Allen Virgilio Telléz Sampedro
Expediente 2032/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2032/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/01/2023
Partes del expediente
- Allen Virgilio Telléz Sampedro
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos originales. No hay documentos originales. Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos diversos a los recién precisados, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Escrito La parte quejosa ++++++, realiza lo siguiente: 1. Ofrece pruebas documentales. 2. Formula alegatos. Fundamentación. Artículo 5, fracción III, inciso b), y 124 de la Ley de Amparo. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa a su escrito de cuenta. Alegatos. Téngase a la parte quejosa, realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, los cuales se tienen por formulados, sin perjuicio de hacer relación de ellos en la audiencia constitucional. Petición. Las autoridades responsables Presidente y Actuario ambos adscritos a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de Puebla: a. Rinden sus informes justificados; y, b. Ofrecen pruebas. Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Trámite. Se tienen por rendidos los informes justificados. Pruebas. Se admiten las pruebas ofrecidas. Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. ++++++. B. Terceros interesados. 1. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2. Comisión Nacional Mixta de Escalafón del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 3. Subcomisión Mixta de Escalafón del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Puebla. 4. Hospital Regional de Especialidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 5. Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 6. Rita Minor Sosa. C. Autoridad(es) responsable(s). 1. Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de Puebla. 2. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de Puebla. D. Actos reclamados. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, las autoridades responsables, manifiestan)y acreditan que el ocho de diciembre del año en curso, acordó los escritos de los que se duele la quejosa, tal como se evidencia con las imágenes que se inserta: Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, los actos reclamados cesaron en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de las autoridades responsables han sido destruidos, en forma total e incondicional. No pasa inadvertido que la autoridad no haya remitido la constancia de notificación a la quejosa del auto de ocho de diciembre del año en curso; sin embargo, ese efecto está satisfecho toda vez que la solicitante del amparo tendrá conocimiento de su contenido con la presente resolución. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las doce horas con cuarenta minutos del nueve de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
7.- En atención a la cuenta, se advierte que se llevó a cabo la diligencia de ejercicios caligráficos programada para el diez de noviembre de dos mil veintidós. ..Acuerdo. Se tiene por efectuada la diligencia de ejercicios caligráficos. Se requiere dictamen. En consecuencia, con fundamento en el artículo 120 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 148, segundo párrafo y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, comuníquese a los especialistas designados en autos, que dentro del término de diez días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, deberán rendir el correspondiente dictamen pericial. En el entendido que de no rendir el dictamen solicitado en el plazo concedido, al perito oficial .., se le impondrá una multa de manera individual de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II y IV de la Ley de Amparo. Lo anterior hágase del conocimiento del perito oficial ..., por conducto del Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Idéntico apercibimiento se realiza al Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para el caso de omitir notificar el presente acuerdo al perito oficial, o bien, no informar el impedimento legal que tenga para ello. Por cuanto a los peritos de las partes, se apercibe a la parte quejosa y tercera interesada que en caso de que el especialista de su parte no rinda el dictamen correspondiente en el plazo concedido, se le tendrá por adherido al dictamen que emita el perito oficial. Lo anterior hágase del conocimiento de los expertos ..., a través de la parte quejosa y tercera interesada, respectivamente. Oficio. El Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realiza lo siguiente: 1. En cumplimiento al auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, informa que notificó los oficios 36661/2022 y 37190/2022, al perito oficial .... 2. Informa que el equipo de análisis presentó fallas por lo que no es posible realizar los estudios solicitados para la emisión del dictamen correspondiente. ... Acuerdo. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, para que obre como corresponda del cual se toma conocimiento del mismo, sin menoscabo de que se deberá estar a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese; y, electrónicamente al quejoso y tercera interesada, y por oficio a la perito oficial, por conducto del Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con el Secretario Enrique Porter Sánchez, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó por el titular de este órgano jurisdiccional y por el propio Secretario vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.
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