Alicia Villalobos de Cruz

Expediente 142/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
142/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
24/04/2017

Partes del expediente

  • Alicia Villalobos de Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de los autos y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de cuatro de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó de plano su demanda de garantías, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en.el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha en que sé dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Incidental

    Por recibida la demanda de amparo de cuenta que promueve ALICIA VILLALOBOS DE CRUZ, contra actos del Juez Civil de Tehuantepec, Oaxaca y otra autoridad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Se dice lo anterior, porque de los antecedentes relatados bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo se advierte lo siguiente. 1. Que en el expediente civil 591/2008, del índice del Juzgado de lo Civil de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, el treinta y uno de marzo de dos mil once, se dictó la sentencia respectiva, donde las prestaciones reclamadas fueron la servidumbre de paso al predio sirviente. 2. En cumplimiento a tal sentencia el once de abril de dos mil dieciséis, se procedió a la demolición de una barda exterior. 3. Y en diverso proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, nuevamente se ordenó demoler parte de una de las bardas del inmueble de su propiedad en cumplimiento a tal sentencia. Con esa base, contra el acto reclamado, consistente en: "El proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 591/2008, del índice del Juzgado de lo Civil, con sede en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca", se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Los numerales citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. De una interpretación sistemática de dichos numerales se pone de manifiesto que el juicio de amparo biinstancial sólo será procedente, respecto de actos de ejecución de sentencia, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual serán reclamables las violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa la quejosa. Esos aspectos, no se colman en la especie, toda vez que la impetrante de amparo reclama en esta vía constitucional el proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 591/2008, del índice del Juzgado de lo Civil, con sede en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, el cual es del tenor siguiente: "(.) visto su contenido en atención a las manifestaciones que refiere, que se encuentra aún pendiente de demoler parte de una de las bardas ordenadas demoler en dicha sentencia, en ese sentido se comisiona al actuario adscrito a este Juzgado, a la segunda secretaría. para que una vez, debidamente cerciorado de la existencia del tramo de barda que refiere existe, y que no se demolió en la diligencia de fecha once de abril del año dos mil dieciséis, dé cumplimiento con el punto resolutivo cuarto, de la sentencia de fecha treinta y uno de marzo de dos mil once, así como con lo ordenado en auto con fecha catorce de noviembre del año dos mil catorce, en los términos ahí descritos, por lo que, con el objeto de dar cumplimiento a lo anterior, se autoriza el auxilio de la fuerza pública, a fin de éxito de la diligencia encomendada (.)". Del contenido de la transcripción anterior, se tiene que es evidente que tal acto reclamado no fue dictado dentro de juicio, si no dentro de la etapa de ejecución. Lo que pone de manifiesto que indefectiblemente el sumario de referencia, se encuentra en etapa de ejecución, y el auto que se reclama está vinculado con el cumplimiento de la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil once; asimismo, el proveído que se reclama no constituye la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, en términos del precepto 107, fracción IV, párrafo segundo, de la propia ley, ya que como última resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento; por tanto, el acto reclamado, no puede ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, puesto que, antes de ejecutar tal acto, como el propio juez de primera instancia lo señaló, el actuario, debe de cerciorarse de que efectivamente no se cumplió en su totalidad lo ordenado en la sentencia firme, dictada dentro del expediente 591/2008 del índice del Juzgado Civil de Tehuantepec, Oaxaca, y sólo en ese único caso, se dará paso a la demolición de la barda, por lo cual se tiene que el acto reclamado no es el último dictado dentro del expediente citado, y como consecuencia, no es procedente esta instancia constitucional. .. Los criterios jurisprudenciales son aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. La determinación anterior, tiene apoyo en la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al resolver el recurso de revisión 330/2015, interpuesto por la aquí quejosa en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 102/2015 del índice de este Juzgado, donde consideró que el acto reclamado consistente en la orden de demolición de las bardas construidas sobre el callejón Aquiles Serdán en el Barrio de San Juanico en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, no es la última resolución dictada dentro de la etapa de ejecución de sentencia. En el entendido que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, el acto reclamado, sólo podrá ser reclamado conjuntamente con la última resolución que se dicte en el referido procedimiento de ejecución, que precisamente es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o, las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. De igual forma, dicho Tribunal de alzada, consideró que en el caso, no se actualizaba la excepción de procedencia del juicio de amparo indirecto, por no tratarse de actos dictados en ejecución de sentencia, que afecten de manera inmediata derechos sustantivos, la cual, sólo se actualiza cuando los actos derivan del procedimiento de ejecución, pero no son consecuencia directa y necesaria de la sentencia que se pretende combatir, lo que no se dio en ese caso, toda vez que la orden de demolición de las bardas de que se trata y su ejecución, son una consecuencia directa y necesaria de la sentencia dictada en la controversia de origen, por lo que no se está en el caso de excepción previsto en dicha jurisprudencia, en términos de la ejecutoria de la que deriva. .. Circunstancia que ya se hizo del conocimiento de la parte quejosa al desechar el juicio de amparo 114/2017 del índice de este Juzgado. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Aparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Como lo solicita la parte quejosa téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta; asimismo, se tiene por autorizado con todas las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a JOSÉ MANUEL CHIÑAS CORTES, y como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a JAVIER VARGAS BETANZOS, ENRIQUE CARDOSO CASTILLO e IVÁN BLAS PINEDA; toda vez que no se encuentran registrados en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, tal como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo. Hágase saber a las partes que el presente auto y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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