procuraduría, previa enajenación y liquidación que prevé la legislación aplicable." Bajo ese contexto, debe decirse que la propia quejosa manifiesta en su escrito de demanda, que en ninguna etapa procesal derivada de la causa penal 264/2016 ha sido parte, lo que revela que no tiene ningún derecho que deducir sobre los bienes asegurados en la audiencia donde se solicitara su abandono, por tanto la comparecencia o no de la quejosa, e incluso el desahogo de la misma, no le causa daño o perjuicio a la ahora amparista. Además debe señalarse, que incluso de una lectura del acuerdo reclamado de trece de junio de dos mil diecisiete, dictado dentro de la causa penal 264/2016 del índice de la responsable, no existe apercibimiento alguno que en su caso afecte la privación de la libertad, posesiones o derechos de la quejosa, por lo que el amparo en el que se impugna una citación para dar oportunidad a las partes de presentarse a deducir derechos sobre los bienes asegurados, resulta improcedente. En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el Artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo; en términos del artículo 113, en relación con el artículo 217 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida Alma Delia Azuara Castelán, lo anterior por notoriamente improcedente. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito inicial de demanda, esto es los estrados de este Juzgado y por autorizado al licenciado Domingo Nieva Aldeco en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues no se encontró registro de cédula profesional a su nombre en el Módulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal, y únicamente en términos restringidos a los demás profesionistas por así haberlo manifestado expresamente la parte quejosa. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. PRECISIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se oponen con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, asistido del licenciado Cesar David Bejarano Magaña, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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