Alma Aracely Rodríguez Rivera
Expediente 736/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/10/2020
Partes del expediente
- Alma Aracely Rodríguez Rivera
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de octubre de dos mil veinte. Súmese a los autos el primer escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual comparece en relación a la vista otorgada en auto anterior; en tal virtud, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones en vía de alegatos, que refiere en su ocurso de cuenta, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno y relacionadas en la audiencia de ley. Por otra parte, agréguese a los autos el segundo escrito de cuenta, signado por el tercero interesado, mediante el cual comparece en relación a la vista otorgada en auto anterior, en consecuencia, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones en vía de alegatos, que refiere en su ocurso de cuenta; asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de su parte las documentales que acompaña a su escrito, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia del presente expediente. Ahora, toda vez que el promovente solicita se requiera al Fiscal de San Juan del Río, Querétaro, diversas constancias, no ha lugar a proveer de conformidad; lo anterior, toda vez que el escrito que acompaña y por el cual realizó la petición al fiscal referido, data del dos de octubre del año en curso, por lo cual, dicha autoridad se encuentra dentro de los plazos legales para la expedición de las copias solicitadas por el referido tercero interesado, y en esa medida, dicha parte procesal se encuentra en aptitud de aportarlas al presente sumario; asimismo, es cierto que acredita que dichas constancias fueron solicitadas; sin embargo, no se pone de manifiesto que aquella autoridad le hubiera negado tal petición, con lo cual este juzgado estuviera en oportunidad de acceder a esa petición, y en su caso, solicitar a dicha autoridad que dé cumplimiento a aquella solicitud, y remita directamente a este Juzgado aquellas documentales. No obstante, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, téngase por hecha dicha manifestación, y en todo caso, una vez llegada la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, acuérdese lo conducente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 28/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 190030, la cual establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ACUERDE SU APLAZAMIENTO, EN TÉRMINOS Y PARA LOS EFECTOS QUE PRECISA EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO, ES NECESARIO QUE LA PARTE INTERESADA EXHIBA JUNTO CON SU SOLICITUD DE DIFERIMIENTO, LA COPIA DEBIDAMENTE SELLADA DEL ESCRITO EN EL QUE SOLICITÓ LA EXPEDICIÓN DE LAS COPIAS O DOCUMENTOS RESPECTIVOS, O BIEN, CONSTANCIA FEHACIENTE DE QUE LA AUTORIDAD RESPECTIVA SE NEGÓ A RECIBIRLO. De conformidad con lo dispuesto en el precepto citado, para que el Juez de Distrito esté en aptitud legal de acordar el aplazamiento de la audiencia constitucional y de requerir a la autoridad omisa para que expida las copias o documentos que se le solicitaron, es requisito indispensable que la parte interesada exhiba, junto con su solicitud de diferimiento, la copia del escrito a través del cual solicitó la expedición de copias o documentos para presentarlos como pruebas en el juicio, la que debe ostentar el sello de recepción correspondiente o, en su defecto, constancia fehaciente de que la autoridad responsable se negó a recibirlo. Lo anterior en virtud de que si sólo bastare la manifestación del interesado en el sentido de que presentó su solicitud, sin demostrarlo, el diferimiento de la audiencia quedaría al arbitrio de las partes, lo que resulta inadmisible, pues si se pretende exigir el cumplimiento de una obligación, es necesario que previamente se demuestre que se cuenta con el derecho para exigirla y, en el caso, el requerimiento para que se cumpla la obligación que a los funcionarios o autoridades impone el referido precepto, solamente procederá en los términos indicados." AUTORIZACIÓN DE CONSULTA ELECTRÓNICA. En otro aspecto, agréguese a los autos el tercer escrito de cuenta, recibido electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa; atento a su contenido, se provee lo siguiente: Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), en el "reporte de autorizados para consultar expediente electrónico", se encontró el siguiente: ** En tal virtud, con fundamento en los artículos 9 y 55 del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta del expediente electrónico única y exclusivamente al usuario "** Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta electrónica, ello para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA, POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AVISO DE 10/10/2020, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE 06/10/2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de octubre de dos mil veinte.RECEPCIÓN Y DEMANDA: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ** por propio derecho, contra actos del Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad.EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 736/2020-II, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico.Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. DESECHAMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, en virtud de que, en la especie, se actualiza causa manifiesta e indudable de improcedencia, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Registro Núm. 186605, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Por tanto, se hace patente la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO. Ahora, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama la resolución dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en el toca civil ***, emitida el veintiocho de agosto de dos mil veinte, mediante la cual confirmó el auto de doce de junio del mismo año, dictado por el Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, por el cual, desechó la prueba pericial en ingeniería, ofertada por la parte quejosa en el expediente ***, del índice de la segunda autoridad nombrada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P.J. 40/2000, con número de registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, preceptos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 107: El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral citado han sido interpretados como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Las letras reproducidas revelan que la procedencia del amparo tratándose de actos sucedidos en el juicio, presupone como requisito que sus efectos sean de imposible reparación por afectar derechos sustantivos reconocidos por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación a la evolución histórica de la procedencia del amparo respecto de los actos sucedidos en el juicio bajo el esquema de la abrogada Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la regla general es que un acto es de imposible reparación y, en consecuencia, reclamable a través del amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando la violación afecta de manera inmediata o directa algún derecho sustantivo o fundamental, y que para discernir entre aquéllos que lo son de los que no, es un parámetro válido atender si sus efectos trascienden más allá del ámbito procesal y afectan derechos sustantivos, por lo que a pesar de que el gobernado obtuviera una sentencia favorable a sus intereses, no se vería reparado el perjuicio ocasionado por el acto reclamado, pues entonces la afectación no sería el resultado de la secuela procesal. Asimismo, consideró que existe la posibilidad de que sea procedente el juicio de amparo indirecto bajo el esquema de aquella ley, contra actos dentro del juicio que tuvieran aparejada una afectación en grado predominante respecto de cuestiones procesales. Bajo esta última premisa, se había venido estimando que el juicio de amparo indirecto es procedente contra resoluciones que aborden temas meramente procesales, pero que ahora está vedado con motivo del nuevo debate surgido en la actividad jurisdiccional por causa del texto de la porción normativa antes transcrita, que llevó a determinar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 que derivó de la contradicción de tesis 377/2013, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Así es, en dicha ejecutoria el Máximo Tribunal del país consideró que los actos, para ser considerados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De igual manera, determinó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. A la luz de ello, concluyó que las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, son: La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En esa tesitura, dispuso que el texto actual del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, quedando excluidos los de naturaleza formal o adjetiva. Así, cuando un particular, se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: omisión de dictar el acuerdo relativo a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral origen del acto reclamado. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Las anteriores consideraciones, encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de título, subtítulo y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por tanto, para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral citado han sido interpretados como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos humanos y fundamentales; así como los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Esto es, los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara en favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales y humanos. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica que la violación puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino que con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla de la fracción III inciso a) del artículo 107 Constitucional. En apoyo, por identidad de razones jurídicas, se cita la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de mil novecientos noventa y dos, que prevé: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Precisado lo anterior, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el presente juicio constitucional es improcedente, pues lo que pretende la parte quejosa al combatir la determinación reclamada, es únicamente para el efecto de que, se deje insubsistente la resolución dictada por la autoridad responsable, en la que se confirmó el auto que desechó la prueba pericial en ingeniería, ofertada por la parte quejosa, lo cual no se actualiza la hipótesis necesaria para que acudir al juicio de amparo indirecto, es decir, el acto reclamado, no afecta en modo alguno derechos sustantivos. En efecto, la circunstancia de la que se duele la parte quejosa, de ningún modo afecta sus derechos fundamentales, dado que el auto que se combate, no afecta de manera directa los derechos sustantivos, es decir, no se afecta la vida, libertad, salud, propiedad, u algún otro derecho humano, pues la resolución que confirmó el desechamiento de la prueba de que se duele, quedará superada, en su caso, cuando se dicte la sentencia correspondiente. Aplica a lo dicho, la tesis de jurisprudencia número 3a. /J. 40 26/89, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto" En esa tesitura, es dable concluir que la resolución reclamada no puede considerarse como un acto dentro cuya ejecución sea de imposible reparación, pues como se indicó no produce de manera inmediata e irreparable una afectación a algún derecho fundamental en perjuicio de la parte quejosa, sino en todo caso, una infracción a derechos adjetivos que ocasionan efectos formales o intraprocesales, ni tampoco se hace patente lo irreparable del acto reclamado, dado que el auto que combate, quedará insubsistente, en su caso quedará reparada al resultar favorable a sus intereses la sentencia que resuelva la controversia de origen. Robustece lo dicho, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 6/94 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, con número de registro 205484, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 76, Abril de 1994, visible en la página 13, que a la letra dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Y, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, identificada bajo el número 82, consultable en la página 107, Sexta Parte, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación 1917 - 1985, bajo la voz: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO BIINSTANCIAL. Cuando se señalan como actos reclamados violaciones al procedimiento cometidas durante la secuela del mismo que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, previstas en los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio de garantías promovido en la vía indirecta, ya que al disponer el artículo 161 de la propia ley reglamentaria del juicio constitucional, que dichas violaciones sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva, se está en la hipótesis de la fracción XVIII del artículo 73 de la citada codificación, motivo por el que debe decretarse el sobreseimiento, atento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia." Corolario de lo expuesto, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento. INFORMACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. ATENCIÓN PRESENCIAL. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. RECEPCIÓN DE PROMOCIONES. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda, y como autorizados, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a ***, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho y, en términos restringidos del mismo numeral, a la diversa persona que refiere toda vez que no cuenta con dicho requisito, así como a las diversas personas que señala por así indicarlo expresamente. NOTIFICACIÓN Y EXHORTACIÓN. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. PUBLICACIÓN DE LISTA DE ACUERDOS Y CONTACTO CON LAS PARTES. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. CAPTURA DE PROVEÍDO. Ahora, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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