Alina Celia Jiménez Padilla
Expediente 947/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 05/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Alina Celia Jiménez Padilla
- Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración, residente en Mexicali, Baja California
- Alina Celia Jiménez Padilla y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Mexicali, Baja California, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vista la constancia secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la ley mencionada en primer término, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por ******************** queda firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se hace la acotación que el presente asunto, es susceptible de depuración a partir del seis de diciembre de dos mil veinticinco, en virtud de haberse concedido a la parte quejosa la suspensión de plano, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4, relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, en relación con el artículo 18, fracción I, inciso a), del capítulo octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo, el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, es susceptible de depuración al haberse otorgado la medida cautelar solicitada. De igual forma, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá destruirse una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 15, del capítulo quinto del citado acuerdo, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el citado acuerdo. De igual forma, se asienta que no existen documentos originales exhibidos por las partes, como se precisó en la certificación que antecede. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Francisco Javier Ayala Valenzuela, Secretario que autoriza y da fe, asimismo, certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico del Juicio de Amparo 947/2022-2. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra la notificación personal de la parte quejosa en relación al proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En tal virtud, se instruye al Actuario adscrito de este juzgado federal para que proceda a notificar de manera personal el referido auto a la parte quejosa; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el numeral 26, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo y para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a la parte actora. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Francisco Javier Ayala Valenzuela, Secretario que autoriza y da fe, asimismo, certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente físico y electrónico del Juicio de Amparo 947/2022-2. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, se agregó oficio que remitió el Subrepresentante Local en Los Algodones, en representación del Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración, en el que informó que otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a los quejosos Alina Celia Jiménez Padilla, Elio Ernesto Espinoza Jiménez, Niurka Segunda Barata Álvarez y Yonh Michael Rodríguez Gutiérrez, lo anterior, hasta en tanto regularizaran su situación migratoria, en el que además se aprecia que tienen en su poder sus carnet de identidad, ya que con dichos documentos se identificaron ante la autoridad migratoria; para acreditar lo anterior, remite copia certificada de dichos documentos. -Cesación de efectos - Ahora bien, al realizar un examen acucioso de las referidas constancias y al estar completas, por ende, suficientes para su estudio, esta juzgadora advierte de manera notoria, manifiesta e indudable, la existencia de una causa de improcedencia que determina el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el precepto 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, que se invoca de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 814 que se localiza en la página 553 del Tomo VI de la materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación de 1917 a 1995, de la Octava Época, con registro 394770, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Asimismo, la contradicción de tesis 26/200-PL, con registro 184572 que derivo la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De lo asentado en el primer párrafo del presente auto, se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, como ya se dijo, se debe sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." [.] En sustento de lo anterior, es pertinente citar que, desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que la parte quejosa hace consistir sustancialmente el acto reclamado en: A. La orden de detención, presentación y privación de la libertad. B. La falta de fundamentación y motivación de la garantía impuesta al quejoso. C. La negativa de otorgarle el oficio de salida de la estación migratoria. D. Orden de deportación, expulsión o repatriación asistida y trasladado. E. La retención de los documentos oficiales presentados por los quejosos para acreditar su nacionalidad. Sin embargo, se advierte que en auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, se agregó oficio que remitió el Subrepresentante Local en Los Algodones, en representación del Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración, en el que informó que otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a los quejosos Alina Celia Jiménez Padilla, Elio Ernesto Espinoza Jiménez, Niurka Segunda Barata Álvarez y Yonh Michael Rodríguez Gutiérrez, lo anterior, hasta en tanto regularizaran su situación migratoria, en el que además se aprecia que tienen en su poder sus carnet de identidad, ya que con dichos documentos se identificaron ante la autoridad migratoria; para acreditar lo anterior, remite copia certificada de dichos documentos. Documentales que participan de plena eficacia demostrativa de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de dicho ordenamiento. Aunado a ello, en el oficio que remitió el Subrepresentante Local en Los Algodones, en representación del Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración, en el que informó que acata en todos sus términos la suspensión de plano decretada por este juzgado y argumentó que, dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria Mexicali, se hizo del conocimiento a los quejosos, todos sus derechos dentro del procedimiento administrativo migratorio, entre ellos, se encuentra su derecho a solicitar asilo. Por lo que, si a la parte quejosa se le otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, abandonaron las instalaciones en la que se encontraban alojados, además, tiene en su poder sus carnet de identidad, cesaron los efectos del acto reclamado, desapareciendo del mundo fáctico y jurídico, además, desaparecieron sus consecuencias, cesación de efectos que trajo como consecuencia directa que volvieran las cosas al estado que guardaban antes de su omisión. Con lo anterior, la esfera jurídica de la parte quejosa quedó intocada como si los actos reclamados nunca se hubiesen desarrollado, de ahí la actualización de la causal de improcedencia en estudio. En estas condiciones, al evidenciarse que los efectos del acto reclamado en este juicio constitucional han desaparecido o han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es que se actualiza la referida causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo; por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, del diverso de la misma ley, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011" Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA" Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por Alina Celia Jiménez Padilla, Elio Ernesto Espinoza Jiménez, Niurka Segunda Barata Álvarez y Yonh Michael Rodríguez Gutiérrez. Por tal motivo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para once horas con un minuto del treinta de septiembre de dos mil veintidós. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días de la vista concedida a las partes mediante proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, para que se impongan del contenido de las constancias remitidas por las autoridades responsables, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar margen a la vista mencionada en el párrafo que antecede, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las once horas con un minuto del treinta de septiembre de dos mil veintidós, para su verificativo.
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