Alma Delia Avilés Rodríguez
Expediente 2621/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 2621/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/01/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alma Delia Avilés Rodríguez
Actuaciones
- Principal
En veinte de enero de dos mil quince, el Secretario Blanca Fuentes Sánchez, da cuenta con la promoción 2353.- Conste. Cuernavaca, Morelos, veinte de enero de dos mil quince. Visto el escrito signado por HUMBERTO HUGO VELÁZQUEZ MARMOLEJO, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita se proceda a enviar los autos al Tribunal Colegiado a fin de dar trámite al procedimiento de inejecución de sentencia; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda. En atención a su contenido, indíquese al promovente que se esté a lo acordado en auto de treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, ello sin perjuicio de que en el momento procesal oportuno de considerarse procedente se continúe con el procedimiento previsto en el artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, por ser el procedimiento de cumplimiento de orden público. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe. FAM
- Principal
Se tiene a la vista para resolver el juicio de amparo 2621/2014-IV-B, promovido por Alma Delia Avilés Rodríguez, por derecho propio y; RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido en esa fecha por razón de turno, compareció Alma Delia Avilés Rodríguez, por derecho propio, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; Presidente, Tesorero, Síndico y al Ayuntamiento de Jojutla de Juárez, Morelos, que hicieron consistir en: ".IV.- Acto reclamado.- POR LO QUE HACE A LA EJECUTORA ENUNCIADA EN EL INCISO a) SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO: La negativa y omisión por parte de esta responsable de actuar, proveer y substanciar el procedimiento de ejecución requerido para los efectos de coaccionar a la autoridad condenada en el juicio natural a que de cumplimiento a la resolución en forma laudo de fecha 20 de febrero del año 2014, dictado dentro de los autos del expediente laboral 01/299/2010; lo cual debe hacer en los términos y condiciones que establecen los numerales 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil; negativa que se observa y deduce de Ios autos del expediente natural de donde emana el acto reclamado. POR LO QUE HACE A LA EJECUTORA ENUNCIADA EN LOS INCISOS b) AL e) SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO: La negativa falta de cumplimiento y pago de la resolución en forma de laudo de fecha 20 de febrero del año 2014, dictado dentro de los autos del expediente laboral 01/299/2010, en los términos y condiciones que establecen la resolución citada." SEGUNDO. La demanda se registró bajo el expediente 2621/2014-IV-B; el veintinueve de octubre de dos mil catorce, se admitió la demanda de amparo, por lo que se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se inició en términos del acta que antecede y; CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 114 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en cuyo numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, en criterio jurisprudencial, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda integralmente, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar el alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que al enunciarla se haga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable al caso la jurisprudencia P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, del tomo XIX correspondiente a abril de dos mil cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro y cuyo texto son del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías es necesario fijar adecuadamente los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra del escrito de demanda de garantías, atendiendo a los aspectos explicados en líneas precedentes, se precisa que el acto que se reclama en esta instancia es: La omisión genérica que reclama al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos de ejecutar el laudo dentro del expediente laboral 01/299/10. La omisión del Presidente, Tesorero, Síndico y al Ayuntamiento de Jojutla de Juárez, Morelos de dar cumplimiento voluntario al laudo emitido en el expediente 01/299/10 TERCERO. CERTEZA DEL ACTO EN RELACIÓN EN EL ACTO RECLAMADO EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO, CON EL INCISO A). contrario a lo manifestado por la responsable no es cierto el acto reclamado al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos consistente en la omisión genérica que reclama de ejecutar el laudo dentro del expediente laboral 01/299/10, ya que en la fase de ejecución del laudo corresponde a las partes realizar los actos necesarios para dar impulso al procedimiento de ejecución, pues en dicha etapa procesal depende de la previa petición de la parte titular del derecho y dicha solicitud debe hacerse cada vez que sea necesario, hasta lograr el pago de las cantidades a las que fue condenada la parte demandada. Además, que la ejecución de laudo en forma genérica que reclama la quejosa, son actos futuros e inciertos, ya que depende de la actividad previa de la quejosa y que además dependen que la autoridad responsable provea o no respecto a la ejecución del mismo, lo que se concluye que al reclamarse la omisión de la responsable de manera genérica, y ordenar proveer de manera oficiosa lo conducente para continuar con la ejecución del laudo, el juicio de amparo sería improcedente. Se afirma lo anterior ya que no puede abarcar actos futuros que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución del laudo, ya que, al requerir del impulso e intervención del ejecutante, en el que se lograra o no su materialización. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 2771, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, diciembre de dos mil once, Tomo 4, correspondiente a la Décima Época, de cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamie<nto, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.". Así como en la diversa jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2772 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, diciembre de dos mil once, Tomo 4, correspondiente a la Décima Época, que se trascribe a continuación: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo.". Tiene apoyo a la presente determinación, los criterios jurisprudenciales citados, porque nuestro más alto tribunal al emitirlos, trataron de la carga procesal que tiene el ejecutante para la prosecución del laudo y, determinó que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la ejecución de un laudo, sería improcedente, porque se estaría ante un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías; ya que dicha ejecución, depende de la previa petición del ejecutante. Por lo anterior, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías respecto al acto que se analiza en el presente considerando, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO. EN RELACIÓN EN EL ACTO RECLAMADO EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO, CON EL INCISO B). Contrario a lo manifestado por las autoridades responsables es cierto el acto consistente en omisión de dar cumplimiento voluntario al laudo emitido en el expediente 01/299/10, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, ya que no obra constancia con la que se acredite que haya dado cumplimiento voluntario al laudo dictado en el expediente laboral 01/299/10. Por ello se tiene por cierto el acto reclamado, atribuido a las citada responsables, ya que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -referencia para considerar la existencia del acto reclamado- el Presidente, Tesorero, Síndico y al Ayuntamiento de Jojutla de Juárez, Morelos no acreditaron haber dado cumplimiento al laudo dictado en el expediente laboral 01/299/10. QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. EN RELACIÓN EN EL ACTO RECLAMADO EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO, CON EL INCISO B). Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de estudio preferente. Así, con relación al acto reclamado consistente en la omisión del Presidente, Tesorero, Síndico y al Ayuntamiento de Jojutla de Juárez, Morelos de dar cumplimiento voluntario al laudo emitido en el expediente 01/299/10, el suscrito juzgador advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 5 fracción II, ambos de la Ley de Amparo; disposiciones legales cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.].". La concepción del acto reclamado es tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, ya que constituye un requisito indispensable para ello, como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1º de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, ya que de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no son de autoridad. Al respecto, la omisión de acatar un laudo emitido en determinado juicio laboral que se tramita ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, no constituye un acto de autoridad, porque la omisión reclamada ocurre en un contexto en el que, dentro del juicio natural, tanto la quejosa como la responsable, litigaron en un plano de coordinación, con el carácter de actor y demandada, respectivamente; y la última fue condenada a entregar una cantidad de dinero a la actora. En ese sentido, la Ley del Servicio Civil del Estado, en el título Undécimo prevé disposiciones relativas a las sanciones en caso de que se cometan las infracciones a la Ley o la desobediencia de las resoluciones emitidas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante las cuales puede coaccionarse para que los condenados por el laudo, lo acaten, como las relativas a la imposición de multa hasta de quince salarios mínimos o destitución del infractor; sin que haya excepción alguna para el Ayuntamiento de Jojutla de Juárez, Morelos. Tiene aplicabilidad a lo anterior por analogía la tesis Jurisprudencial 2a./J. 133/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 227 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Novena Época, del tenor siguiente: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. A partir de lo anterior, el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. A su vez, conforme al artículo 151 de la ley citada, la primera actuación del procedimiento de ejecución consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, el cual sólo prevé la imposición de multa hasta por $1,000.00. Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado Tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la Ley Burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el indicado Tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa." (Lo resaltado es del suscrito Juzgador) Sin que pase inadvertido para el suscrito juzgador la jurisprudencia 2a./J. 85/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 448 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIV, Julio de dos mil once, correspondiente a la Novena Época, la cual se estima inaplicable al caso, porque el juicio burocrático de origen no se rige en la ejecución del laudo bajo las disposiciones del artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, habida cuenta que no hay disposición en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que así lo establezca. De manera que las prerrogativas que esta disposición otorga a las instituciones y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, no son aplicable al procedimiento burocrático laboral. De igual forma tampoco es aplicable la tesis 2a./J. 1/2012(10a.) que al rubro dice "DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD". Toda vez que su interpretación es con relación a los procedimientos contenciosos administrativos, lo que en el caso no acontece, ya que el acto reclamado en esta vía emana de un conflicto laboral que se tramita ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. En las condiciones relatadas, se debe estimar que la omisión que la quejosa atribuye a la responsable no debe ser considerada como un acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo, ya que no goza de las características definidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXVII/97, del rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." , en la que precisó el concepto de autoridad para los efectos del amparo y, que en concordancia con la Ley de amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se reconoce ese carácter al órgano, con independencia de su naturaleza formal, puesto que la ley también lo reconoce para los particulares, empero, se distingue que los actos unilaterales son en fundamento a una norma legal a través de los cuales dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; esto es, ejercen facultades de decisión reconocidas en la ley, por lo cual constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable; lo que se traduce en auténticos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la causa de ese imperio. Por lo que dentro de la contienda laboral la autoridad en todo momento, desde su inicio hasta su total conclusión actúa en un relación jurídica de coordinación, esto es, que ambas partes litigaron en un plano de igualdad y bilateralidad aportando pruebas o en su caso desvirtuando las pretensiones de su contraparte, sin que la autoridad verse beneficiada pudiera hacer uso de su potestad jurídica que el estado le confiere. Con relación a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 116/2014, emitió la jurisprudencia que al rubro reza "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", en el que el tema que abordaron era si la omisión de cumplir con un laudo por parte de los Ayuntamientos demandados en los Estados de Quintana Roo y Yucatán en el juicio laboral, en donde figuraron como parte demandada, tenían o no el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En dicha contradicción la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la omisión por parte de los Ayuntamientos demandados dentro del juicio laboral, no constituía un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, porque el Tribunal laboral burocrático cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales burocráticos respectivos y no únicamente con la multa, por lo que concluyó que no actuaban en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. Así, en los artículos 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que a la letra dicen: "Artículo 123.- Las resoluciones del Tribunal serán inapelables y se cumplirán desde luego por la autoridad correspondiente. Artículo 124.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: I.- Con multa hasta de 15 salarios mínimos; y II.- Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje." De tal manera que la Ley del Servicio del Estado de Morelos, en su apartado de sanciones, establece que las resoluciones que emita el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos serán inapelables y se cumplirán desde luego y, ante la desobediencia de dichas resoluciones, las infracciones serán desde multa hasta la destitución del infractor en los términos previstos por dicha Ley. De lo se concluye que la omisión atribuidas al Presidente, Tesorero, Síndico y al Ayuntamiento de Jojutla de Juárez, Morelos no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, porque el Tribunal laboral burocrático cuenta con los instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales burocráticos respectivos de ahí que este actúa en de coordinación al haber sido condenada y como consecuencia puede ser coaccionada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Por lo tanto, debe sobreseerse con relación al acto que se analiza en el presente considerando al actualizarse la causal de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 5 fracción II de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sin que pase inadvertido para el suscrito Juzgador, que en el juicio laboral de origen está conformado por una serie de etapas procesales concatenadas entre sí, hasta su total conclusión; sin embargo, el alcance de la protección federal se limita únicamente a la etapa específica en donde se cometió la violación procesal; luego entonces, las nuevas violaciones que se llegaran a producir dentro del juicio laboral de origen, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo Vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Como sustento a lo anterior se invoca la jurisprudencia 2a. CV/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 732 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, trece de diciembre de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y cuyo texto se trascribe a continuación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." De igual forma, no pasa desapercibido que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2660, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 2, Tomo IV, Enero de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." Por lo expuesto, y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Alma Delia Avilés Rodríguez, contra los actos precisados en el considerando segundo y que reclamó al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; Presidente, Tesorero, Síndico y al Ayuntamiento de Jojutla de Juárez, Morelos, por los razonamientos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese. En cumplimiento al acuerdo general 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogó los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinó el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura para ser agregada a los autos y, en su oportunidad, archívese el expediente como concluido. Así lo resolvió y firma el Licenciado el Licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Francisco René Marmolejo Vázquez, Secretario que da fe.
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