Alma Alicia Solis Mérida
Expediente 1033/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Alma Alicia Solis Mérida
- Oficial Primero del Registro Civil. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia terminada de engrosar el treinta de octubre de dos mil veintitrés en el juicio de amparo 1033/2023-II en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Alma Solís Mérida, por los motivos ahí expuestos; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. En tal razón, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la Oficial Primero del Registro Civil en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoriada de mérito; apercibida que en caso de desacato a lo aquí ordenado, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente; ello conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en relación a la determinación publicada respecto a esa unidad, en dicha publicación de veintiocho del indicado mes y año, con apoyo en los numerales 238 y 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo ********************033/2023-II, promovido por********************, contra actos del Oficial Primero del Registro Civil en Matamoros, Tamaulipas; y, R E S U L T A N D O: Primero. Por escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en este Juzgado Federal,********************, promovió demanda de amparo indirecto en la que solicitó la protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se menciona: Autoridad responsable: Oficial Primero del Registro Civil en Matamoros, Tamaulipas Acto reclamado: La negativa en levantar el registro de nacimiento de mi menor hijo a quien he impuesto por nombre ******************** y de apellidos ********************, bajo la imposición de requisitos que se encuentran fuera de mi alcance como lo es la obtención del acta de nacimiento de mi marido, su apostilla y traducción ya que este es ciudadano americano, pero dadas las circunstancias que más adelante me permito precisar es que no tengo la manera de su obtención, violentándose en perjuicio de mi menor hijo el derecho a una identidad, puesto que tampoco me permiten llevar su registro como madre soltera bajo el argumento de que el certificado de nacido vivo advierte estar casada, por lo atento imposibilitada de obtener el registro de nacimiento y en consecuencia dejando a mi menor hijo sin un derecho fundamental como lo es la identidad." Segundo. En auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número ********************033/2023-II; la admitió a trámite; dio la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrada tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de garantías pues la quejosa señala como acto reclamado la negativa por parte de la autoridad responsable con sede en esta ciudad, para realizar el registro del nacimiento de su hija biológica, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción territorial; ello en términos de los artículos ********************07 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/20********************3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. Fijación del acto reclamado. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos ********************03 y ********************07 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Así, tanto de la transcripción del acto reclamado, como del contenido de los antecedentes del mismo y los conceptos de violación, se evidencia que la parte quejosa reclama: La negativa por parte de la autoridad responsable de registrar a su hijo, quien es de nacionalidad mexicana, con el nombre de ********************. La anterior precisión obedece a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que obliga al juzgador a que las sentencias que dicte en los juicios de amparo, fije clara y precisamente el acto reclamado, analizando el escrito de demanda en su integridad sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, así como a la jurisprudencia de la Novena Época, número P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También, por las consideraciones que la informa, es aplicable la tesis aislada P.VI/2004, visible en la página 255 del Tomo XIX, del mes de Abril de 2004, Novena Época, Materia Común, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Oficial Primero del Registro Civil en Matamoros, Tamaulipas, no rindió su respectivo informe justificado; no obstante de estar debidamente enterado del oficio 23********************60/2023, según se desprende del acuse de recibo visible a foja 2******************** de este expediente; por tanto, de conformidad con el numeral ****************************************7 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto también el acto que a él se le atribuye. Además, el pasado treinta y uno de agosto del año en curso, dicha responsable informó a este juzgado federal que tomando en consideración lo dictado por este tribunal respecto a la suspensión provisional, que realizó la inscripción del aludido infante, realizando la anotación marginal respectiva. Cuarto. Causas de improcedencia. Toda vez que las causas de improcedencia son de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las mismas. En el caso, ninguna de las partes refirió la actualización de alguna causa de improcedencia, ni este Juzgado de Distrito las advierte de oficio, por lo cual se procede al análisis del fondo de la cuestión planteada. Quinto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. En el caso se omitirá la transcripción de los conceptos de violación dada la inexistencia de dispositivo legal que imponga al juzgador esa obligación, pero, más adelante se realiza una síntesis de los mismos para estar en aptitud de contestarlos y así cumplir con el principio de exhaustividad a que se refiere el artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2a./J. 5********************/20********************0 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página ********************30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 20********************0, registro ********************646****************************************, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." De igual forma, apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 6********************7, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página cuatrocientos sesenta y dos, del Apéndice de ********************995, Tomo VI, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AUSENCIA DE FORMALIDADES EN LA EXPRESIÓN DE LOS. La Ley de Amparo no exige, en sus artículos ****************************************6 y ********************66, que la expresión de los conceptos de violación se haga con determinadas formalidades solemnes e indispensables. Por otra parte, la demanda de amparo es un todo que debe considerarse en su conjunto, de lo que se sigue que, aun cuando la costumbre ha llevado a los litigantes a expresar los conceptos de violación en un capítulo destacado, en busca de claridad, deben tomarse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo. Basta que en alguna parte de la demanda se exprese un argumento que tienda a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, para que deba ser estudiado en la sentencia como concepto de violación, ya que es evidente que la sentencia debe ocuparse de todos los que la parte quejosa exprese. Por lo demás, para que existan conceptos de violación en una demanda de amparo administrativo, que es de estricto derecho, es suficiente que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa la resolución impugnada, y los motivos que originan tal agravio." Antecedentes del acto. Para mayor claridad, se citan los antecedentes más relevantes del acto reclamado, ello de la siguiente manera: La quejosa********************, quien es de nacionalidad mexicana, dio a luz, en el Centro Médico Especializado Intermedical, de esta ciudad de Matamoros Tamaulipas el nueve de febrero de dos mil veintitrés. Posteriormente, al acudir a la Oficialía Primera del Registro Civil, con la finalidad de registrar a su menor hijo, le fue negado el registro correspondiente, bajo el argumento de que debería presentar el acta de nacimiento de su esposo debidamente apostillada y traducida, dado que su nacionalidad es de Estados Unidos de América. De lo antes narrado, se advierte que la causa de pedir en este juicio lo constituye la negativa por parte del Oficial Primero del Registro Civil, de registrar al hijo de******************** con el nombre de ********************. Lo anterior, dice la quejosa, transgrede el derecho a la identidad del menor reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Es fundado el concepto de violación y suficiente para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal. Merece tal calificación, pues sobre la salvaguarda de los derechos de los infantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad o amenaza y la intervención de los tribunales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo ********************°, párrafos primero, segundo y tercero, lo siguiente: "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". Asimismo, la propia Constitución establece en su artículo 4°, párrafos noveno y décimo: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. [.] Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios". El artículo 4° se incluyó de manera explícita en la Constitución el principio del interés superior del niño, niña o adolescente como marco de actuación de los distintos órganos del Estado y niveles de gobierno, estableciendo que debía ser considerado como guía en el impulso de políticas públicas para la infancia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencias y tesis relevantes sobre diversos temas relacionados con la infancia; uno de ellos ha sido el interés superior del niño. Al respecto, en la jurisprudencia ********************a./J. 25/20********************2 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consultada en la página 334 del libro XV, diciembre de 20********************2, tomo ********************, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro: ********************59********************97, determinó que los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño, misma que a la letra dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de ********************99********************; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el ********************6 de diciembre de ********************99********************) de la siguiente manera: 'la expresión <interés superior del niño> ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Asimismo, en la tesis ********************a. CXXI/20********************2 (********************0a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Visible en la página 26******************** del libro IX, junio de 20********************2, tomo ********************, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 20009********************9, determinó que el interés superior del menor implica, entre otras cosas, tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar su desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos. Además, indicó que tal interés cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre derechos de los menores. "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. El interés superior del menor implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; así pues, está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores". En esa tesitura, es obligación de las autoridades, garantizar el respeto de los derechos de los niños y adolescentes, debiendo en consecuencia brindarles la protección que éstos requieran ante cualquier situación que afecte y comprometa su desarrollo integral. Por su parte, el artículo ********************° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa establece que: "Artículo ********************o. [.] Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." En dicho precepto se destaca que nuestro orden fundamental prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de sexo o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Del mismo modo, en diversos ordenamientos internacionales se ha reconocido a la dignidad humana como un derecho fundamental para el ser humano, base y condición de todos los demás. Así, de la dignidad humana se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que el hombre desarrolle integralmente su personalidad. De esta manera, la dignidad humana comprende a los derechos de la personalidad, entre los que encontramos el derecho a la identidad. El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el derecho fundamental de las personas a la identidad y a ser registradas de manera inmediata a su nacimiento; asimismo, que el Estado, a través de la autoridad competente, expedirá gratuitamente una copia certificada del acta de registro de nacimiento; dicho numeral, en sus párrafos ocho, diez y once, señala expresamente lo siguiente: "Artículo 4o. [.] Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. [.] Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. [.]." Ahora, entre los derechos humanos cuya tutela está en controversia, se encuentran el derecho al nombre y de identidad del menor, de discriminación, de la vida privada y la familia, por lo que la negativa de registro de la menor de edad, puede atentar con los referidos derechos, pero incluso también con su integridad, pues al carecer de registro, ese niño, no existe jurídicamente, no cuenta con personalidad jurídica; por tanto, sería, sino imposible, sí complicado para sus padres que se le proporcionen servicios institucionales como el de salud, incluso relacionarlo como hijo de la impetrante, porque ni siquiera podría demostrar el vínculo legal con el menor, servicios y circunstancias que son incuestionablemente elementales para su subsistencia. En efecto, al no poder acceder con facilidad, por ejemplo al servicio médico, porque le sea negado por alguna institución de salud por falta de personalidad jurídica, por no estar registrado en el Registro Civil, compromete la integridad del menor, aspecto suficiente para resultar procedente conceder la concesión de la protección constitucional solicitada. Ahora, como en el caso, se advierte que a foja setenta y uno en el incidente de suspensión que deriva de este juicio obra el acta de nacimiento del menor ******************** con los siguientes datos: Oficialía ********************, Libro ******************** Acta ********************567, CURP ********************de la cual se advierte como padres del infante a********************, y ******************** su nacionalidad, domicilio, fecha y lugar de nacimiento, nombre de los testigos, en la cual obra la certificación de que el registro ahí contenido es de manera provisional, debe precisarse que tal registro, a fin de cumplir con el derecho humano del menor, relativo a la identidad, deberá ser de manera definitiva. Así se considera, ya que si bien es cierto que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se define lo que se debe entender por "derecho al nombre", ni se fija su sentido o alcance, también es cierto que al través de la interpretación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha concluido que el derecho al nombre es un derecho humano con el siguiente contenido y alcance: El nombre es el conjunto de signos que constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad. Está integrado por el nombre propio y los apellidos. Está regido por el principio de autonomía de la voluntad, pues debe ser elegido libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro. No puede existir ningún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión; sin embargo, sí puede ser objeto de reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial. Incluye dos dimensiones: la primera relativa a tener un nombre y, la segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres al momento del registro; por lo que, una vez registrada la persona, se debe garantizar la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido. Es un derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción. Lo anterior se contiene en la tesis XXV/20********************2 (********************0a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 653, del Semanario Judicial de la Federación, Libro V, Febrero de 20********************2, Tomo ********************, del rubro y texto siguiente: "DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Conforme a las obligaciones establecidas en el artículo ********************o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 29 del mismo ordenamiento, se advierte que el sentido y alcance del derecho humano al nombre, a partir de su propio contenido y a la luz de los compromisos internacionales contraídos por el Estado Mexicano en la materia, son el conjunto de signos que constituyen un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad; este derecho está integrado por el nombre propio y los apellidos; lo rige el principio de autonomía de la voluntad, pues debe elegirse libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro; y, por tanto, no puede existir algún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión; sin embargo, puede ser objeto de reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial; incluye dos dimensiones, la primera, relativa a tener un nombre y, la segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres al momento del registro, por lo que, una vez registrada la persona, debe garantizarse la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido; y, es un derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción. Así, la regulación para el ejercicio del derecho al nombre es constitucional y convencionalmente válida siempre que esté en ley bajo condiciones dignas y justas, y no para establecer límites que en su aplicación equivalgan en la realidad a cancelar su contenido esencial." En el caso de las constancias que se anexaron a la demanda de amparo obran ciertos indicios que arrojan que el menor hijo de la quejosa es mexicano por nacimiento, pues así se deduce del certificado de nacimiento con número de folio 032********************76962, del cual se desprende que nació en territorio mexicano, precisamente, en esta Ciudad de Matamoros, Tamaulipas el nueve de febrero de dos mil veintitrés. Dicha probanza merece valor probatorio pleno de conformidad con los artículos ********************29 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sobre ese aspecto conviene traer a contexto el contenido del artículo 30, apartado A, fracción I, de la Constitución General, que establece que la nacionalidad mexicana -que constituye uno de los elementos del derecho humano a la identidad-, se adquiere por nacimiento o naturalización, la primera de ellas corresponde a las personas que nazcan en el territorio de la república, independientemente de la nacionalidad de sus padres, como se ve a continuación: "Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. A) Son mexicanos por nacimiento: I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres." En ese contexto, la negativa del registro de nacimiento del menor, como bien lo sostiene la quejosa, crea inseguridad jurídica en su esfera de derechos, ya que el acta de nacimiento es el documento idóneo para acreditar la nacionalidad mexicana del menor y, además, se requiere para la realización de diversos trámites legales, de seguridad social, escolares, personales, laborales o profesionales. Así, el acta de nacimiento resulta indispensable para que el menor, durante toda su vida, realice, sin obstáculos, los trámites de esa índole que le resulten necesarios, en los que se requiera dicho documento. Ahora, el marco normativo de la Ley Reglamentaria de las Oficinas del Registro Civil del estado de Tamaulipas, que regula la expedición de las actas de nacimiento, en lo que aquí interesa, establece lo siguiente: "Art. 35.- Las declaraciones y registros de nacimiento se harán inmediatamente a su alumbramiento. El niño deberá ser presentado al Oficial del Registro Civil. En los lugares donde no haya Registro Civil, el niño será presentado al funcionario que se expresa en el artículo 2o. de este Reglamento, recogiendo el interesado la constancia respectiva que llevará a la Oficina del Registro Civil de su jurisdicción para que asiente el acta correspondiente." "Art. 36.- Queda terminantemente prohibido que el Oficial del Registro Civil o los testigos que asistan al acto, inquieran directa o indirectamente sobre la paternidad. En el acta sólo se expresará lo que declaren las personas que presenten al niño, aunque aparezca su dicho sospechoso de falsedad, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que nazcan de ella." "Art. 37.- No obstante la disposición anterior, para el Registro de nacimiento, el Oficial observará las siguientes Reglas: a).- Cuando se trate del registro del nacimiento de un hijo habido en matrimonio registrado, bastará con que los padres presenten el acta respectiva; y b).- En cualquiera otro caso únicamente se asentará el nombre de la madre, del padre, o de ambos, si se presentan al acto de registro o si el ausente expresa por escrito su conformidad." (Lo resaltado es de este tribunal) El contenido de los citados preceptos legales, se obtiene que los registros de nacimiento se harán inmediatamente a su alumbramiento, para lo cual el niño debe ser presentado ante el Oficial del Registro Civil, quedando terminantemente prohibido que dicho funcionario o, en su caso, los testigos que asistan al acto, inquieran directa o indirectamente sobre la paternidad. En el caso, la quejosa anexó acta de matrimonio actualizando con ello la hipótesis prevista en el numeral 37, inciso a) de la Ley Reglamentaria de las Oficinas del Registro Civil del estado de Tamaulipas; asimismo, el certificado de nacimiento con número de folio 032********************76962, del cual se desprende que nació en territorio mexicano, precisamente, en esta Ciudad de Matamoros, Tamaulipas el nueve de febrero de dos mil veintitrés. Por tanto, la autoridad responsable al negar el registro del nacimiento del menor, argumentando que debería presentarse el acta de nacimiento del padre debidamente apostillada y traducida, transgrede los derechos fundamentales del menor ********************. En ese contexto, para reparar la violación constitucional y convencional alegada y hacer prevalecer los principios de supremacía constitucional en beneficio de los derechos la identidad del niño, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, y con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que dicha protección es para los siguientes efectos: Para que al acta de nacimiento del menor ******************** con los siguientes datos: Oficialía ********************, Libro ******************** Acta ********************567, CURP ********************de la cual se advierte como padres del infante********************, y ********************, se le otorgue el carácter de definitivo y sin anotaciones. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 74, fracción I, 77, 79, ********************04 y ****************************************7 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a la********************, en contra del acto reclamado del Oficial Primero del Registro Civil, con sede en Matamoros, Tamaulipas, ello para los efectos precisados en la parte final del último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hasta el día treinta de octubre de dos mil veintitrés, fecha en que se terminó de engrosar, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, el término legal otorgado a la autoridad responsable para la rendición de su informe justificado, se encuentra transcurriendo, toda vez que fue notificada del auto admisorio el treinta de agosto del año en curso. Atento a lo anterior, se estima que no se está en condiciones de celebrar la audiencia constitucional de mérito, por lo que se difiere la misma, y en su lugar se señalan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés para su verificativo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito firmado por la quejosa ********************, mediante el cual solicita la devolución de los documentos originales que anexó a su demanda de amparo; en tal razón, con fundamento en lo establecido en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por disposición de su arábigo 2°, al ser innecesaria su retención, se declara procedente su petición, previa copia certificada que de dichas constancias se deje en autos, para los efectos legales a que haya lugar, autorizando a recibir dichas constancias al autorizado en términos del numeral 12 de la ley de la materia. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
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