Aline Rojas Andrade

Expediente 631/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 34 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
631/2017
Año
2017
Actuaciones
34
Última actuación
18/04/2018

Partes del expediente

  • Aline Rojas Andrade
  • Juez de Primera Instancia Y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Incidental

    El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 8061 y anexo. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución pronunciada por ese órgano colegiado, el once del mes y año en curso, en el incidente en revisión civil 532/2017, así como el original del incidente de suspensión 631/2017; agréguese el cuaderno de antecedentes previa extracción de las copias simples con que se formó y acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, la superioridad mediante la ejecutoria de cuenta declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por Samuel Rojas Rojas, quien promovió el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia por sí y en representación de su menor hija, por los motivos expuestos en el indicado fallo; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Por otra parte, tomando en consideración que mediante proveído de doce de marzo del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio principal 631/2017, reservándose acordar lo procedente en cuanto a su archivo, glósese el presente incidente de suspensión al propio juicio. Consecuentemente, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del mencionado acuerdo, se determina que el expediente original del incidente de suspensión relativo al expediente principal en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. Olivia

  2. Principal

    El doce de marzo de dos mil dieciocho, la suscrita María Concepción García Jacobo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifica: a) Que el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de siete de febrero de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados para cumplir con la sentencia protectora, transcurrió del doce al catorce de febrero pasado. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado de autos y la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de marzo de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, por auto de siete de febrero pasado (foja 200), para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el presente juicio de derechos fundamentales (fojas 142 a 155), en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, contra el acto reclamado al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, para los efectos que enseguida se precisan: "1. Deje insubsistente el auto de dos de junio de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente 208/2017; y 2. En su lugar emita otro, pudiendo ser en el mismo sentido o en uno diverso, en el que reitere lo que no fue motivo de la concesión, y: a) Se allegue y valore los elementos posibles que tenga a su alcance además de las constancias que obran en el juicio 208/2017, tal como el diverso juicio ordinario 250/2017; b) Conforme los lineamientos de esta sentencia aplique e interprete el artículo 373 del Código Familiar del Estado de Zacatecas no de manera irrestricta sino con plena ponderación de las circunstancias del caso, siempre tomando como base lo establecido por los tres últimos párrafos del artículo 4° constitucional, que delinean el llamado "principio del interés superior del menor", es decir, que acorde con el interés superior del menor, parta de la premisa de que no hay regla que privilegie la permanencia de la menor con la madre, ponderando las distintas circunstancias que se obtengan de los elementos probatorios aportados en el juicio, garantizando el respeto a esos derechos fundamentales del menor; c) Analice las manifestaciones del hoy quejoso en el sentido de que la menor se encuentra bajo su cuidado, y pondere si la reintegración de la infante al cuidado de su progenitora conllevaría un mayor riesgo para su estabilidad emocional, precisamente al mutar el entorno social bajo el cual se encuentra actualmente, y dicte las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional de la menor dentro del juicio de origen, protegiéndola contra toda forma de abuso físico o mental, descuido o trato negligente o malos tratos; y una vez hecho ello, se determiné la guarda y custodia de ésta, atendiendo a su interés superior, en los términos antes vertidos; y d) En los términos señalados en la sentencia se pronuncie respecto al derecho de las convivencias entre el menor y su progenitor no custodio". La anterior concesión se hizo extensiva por lo que respecta al acto de ejecución atribuido al ministro ejecutor adscrito al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Miguel Auza, Zacatecas. Por auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 182 a 183), se declaró ejecutoriada la sentencia aludida y por tanto se requirió al mencionado Juez de Primera Instancia y actuario de su adscripción, para que acataran la misma. El siete de febrero siguiente (foja 200) se tuvo al Juez de mérito y secretaria auxiliar en funciones de actuario allegando el oficio 130 (foja 186) al cual se adjuntó copia certificada del auto de dos de febrero del año en cita, dictado en el Juicio de perdida de patria potestad 208/2017, en cumplimiento a la sentencia protectora dictada en los autos del juicio en que se actúa (fojas 187 a 199), en el que dicho juez dejó insubsistente el auto de dos de junio de dos mil diecisiete, y en su lugar dictó otro en el que reiteró los aspectos ajenos a la protección constitucional, por lo que adujo, que la admisión de demanda y lo que de ahí deriva, quedó en el mismo sentido y términos precisados en el auto de dos de junio; y, en lo que respecta a la medida cautelar urgente (guarda y custodia provisional), emitió nueva determinación, para lo cual, tomó en consideración lo relativo al interés superior del niño. Asimismo, tanto las pruebas existentes en el expediente 208/2017 del que deriva el auto reclamado, como las que obran en el diverso expediente 250/2017, de las cuales, una vez valoradas conforme a los artículos relativos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que al efecto citó, destacó lo siguiente: a) Que en el expediente 250/2017, existen pruebas relativas a la conducta de la progenitora de la menor, pero en cuanto al padre no aportan datos que lleven a dicho juez responsable a considerarlo no apto para hacerse cargo de la guarda y custodia de la menor. b) No es factible integrar a la menor al entorno familiar de la progenitora, porque el cambio de custodia significa necesariamente mutar el entorno social en que se encuentra la menor, lo que puede traer mayor riesgo de afectación emocional, que sólo podría justificarse si la misma no se encontrara en condiciones óptimas para su desarrollo integral o el cambio redundara en mejores condiciones psíquicas, emocionales y materiales; circunstancias estas últimas, que dijo la responsable, no fueron demostradas por los actores en el juicio natural, aquí terceros interesados. c) De los autos del expediente del que deriva el acto reclamado, se advierte que es el padre de la menor, aquí quejoso, quien se hace cargo de ella, y no existe constancia o indicios de afectación de derechos, por lo que no hay motivos para alejar a la propia menor del cuidado del progenitor, por lo menos en la etapa del procedimiento. d) De las pruebas allegadas al expediente 250/2017, se advierte que la progenitora, a la fecha de la emisión del acuerdo que se analiza, es menor de edad y realiza conductas que reflejan descuido de sus obligaciones maternales, sin que ello prejuzgue sobre la procedencia de la custodia definitiva y la patria potestad, dado que en la sentencia se analizarán las pruebas que se ofrezcan por las partes en la etapa probatoria. e) El artículo 373 del Código Familiar menciona que salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño menor de diez años de su madre, pero que ello deberá interpretarse a la luz del artículo 4 Constitucional, porque el citado numeral 373 debe interpretarse, no de manera irrestricta, sino que pueden ponderarse las circunstancias del caso, dado que el interés superior del menor está por encima de la norma local, por lo que debe privilegiarse el ambiente más propicio para el desarrollo integral del menor, con independencia de que sea el padre o la madre quien ejerza custodia. f) De los autos del juicio natural se advierte, que el demandado, ahora quejoso, tiene un trabajo estable como elemento de la policía preventiva de Miguel Auza, Zacatecas, asimismo, que por su edad se puede presumir que tiene un estado de madurez más estable que la progenitora, sin que hasta la fecha de emisión de la resolución existan indicios que hagan suponer lo contrario. Y, en relación con esas razones, determinó que, en atención al interés superior del niño y con fundamento en el artículo 4, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, fracción III, inciso a), 113, fracción V, de la Ley Estatal de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes; la guardia provisional de la menor que ahí se cita, debe seguir a cargo de su padre, aquí quejoso, en el domicilio que habita. Además, conminó al mencionado progenitor aquí quejoso, para que de acuerdo a sus posibilidades y condiciones económicas y sociales procure y salvaguarde el bienestar emocional, físico y psíquico de la menor, absteniéndose de conductas que puedan poner en peligro su integridad, apercibiéndolo que de no hacerlo, se le podrán imponer las sanciones que se estimen pertinentes y dejar sin efecto la custodia provisional que se le otorgó. De igual forma ordenó girar oficio al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Miguel Auza, Zacatecas, para que vigile el cumplimiento de lo dispuesto en relación con la mencionada custodia y de ello informe al juez responsable. Finalmente, también valoró la necesidad de un régimen de convivencia que asegure la continuidad de las relaciones personales y lazos afectivos, considerando que la convivencia más que un derecho para las partes, es un derecho de los menores; y, en atención a ello, decretó un régimen de convivencia de dos horas de lunes a viernes con la progenitora de la menor, en el domicilio del aquí quejoso, al que dijo podrían acudir los abuelos maternos. Con el oficio y resolución a que se ha hecho referencia, se dio vista al impetrante del amparo por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiera desahogado dicha vista. Por tanto, tomando en consideración que en la ejecutoria emitida por este Juzgado Federal, se otorgó la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que, el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Miguel Auza, Zacatecas, dejara insubsistente el auto de dos de junio de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente 208/2017 y en su lugar emitiera otro, pudiendo ser en el mismo sentido o en uno diverso, en el que reiterara lo que no fue motivo de la concesión, allegándose y valorando los elementos posibles que tuviera a su alcance, además de las constancias que obran en el dicho expediente, así como las del diverso juicio ordinario 250/2017; asimismo para que aplicando e interpretando el artículo 373 del Código Familiar del Estado de Zacatecas, no de manera irrestricta, sino con plena ponderación de las circunstancias del caso, tomando como base lo establecido por el artículo 4° constitucional, en cuanto al principio del interés superior del niño, partiera de la premisa de que no hay regla que privilegie la permanencia de la menor con la madre; y, analizando las manifestaciones del hoy quejoso en el sentido de que la menor se encontraba bajo su cuidado, ponderara si la reintegración de la infante al cuidado de su progenitora conllevaría un mayor riesgo para su estabilidad emocional, y dictando las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional de la menor, protegiéndola contra toda forma de abuso físico o mental, descuido, trato negligente o malos tratos, se pronunciara en los términos señalados en la sentencia, respecto al derecho de las convivencias entre la menor y su progenitor no custodio. Y, toda vez conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, en los que se destacó lo determinado por la responsable en el nuevo acuerdo que emitió, se desprende que llevó a cabo lo ordenado en la sentencia aludida; este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, declara cumplida dicha sentencia, la cual otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Ahora bien, a efecto de estar en posibilidad de ordenar el archivo y depuración del expediente en que se actúa, toda vez que el cuaderno original del incidente de suspensión derivado de los autos, se encuentra en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta ciudad, para la resolución del recurso de revisión civil 532/2017, mediante oficio al que se acompañe copia certificada de este auto, así como del de diecinueve de enero pasado, hágase del conocimiento de la Superioridad la mencionada circunstancia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante María Concepción García Jacobo, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. gfp 23351

  3. Principal

    El siete de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con folio 2205. Conste. Zacatecas, Zacatecas a siete de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio y anexos de cuenta, signado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas y secretaria auxiliar adscrita en funciones de actuario, por el cual, en cumplimiento al requerimiento que se les efectuó en proveído de diecinueve de enero último, remiten copia certificada de las constancias con las que acreditan el cumplimiento dado a la sentencia protectora dictada en el presente juicio. Por tanto, con los documentos aludidos, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente de su legal notificación para que manifieste lo que a su derecho corresponda, apercibiéndole que en caso de no desahogar la vista en el plazo concedido para tal efecto, este juzgado con base en las constancias que obran en autos, resolverá sobre el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la sentencia de veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Notifíquese Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María Concepción García Jacobo, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. gfp

  4. Principal

    Juan García Trejo, secretario de juzgado, certifico: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para los terceros interesados Guillermo Andrade Rodríguez y Adela González Mendoza del veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete al doce del presente mes y año; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinte de diciembre de dos mil diecisiete. En el incidente de suspensión relativo al juicio que nos ocupa, se negó la suspensión definitiva solicitada por el amparista; La parte quejosa no exhibió billete de depósito por no haberse fijado garantía alguna. Sí existe en el incidente de suspensión, recurso de revisión pendiente de resolver, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, el cual quedó registrado como amparo en revisión civil 532/2017. No existen documentos por devolver al quejoso. Sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Miguel Auza, Zacatecas y actuario de su adscripción, para que dentro del término de TRES DÍAS, de cabal cumplimiento a la sentencia protectora en los siguientes términos: "1. Deje insubsistente el auto de dos de junio de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente 208/2017; y 2. En su lugar emita otro, pudiendo ser en el mismo sentido o en uno diverso, en el que reitere lo que no fue motivo de la concesión, y: a) Se allegue y valore los elementos posibles que tenga a su alcance además de las constancias que obran en el juicio 208/2017, tal como el diverso juicio ordinario 250/2017; b) Conforme los lineamientos de esta sentencia aplique e interprete el artículo 373 del Código Familiar del Estado de Zacatecas no de manera irrestricta sino con plena ponderación de las circunstancias del caso, siempre tomando como base lo establecido por los tres últimos párrafos del artículo 4° constitucional, que delinean el llamado "principio del interés superior del menor", es decir, que acorde con el interés superior del menor, parta de la premisa de que no hay regla que privilegie la permanencia de la menor con la madre, ponderando las distintas circunstancias que se obtengan de los elementos probatorios aportados en el juicio, garantizando el respeto a esos derechos fundamentales del menor; c) Analice las manifestaciones del hoy quejoso en el sentido de que la menor se encuentra bajo su cuidado, y pondere si la reintegración de la infante al cuidado de su progenitora conllevaría un mayor riesgo para su estabilidad emocional, precisamente al mutar el entorno social bajo el cual se encuentra actualmente, y dicte las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional de la menor dentro del juicio de origen, protegiéndola contra toda forma de abuso físico o mental, descuido o trato negligente o malos tratos; y una vez hecho ello, se determiné la guarda y custodia de ésta, atendiendo a su interés superior, en los términos antes vertidos; y d) En los términos señalados en la sentencia se pronuncie respecto al derecho de las convivencias entre el menor y su progenitor no custodio". Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento de que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará, y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Devuélvase a la autoridad responsable, juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Miguel Auza, zacatecas, las constancias que adjuntó a su informe justificado y que obran por separado. Hágase lo anterior del conocimiento del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos que procedan en el amparo en revisión civil 532/2017. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe. Regina.

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