Aline Denice Urbano Amaro
Expediente 1261/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1261/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 08/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Aline Denice Urbano Amaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 81 fracción I, inciso d) de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Sí se tramitó incidente de suspensión. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Destino de cuaderno incidental. Respecto al original del incidente de suspensión, conforme lo establece el artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General, procédase a la correspondiente destrucción, una vez transcurridos los TRES AÑOS posteriores a este acuerdo, dado el sentido de la suspensión provisional y definitiva. En la inteligencia que el duplicado del incidente de suspensión, según lo establece la fracción II, inciso a) del artículo 20 de tal Acuerdo, será destruido una vez transcurridos seis meses posteriores a la emisión del presente proveído que ordena el archivo del expediente. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que sobreseyó fuera de audiencia constitucional estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos; trece de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio de la Apoderada Legal de Universidad Latina, Sociedad Civil, personalidad que acredita al tenor del instrumento notarial que exhibe, mediante el cual, rinde informe previo; al respecto, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda, sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento, en virtud de que el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se proveyó sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados. Notifíquese.
- Incidental
Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1261-2021; y, R E S U L T A N D O: Primero. Solicitud de suspensión. En cumplimiento a lo ordenado en el expediente principal, mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se aperturó el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1261-2021, promovido por *****, por su propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y otras autoridades. Segundo. Tramite de incidente de suspensión. Como se ordenó en el cuaderno principal, por acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se formó por duplicado el incidente de suspensión, se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe previo, se proveyó lo conducente sobre la suspensión provisional y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental; la cual, previos diferimientos se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Precisión de los actos reclamados. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados en esencia son: La omisión de la expedición de título profesional que acredita la culminación de los estudios de la licenciatura en pedagogía de la parte quejosa. Segundo. Existencia del acto reclamado. Ahora bien, de los informes rendidos, se advierte que el: Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica, en representación del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos y Secretario de Gobierno y por ministerio de Ley Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Encargada de Despacho de la Dirección General Jurídica, en representación del Subsecretario de Gobierno; y, Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos, en representación del Secretario de Educación del Estado de Morelos, Director General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos y del Subdirector de Investigación y Difusión de Desarrollo Integral de la DGEMSS. Negaron el acto reclamado. Luego, como en la especie no se desvirtuó el contenido de los informes previos en los que se niega el acto reclamado, en virtud de que en el expediente no obra prueba idónea con la que pueda siquiera presumirse la existencia de los actos que se reclaman; en consecuencia, se tienen por ciertos los informes de mérito en el sentido que lo rinden las autoridades responsables, lo que da a lugar a negar la suspensión definitiva solicitada por el quejoso en el presente incidente. Cobra aplicación al caso concreto la tesis jurisprudencial número VI.2º.J-19, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 133, tomo II, julio de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y tenor siguiente: "INFORME PREVIO. DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Asimismo, no pasa inadvertido que las autoridades responsables Director Campus Cuautla de la Universidad Latina, S.C. (UNILA), Director de la Faculta de Pedagogía de la Universidad Latina S.C. (UNILA) Campus Cuautla y Coordinador de Servicios Sociales de la Universidad Latina S.C. (UNILA) Campus Cuautla, fueron omisas en rendir su informe previo, no obstante de encontrarse debidamente notificadas, y de haber transcurrido el término de cuarenta y ocho horas que se les otorgó para ello, tal como se demuestra con los acuses de recibo correspondiente, por lo tanto, se presumen ciertos los actos atribuidos, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo. Sin embargo, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, además, en la jurisprudencia número 2a.-J. 103-2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el Tomo XXV, Junio de 2007, en la página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.". Los informes justificados rendidos por las responsables Director Campus Cuautla de la Universidad Latina, S.C. (UNILA), Director de la Faculta de Pedagogía de la Universidad Latina S.C. (UNILA) Campus Cuautla y Coordinador de Servicios Sociales de la Universidad Latina S.C. (UNILA) Campus Cuautla, mismos que se tuvieron por recibidos en quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio principal del que deriva este incidente de suspensión, de los que se advierte negaron el acto reclamado. De igual forma, no se inadvierte que el quince de diciembre del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo de donde emana este incidente; ya que de las constancias que allegaron las citadas responsables se advierte que el nueve de los actuales, se expidió el título profesional a nombre de la parte quejosa, mismo que se corrobora con las constancias que anexaron las responsables, razón por la que se estima que ya no existe materia para la concesión de dicha medida cautelar solicitada, respecto de tal acto, por lo que procede negar la medida cautelar. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 138 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. - Se niega la suspensión definitiva a Ramiro Iturbe Parra, por propio derecho, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado con anexo que rinde la autoridad responsable: Apoderado Legal de la Universidad Latina, S,C., en representación del Director Campus Cuautla de la Universidad Latina, S.C., Director de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Latina, S.C. Campus Cuautla y Coordinador de Servicios Escolares de la Universidad Latina S.C.. Informe en el que niega la existencia del acto reclamado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas las documentales que exhibe. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, mismas que allegó la autoridad responsable Apoderado Legal de la Universidad Latina, S,C., en representación del Director Campus Cuautla de la Universidad Latina, S.C., Director de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Latina, S.C. Campus Cuautla y Coordinador de Servicios Escolares de la Universidad Latina S.C., se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación en virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. En ese contexto, la parte quejosa en su escrito de demanda presentado el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, reclamó en esencia, de las autoridades responsables: La omisión de la expedición de título profesional que acredita la culminación de los estudios de la licenciatura en pedagogía de la parte quejosa. Empero, de las constancias remitidas por el Apoderado Legal de la Universidad Latina, S,C., se advierte que el nueve de los actuales, se expidió título profesional a nombre de la parte quejosa, lo que se corrobora con las constancias que allegó la autoridad responsable. Aunado a que al escanear el código que aparece en el título profesional exhibido por la autoridad oficiante, conduce al link a que se hace alusión en la parte final del mismo, relativo a la página oficial de la Secretaría de Educación, en la que aparece la siguiente información: Verificación de título electrónico Información general Folio de control: ********Información de la institución Identificador y Nombre de la institución educativa: 170153 - UNIVERSIDAD LATINA, CAMPUS CUAUTLA Información de la carrera cursada Identificador y nombre de la carrera: 245301 - LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Fecha de inicio de la carrera cursada: 13/08/2012 Fecha de terminación de la carrera cursada: 08/07/2016 Tipo de autorización o reconocimiento de estudios otorgado por la autoridad competente: 2 - RVOE ESTATAL Número de reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE): 2004P02257 Información del profesionista Nombre completo: ******** Información sobre la expedición del título Fecha de expedición: 24/10/2019 Modalidad de titulación: 3 - POR ESTUDIOS DE POSGRADOS Fecha de exención del examen profesional: 25/01/2019 Entidad Federativa: 17 - MORELOS Información sobre el registro en libro Libro: 2 Foja: 167 Por lo que si el acto aquí reclamado se hace consistir en esencia en la omisión de expedir título profesional que acredita la culminación de los estudios de licenciatura en pedagogía de la parte quejosa, se obtiene que cesaron los efectos del acto reclamado, pues con dichas actuaciones llevadas a cabo por la responsable, la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental violado. Sin que constituya un obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que no obre agregada en autos la constancia fehaciente con que se acredite que la responsable haya notificado a la parte quejosa respecto al Título Profesional expedido a su nombre, no obstante que la responsable refiere envió vía correo electrónico el Título Profesional así como el archivo anexo (Representación gráfica y XML) al correo proporcionado por la aquí peticionaria de amparo, sin embargo, puesto que al oficio de cuenta acompañó copia de dicha documental, por tanto, se ordena correr traslado y, con tal circunstancia la quejosa queda enterada de la determinación emitida en respuesta a su solicitud. En lo conducente se invoca como apoyo a lo anterior y por analogía, la jurisprudencia 2a./J.36/99 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 469 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro se transcribe a continuación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA" Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes. En ese cause de pensamiento, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja sin efecto legal la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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