Alison Judith Vargas Soria
Expediente 65/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 65/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alison Judith Vargas Soria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Uruapan, Michoacán, once de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que el veintiocho de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, en este proveído causó ejecutoria; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General Conjunto de veinticinco de marzo de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este juicio de amparo. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General Conjunto de veinticinco de marzo de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del citado artículo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, en el juicio de amparo en que se actúa, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el artículo 9, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
EN RAZÓN DE QUE ALISÓN JUDITH VARGAS SORIA(EN SU CARÁCTER DE PARTE QUEJOSA DIRECTA), no generó cita accediendo al Portal de Servicios en Línea, al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del sistema "Agenda OJ" 8, en el que aparecen las fechas y horarios disponibles por el Órgano Jurisdiccional de mi adscripción para la generación de citas (misma que es un proceso automatizado que se otorga a la persona a cuyo nombre se solicite, denominado Código QR, para presentarse de forma electrónica en un dispositivo móvil o llevarse impreso); y de que tampoco, tuvieron a bien, ponerse de acuerdo con la actuaria judicial vía telefónica (en un horario de las trece a las dieciocho horas de lunes a viernes); o en su caso, al correo institucional 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx (debiendo especificar los datos del interesado, para comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el cuatro de noviembre del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, mismo proveído que en lo conducente dice:Uruapan, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Glósense a los autos los oficios de cuenta que suscribe el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, delegación Michoacán, con residencia en Morelia, por el cual refiere que se encuentra imposibilitado para designar defensor público federal a la quejosa Alison Judith Vargas Soria, por las razones que expone, de lo que se toma conocimiento para constancia y efectos legales, en la inteligencia que el mismo fue recibido por duplicado. Ahora, del estado procesal de autos se despende que la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, fue presentada por comparecía en fecha seis de febrero de dos mil veinte, por Mariana Alejandra Soria Caballero, en favor de la quejosa directa Alison Judhit Vargas Soria. Consecutivamente se ordenó la ratificación de la demanda de amparo por parte de la directa quejosa, que en ese momento se encontraba privada de su libertad las instalaciones de la Fiscalía Regional de Justicia de esta ciudad, lo cual aconteció el seis de febrero del año en curso y en consecuencia se admitió a trámite la solicitud del amparo protector, solicitándose en aquel momento le fuera designado un abogado de oficio para que la asistiera durante la tramitación del presente asunto, ello en razón a que en aquel momento se encontraba en reclusión. Posteriormente, con fecha once de febrero de la anualidad en curso, la actuaria de la adscripción levanto la siguiente razón actuarial: ... De la que se advierte que la quejosa en cuestión en aquel momento ya se encontraba en libertad. Circunstancia que dentro de las actuaciones y diligencias ordenadas en el presente asunto se corrobora con la notificación personal practicada a la quejosa Alison Judith Vargas Soria, en fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte en las instalaciones que ocupan este Tribunal, a fin de ilustrar lo anterior, se inserta la imagen digitalizada relativa s dicha diligencia: Aunado lo anterior a que, la actuaria de la adscripción en la citada fecha once de febrero pasado, ante la imposibilidad de localizar a la directa quejosa Alison Judith Vargas Soria, en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Justicia de esta ciudad, realizó el cotejo de la siguiente constancia: La cual contiene la firma autógrafa de la quejosa en cuestión, en la cual la misma firma de conformidad su puesta en libertad en fecha ocho de febrero de dos mil veinte. Lo que permite establecer con claridad que la directa quejosa fue puesta en libertad, razón por la cual se estima que al no encontrarse en el supuesto de privación de la libertad, no existe, necesidad de solicitar un defensor que la asista, pues al encontrarse gozando de la libertad, no encuadra en el supuesto legal que le exige contar con una defensa que la asista durante la tramitación del presente asunto. Aunado a lo anterior, por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 089/2020, remitido por el Agente Investigador adscrito a la Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, al que anexó copia del oficio sin número que dirigió Director de Investigación y Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Uruapan (del cual la actuaria de la adscripción dio fe en acta levantada el once de febrero del año en curso). Ahora bien, de las constancias remitidas por la mencionada autoridad, se advierte que, mediante el ocho de febrero del año en curso, en el N.U.C 1004202004638, el citado Fiscal Investigador decretó la inmediata libertad de la directa quejosa Alison Judith Vargas Soria. Documental pública que alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Con base en lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. ... En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta Ciudad, la incomunicación y la ilegal detención, sin embargo, la propia autoridad decretó la inmediata libertad el ocho de febrero de dos mil diecinueve. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados, pues si estos se hicieron consistir, esencialmente, en la incomunicación y la ilegal detención de la directa quejosa; ello indudablemente actualiza la causal de improcedencia en comento. Se sostiene lo expuesto, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que las autoridades señaladas como responsables los pusieran en libertad, lo cual ya aconteció. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley... En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causal de improcedencia de este juicio de amparo es notoria, manifiesta e indudable, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas del treinta de octubre de dos mil diecinueve, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Glósense a los autos los oficios de cuenta que suscribe el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, delegación Michoacán, con residencia en Morelia, por el cual refiere que se encuentra imposibilitado para designar defensor público federal a la quejosa Alison Judith Vargas Soria, por las razones que expone, de lo que se toma conocimiento para constancia y efectos legales, en la inteligencia que el mismo fue recibido por duplicado. Ahora, del estado procesal de autos se despende que la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, fue presentada por comparecía en fecha seis de febrero de dos mil veinte, por Mariana Alejandra Soria Caballero, en favor de la quejosa directa Alison Judhit Vargas Soria. Consecutivamente se ordenó la ratificación de la demanda de amparo por parte de la directa quejosa, que en ese momento se encontraba privada de su libertad las instalaciones de la Fiscalía Regional de Justicia de esta ciudad, lo cual aconteció el seis de febrero del año en curso y en consecuencia se admitió a trámite la solicitud del amparo protector, solicitándose en aquel momento le fuera designado un abogado de oficio para que la asistiera durante la tramitación del presente asunto, ello en razón a que en aquel momento se encontraba en reclusión. Posteriormente, con fecha once de febrero de la anualidad en curso, la actuaria de la adscripción levanto la siguiente razón actuarial: ... De la que se advierte que la quejosa en cuestión en aquel momento ya se encontraba en libertad. Circunstancia que dentro de las actuaciones y diligencias ordenadas en el presente asunto se corrobora con la notificación personal practicada a la quejosa Alison Judith Vargas Soria, en fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte en las instalaciones que ocupan este Tribunal, a fin de ilustrar lo anterior, se inserta la imagen digitalizada relativa s dicha diligencia: Aunado lo anterior a que, la actuaria de la adscripción en la citada fecha once de febrero pasado, ante la imposibilidad de localizar a la directa quejosa Alison Judith Vargas Soria, en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Justicia de esta ciudad, realizó el cotejo de la siguiente constancia: La cual contiene la firma autógrafa de la quejosa en cuestión, en la cual la misma firma de conformidad su puesta en libertad en fecha ocho de febrero de dos mil veinte. Lo que permite establecer con claridad que la directa quejosa fue puesta en libertad, razón por la cual se estima que al no encontrarse en el supuesto de privación de la libertad, no existe, necesidad de solicitar un defensor que la asista, pues al encontrarse gozando de la libertad, no encuadra en el supuesto legal que le exige contar con una defensa que la asista durante la tramitación del presente asunto. Aunado a lo anterior, por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 089/2020, remitido por el Agente Investigador adscrito a la Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, al que anexó copia del oficio sin número que dirigió Director de Investigación y Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Uruapan (del cual la actuaria de la adscripción dio fe en acta levantada el once de febrero del año en curso). Ahora bien, de las constancias remitidas por la mencionada autoridad, se advierte que, mediante el ocho de febrero del año en curso, en el N.U.C 1004202004638, el citado Fiscal Investigador decretó la inmediata libertad de la directa quejosa Alison Judith Vargas Soria. Documental pública que alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Con base en lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. ... En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta Ciudad, la incomunicación y la ilegal detención, sin embargo, la propia autoridad decretó la inmediata libertad el ocho de febrero de dos mil diecinueve. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados, pues si estos se hicieron consistir, esencialmente, en la incomunicación y la ilegal detención de la directa quejosa; ello indudablemente actualiza la causal de improcedencia en comento. Se sostiene lo expuesto, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que las autoridades señaladas como responsables los pusieran en libertad, lo cual ya aconteció. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley... En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causal de improcedencia de este juicio de amparo es notoria, manifiesta e indudable, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas del treinta de octubre de dos mil diecinueve, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Uruapan, Michoacán, siete de octubre de dos mil veinte. Intégrese a lo actuado el oficio de cuenta que suscribe el Delegado de la Defensoría Pública Federal, con sede en Morelia, por el cual informa que a fin de dar cumplimiento a lo requerido en auto de trece de agosto pasado, y estar en condiciones de designar un defensor que asista a la quejosa Alisón Judhit Vargas Soria, requiere copia de la demanda de amparo que originó el juicio en que se actúa, al respecto y mediante oficio que al efecto se le expida remítase de manera inmediata mediante correo electrónico a dicha Delegación las constancias que refiere, lo anterior a fin de no retrasar más la tramitación del presente asunto. Finalmente, toda vez que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las once horas con cuarenta minutos del quince de octubre de dos mil veinte, y es evidente que resultará jurídica y materialmente imposible integrar el presente juicio de amparo para esa data, por tanto, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional y se fijan las DIEZ HORAS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo por videoconferencia. Por otra parte, visto el párrafo que antecede, se advierte que señala fecha de audiencia; sin embargo, a causa de la suspensión de labores en los Órganos Jurisdiccionales Federales, derivada de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2, no era posible recibir físicamente a personas en el juzgado y media la circunstancia que ese es un derecho procesal de las partes, pues toda vez que de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Amparo, éstas se encuentran facultadas para comparecer al desahogo de la misma, lo que ahora, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, si es posible pues se privilegia el uso de videoconferencias para llevar a cabo las diligencias, garantizando así el derecho de los justiciables. Por tanto, mediante citatorio para audiencia, requiérase a las partes interesadas para que acudan a la hora y fecha indicadas, quienes deben entrar a la sesión virtual quince minutos antes de la hora señalada, con identificación oficial fehaciente, para preparar el desahogo de la audiencia, así como la implementación de la logística operacional; diligencia que se llevará a cabo virtualmente a través de la plataforma Cisco Webex. Para lo cual, requiérase a las partes para que a la brevedad posible proporcionen a este órgano jurisdiccional, un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo y se les envíen las claves necesarias para su ingreso, lo que se hará previo al momento de la diligencia, en la que personal de este juzgado fungirá como organizador de la audiencia por medio de la plataforma tecnológica indicada; además, deberán indicar la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación, de ser el caso; o, manifiesten la imposibilidad material que presenten para ello. Sin embargo, desde el momento de la notificación de este acuerdo, el actuario, en caso de encontrar presentes a la parte a notificar, le entregará una tarjeta que contenga las claves correspondientes para entrar a la plataforma el día de la audiencia; tarjeta que la mesa entregará al actuario. En el entendido, que de no hacer manifestación al respecto, dicha audiencia se desahogará en esa plataforma virtual, aún sin la presencia de las partes; la cual al momento de celebrarse se determinara si se realiza un registro de la citada videoconferencia, para su posterior consulta; lo anterior, de conformidad con el artículo 28, fracciones I y II, del mencionado acuerdo General, y se entiende que las partes que no comparezcan a la audiencia, al no proporcionar los medios requeridos para entregarles las claves, no tienen interés en presentarse. Finalmente, es necesario precisar que el informe justificado de cuenta fue remitido por correo electrónico y su recepción en el correo oficial de este juzgado fue certificada por el Secretario de este juzgado, por ende, tiene la misma calidad que si se hubiera recibido en físico, en razón de que, a criterio del suscrito, la información proporcionada por medio del correo electrónico, forma parte del sistema mundial diseminación y obtención de datos, que es comúnmente utilizado en la actualidad para transmisión de documentos; estimándose apto para ese fin el uso correo electrónico entre autoridades, al contar con cuentas oficiales; además, su base legal se encuentra en la aplicación por interpretación extensiva, del concepto "medios magnéticos", que se estima incluye a los electrónicos, a través del cual la autoridad responsable, puede rendir su informe, al tenor del párrafo inicial del artículo 117 de la Ley de Amparo; precepto que se aplica por interpretación analógica al presente caso. Respecto a quien resulte el carácter de defensor público, de la quejosa, reserve remitir tarjeta informativa, hasta se informé la designación sobre dicho cargo. Notifíquese personalmente; y se comisiona al actuario, para que si encuentra a la parte quejosa entregue la tarjeta con las claves necesarias para entrar a la videoconferencia y levantará razón de lo mismo.
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