Alinson Martinez Medina

Expediente 223/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
223/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Alinson Martinez Medina
  • WANDERLEY MARTE FÉLIZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y la parte quejosa, fueron notificadas el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, quedando comprendido dicho plazo del veintinueve de marzo al catorce de abril de dos mil veintitrés; en el entendido de que el término para las demás partes queda contenido en el antes indicado. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la determinación dictada en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Sin que se inadvierta que la autoridad responsable foránea Comisión Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, no se encuentra notificada del oficio 5500/2023, en el que se le comunicó dicha determinación judicial; sin embargo, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, carece de legitimación para recurrir la presente determinación al haberse emitido en ejercicio de su potestad jurisdiccional. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es DESTRUIBLE, a partir de los tres años del presente acuerdo de archivo.

  2. Principal

    De conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se recibe el informe relativo a la suspensión de plano de los actos reclamados rendido por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sinaloa, Órgano Técnico Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, de las documentales que acompaña la aludida responsable al oficio INM/ORS/DAJ/1019/2023, las cuáles por ser documentos públicos revisten valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de las que se obtiene lo siguiente: El dieciocho de marzo del presente año, se realizó un procedimiento de verificación migratoria a la altura del poblado de Villa Unión perteneciente a esta municipalidad, por la carretera de cuota Libramiento Mazatlán kilómetro 25+509.22, al interior del autobús de la línea Elite con número económico 10118, placas 12-HB-4K, cuya ruta terrestre procedía de la Ciudad de México y tenía como destino la ciudad de Tijuana, Baja California, donde fueron identificadas dieciocho personas extranjeras, entre ellas, Alin******************** y ********************, todos de nacionalidad dominicana, quienes no acreditaron en ese momento contar con documentos que autorizaran su estancia legal en el país, por lo que fueron puestos a disposición de la Estancia Provisional Tipo B de la Oficina de Representación del instituto Nacional de Migración, de esta ciudad. El dieciocho de marzo del año en curso: (1) se emitió el acuerdo de inicio de los procedimientos administrativos migratorios números E.A/1S.9/ORSIN/SCVM/0237/18-03-2023, E.A/1S.9/ORSIN/SCVM/0239/18-03-2023 y E.A/1S.9/ORSIN/SCVM********************, instrumentados a los aquí quejosos, (2) se obtuvo la comparecencia de Alin******************** y ********************, donde se les hicieron saber sus derechos como migrantes, el plazo con que contaban para ofrecer pruebas y formular alegatos, (3) se ordenó su alojamiento en la Estancia Provisional "B" de la Oficina de Representación del instituto Nacional de Migración, de esta ciudad, (4) en vía de ampliación de comparecencia, los aquí quejosos manifestaron que no tenían pruebas que ofrecer ni alegatos que formular por lo que solicitaron fuera resuelta su situación migratoria y (5) se declaró concluido el procedimiento ordenándose dictar resolución. El veintidós de marzo de dos mil veintitrés, el Jefe de Departamento de Control Migratorio, emitió resoluciones en los procedimientos administrativos migratorios ************************************************************, iniciados contra Ali******************** y ********************, en el sentido de otorgarles un oficio de salida para que en un término de diez días naturales, abandonen territorio mexicano por sus propios medios y para la ejecución de la citada resolución, comisionó a personal adscrito a dicha oficina de representación, a fin de que los trasladen a Frontera Talismán, Tuxtla Chico, Chiapas, lo que se hizo de su conocimiento en la propia fecha. En ese contexto y tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que se actualiza la prevista en el ordinal 61, fracción XVII, del propio cuerpo normativo. Del numeral antes señalado se advierte la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo, al quedar sustituido por otro cuya sola existencia introdujo un cambio de situación jurídica que imposibilita el estudio de la que prevalecía con el primer acto y que provoca que las posibles violaciones cometidas en este deban estimarse irreparablemente consumadas por no poder decidir en el procedimiento constitucional de que se trate, sin afectar la nueva situación jurídica originada por el acto superveniente. En ese contexto, los quejosos reclaman en su demanda de amparo (1) el alojamiento en la estación migratoria de esta ciudad efectuado fuera de procedimiento, (2) su incomunicación al interior del citado recinto migratorio y (3) la negativa de expedición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país. No obstante, como se adelantó, una vez agotadas las etapas de ofrecimiento de pruebas y alegatos en los procedimientos administrativos migratorios ************************************************************, el veintidós de marzo del año en curso, el Jefe de Departamento de Control Migratorio emitió las resoluciones correspondientes atento a las manifestaciones vertidas por los aquí quejosos y emitió oficios de salida para que en un término de diez días naturales, abandonen territorio mexicano por sus propios medios, y para la ejecución de la citada resolución, comisionó a personal adscrito a dicha oficina de representación, a fin de que los trasladen al cruce Internacional Frontera Talismán, Tuxtla Chico, Chiapas, lo que se hizo de su conocimiento en la propia fecha. No obstante lo anterior, en la propia data la citada autoridad migratoria emitió acuerdo para emitir documento provisional de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, en el que autorizó la salida de la Estancia Provisional Tipo B de la Oficina de Representación del instituto Nacional de Migración, de esta ciudad, asimismo, otorgó de manera provisional a los quejosos Alin******************** y ********************, la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas en el país, con una vigencia de quince días naturales, contados a partir de la emisión de la anotada determinación. Ahora bien, partiendo de la premisa de que en términos del artículo 111 de la Ley de Migración, la autoridad responsable resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación, cuyo alojamiento no podrá exceder de dicho término, asimismo, señala que una vez transcurrido dicho plazo, el Instituto Nacional de Migración les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia, el cual una vez agotado el mismo, dicha autoridad administrativa deberá determinar la situación migratoria de los extranjeros. Lo que pone de manifiesto el cambio en la situación jurídica de los justiciables, que torna improcedente el análisis de las determinaciones que inicialmente fueron reclamadas en el presente juicio de amparo. Esto es así, toda vez que los acuerdos emitidos en los procedimientos administrativos migratorios ************************************************************, iniciados contra Alin******************** y ********************, en el que autorizó la salida de la Estancia Provisional Tipo B de la Oficina de Representación del instituto Nacional de Migración, de esta ciudad, asimismo, otorgó de manera provisional a los aludidos promoventes la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas en el país, con una vigencia de quince días naturales, contados a partir de la emisión de la anotada determinación (que motivó este juicio de amparo) fue sustituida en virtud de la emisión de las resoluciones de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, pronunciadas dentro de los mencionados procedimientos administrativos migratorios, en los que se les otorgó a los quejosos un oficio de salida para que en un término de diez días naturales, abandonen territorio mexicano por sus propios medios, propiciando que sea ahora esa nueva determinación, es decir, las resoluciones de salida definitiva del país por sus propios medios, la que está regulando la situación o estatus en que se encuentran los quejosos. Por lo que las posibles violaciones reclamadas-en caso de que hubieran existido- deben considerarse irreparablemente consumadas, puesto que esa decisión administrativa es la que actualmente rige el procedimiento natural. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo III, Página: 2482, registro 2017544, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio cuerpo normativo, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Da apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."

  3. Principal

    Téngase recibido el oficio 407/2023, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado nuestro exhorto E-046/2023-ll-A, orden 69/2023, en el que se le encomendó emplazar a la tercera interesada ******************** como albacea definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************y********************. Hágase la anotación que corresponda en el libro electrónico de gobierno relativo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), respecto a la diligenciación de la comunicación oficial que nos ocupa.

  4. Principal

    SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 223/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo remitida electrónicamente por Eliezer Orozco Revuelta en representación de ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a diversos preceptos constitucionales, el Juez acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura del escrito inicial de demanda se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: 1.- La aplicación de los artículos 99 y 111 de la Ley de Migración. 2.- La orden de la aplicación de revisión migratoria sobre tramos carreteros, es decir retenes migratorios, precisando el ubicado en Carretera Internacional. De las autoridades ejecutoras: 1.- La detención, aseguramiento y/o alojamiento de los quejosos, por más de 36 horas en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, por autoridades administrativas distintas al Ministerio Publico. 2.- La incomunicación en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración 3.- La privación de su libertad personal fuera de procedimiento con fines de deportación y/o expulsión y su ejecución. 4.-Deportación al país de origen de los quejosos u otro país. 5.- Expulsión del territorio mexicano. 6.- La devolución a su país de origen derivado de retorno asistido. 7.- La negativa de la expedición de la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país. SUSPENSIÓN DE PLANO. Tomando en consideración que el promovente refiere en los antecedentes que vierte bajo protesta de decir verdad, que los directamente quejosos ********************, fueron privados de su libertad y aparentemente se encuentran en las instalaciones de la Estación Migratoria de Mazatlán, Sinaloa, con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV de la Constitución Federal; 1°, 3, 15, 108, 109, 112, párrafo segundo, 125, 126, 127, 140, 148, y relativos de la Ley de Amparo, se procede a proveer respecto de los actos reclamados consistentes en: la incomunicación, alojamiento o detención prolongado en la Estación Migratoria de Mazatlán, Sinaloa, como consecuencia de ello la deportación, expulsión, devolución del territorio nacional y/o traslado a cualquier estación migratoria. Lo anterior, a reserva de que una vez que sea ratificada la misma por los promoventes, se acordará respecto a su admisión en cuanto a los preindicados actos, así como de los diversos señalados del capítulo respectivo de actos reclamados. En efecto, cabe destacar que en el caso se reclaman de las autoridades responsables, como se señaló con antelación, los actos consistentes en el alojamiento o detención por más de treinta y seis horas en la Estación Migratoria de Mazatlán, Sinaloa de los quejosos, ********************, y como consecuencia de ello, la deportación, expulsión y devolución del territorio nacional hacia cualquier otro territorio, de igual manera, el traslado a cualquier estación migratoria, actos que se encuentran comprendidos en los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, de los actos reclamados y antecedentes de estos, se advierte que los quejosos se encuentran alojados en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración de Mazatlán, Sinaloa, lo procedente es conceder la suspensión de plano. En ese tenor, con fundamento en los numerales 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, consistentes en el alojamiento o detención prolongado en la estación migratoria de Mazatlán, Sinaloa, de los quejosos y como consecuencia de ello, la deportación, expulsión y devolución del territorio nacional hacía cualquier otro territorio, de igual manera, el traslado a cualquier estación migratoria, este último al prolongar la detención más allá de las treinta y seis horas previstas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el efecto de que ******************** no sean deportados, expulsados o asistidos para su retorno, ni trasladados a diversa estación migratoria y queden en el lugar en que se encuentran, a disposición de este órgano de control constitucional, solo en cuanto se refiere a su libertad personal. En la misma tesitura, por lo que se refiere a la incomunicación de que se aduce están siendo objeto los directos quejosos, con fundamento en los numerales 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión de dicho acto reclamado, para el efecto de que cesen de inmediato, hasta en tanto se resuelve el presente juicio de amparo en resolución que cause ejecutoria. Sin perjuicio de las medidas que este órgano jurisdiccional emita en relación con los restantes actos reclamados. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 80/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15, que dispone: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". CONDICIONES DE DETENCIÓN. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que de conformidad con los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por tanto, debe cumplir con el diverso artículo 5° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano. Así como los Principios Generales y Buenas Practicas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión durante el 131° periodo ordinario de sesiones celebrado del tres al catorce de marzo de dos mil ocho, entre ellos: a) Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales. b) Igualdad y no discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna circunstancia se discriminara, así como que se prohíbe cualquier distinción, exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionales reconocidos. c) Salud en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole. d) Alimentación y agua potable, en el sentido que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo. e) Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentran privados de su libertad; así como tener acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad, así como a productos básicos de higiene personal y agua para aseo personal. Apoyo a lo anterior, la tesis P/LXIV/2010, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero 2011, Pagina 26, Materia Constitucional, Novena Época, de rubro y texto: "DERECHOS A LA INTEGRACION PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTAN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACION DE LA LIBERTAD." En virtud a ello, dígase a las autoridades responsables que deben tomar las medidas necesarias para que se protejan los principios descritos, ya que la omisión a ello traería como consecuencia responsabilidad para el Estado Mexicano en relación a los derechos fundamentales de los quejosos. DETENCIÓN ADMINISTRATIVA O ALOJAMIENTO MIGRATORIO. En el mismo orden de ideas, por lo que se refiere al alojamiento prolongado en la estación migratoria de Mazatlán, Sinaloa, de los directamente quejosos ********************, se provee: Al respecto, se tiene que el alojamiento temporal de un extranjero en una estación migratoria se rige por el aludido artículo 111 de la Ley de Migración, el cual se encuentra relacionado con el procedimiento administrativo migratorio, a que se refieren los diversos preceptos 77, 78, 79 y 80 del mismo cuerpo normativo. Asimismo, cabe destacar, la litis del presente asunto proviene del derecho administrativo sancionador, el cual es la rama de la ciencia jurídica que se encarga de lo relativo a la potestad sancionadora de los órganos administrativos que implica la acción punitiva del Estado; esto es, la posibilidad jurídica de la imposición de sanciones a particulares o a funcionarios que infringen normas administrativas, o bien, a los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones transgreden sus mandatos o desconocen sus prohibiciones. El tema del derecho administrativo sancionador es extenso, pues a esta sub-rama de la ciencia jurídica se subdivide a su vez en otras cinco, las cuales son: 1) Sanciones administrativas cometidas contra los reglamentos de policía. 2) Sanciones a que están sujetos los servidores públicos y particulares que tengan control sobre recursos públicos, en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal (De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado). 3) Sanciones administrativas en materia electoral. 4) Sanciones a las que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados regulados en el contexto de la planificación económica y social del Estado. 5) Sanciones a las que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulada administrativamente (aduanero, inmigración, ambiental, etcétera). Lo anterior, se desprende del criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CCCXVI/2014 (10a.), de texto: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN. El ámbito constitucionalmente legítimo de participación de la autoridad administrativa en los procesos de producción jurídica en el derecho administrativo sancionador, debe determinarse por referencia a los imperativos de tres valores en juego, a saber: 1) el control democrático de la política punitiva (reserva de ley); 2) la previsibilidad con la que han de contar las personas sobre las consecuencias de sus actos; y, 3) la proscripción de la arbitrariedad de la autoridad (ambas vertientes del principio de tipicidad). Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suscribe la premisa de que los componentes del principio de legalidad no pueden tener un grado de exigencia idéntico en todos los ámbitos del derecho citado, sino que han de modularse de acuerdo con la función desempeñada por el Estado, por lo que para determinar el balance debido es necesario establecer en qué terreno se encuentra la materia de escrutinio constitucional y cuáles son los elementos diferenciados a considerar. Ahora bien, de una lectura íntegra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que, al menos, existen cinco ramas del derecho referido, sin que ello implique que no puedan aceptarse posteriormente nuevas manifestaciones: 1) las sanciones administrativas a los reglamentos de policía, del artículo 21 constitucional; 2) las sanciones a que están sujetos los servidores públicos, así como quienes tengan control de recursos públicos, en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal; 3) las sanciones administrativas en materia electoral; 4) las sanciones a que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados regulados en el contexto de la planificación económica y social del Estado; y, 5) una categoría residual, donde se prevén las sanciones a que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulado administrativamente (aduanero, inmigración, ambiental, entre otros). Este listado no tiene el fin de establecer los únicos ámbitos integrantes del derecho administrativo sancionador, pero sí evidencia los que han sido explorados en la jurisprudencia, en que se han fijado distintos balances de acuerdo a los elementos normativos y jurisprudenciales que definen una naturaleza propia que, por ejemplo, en el caso de las sanciones administrativas establecidas en los reglamentos, ha llevado a concluir que no es aplicable el principio de reserva de ley, pero sí el de tipicidad, a diferencia del ámbito donde el Estado se desempeña como policía, en el que los tres principios exigen una aplicación cercana a la exigida en materia penal. Entre ambos extremos, cabe reconocer ámbitos intermedios, donde el Estado desempeña un papel regulador en el que los tres valores adquieren una modulación menor al último pero mayor al primero, pues se permite la integración de los tipos administrativos con fuentes infralegales, pero siempre bajo los lineamientos generales establecidos en las leyes. Por tanto, el grado de exigencia del principio constitucional de legalidad exige un ejercicio previo de reconocimiento del ámbito donde se ubica la materia de estudio". Además, en la jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.), el Pleno del Máximo Tribunal estableció que el principio de presunción de inocencia también debe imperar en el derecho administrativo sancionador, pues ese principio debe ser aplicado en todos los procedimientos que tengan como fin aplicar una pena o sanción al sujeto de ese proceso punitivo; ello, de conformidad con el texto constitucional y convencional. Por tanto, en los procedimientos administrativos sancionadores la carga de la prueba compete a la autoridad, quien deberá acreditar fehacientemente que el sujeto al procedimiento cometió la falta que se le imputa. "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos - porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia -, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso". De lo expuesto, se desprende: 1. El derecho administrativo sancionador es una rama de la ciencia jurídica que se encarga, entre otros fines, de aplicar las sanciones a las que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulada administrativamente, como lo es la inmigración. 2. Por su naturaleza punitiva, el derecho administrativo sancionador comparte muchos de los principios rectores del derecho penal, como lo es el de presunción de inocencia. Ahora, uno de los derechos fundamentales que tutela la presunción de inocencia, es el derecho a la libertad, aun cuando pueda encontrarse vulnerado por el actuar de una autoridad jurisdiccional, o incluso, una administrativa en un procedimiento sancionador. Además, mientras la presunción de inocencia opere, el gobernado debe recibir el trato de "no autor o no partícipe del hecho delictivo o infracción a normas administrativas, mientras no se demuestre lo contrario" Así lo determinó la Primera Sala del Máximo Tribunal en la tesis 2a. XXXV/2007, de texto: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia". Por tanto, toda aquella persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo, como lo es aquél en materia migratoria, gozará del principio presunción de inocencia, y en consecuencia, no se le puede tratar como culpable de la comisión de la falta administrativa que se le atribuye, por tanto, mientras no se demuestre que la cometió, deberá ser tratado como una persona no infractora y, por ello, podrá disfrutar de su libertad. Por otra parte, de conformidad con el ordinal 162 de la Ley de la Materia, cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad, la suspensión tendrá por efecto que cese inmediatamente, tomando el órgano jurisdiccional de amparo, las medidas que aseguren que los quejosos no evadan la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad responsable cuantas veces le sea exigido. Asimismo, atendiendo a lo establecido por el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas, y las mismas no tengan relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sean puestas en libertad. En el presente caso, de las manifestaciones formuladas por el accionante del juicio de amparo se desprende que los quejosos ******************** fueron detenidos y se encuentran desde el catorce de marzo de dos mil veintitrés en la estación migratoria de Mazatlán, Sinaloa. Asimismo el artículo 111 de la Ley de Migración, señala que: El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los quince días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de sesenta días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero. Y el dispositivo 148 de la Ley de Amparo estatuye que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso, y respecto de los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación. a) Si teniendo como base la fecha en que los directamente agraviados fueron puestos a disposición en la Estación Migratoria en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, ya transcurrió el plazo de treinta y seis horas previsto por los artículos 68 de la Ley de Migración y el 21, cuarto párrafo, constitucional, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para el efecto de que los directamente agraviados sean puestos en inmediata libertad. b) Lo anterior, salvo que: b.1) En caso de no haber transcurrido el aludido plazo de treinta y seis horas, con fundamento en el artículo 160, última parte, de la Ley de Amparo, se concede la medida cautelar para el único efecto de que los quejosos queden en el lugar donde se encuentran a disposición de este órgano de control constitucional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. En el entendido de que vencido el término de treinta y seis horas de referencia, invariablemente habrá de dejárseles en inmediata libertad en los términos del inciso a) que antecede. b.2) Igual salvedad en el supuesto de que los agraviados estén a disposición de diversa autoridad jurisdiccional en relación con la detención de que se trata. En el entendido de que las autoridades responsables deberán precisar en el informe que se indica en el párrafo siguiente en cuál de los supuestos previstos con antelación se ubican los quejosos, esto es, deberán indicar la fecha en que se cumplieron las treinta y seis horas a que hacen referencia los artículos 68 de la Ley de Migración y el referido artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución, o bien la data en que ello acontecerá. Es aplicable al caso por identidad de razón la tesis I.20o.A.19 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, que dispone: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Sustenta lo anterior por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior conformación, que aparece visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia común, Página 784; así como el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que obra consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228 Sexta parte, Página 637, y que literalmente dicen: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo". "SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR SER ESTE DE ORDEN PUBLICO. La continuidad del procedimiento es de orden público y si se suspende se afectaría el interés general, de manera que la suspensión no puede otorgarse para detener la tramitación de un juicio; máxime que dichos efectos ya no serían para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse el acto reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo". En el entendido de que las personas quejosas quedan a disposición, en cuanto a su libertad, de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad y a la de las autoridades responsables migratorias únicamente para la prosecución del procedimiento administrativo respectivo. Atendiendo a la naturaleza de la medida cautelar, esta surte efectos de inmediato, y continuará haciéndolo siempre y cuando se cumplan los lineamentos y medidas de seguridad, siguientes: a) Dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, las personas quejosas deberán presentarse ante las autoridades responsables para la continuación del procedimiento correspondiente, por ser éste insuspendible, como lo establece el artículo 150 de la Ley de Amparo, y cuantas veces sean requeridos para ello. b) Adicionalmente, deberán presentarse ante la responsable los días lunes de cada quince días, o el siguiente hábil si aquél no lo fuere, motivo por el cual, se instruye a la autoridad responsable a efecto de que establezca un sistema de registro, a fin de que se certifiquen las comparecencias de las quejosas con la finalidad de dar cumplimiento a la presente medida de aseguramiento. Requiriéndose a las autoridades responsables, para que una vez que los quejosos realicen la primera de dichas presentaciones, informen de inmediato a este Tribunal la fecha en que se efectuó, o bien hagan del conocimiento que no se cumplió con esa o cualquier posterior. c) En la misma tesitura, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, deberán proporcionar tanto a las autoridades responsables como a este Juzgado de Distrito su domicilio en donde residirán en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a efecto de que se le puedan practicar las citaciones respectivas. En el entendido de que los quejosos no podrán ausentarse de esa ciudad, sin previa autorización de este órgano de control constitucional. GARANTÍAS PARA UNA DEFENSA ADECUADA. De igual manera, para garantizar el acceso a una defensa adecuada dentro del procedimiento administrativo migratorio, al cual le son aplicables las garantías del proceso penal, se ordena girar atento oficio a la Delegación de la Defensoría Pública Federal, con residencia en esta ciudad, para que se sirva señalar a los quejosos un defensor de oficio especializado en Atención a Personas en Movilidad y Sujetas a Protección Internacional, para que intervenga en el procedimiento administrativo migratorio seguido en su contra. Para tal efecto, se ordena a las autoridades responsables para que permitan el acceso a los defensores de oficio a sus instalaciones y, para el caso de que no hayan transcurrido las treinta y seis horas de su detención, garanticen espacios en los que puedan ser atendidos para recibir asesoría jurídica de manera directa. ASISTENCIA CONSULAR. Asimismo, al momento de realizar la notificación personal de la presente determinación, toda vez que se trata de extranjeros detenidos en territorio mexicano, deberá hacerse saber a los quejosos que cuentan con los siguientes derechos: Comunicarse con la oficina o representación consular de su país, la información de dicho derecho debe ser inmediata y no puede demorarse bajo ninguna circunstancia. Tiene derecho a escoger si desea o no contactar a su respectivo consulado. Si decide que desea contactar a la oficina consular de su país, la autoridad debe informar de esta situación a la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención, comunicación que deberá ser inmediata y realizarse a través de todos los medios que estén al alcance de la autoridad respectiva. La autoridad deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre el extranjero y la oficina consular de su país, para que ésta le brinde a aquél una asistencia inmediata y efectiva. En caso de que los quejosos decidan ejercerlos podrán realizar tal manifestación ante el actuario judicial que notifique la presente determinación. La medida cautelar aquí decretada surtirá efectos de inmediato sin requisito de garantía alguna. INFORMES SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Hágase saber lo anterior a las autoridades responsables, así como que deberán informar en el término de VEINTICUATRO HORAS como lo establece el artículo 15 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta resolución. Asimismo, infórmeseles que tienen expeditas sus facultades legales para dictar las determinaciones que correspondan en el procedimiento administrativo del cual derivan los actos reclamados, siempre y cuando no contravengan o supediten el cumplimiento de la suspensión de plano aquí decretada, ya que tal circunstancia podría actualizar la comisión del ilícito penal que se precisa en el siguiente apartado. De igual manera se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, para que haga del conocimiento de los directos quejosos el presente proveído, para lo cual deberá constituirse en las instalaciones de la Estación Migratoria en esta ciudad, a fin de lograr su comparecencia y en el acto de la diligencia, lo requiera para que manifiesten si es su voluntad ratificar la demanda de amparo, o bien, lo haga por escrito en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la misma Ley de Amparo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada su demanda, y quedarán sin efecto las providencias dictadas, conforme a lo previsto en los propios precepto y ordenamiento legal invocados. Asimismo, deberá dar fe de su estado físico. En la inteligencia de que en caso de no encontrar en el lugar donde se indica, el actuario deberá agotar los medios a su alcance para constatar si en los libros de gobierno internos de las autoridades responsables, existe registro a nombre de los directos quejosos, y en caso de no hallarlos, deberá constituirse en cualquier dependencia y centro de reclusión que cuente con celdas o separos dentro de esta localidad, a fin de llevar a cabo lo encomendado en este auto. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, del ordenamiento legal en cita. Asimismo, hágaseles saber a las responsables que el cumplimiento de la suspensión de plano decretada en este asunto es de orden público y, por ende, el suscrito está obligada a velar por su acatamiento en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo, además de que en caso de incumplir con lo aquí ordenado se puede dar lugar a que se proceda en términos del Título Quinto, Capítulo III, de la citada legislación, e incurrir en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, del mismo cuerpo legal, el cual prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Además, de que, de conformidad con el numeral 66 de la Ley de Amparo, podrá ordenarse de oficio la apertura del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, previsto por el artículo 206 de la ley en cita. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, 55, 58 y 66 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del propio Consejo, se le autoriza la consulta del expediente electrónico con el nombre de usuario "********************"; en consecuencia, se comisiona a la oficial judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realicen las gestiones necesarias para tales efectos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.

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