Alma Ariadna Rimero Reyes
Expediente 582/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 582/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 13/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Alma Ariadna Rimero Reyes
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el doce de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado ese mismo día al Juzgado Décimo de Distrito; quien con posterioridad la returnó a este recinto judicial por conocimiento previo el nueve de septiembre de dos mil veinte; por lo que este juzgador el veintinueve de septiembre de dos mil veinte aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de dicho asunto, en el que Alma Ariadna Romero Reyes por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y actos que a continuación se especifica: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "EL AUTO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019, POR EL CUAL ACTUALIZA LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, que violenta los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución General de la República, AL OMITIR CUANTIFICAR LOS SALARIOS CAÍDOS EN FORMA DIVERSA A LOS INCREMENTOS LEGALES QUE SE DIERON EN CADA AÑO; AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL NO CUANTIFICA A LA FECHA, CUANDO SON LIGADAS A LA ACCIÓN PRINCIPAL QUE ES LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, violando en consecuencia las garantías de legalidad y seguridad jurídica, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Foja 2) Acto que el impetrante de amparo estimó que se violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los Artículos 14, 16, 17 y 123 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 735, 843, 873 de la Ley Federal del Trabajo se expusieron los antecedentes y los conceptos de violación que se consideraron pertinentes. SEGUNDO. Admisión y Trámite. Por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se tuvo recibido el oficio 5961/2020-5 signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta urbe, con el que remitió: a) Original del juicio de amparo indirecto 1845/2019 relativo a la demanda de amparo promovida por la quejosa Alma Ariadna Romero Reyes por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez; lo anterior por incompetencia; mismo que se radicó en la estadística de este Juzgado como amparo indirecto 582/2020-IV, se admitió a trámite, sin que hubiere lugar a requerir a la autoridad responsable su informe con justificación, dado que ya constaba en autos, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete; se notificó al tercero interesado la competencia aceptada por este órgano de control constitucional; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo el dos de mayo de la presente anualidad y se concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, toda vez que se reclaman actos de autoridades con residencia en la jurisdicción que tiene este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable es el siguiente: El auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve dictado dentro del juicio laboral 31/2007, en el que omitió cuantificar los salarios caídos de forma diversa a los incrementos legales que se dieron anualmente. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no ser así, resultaría ocioso, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio análisis de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el examen de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Lo anterior es así, pues al rendir informe justificado la autoridad responsable manifestó que es cierto el acto que se le atribuye. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" Certeza que se corrobora con la documental allegada por la parte quejosa y de las constancias remitidas por la autoridad responsable adjunta al informe justificado, documentales públicas que gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo estipula el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. En ese sentido, se cita la jurisprudencia número 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece, bajo el rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." En ese sentido, es de descartarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. QUINTO. Conceptos de violación. En ese tenor, se procede al examen de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa los que se tienen aquí reproducidos para todo efecto legal, sin que sea necesaria su transcripción, debido a que no existe en la Ley de Amparo precepto legal alguno que así lo exija. Sustentado lo anterior, en la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Ahora bien, la parte quejosa en su demanda de amparo esgrimió tres conceptos de violación en los cuales, en síntesis, señaló que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, atendiendo a lo siguiente: Al actualizar la autoridad responsable los salarios caídos debió ajustarse al tabulador legalmente autorizado; aguinaldo y prima vacacional debió cuantificarlos a la fecha, ya que son ligadas a la acción principal la cual se declaró procedente. Por lo que, la autoridad responsable no hizo mención de la propuesta realizada por la parte actora -aquí quejosa- y proveer respecto a su propuesta; así como, especificar dicha actualización salarial devengada. Atendiendo a la causa de pedir, los motivos de inconformidad son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, por las siguientes consideraciones jurídicas: El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en favor del gobernado, el principio de legalidad, que debe entenderse como la seguridad de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica. De tal modo, que todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso; y, por lo segundo, que también deben señalarse claramente las constancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de acto; siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas, tal como lo ilustra la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 238212 y título: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". En la jurisprudencia 1a./J 139/2005, con registro digital 176546 y de título: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, esto es, en el estudio de las acciones y excepciones a debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En ese sentido, la violación al precepto constitucional en estudio que exige la expresión de ambas -fundamentación y motivación- en los actos de autoridad puede ser de dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta y, la correspondiente a su incorrección. Ahora bien, se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al caso por las características específicas de este que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa y, una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquellas están en discrepancia con el contenido de la norma legal que se aplica al caso. En suma, la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia I.3o.C. J/47, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 170307 y epígrafe: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR". Así como la jurisprudencia I.6o.C. J/52, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 173565 y rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA.". En ese contexto, es inconcuso que el actuar de la autoridad responsable contraviene los principios de legalidad, exhaustividad y congruencia contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la resolución judicial que reclamada adolece de una correcta motivación y fundamentación, debido a que el tribunal responsable no tomó en consideración la planilla de liquidación exhibida por el apoderado legal de la aquí quejosa, pese a asentar en la resolución reclamada, que sí fue exhibida, lo que dejó en estado de indefensión a la parte quejosa Lo anterior, porque resolvió respecto a la actualización de la planilla de liquidación sin tomar en consideración lo expuesto por la parte quejosa. En efecto, por identidad jurídica sustancial cabe precisar la disposición expresa del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que literalmente dispone: "Artículo 841. Los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero las Juntas de Conciliación y Arbitraje están obligadas a estudiar pormenorizadamente las rendidas, haciendo la valoración de las mismas. Asimismo, expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyan." De lo transcrito se evidencia que es facultad de los órganos de justicia laboral resolver las controversias que ante ellos se planteen sin sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de pruebas, esto es, privilegiando la apreciación de los hechos en conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada. De esta forma, las autoridades laborales tienen la obligación de fundar y motivar sus resoluciones exponiendo las razones y motivos por los cuales les concedan o nieguen eficacia probatoria a la totalidad de los medios de convicción ofrecidos por las partes. Por lo que, al no haber tomado en consideración la planilla de liquidación exhibida por la parte quejosa, la autoridad responsable actuó en total contravención a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo y por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al actualizar la planilla de liquidación sin fundar y motivar correctamente su determinación, toda vez que no valoró los elementos aportados por la impetrante. Violación que trascendió al resultado del auto reclamado, pues la autoridad responsable no se encontró en posibilidad de corroborar la información contenida en la planilla de liquidación de la parte actora, en tanto a que, en el laudo dictado en el expediente laboral de origen, se condenó precisamente al demandado a corroborar y proporcionar esa información y, pese a ello, la autoridad responsable no tomó en consideración, las manifestaciones realizadas por la parte actora -aquí quejosa- a más de que las valoró de manera dogmática. En efecto, como se aprecia de la resolución judicial que se reclama, la autoridad responsable en ningún momento efectuó un análisis de valoración exhaustivo respecto del escrito exhibido por la parte actora, pues únicamente se limitó a realizar los cálculos, sin que, al efecto, realizara un ejercicio de valoración de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, respecto de las pruebas ofrecidas, manifestaciones y propuestas planteadas en la planilla de liquidación ofrecida por el apoderado legal de la parte quejosa y que consisten en: "POR LO QUE ATENTO A ELLO SOLICITO SE ACTUALICE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN A LA FECHA EN QUE SE EMITA DICHO AUTO; resultando una cuantificación de dichas prestaciones, las siguientes: AÑO DÍAS SALARIO DIARIO VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR AGUINALDO 30 DÍAS ANUALES TOTAL 2014 61 $111.02 3.90 $555.10 $7,327.32 2015 365 $115.68 4.20 $3,470.40 $45,693.60 2016 365 $123.74 6.97 $3,712.20 $48,877.30 2017 365 $135.59 9.58 $4,067.70 $53,558.08 2018 365 $149.67 10.39 $4,490.10 $59,119.65 2019 188 $173.93 16.21 $5,217.90 $37,916.74 GRAN TOTAL $252,492.69 Es decir que la cantidad $252,492.69 por concepto de salarios caídos y aguinaldo del (16 de octubre del 2014 al 16 de octubre de 2019), y que debe ser sumada a la cantidad de $288,222.73, lo cual sumando dichas cantidades nos arroja un gran total de $540,715.42 (QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 42/100 M.N.), debiendo requerirle a la demandada el pago de dicha cantidad." (Foja 5). En este contexto, debe precisarse que el juicio valorativo de las autoridades jurisdiccionales debe realizarse en dos planos: en el primero, a efecto de verificar si lo plateado que se somete a su consideración cumple o no con las exigencias legales que la ley y la lógica imponen para su válida incorporación al procedimiento, y en caso de que no sea así, se originará su exclusión de la valoración judicial. Una vez superado lo anterior, se podrá realizar un examen lógico de los elementos que existen y determinar si son dignos de credibilidad y, en última instancia, si acreditan o no los extremos de lo que se solicita, debiendo señalarse que, en tal análisis, solamente podrán solicitarse las cuestiones en los términos en que obran en autos (laudo), sin presuponer datos o elementos que no constan en el juicio laboral, o en su caso, solamente si constituyen hechos notorios. En este orden, la debida fundamentación y motivación de las resoluciones jurisdiccionales, se colma cuando la autoridad realiza un ejercicio argumentativo en el que explique cómo es que los elementos probatorios conducen a la certeza sobre la existencia del hecho que se pretende demostrar y, además, la manera en que ese hecho se adecua a la hipótesis normativa que se estima actualizada, en este caso, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Del mismo modo, resulta incongruente el cálculo realizado en la actualización de la planilla de liquidación, respecto al pago de los incrementos salariales, pues si bien el tribunal responsable al emitir el laudo por excepción determinó su apertura ante la imposibilidad de calcular su monto, el objeto de este incidente es tan solo cuantificar la condena impuesta atendiendo al último salario registrado del actor y por el periodo comprendido del dieciséis de octubre de dos mil catorce al dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Por lo que, para resolver respecto de la actualización de la planilla de liquidación de mérito debía atender a ese salario y por el periodo de referencia, pero contrario a ello, determinó: ".Agréguense los escritos de referencia a los autos del expediente laboral en que se actúa, para que surta efectos legales correspondientes. En atención a los escritos signados por el C. JESÚS MONTALVÁN RAMÍREZ, se actualiza la planilla de liquidación de la siguiente manera: La cantidad de $504,887.48 pesos por concepto de 4789 días de salarios caídos generados de la fecha del despido (16-octubre-2006) a la presente fecha (29-noviembre-2019) distribuidos por año de la siguiente manera: AÑO DÍAS transcurridos en ese año SALARIO DIARIO para ese año ($) VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR % TOTAL, por año ($) 2006 77 80.00 - - - 6,160.00 2007 365 83.12 3.90 30,338.80 2008 365 86.44 4.00 31,552.35 2009 365 90.42 4.60 33,003.76 2010 365 94.81 4.85 34,604.44 2011 365 98.69 4.10 36,023.22 2012 365 102.84 4.20 37,536.20 2013 365 106.85 3.90 39,000.11 2014 365 111.02 3.90 32,083.84 2015 365 115.68 4.20 42,223.20 2016 150 120.40 4.20 18,060.00 2017 365 125.10 3.9 45,661.50 2018 365 129.98 3.9 47,442.70 2019 332 136.48 5 45,311.36 TOTAL 504,887.48 La cantidad de $7,200.00 pesos por concepto de indemnización constitucional; y la cantidad de $720.00 pesos por concepto de aguinaldo proporcional al no haber laborado más de seis meses; lo cual sumando dichas cantidades arroja un total de $512,807.48 (quinientos doce mil ochocientos siete pesos 48/100 m.n.)." (Foja 7). Con lo expuesto se obtiene que el actuar de la autoridad responsable carece de motivación al no hacer mención íntegra de la propuesta que exhibió la parte quejosa. Apoya lo anterior la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con registro digital 195983 y título: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, SALARIO QUE DEBE CONSIDERARSE EN EL." Por lo tanto, las resoluciones emitidas por la autoridad deben guardar congruencia, la cual estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con lo planteado por las partes; asimismo, con las prestaciones reclamadas por las partes y todo lo actuado en el juicio natural, y en que no contenga determinaciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa, la cual implica que la sentencia no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio, mientas que la congruencia interna, es entendida como aquella característica de que la sentencia no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí. De tal manera, el principio de congruencia tratándose de resoluciones que versen sobre la liquidación de la sentencia, se observa cuando se cuantifican la totalidad de las prestaciones que fueron objeto de la condena, siguiendo los lineamientos establecidos en la misma, sin que estas puedan resultar menores o excederse, pues ello implicaría desconocer los efectos de la cosa juzgada, transgrediendo el derecho a la seguridad jurídica que asiste a las partes. Resulta aplicable por las razones que la integran, la tesis XIII.2o.6 C, con registro digital 187972, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, con rubro: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIO CELEBRADO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ELEVADO A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA. LA SENTENCIA QUE LO RESUELVA DEBE SER CONGRUENTE A LA LITIS PLANTEADA." En mérito de lo anterior, es inconcuso que la resolución que se reclama deviene violatoria de derechos, razón por la cual, ante lo eficaz de los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, SE CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado por la parte quejosa, para que la autoridad responsable efectúe lo siguiente: ( Deje insubsistente el auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve en el que actualiza la planilla de liquidación en el juicio laboral 31/2007. Emita una nueva determinación en el que de manera fundada y motivada conforme a los previsto en los numerales 14 y 16 constitucionales, subsane las deficiencias apuntadas en la presente sentencia; esto es, analice la propuesta de actualización de planilla de liquidación de las partes. Hecho lo anterior, deberá realizar la cuantificación correspondiente conforme a lo condenado en el laudo dictado en el expediente laboral de origen, realizando las operaciones aritméticas y precisando si las cuantificaciones que invocó la parte actora en su planilla de liquidación son correctas o no y porqué motivos. Remitir las constancias con las que acredite el cumplimiento a lo anterior. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis en materia común 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". SÉPTIMO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se hizo del conocimiento lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación personal el uno de octubre siguiente, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL promovido por Alma Ariadna Romero Reyes, en términos de lo expresado en el considerando QUINTO y SEXTO del presente fallo. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando SÉPTIMO de esta sentencia.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, de los cuales se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, no es posible llevarla a cabo, dado que aún no ha iniciado el término de la vista que se dio a la parte quejosa en proveído de dos de marzo del año en curso, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, tomando en consideración que fue notificada en esta data mediante correo electrónico por conducto de su apoderado legal, según constancia que obra en autos. A fin de dar margen a que la parte quejosa tenga conocimiento del contenido del informe con justificación que rindió la autoridad responsable de referencia, la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez constituye un acuerdo de mero trámite.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dos de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del, residente en esta ciudad; con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido su informe justificado; con su contenido y constancias que envía en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, y hágase relación en la audiencia constitucional. De igual forma, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que exhibe, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, dado el volumen de los anexos que remite la autoridad responsable de referencia, con el objeto de facilitar su consulta y manejo, se ordena abrir un tomo certificado y un tomo original de pruebas, los cuales quedan a disposición de las partes cuando así lo soliciten. Cobra aplicación la tesis publicada en la página 398, tomo III, segunda parte 1, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo título dice: "INFORME JUSTIFICADO. DEBE DARSE VISTA A LAS PARTES CON SU CONTENIDO, A FIN DE QUE PREPAREN LAS PRUEBAS QUE LO DESVIRTÚEN". En la inteligencia de que, cualquiera de las partes que requiera revisar físicamente las constancias allegadas, deberá realizar las gestiones establecidas en el artículo 6º del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR); o en su defecto hacer llegar a este órgano de control constitucional el usuario y solicitud de acceso al expediente electrónico a través del Portal de Juicio en Línea que el Poder Judicial ha puesto a su disposición.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, de los cuales se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, no es posible llevarse a cabo, toda vez que en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que en término de diez días remitiera las constancias que le fueron requeridas, las cuales aún no obran en autos, no obstante encontrarse legalmente notificada de dicho acuerdo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, en relación en el numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase por última vez a la autoridad responsable de referencia, para que en el término de tres días hábiles, siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita copia debidamente certificada a partir del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, a la fecha en que tenga conocimiento del presente proveído dentro del expediente laboral 31/2007 de su índice, toda vez que resultan indispensables para el estudio del fondo del asunto. Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se hará acreedora a una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, en relación con el 260, fracción II, de la Ley de Amparo y del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. ....... A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído al tercero interesado por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez constituye un acuerdo de mero trámite.
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