Alma Cristina Camposllera López

Expediente 620/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
620/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • Alma Cristina Camposllera López

Actuaciones

  1. Principal

    Por este medio se notifica a la parte tercera interesada de quien se trata, el auto de veinte de abril de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Zapopan, Jalisco, veinte de abril de dos mil veintidós. I. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guardan los presentes autos, se invoca como hecho notorio lo resuelto en el juicio de amparo 712/2013, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el que se sobreseyó fuera de audiencia por carecer la parte promovente de legitimación para instar la acción de amparo, en términos de los artículos 4 y 5, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, en virtud de ser cosa juzgada la inexistencia de hecho y derecho de la Comunidad Indígena de Santa María Tequepexpan, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aquí quejosa; determinación que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el toca de revisión principal 179/2021. Lo anterior, atento a que en el juicio de amparo indirecto 891/2012 del índice del aludido órgano jurisdiccional, se tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, remitiendo la resolución dictada dentro del toca de revisión 111/2018, de su índice, por la que confirmó el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el juicio de amparo indirecto en comento, bajo la consideración esencial de que conforme a la sentencia de veintiséis de enero de dos mil cuatro dictada por el Tribunal Agrario del Distrito 15, con sede en Guadalajara, Jalisco, en el expediente 106/95, y a la ejecutoria del amparo directo 244/2004, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, "existe determinación expresa por autoridad jurisdiccional en la que negó el reconocimiento aludido, misma que como se vio fue confirmada por un tribunal constitucional, por ende, tampoco de quien se indicó es su representante, en el caso, el promovente del amparo Gabino Hernández Garza". En consecuencia de lo resuelto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 4 y 5, fracción, todos de la Ley de Amparo abrogada (ordenamiento que resulta aplicable al caso en particular, por tratarse de un juicio que inició antes de la vigencia de la nueva legislación de la materia, acorde con el artículo?????? tercero transitorio de esta última ley), que disponen lo siguiente: "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley. (.)" "Artículo 4. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El agraviado o agraviados; (...)" En primer término, es necesario señalar que la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo abrogada, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo. Conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal y el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte, conforme el artículo 4 de la Ley de la Materia, el juicio de amparo puede promoverse por el propio quejoso o por su representante o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esa ley. En el caso concreto, en congruencia con lo resuelto en el toca de revisión principal 111/2018, argumentos que este juzgado de Distrito hace suyos y que en su parte conducente, se transcriben a continuación: ".Se estima objetivamente correcto lo determinado por el juez de distrito, pues en el particular se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVlll, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, (aplicados a contrario) de la Ley de Amparo, que dicen lo siguiente: "Artículo 73.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.. "Artículo 4o.- El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.??????? "Artículo 5o.- Son partes en el juicio de amparo: "I.- El agraviado o agraviados;(.)". De lo reproducido se obtiene, que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso carezca de interés jurídico para promoverlo, es decir, cuando no sea titular del derecho subjetivo que se estima violentado por el acto de autoridad. Ahora, de la sentencia de veintiséis de enero de dos mil cuatro, dictada por el Tribunal Agrario del Distrito 15, con sede en Guadalajara, Jalisco, en el expediente 106/95, se advierte que se resolvió la solicitud formulada mediante escrito de once de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, por la cual los representantes del núcleo solicitante promovieron ante el Delegado Agrario en el Estado, la instauración del expediente de reconocimiento y titulación de Bienes Comunales, de los terrenos que dijeron tener en posesión. En el considerando "CUARTO" de dicha sentencia se dijo que se constató por parte de la "brigada de ejecuciones" adscrita al mencionado Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, que quedó "plenamente demostrado que dentro de la superficie que pretende se le reconozca los accionantes, existen propiedades particulares y que los terrenos que tienen en posesión los solicitantes son asentamientos irregulares, en que los mismos solicitantes han lotificado y construido" (foja 36 de la sentencia de veintiséis de enero de dos mil cuatro). En el considerando "QUINTO" se analizó la" prueba de inspección ocular para determinar el estado en que se encuentran los predios que el Núcleo de Población pretende se le reconozca", apartado en el que se concluyó que "la superficie en donde la comunidad pide que se le reconozca, se encuentra casi en su totalidad urbanizada y dentro de ellas personas ajenas a los solicitantes, ya que dentro de la misma existen vialidades, como son calles secundarias y avenidas primarias; una zona industrial (.) respectivas bodegas; instalaciones deportivas; instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social; la Arquidiócesis de Guadalajara; un hotel; un panteón; fraccionamientos residenciales con todos los servicios necesarios; colonias urbanas compuestas por casas habitación y locales comerciales y terrenos dedicados a la agricultura y ganadería que se encuentran en explotación por sus propietarios; y también se menciona que los diversos predios fueron invadidos por los comuneros". En cuanto a los predios que señalan los promoventes tener en posesión se trata de casas habitación en asentamientos humanos irregulares, y en ningún caso se observó que los referidos accionantes se dediquen a las labores propias del campo, tratándose así de posesiones que de hecho no guardan el estado comunal, lo que adminiculado con el artículo 200, fracción III de la Ley Federal de Reforma Agraria sirve para demostrar que poseedores no tienen como ocupación habitual el trabajar personalmente la tierra." (fojas 51 y 51 de la sentencia de veintiséis de enero de dos mil cuatro). En el considerando "SEXTO" se desahogó la prueba pericial para determinar si los terrenos que se solicitan en el expediente son los mismos que se solicitaron el catorce de julio de mil novecientos setenta y cinco (página 52 de la sentencia de veintiséis de enero de dos mil cuatro) y se concluyó que "queda debidamente verificado que la solicitud de mil novecientos setenta y cinco se refiere a las mismas tierras que se solicitan en este expediente, ya que los peritos que hacen referencia a esto concuerdan en ello" (foja 71 de la sentencia de veintiséis de enero de dos mil cuatro) Finalmente, en el considerando "SÉPTIMO" se concluyó que "la presunta comunidad indígena de "SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN" municipio de Tlaquepaque, Jalisco, no cuenta con título alguno sobre la superficie que reclama en el presente expediente, ya que la documentación que presenta para acreditarlo, solamente se refiere a la solución?????? que se dio a un conflicto que sustentaban tres poblados sobre el aprovechamiento forestal, asimismo del citado documento no se puede determinar exactamente que haga referencia a la supuesta comunidad de "SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN". Por lo cual se asentó: "se llega a la conclusión que la superficie sobre la que alega tener derecho la presunta comunidad, está formada por asentamientos humanos irregulares, habitados por personas de muy diversa procedencia y oficio, por instalaciones fabriles o comerciales como Tracsa, Celta, Teisa, Napresa, Metales Murillo, Materiales y Aceros, Electra, así como por pequeños propiedades ?textual?, quedando demostrado que el núcleo de población no guarda el estado comunal de hecho, al estar en posesión de terrenos que son propiedad particular; ni de derecho, al carecer de títulos con los que acrediten sus posesiones. "Tomando en consideración que el reconocimiento y titulación de bienes se instruyó como acción agraria para la salvaguarda del estado comunal y el de preservar los usos y costumbres que con orígenes ancestrales se han dado en el seno de las comunidades indígenas, habiéndolo así considerado el espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27; y de la instrumental de actuaciones y demás probanzas que integran el expediente de mérito, se concluye que ninguno de los terrenos que fueron objeto de los trabajos técnicos a que se refiere el artículo 359 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, se encuentran ubicados en áreas destinadas a labores propias del campo, lo que se prueba con el informe y con el plano elaborado para tal efecto, así como el informe de los trabajos técnicos de la brigada del nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve y la inspección ocular, con lo cual queda comprobado que el núcleo solicitante no guarda el estado comunal y no se encuentra en posesión de la totalidad de las tierras que solicita se le reconozca y titule, sino que sus integrantes han realizado diversas invasiones y se han establecido en una superficie que le fue donada, y en diversas superficies que son propiedad particular; todas localizadas en la zona conurbada de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. "Por otro lado, las persona censadas no reúnen los requisitos de capacidad agraria establecidos por el artículo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, (.) (.) "Por las razones vertidas anteriormente, se arriba a la conclusión de que los promoventes no acreditaron los elementos constitutivos de la acción de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, toda vez que no se prueban los extremos contenidos en los artículos 356 al 362 de la Ley Federal de Reforma Agraria; y del 1 al 15 del Reglamento para la Tramitación de Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales, ya que si bien es cierto que el título que presentan es auténtico, con el mismo no se acredita la propiedad sobre la superficie que reclaman, además no reúnen las personas censadas los requisitos de capacidad agraria en los términos del artículo 200 en relación el 267 de la Ley Federal de Reforma Agraria, habida cuenta de que no están en posesión de las tierras que de hecho guarden el estado comunal, sobre las que se pide el reconocimiento y titulación, tal como ha quedado acreditado en líneas precedentes". (fojas 72 a 83 de la sentencia de veintiséis de enero de dos mil cuatro). En el caso se cuenta con el citado expediente agrario en donde se puede consultar el original de la sentencia de veintiséis de enero de dos mil cuatro la cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles1 (aplicados de 1 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes". Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones??????? manera supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 22). Por otra parte, de la sentencia dictada en el juicio de amparo 244/2004, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se advierte que se negó el amparo a la Comunidad Indígena de Santa María Tequepexpan, municipio de Tlaquepaque, Jalisco, respecto de la sentencia definitiva dictada en el expediente 106/95 del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15, fundamentalmente porque tal comunidad no comprobó los elementos constitutivos de la acción de reconocimiento y titulación de bienes, consistentes en: 1) La existencia de la comunidad desde la época colonial; 2) La titularidad de sus bienes comunales con título de propiedad alguno; 3) La posesión precaria de hecho o de derecho soportada en documentos de las tierras; 4) La vida comunitaria que debían preservar; y 5) El desarrollo de la agricultura como modo de vida cotidiano entre los comuneros. Por lo cual, ese Tribunal Colegiado consideró que la aquí recurrente no demostró ser una comunidad indígena ni estar legalmente reconocida; como se desprende del contenido de la ejecutoria, la cual dice en lo que interesa, lo siguiente: "Cierto, primeramente carece de razón la quejosa al señalar que sí acreditó los elementos de su acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales, puesto que, por una parte, resulta evidente que, como lo sostuvo el tribunal agrario, la comunidad indígena no de hechos de particulares, los documentos solo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal". 2 "Artículo 2. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho". comprobó la titularidad de sus bienes comunales con título de propiedad alguno ni tampoco acreditó, con las pruebas obrantes en el trámite relativo, detentar la posesión precaria de hecho o soportada en documentos de las tierras cuyo reconocimiento y titulación pretendía, dado que el tribunal agrario analizó los elementos de convicción ofertados por las partes, los recabados y decretados oficiosamente y que se desahogaron en autos del sumario, sin que del análisis de aquéllos, en su opinión, la comunidad quejosa acreditara la procedencia de la acción que ejercitó, decisión ésta que este tribunal colegiado estima acertada, ya que del examen a las probanzas obrantes en el juicio, tales como las constancias a la que refiere la quejosa en este concepto de violación, los trabajos técnicos rendidos por el ingeniero J. Arturo Hernández Méndez, los planos informativos derivados de los citados trabajos, así como los trabajos técnicos de la brigada especial designada por el tribunal agrario, el dictamen paleográfico respecto de las diligencias que la comunidad anexó como supuesto título virreinal, las pruebas periciales y de inspección ocular, las opiniones de diversas autoridades agrarias tocante a la procedencia o no de la acción de reconocimiento y titulación intentada, etcétera, efectivamente no se advierte que se surtieran las hipótesis normativas que tutelan la procedencia del trámite relativo, ni que, por ende, se actualizara el derecho de la comunidad solicitante del reconocimiento y titulación de tierras (.) de ellos no se advierte que comprueben alguno de los elementos de la acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales, tales como reconocimiento de la existencia de la comunidad desde la época de la colonia, la posesión de hecho o de derecho de las tierras, la vida comunitaria que debían preservar o el desarrollo de la agricultura como modo de vida cotidiano entre los comuneros. "Así es, en el primero de ellos (oficio número 025020 de primero de octubre de mil novecientos noventa, emitido por el?????? coordinador de asesores de la Secretaría de la Reforma Agraria y dirigido al licenciado Carlos Guevara Murgía, apoderado general judicial de la comunidad quejosa), se dio respuesta a la inconformidad presentada por la comunidad mediante escrito de seis de agosto de mil novecientos noventa, en contra del dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario, de veinticinco de julio del año en cita, en el que se negó al poblado la acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales, declarándose improcedente la citada inconformidad y ratificándose en todos sus términos el impugnado dictamen (.). "En este mismo tenor (.) ni siquiera pudo establecerse en el juicio agrario, que contara con el reconocimiento escrito de que se trataba de una comunidad indígena desde la época virreinal, tampoco se demostró que tuviere en posesión de las tierras sobre las que solicitaba su reconocimiento o que hubiere sido despojada de ellas por terceros, ni se acreditó que los que señala como sus miembros fueren efectivamente comuneros o herederos de éstos y que se dedicaran predominantemente a las labores del campo y habitaran la superficie reclamada, razones todas estas, por las que las citadas presunciones o hechos notorios, no puedan ser benéficos para sus fines, ya que el que se hayan sojuzgado, conquistado y desposeído a las comunidades o pueblos indígenas a través de los años, no le puede beneficiar a la quejosa, cuando esta ni siquiera comprueba en el sumario que sea una comunidad indígena, de ahí la ineficacia de este aserto". Así las cosas, lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en la sentencia de amparo antes destacada, constituye una declaración jurisdiccional en el sentido de que es jurídicamente inexistente la "Comunidad Indígena de Santa María Tequepexpan, municipio de Tlaquepaque, Jalisco". Lo cual se corrobora con las documentales que obran en el expediente consistentes en los oficios 02467 de ocho de octubre de dos mil ocho (foja 336, tomo I) y SRJ/4042/2016 de once de noviembre de dos mil dieciséis (foja 1227, tomo II), en el que el Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional informó que "dicha Comunidad aun contando con resolución presidencial de fecha 03/06/1996, no existe ya que la misma nunca se ejecutó desconociendo las causas de la misma más con lo anterior se manifiesta que de hecho no existe ni se tienen antecedentes de comité particular que represente a la misma, por lo que de la misma manera y por obvio no cuenta con autoridades", y "que en el Protocolo Registral de esta Delegación, no obra antecedente alguno respecto de la Comunidad Indígena Santa María Tequepexpan, Municipio de Tlaquepaque, Estado de Jalisco, de ahí la imposibilidad para informar quiénes son los representantes de dicha comunidad", respectivamente. Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles3 (aplicados de manera supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 24). Por tanto, dada la inexistencia jurídica de la "Comunidad Indígena de Santa María Tequepexpan, municipio de Tlaquepaque, Jalisco", no podría resentir como persona jurídica la afectación directa necesaria para promover el juicio de amparo del que deriva el presente recurso de revisión. 3 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes". "Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos solo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal". 4 "Artículo 2. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho".??????? Consecuentemente, contrario a lo sostenido por la parte recurrente, la causal de improcedencia advertida por el juzgador es manifiesta e indudable, pues la declaración hecha por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito constituye una cuestión en donde se declara jurisdiccionalmente que no le asiste el derecho que pretende la Comunidad quejosa. Al respecto, en lo conducente y en sentido contrario resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el registro 238849 que dice: "AGRARIO. BIENES COMUNALES. RECONOCIMIENTO Y TITULACIÓN. RESOLUCIONES PRESIDENCIALES DE ESE CARACTER. NO SON CONSTITUTIVAS SINO DECLARATIVAS DE LOS DERECHOS CUYA EXISTENCIA RECONOCEN. En los términos del artículo 306 del Código Agrario, esta Segunda Sala ha sostenido el criterio de que el procedimiento incoado para reconocer y titular los derechos sobre bienes comunales, cuando no haya conflictos de linderos, constituye una vía de simple jurisdicción voluntaria en la que las autoridades agrarias deben constatar o comprobar que el poblado comunal promovente tiene la posesión de las tierras, por lo que las resoluciones que en estos casos se emitan, no tienen el carácter jurídico de constitutivas, sino de declarativas de los derechos del poblado cuya existencia reconocen.". Además, para resolver este Tribunal se allegó de los XVIII tomos del juicio agrario 106/95, en donde no se advierte diligencia alguna que varíe la decisión relativa a la inexistencia de la referida Comunidad. Asimismo, se tiene a la vista la ejecutoria del juicio de amparo directo 244/2004, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la cual no puede controvertirse, ya que además de constar en copia certificada, fue consultada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), lo cual constituye un hecho notorio de conformidad con la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". Asimismo, constituye un hecho notorio la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 2853/2016 del mismo Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que promovieron diversas personas5 que se ostentaron como Comuneros pertenecientes a la parte quejosa, en donde reclamaron del "Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Quince" "la omisión de realizar el emplazamiento en forma personal y directa con nuestra persona, en el censo básico que obra en el juicio agrario 106/1995, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Quince, y todo lo actuado dentro de ese expediente, así como su sentencia definitiva.", juicio que mediante sentencia dictada en audiencia constitucional de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete se sobreseyó. Decisión que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito al resolver el recurso de revisión (principal) 478/2017. Entonces, es jurídicamente posible sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional cuando se actualice de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia, no obstante que ese análisis se realice a la par de la resolución de un incidente de falta de personalidad, como en el particular acontece, dada la inexistencia jurídica de la parte quejosa 5 Leonor Hernández, María Micaela García Hernández, Ma. Guadalupe Hernández, Ana Rosa Lara también conocida como Ana Rosa Lara Calderón, J. Guadalupe Ochoa Silvestre, Antonio Villafan Ortiz, Manuel Robles Aguayo, Sara Cordero Quevedo, Juana Ruvalcaba Alatorre, Petra Viayra Reyes, Santiago Ruvalcaba también conocido como Santiago Ruvalcaba Álvarez, Mauro Gamboa Plata, Manuel Villafan Ortiz, Sahara García Hernández también conocida como Sara García Hernández, Ana María García, también conocida como Ana María García Hernández, Elvira Aguayo Lara, Teresa García Hernández, Juan Saavedra Flores, José Manuel García Viayra y José de Jesús García Viayra??????? (ahora recurrente). Al respecto resulta aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el registro 238359, que dice: "AGRARIO. BIENES COMUNALES. REPRESENTANTES DE COMUNIDADES. PIERDEN SU CARÁCTER AL DICTARSE RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL NEGANDO LA CONFIRMACIÓN Y TITULACIÓN DE BIENES COMUNALES. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN TRÁMITE, POR FALTA DE PERSONALIDAD SUPERVENIENTE. Nuestro derecho positivo reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población que de hecho y por derecho guarden el estado comunal y su capacidad para poseer y administrar bienes raíces, con facultades para recuperar sus tierras, montes y aguas comunales de que fueren injustamente despojados. Sin embargo, aunque la personalidad de quienes promueven a nombre del poblado quede debidamente acreditada en autos con el acta de elección, y que, además, en la fecha en que fue promovida la demanda de amparo no haya sido dictada la resolución presidencial denegatoria de la confirmación y titulación de bienes comunales solicitada, agregándose que ésta no ha causado ejecutoria, la circunstancia de que la mencionada resolución presidencial hubiera sido emitida con posterioridad a la fecha de la demanda no impide su estimación como causa de improcedencia sobreveniente, conforme a lo previsto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo; independientemente de que no pueda prejuzgarse sobre la legalidad de dicha resolución, ni tampoco si ha quedado o no firme, si no es acto reclamado en el juicio constitucional y, consiguientemente, no forma parte de la litis planteada en el juicio de amparo.". Entonces, lo resuelto por el Tribunal Agrario del Distrito 15, con sede en Guadalajara, Jalisco, en el expediente 106/95, y en la ejecutoria del amparo directo 244/2004 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, genera que el motivo de improcedencia sea indudable. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, con el registro 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De ahí que no se contravenga la tesis IV.3o.A.43 K (10a.), con el registro 2012655, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CON BASE EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA ACTUALIZACIÓN REQUIERA DE UN ESTUDIO EXHAUSTIVO?????? O PUEDA SER DESVIRTUADA MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE DETERMINADO MEDIO DE PRUEBA.", toda vez que basta imponerse de las sentencias analizadas para llegar a la conclusión de que "el núcleo de población no guarda el estado comunal de hecho, al estar en posesión de terrenos que son propiedad particular; ni de derecho". En suma, resulta infundado el motivo de inconformidad examinado, pues ciertamente se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 4 y 5 de la Ley de Amparo, al carecer de existencia jurídica la parte quejosa. Sin que obste el hecho de que la parte quejosa cite la jurisprudencia 1a./J. 28/2005, con el registro 178431, de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA FALTA DE ACREDITAMIENTO, NO DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, CUANDO ÉSTA SE PROMUEVE POR UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO.", toda vez que ésta se refiere al interés de un tercero extraño al juicio, sin embargo la Comunidad quejosa no tiene esta calidad, pues la cuestión no se trata en acreditar la vinculación que existe entre los actos reclamados y la afectación a sus derechos, sino que se trata de su existencia en sí misma. Similar criterio sostuvo el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión (principal) 139/2018, en sesión de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, respecto de la misma Comunidad quejosa en un incidente de falta de personalidad, en donde consideró que "lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en la sentencia de amparo antes destacada, constituye cosa juzgada, pues de manera definitiva ese órgano jurisdiccional determinó que es jurídicamente inexistente la "Comunidad Indígena de Santa María Tequepexpan, municipio de Tlaquepaque, Jalisco". Como se aprecia, de la ejecutoria transcrita que la Comunidad Indígena de Santa María Tequepexpan, municipio de Tlaquepaque, Jalisco, aun contando con resolución presidencial de tres de junio de mil novecientos noventa y seis, no existe ya que la misma nunca se ejecutó desconociendo las causas de la misma, más con lo anterior, se manifiesta que de hecho no existe ni se tienen antecedentes de comité particular que represente a la misma, por lo que de la misma manera y por obvio no cuenta con autoridades; asimismo, se advierte que en el Protocolo Registral de la Delegación Estatal del Registro Agrario nacional, no obra antecedente alguno respecto de la Comunidad Indígena Santa María Tequepexpan, Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, en ese tenor, toda vez que existe determinación expresa por autoridad jurisdiccional en la que negó el reconocimiento aludido, misma que como se vio fue confirmada por un tribunal constitucional, por ende, tampoco de quien se indicó es su representante, en el caso, el promovente del amparo Gabino Hernández Garza, así como a quien más tarde se le reconoció dicho carácter Elvira Hernández Ramírez, de ello deriva que la parte promovente carece de legitimación para instar la acción de amparo, en términos de los artículos 4 y 5, fracción I, de???????? Ley de Amparo, por lo que el juicio de amparo deviene improcedente. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 4 y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo abrogada, en relación con el numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como, por las razones que la informan, la tesis XIV.1º.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página mil doscientos treinta y cinco, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de??????? modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". (Énfasis añadido). II. No ha lugar a señalar fecha de audiencia constitucional. En razón de lo anterior, no ha lugar a señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional. III. Desahogo de pruebas periciales. Por otra parte, no pasa inadvertido que no se encuentran debidamente integradas las pruebas periciales ofrecidas por las partes, lo anterior, toda vez que se encuentra pendiente de designar perito oficial en las diversas materias, aunado a que está transcurriendo el plazo otorgado a los peritos de las partes para emitir su opinión técnica encomendada, sin embargo, dado lo resuelto en los párrafos que anteceden a nada práctico conduciría llevar a cabo el desahogo de éstas, dado que no cambiaría el sentido y por el contrario implicaría un gasto para el erario público y como consecuencia el alejamiento de las Políticas Públicas de austeridad vigentes en el Estado Mexicano, aunado a que se trastocaría el principio de justicia pronta y expedita establecido en el artículo 17 Constitucional, al existir diversas sentencias que adquirieron la calidad de cosa juzgada, en las cuales, en lo que importa, se determinó la inexistencia de hecho y derecho de la Comunidad Indígena Santa María Tequepexpan, Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Mabel Cortez Navarrete, Jueza Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Santiago Alejandro Reyes Rodríguez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,820 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano