Alicia Sarahi Díaz Hidalgo y Otros.

Expediente 521/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
521/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
17/06/2016

Partes del expediente

  • Alicia Sarahi Díaz Hidalgo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo (fojas 7 a 10), sin que la promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA,EL ACUERDO QUE DICE: Analizada la demanda de amparo promovida por Alicia Sarahi Díaz Hidalgo, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 521/2016, que le corresponde. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido del escrito de demanda, se considera respetuosamente, que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, en relación al artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" El primero de los artículos, refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, limitativamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. Así, una interpretación a contrario sensu del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Cabe destacar que esta última disposición establece que por dichos actos de imposible reparación se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.", con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas; es decir, el legislador secundario dispuso diversas condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; por lo que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de juicio solamente opera cuando se afecten materialmente derechos sustantivos. Asimismo, de una interpretación correlacionada de dichos artículos se advierte la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o cosas una afectación material a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues lo que se pretende es que tales actos puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo sin necesidad de esperar la resolución definitiva, los cuales pueden producirse tanto en juicios propiamente dichos como en procedimientos seguidos en forma de juicio A mayor abundamiento, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos fundamentales de las personas, como lo son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate o con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable; incluso, en el supuesto de que no sea así, el afectado tiene su derecho expedito para alegarlo como violación procesal en el medio de defensa que proceda contra la resolución que ponga fin al procedimiento de que se trate. HECHOS Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, dictado en el juicio civil número 960/2014/V, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, que desechó por extemporáneo el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada (quejosa), en contra del acuerdo de siete de abril del año en curso, emitido en dicho expediente, que admitió la "prueba superveniente documental de informes", ofrecida por la parte actora en el juicio de referencia. CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye que el acto reclamado, por su naturaleza procesal, no constituye un acto de imposible reparación, toda vez que el hecho de que el Juez Octavo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en el expediente civil número 960/2014/V, de su índice, haya desechado por extemporáneo el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada (quejosa), en contra del auto que admitió la "prueba superveniente documental de informes", ofrecida por la parte actora en el juicio citado; se considera respetuosamente que no atenta de manera cierta e inmediata derecho sustantivo alguno que se encuentre protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sólo tiene efectos intra-procesales, en el que aún no existe afectación en contra de la parte quejosa; ya que dicho acto reclamado sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable; y de no ser así, la parte afectada tiene su derecho expedito para alegarlo como violación procesal en el medio de defensa que proceda contra la resolución que ponga fin al procedimiento respectivo. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE ESTE JUICIO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como autorizados en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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