Alicia Tovar Soto

Expediente 302/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 24 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
302/2020
Año
2020
Actuaciones
24
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Alicia Tovar Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    V-Vistas las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a la parte quejosa, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto del proveído de 4 de julio de 2022, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. De conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos de expediente impreso y del electrónico, los cuales están conformados cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que reflejan e informan con exactitud las fases procesales en que se desarrolla este y que permiten a las partes dar seguimiento puntual del asunto Asimismo, en cumplimiento artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección constitucional, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación de este proveído, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, dicha documentación en su oportunidad, será destruida junto con el expediente, conforme a lo establecido en párrafos precedentes. Finalmente, instrúyase al Actuario judicial adscrito, a fin de que realice la notificación del oficio dirigido a la autoridad con residencia en la ciudad de México, por interconexión, debiendo dejar constancia en los presentes autos, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    V.-Con esta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de ocho de agosto del año en curso, que en lo conducente dice: "Vistas las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a la parte quejosa, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto del proveído de 4 de julio de 2022, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. De conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos de expediente impreso y del electrónico, los cuales están conformados cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que reflejan e informan con exactitud las fases procesales en que se desarrolla este y que permiten a las partes dar seguimiento puntual del asunto Asimismo, en cumplimiento artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección constitucional, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación de este proveído, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, dicha documentación en su oportunidad, será destruida junto con el expediente, conforme a lo establecido en párrafos precedentes. Finalmente, instrúyase al Actuario judicial adscrito, a fin de que realice la notificación del oficio dirigido a la autoridad con residencia en la ciudad de México, por interconexión, debiendo dejar constancia en los presentes autos, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa."

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa en proveído de 15 de junio de 2022, sin que haya realizado manifestaciones relativas al cumplimiento del fallo protector realizado por la autoridad responsable; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: En principio, es necesario puntualizar que el 24 de noviembre de 2020, se dictó la sentencia constitucional, en la cual por una parte se concedió el amparo y protección de la justicia federal, a la quejosa Alicia Tovar Soto, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables. En tal virtud, mediante oficio presentado ante este Juzgado la autoridad Subdirectora de Amparos "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación de la Titular de la Dirección General de Ordenamiento de Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México, interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio. Luego, mediante auto de 9 de marzo de 2022, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución sesionada en amparo en revisión 141/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, quedando los puntos resolutivos de la siguiente manera: "..PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Alicia Tovar Soto, contra los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y al Subdelegado de Prestaciones de la delegación en Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en los términos indicados en el considerando quinto de la sentencia recurrida...". En cumplimiento a lo anterior, el 16 de marzo de 2022, se recibió el oficio 023.130.600.2.UJ/JA/2022, de la titular de la Unidad Jurídica y en representación del Jefe de Departamento en la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación, Comisionado para el ejercicio de las funciones relativas a las Prestaciones, Económicas, Sociales y Culturales, en la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió el oficio 023.302/SP/762/2022, en el que dejó insubsistente el documento denominado Liquidación de Pago Previa Incorporación de Nómina, de fecha cinco de agosto de dos mil veinte, con número de folio ISSSTE 23000175459102 y en su lugar se expidió el diverso oficio 023.302/SP/762/2022, e informó que no le será aplicado en lo presente ni en lo futuro, el precepto declarado inconstitucional consistente en el segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como las cantidades que le fueron retenidas o no pagadas con motivo de la aplicación de tal disposición, y que se procederán a reintegrarle las cantidades por medio de la expedición de un cheque el cual estará a su disposición durante la segunda quincena del mes de abril del presente año en las oficinas a las que deberá apersonarse con los documentos de identificación que se indican. En tal virtud, el 15 de junio de 2022, la autoridad de mérito remitió diversas constancias en las cuales se desprende que entregó a la parte quejosa el cheque identificado con el número 0003250 de siete de junio de dos mil veintidós, a nombre la quejosa Alicia Tovar Soto, por la cantidad de $1, 445,645.00 (un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100, moneda nacional), que contiene la leyenda "Recibí Cheque 3350, con nombre Alicia Tovar Soto, firma de la misma y con fecha "8/06/2022", así como copia de la credencial de elector de la aquí quejosa. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, expedidos por un funcionario con facultades para ello, por lo que constituyen documentos oficiales, que tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º; con las que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. "Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Mediante proveído de 15 de junio de 2022, se dio vista a la parte quejosa con el contenido del aludido oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que hasta la presente data haya realizado manifestación alguna. En este contexto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable titular de la Unidad Jurídica y en representación del Jefe de Departamento en la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación, Comisionado para el ejercicio de las funciones relativas a las Prestaciones, Económicas, Sociales y Culturales, en la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que dio cumplimiento a la resolución dictada por Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, en el amparo en revisión 141/2021, conforme al criterio desarrollado en la ejecutoria de la superioridad y, realizando el cálculo de los montos adeudados a la quejosa, cantidades que acreditó haber pagado en su totalidad a la parte quejosa. Lo anterior, permite conocer que la ejecutoria emitida por este Juzgado Federal está cumplida en su totalidad sin que éste órgano jurisdiccional advierta exceso o defecto en su cumplimiento, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo. Infórmese a la parte quejosa, que tiene un plazo de quince días para impugnar esta determinación, si así lo estiman pertinente, a través del recurso de inconformidad, previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Una vez que cause estado este proveído, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la legislación de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo dictado el cuatro de julio de dos mil veintidós, el cual en lo conducente dice: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa en proveído de 15 de junio de 2022, sin que haya realizado manifestaciones relativas al cumplimiento del fallo protector realizado por la autoridad responsable; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: En principio, es necesario puntualizar que el 24 de noviembre de 2020, se dictó la sentencia constitucional, en la cual por una parte se concedió el amparo y protección de la justicia federal, a la quejosa Alicia Tovar Soto, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables. En tal virtud, mediante oficio presentado ante este Juzgado la autoridad Subdirectora de Amparos "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación de la Titular de la Dirección General de Ordenamiento de Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México, interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio. Luego, mediante auto de 9 de marzo de 2022, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución sesionada en amparo en revisión 141/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, quedando los puntos resolutivos de la siguiente manera: "..PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Alicia Tovar Soto, contra los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y al Subdelegado de Prestaciones de la delegación en Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en los términos indicados en el considerando quinto de la sentencia recurrida...". En cumplimiento a lo anterior, el 16 de marzo de 2022, se recibió el oficio 023.130.600.2.UJ/JA/2022, de la titular de la Unidad Jurídica y en representación del Jefe de Departamento en la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación, Comisionado para el ejercicio de las funciones relativas a las Prestaciones, Económicas, Sociales y Culturales, en la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió el oficio 023.302/SP/762/2022, en el que dejó insubsistente el documento denominado Liquidación de Pago Previa Incorporación de Nómina, de fecha cinco de agosto de dos mil veinte, con número de folio ISSSTE 23000175459102 y en su lugar se expidió el diverso oficio 023.302/SP/762/2022, e informó que no le será aplicado en lo presente ni en lo futuro, el precepto declarado inconstitucional consistente en el segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como las cantidades que le fueron retenidas o no pagadas con motivo de la aplicación de tal disposición, y que se procederán a reintegrarle las cantidades por medio de la expedición de un cheque el cual estará a su disposición durante la segunda quincena del mes de abril del presente año en las oficinas a las que deberá apersonarse con los documentos de identificación que se indican. En tal virtud, el 15 de junio de 2022, la autoridad de mérito remitió diversas constancias en las cuales se desprende que entregó a la parte quejosa el cheque identificado con el número 0003250 de siete de junio de dos mil veintidós, a nombre la quejosa Alicia Tovar Soto, por la cantidad de $1, 445,645.00 (un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100, moneda nacional), que contiene la leyenda "Recibí Cheque 3350, con nombre Alicia Tovar Soto, firma de la misma y con fecha "8/06/2022", así como copia de la credencial de elector de la aquí quejosa. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, expedidos por un funcionario con facultades para ello, por lo que constituyen documentos oficiales, que tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º; con las que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. "Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Mediante proveído de 15 de junio de 2022, se dio vista a la parte quejosa con el contenido del aludido oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que hasta la presente data haya realizado manifestación alguna. En este contexto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable titular de la Unidad Jurídica y en representación del Jefe de Departamento en la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación, Comisionado para el ejercicio de las funciones relativas a las Prestaciones, Económicas, Sociales y Culturales, en la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que dio cumplimiento a la resolución dictada por Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, en el amparo en revisión 141/2021, conforme al criterio desarrollado en la ejecutoria de la superioridad y, realizando el cálculo de los montos adeudados a la quejosa, cantidades que acreditó haber pagado en su totalidad a la parte quejosa. Lo anterior, permite conocer que la ejecutoria emitida por este Juzgado Federal está cumplida en su totalidad sin que éste órgano jurisdiccional advierta exceso o defecto en su cumplimiento, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo. Infórmese a la parte quejosa, que tiene un plazo de quince días para impugnar esta determinación, si así lo estiman pertinente, a través del recurso de inconformidad, previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Una vez que cause estado este proveído, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la legislación de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

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