Alin Arroyo Contreras
Expediente 435/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 04/01/2022
Partes del expediente
- Alin Arroyo Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de enero de dos mil veintidós. Causa estado auto que declara cumplida. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa promoviera recurso de inconformidad en contra del auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se acuerda lo siguiente: Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional. (.)." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. En esas circunstancias, transcurrido el término establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena dar cumplimiento al presente acuerdo y a los demás lineamientos que establezca el citado acuerdo general. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. No existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubiquen en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; por tanto, no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto. Depuración de tomos de prueba. Finalmente, tomando en consideración el contenido del presente proveído, una vez que el expediente principal sea depurado, los tomos de prueba que se formaron en atención a la tramitación del presente juicio de amparo tendrán la misma suerte que aquél. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de diciembre de dos mil veintiuno. 1. Primera adscripción de Jueza de Distrito. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, acordó mi primera adscripción como Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en lugar del ahora magistrado Israel Flores Rodríguez, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se informó mediante el oficio SEADS/1073/2021, firmado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. 2. Modificación de los efectos de la primera adscripción. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, acordó modificar los efectos de mi primera adscripción como Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a fin de que sea a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se informó mediante el oficio SEADS/1192/2021, firmado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. 3. Jurisprudencia de la SCJN para asuntos en cumplimiento. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las recusaciones por impedimentos pueden hacerse valer en cualquier estado del proceso de amparo porque la función jurisdiccional se desarrolla antes, durante y después de dictada la sentencia, siendo necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten en la pérdida de imparcialidad durante todo el procedimiento, incluyendo los que están en ejecución. 4. Vista a las partes. En consecuencia, se informa a las partes mi primera adscripción como Jueza de Distrito, a fin de garantizarles el derecho procesal de plantear una eventual recusación en caso de existir impedimento, de acuerdo con los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Se declara cumplida la sentencia. Ahora, vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia **********++ visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. La Delegada Estatal de Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado, deje insubsistente el procedimiento administrativo que concluyó con la resolución del cinco de septiembre de dos mil catorce, por la que se determinó la baja de la quejosa del padrón activo de familias beneficiarias. La protección constitucional debe comprender también que la responsable otorgue a la quejosa los apoyos que hubiera dejado de percibir desde el cinco de septiembre de dos mil catorce a la fecha en que se tenga por cumplimentada la presente sentencia, pues sólo de este modo se restituye en su integridad a las peticionaria de amparo en el derecho fundamental transgredido. En el entendido que lo concluido en este fallo, no impide a la autoridad responsable iniciar otro procedimiento tendente a verificar si la quejosa actualmente cumple o no los criterios de elegibilidad del programa social Prospera, Programa de Inclusión Social, o el que actualmente lo hubiera sustituido en atención a las nuevas políticas sociales, siempre que en respeto a la garantía de previa audiencia contenida en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, le notifique a la quejosa el inicio del procedimiento en su contra, le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque su defensa, y le permita alegar lo que a su derecho convenga. En la inteligencia que para dar plena operatividad a ese derecho, las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que la parte quejosa comprenda las consecuencias del inicio del procedimiento administrativo de baja y la forma en que podrá defenderse, para lo cual deberán verificar que cuente, desde un inicio, con asistencia jurídica y, en todo momento, brindarle la posibilidad de defenderse con facilidad y sin tener que comprometer los pocos recursos que tiene a su alcance para satisfacer sus necesidades básicas. Finalmente, dada la conclusión anterior, la Subdirectora de Atención Operativa de Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado, deberá dejar sin efectos el oficio DEPP/1875/18, al haberse concluido que debe quedar insubsistente el procedimiento administrativo de origen." Inconforme con tal determinación la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien en sesión de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión 210/2019, determinó: PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento en el juicio. SEGUNDO. En la materia del recurso, se confirma la sentencia sujeta a revisión. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***** en contra del procedimiento administrativo que concluyó con la resolución del cinco de septiembre de dos mil catorce y del oficio DEPP/1875/18, de catorce de junio de dos mil dieciocho, de las autoridades responsables que se precisan en el resultando tercero, en los términos indicados en la sentencia recurrida." Atento a lo anterior, mediante proveído del trece de diciembre de dos mil diecinueve se tuvo a la autoridad responsable informando lo siguiente: Dejó insubsistente el procedimiento administrativo contenido en el expediente número AOCE21-D03C-010-0000020 resuelto el cinco de septiembre de dos mil catorce, mediante el cual se determinó la baja del Padrón Activo de Familias Beneficiarias y suspender el apoyo monetario del Programa a *************, en su carácter de titular de la familia beneficiaria de Prospera Programa de Inclusión Social. Giró oficio a la Subdirectora de Atención Operativa de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en el Estado, a efecto de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por cuanto a ella compete. Luego, el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, trece y veintiuno de enero, ambos de dos mil veinte, la autoridad responsable informó que: Solicitó al Director General adjunto de Banca Social Banco del Bienestar y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento Territorial, programación para la emisión y entrega de una nueva tarjeta bancaria a la quejosa, a fin de que fuera programada su entrega a través de un operativo ex profeso a nivel Estatal. El ocho de enero de dos mil veinte, hizo entrega de la tarjeta o contrato -medio de pago- a la quejosa. El Titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en el Estado de Puebla informó que la cantidad a pagar a la quejosa por concepto de apoyos dejados de percibir desde el cinco de septiembre de dos mil catorce era equivalente a $31,750.00 (treinta y un mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). No obstante, la parte quejosa indicó una diversa cantidad y al existir una clara diferencia entre la cantidad propuesta por la autoridad y la pretendida por la parte quejosa, mediante acuerdo del veintinueve de enero de dos mil veinte, se ordenó tramitar el incidente de liquidación a fin de determinar el monto que debería pagarse a la quejosa en acatamiento del fallo protector. En razón de lo anterior, mediante resolución de trece de noviembre de dos ml veinte, se declaró fundado el incidente de liquidación y se estableció el monto a que ascendía la liquidación. En siete de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado de Puebla, hoy Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, interpuso queja en contra de la resolución interlocutoria de liquidación de sentencia. En consecuencia, mediante proveído del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, remitiendo el testimonio de la ejecutoria de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 11/2021, que resolvió declarar fundado el recurso de queja. Bajo ese panorama en ese mismo proveído, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en los siguientes términos: Y, finalmente el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de PROSPERA, Programa de Inclusión Social en el Estado de Puebla, hoy Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en el Estado, en su calidad de superior jerárquico de la responsable: Remitió el original del acuse de recibo del comprobante de pago, de doce de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la quejosa ***********, que ampara la cantidad de $7,230.00 (siete mil doscientos treinta pesos), así como copia simple de la credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con el número de folio 0809043012405. Por tanto, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, con las constancias antes referidas, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Autoridad informa cumplimiento. Agréguense los oficios del Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de PROSPERA, Programa de Inclusión Social en el Estado de Puebla, hoy Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en el Estado, en su calidad de superior jerárquico de la responsable, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada y al efecto remite copia de lo siguiente: Oficio CNBBJ/RE/SAO/064/2021, de dieciséis de noviembre pasado; Oficio CNBBJ/DGGPTIC/4256/2021, de tres de noviembre del presente año; y, Comprobantes del pago realizado a la parte quejosa, de fecha doce de noviembre de la anualidad en curso. Circunstancias de las que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Bajo ese panorama, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con los oficio registrado con número de promoción 17518 -con anexo- así como con los oficios y anexos de cuenta, por el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, apercibidos que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Ahora, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente acuerdo, así como el oficio y anexo remitidos en cumplimiento al fallo protector de manera personal a la parte quejosa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Gestiones y solicitud de prórroga. Agréguese el oficio del titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado de Puebla, hoy Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, por medio del cual informa las gestiones que realiza a efecto de dar cumplimiento total a la sentencia de amparo y remite las constancias que así lo acreditan. Ahora, del contenido del oficio de cuenta se advierte que la responsable solicita una prórroga para dar cumplimiento total al fallo protector dictado en el presente juicio. En ese contexto, tomando en consideración que el depósito de los apoyos retroactivos depende de un proceso en el cual intervienen distintas instancias de la Administración Pública Federal a efecto de que se autorice y libere el Proyecto del Gasto para el presente ejercicio fiscal, este órgano jurisdiccional otorga a la autoridad responsable una prórroga de diez días para dar cumplimiento a los efectos pendientes del fallo protector. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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