Allan Cristian Mejia Vázquez

Expediente 158/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
158/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Allan Cristian Mejia Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, a treinta de abril de dos mil veintiuno. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda de amparo, en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el entendido que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, mediante la cual se advierte que no fue posible realizar la notificación a la parte quejosa del proveído de trece del mes en curso, por los motivos que se exponen. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó en auto de dieciocho de marzo pasado, esto es, por causas atribuibles a la parte quejosa, se ordena la notificación del referido acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese; y cúmplase.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo ordenado, se notifica por lista a la parte quejosa el auto de trece de abril de dos mil veintiuno: Ciudad de México, a trece de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de dieciocho de marzo pasado, a efecto de que desahogara la prevención ahí formulada, sin que lo hubiese hecho en sus términos; en consecuencia, se proveerá únicamente respecto del acto de las autoridades que no fueron materia de dicha prevención, esto es, la orden de traslado del "CENTRO VARONIL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA (CEVASEP) II, DE LA CIUDAD DE MÉXICO hacia el . CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 'CPS MICHOACAN'" (sic), así como su ejecución, atribuidos al "COMISIONADO DEL ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO", "DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO VARONIL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA (CEVASEP) II, DE LA CIUDAD DE MÉXICO", "SUBSECRETARIA DE DEL SISTEMA PENITENCIARIO" y "DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 'CPS MICHOACAN'". En ese contexto, analizada que fue la demanda, este órgano de control constitucional advierte que respecto de la orden de traslado reclamada, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia. Ahora bien, para resolver como se hace, este juzgado parte de los razonamientos que sustentan la ejecutoria emitida en la queja 36/2020, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En principio, se establece que dicha resolución se vincula, en específico, con un acto reclamado consistente en la orden verbal del traslado del quejoso, de un centro penitenciario a otro, emitida por autoridad administrativa, como se aprecia de la siguiente transcripción: ". S É P T I M O. ESTUDIO DE FONDO. La materia de la queja, consiste en determinar si fue correcta o no, la determinación que asumió la Juez de Distrito, de desechar de plano la demanda de amparo que promovió el quejoso contra la orden verbal de su traslado de un centro penitenciario a otro, atribuida a una autoridad administrativa penitenciaria; bajo el argumento de que se actualizaba una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio constitucional, porque la parte quejosa no agotó previamente el respectivo medio ordinario de defensa, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal.". No obstante esa circunstancia, en la resolución de que se trata, además del análisis del principio de definitividad, existió pronunciamiento de aspectos generales, relativos a: a) Los diversos tipos de traslado que prevé la ley nacional en cita (en el entendido de que el supuesto ahí analizado, se calificó como una determinación administrativa); y b) Lo concerniente a los alcances y aplicabilidad del medio de defensa, previsto en esa ley, denominado "controversia judicial", así como del recurso de apelación, cuando existe intervención de autoridad judicial. Ahora, en cuanto a las excepciones al principio de definitividad, la Primera Sala del Máximo Tribunal de justicia, concluyó que en: - En el caso de que se reclamen determinaciones administrativas, como la ahí analizada (o diversas, pero que tengan esta misma naturaleza), previo a instar la acción constitucional, debe agotarse el medio de defensa denominado controversia judicial; igualmente, debe hacerse en la hipótesis de que se haya dado intervención a la autoridad judicial, y esta haya sido omisa en realizar el pronunciamiento correspondiente. - En el supuesto de que haya dado intervención a la autoridad judicial y exista pronunciamiento de esta en cuanto a lo planteado, procederá el recurso de apelación. Así, en razón de las consideraciones que sustentan la resolución de que se trata, como se dijo, este juzgado llega a la conclusión de que en el caso específico que nos ocupa, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 113 de la ley reglamentaria. Lo anterior, toda vez que el solicitante de amparo no agotó previamente el medio de defensa ordinario denominado controversia judicial, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por medio del cual puede ser modificada, revocada o anulada la orden reclamada, y no se actualiza ningún supuesto de excepción de los señalados en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Desechamiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia del diverso acto impugnado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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