Alicia Sánchez León
Expediente 228/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 228/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alicia Sánchez León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 228/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el quince de junio de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa Alicia Sánchez León, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales I.G.S. Inconforme con dicha resolución, el tercero interesado interpuso recurso de revisión en su contra, el cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, quien en sesión de trece de enero de dos mil veintidós, modificó la sentencia recurrida, para los efectos siguientes: ".la Jueza responsable, deberá: 1.Dejar insubsistente la resolución de once de marzo de dos mil veintiuno, por medio de la que resolvió la reclamación interpuesta por Domingo González Córdoba en contra de la pensión provisional decretada en su contra en el juicio ordinario civil 498/2020; 2. En su lugar, dicte otra en la que, con plenitud de jurisdicción, de forma fundada y motivada, acorde a la naturaleza, finalidad y objeto de la reclamación, resuelva la misma conforme a derecho corresponda, omitiendo considerar que al habitar el deudor alimentario en el domicilio conyugal se hacía carga del pago de los servicios con los que se beneficiaban las acreedoras." En esas condiciones, mediante auto de catorce de febrero del año en curso, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la autoridad responsable Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en auto de veintitrés de febrero del año en curso, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así toda vez, que obra el oficio 969/2020 signado por el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; al cual anexó copia certificada de la resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, del cual se aprecia que dejó insubsistente la resolución de once de marzo de dos mil veintiuno y, al resolver de nueva cuenta el recurso planteado, declaró parcialmente fundada la reclamación de alimentos interpuesta por Domingo González Córdoba (aquí tercero interesado) lo anterior bajo las siguientes argumentaciones. En primero término, el Juez de primera instancia analizó los agravios manifestados por el citado quejoso, así como el desahogo de vista de la parte actora, constancias procesales y documentos exhibidos. Ahora al analizar los agravios relacionados a que es infundada la petición de alimentos dado que él siempre ha cumplido con su obligación alimentaria para con sus acreedoras, desde hace 25 años, y que la actora siempre dispuso de todo su dinero, además de que actualmente se encuentran viviendo en el que fue su domicilio conyugal, y que por la crisis laboral él ha tenido la necesidad de pedir dinero prestado a familiares y amigos para cubrir los elementos básicos de comida y calzado en su hogar, beneficiándose con ello sus acreedoras alimentarias; el Juez responsable, los declaró infundados, bajo el argumento que el hecho de que el reclamante haya aportado en el pasado alimentos o haya hecho entrega voluntarias de dinero a sus acreedoras alimentarias, esto no lo exime de cumplir con el mandato judicial, habida cuenta que la necesidad es de "tracto sucesivo", por tanto el pago hecho en determinado momento no libera al proveedor económico de garantizar el pago de los alimentos decretados judicialmente. Asimismo, si bien el reclamante arguye a que debe atenderse a estudios socioeconómicos y laborales, para decretar el monto alimenticio, se dice que dada la prontitud con que se debe resolver el presente asunto, solo se valorará el material probatorio anexo al momento de haber dado contestación y promover la reclamación, y si bien éste no presentó documentos que acreditaran la realidad de sus ingresos económicos a la fecha en que presentó su reclamación, lo cierto es que éste agregó la constancia de semanas cotizadas de fecha once de febrero de dos mil veinte expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como seis estados de cuenta expedidos por Citibanamex a su nombre, documentales valoradas de conformidad con los artículos 235 fracciones II y III, 261 fracción II, 265, 266, 327 y 337, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, y de los que se advierte que éste tiene ingresos económicos. Por cuanto hace a los agravios por los cuales el reclamante pretende se anule la pensión decretada en su contra, ya que a su decir él se encuentra en estado de insolvencia económica, además de que por la contingencia y su edad no se le permite trabajar, razón por la que su situación económica ha sufrido cambios drásticos, por lo que solicita se cancele la pensión alimenticia decretada, y en su lugar se fije una mensual de cien pesos 00/100 M.N., dado que no cuenta con trabajo remunerado; el juez responsable los declaró infundados y, señala que el objeto del presente recurso, no es el de cancelar el monto decretado por concepto de pensión alimenticia provisional, ya que la actora y su hija menor de edad de iniciales I.G.S., justificaron el parentesco que les une con el reclamante, así como el estado de necesidad en que se encuentran, la primera al manifestar haberse dedicado completamente al cuidado del hogar y de sus hijas, lo cual presume su necesidad alimentaria de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 242 bis, del Código Civil para el Estado de Veracruz, y la segunda en razón de ser menor de edad, quien requiere de los alimentos que sus padres deban de darle. Aunado a lo anterior, el juez señaló que el objeto del recurso a estudio, es el de verificar, en términos de lo dispuesto por el artículo 210, tercer párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, su proporcionalidad de acuerdo a las posibilidades del deudor y las necesidades de sus acreedoras, pero ello no implica que la reclamación prevista en dicho numeral que nos ocupa, sea para cancelar la medida decretada, pues ello es una situación que deberá valorarse con mayores elementos probatorios en sentencia definitiva. De igual manera, respecto a que la actora y su hija menor de edad de iniciales I.G.S., habitan el domicilio que fue conyugal, razón por la que dice se debe cancelar la pensión alimenticia provisional, al respecto se dice al reclamante, que la sola circunstancia de que sus acreedoras habiten u domicilio, aun cuando fuera propiedad del reclamante, no implica que sus acreedoras ya no tengan necesidad de recibir alimentos, considerando que según lo dispuesto por el artículo 239 del Código Civil para el Estado, el rubro habitación representa solo un concepto, ello sin contar que para ser funcional una vivienda, se deben erogar otros gastos como lo son los servicios básicos de luz, agua, gas entre otros, por tanto, el mero hecho de habitar un domicilio, aunque fuere propio, no implica que se satisfaga la amplitud del concepto de alimentos. En cuanto a los agravios manifestados por el reclamante, relativos a que la actora debía acreditar con pruebas fehacientes que éste trabaja y por ello recibe remuneraciones económicas, que desde agosto no ha podido obtener un trabajo bien remunerado, además, que dicho trabajo es esporádico y no le permite cubrir sus gastos diarios; dichos agravios resultan inoperantes, ya que la actora acreditó la presunción de necesidad de alimentos de ella y de su menor hija de edad de iniciales I.G.S, además de que la pensión alimenticia fijada en su contra fue decretada en cantidad líquida, en el entendido que hasta ese momento no se conocía que dicho reclamante contara con un trabajo; además que si bien argumenta no contar con un trabajo bien remunerado y que su trabajo esporádico, el cual no le permite cubrir su gastos diarios, tampoco se pierde de vista que el reclamante cuenta con la posibilidad de trabajar o emplearse y generar ingresos, lo que le da la posibilidad de cubrir los alimentos de sus acreedoras. Po cuanto hace al agravio hecho valer por el reclamante, que como se aprecia en la constancia de semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, su salario en los últimos cinco años ha sido de $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por lo que es ilógico que se decrete una pensión líquida de $369.30 (trescientos sesenta y nueve pesos 30/100 M.N.) para su esposa, así como una pensión de $246.44 (doscientos cuarenta y seis pesos 44/100 M.N.) para su menor hija; que si bien, por única ocasión, en el mes de enero de dos mil veinte, su salario base cotización fue de $573.36 (quinientos setenta y tres pesos 36/100 M.N.) sería incongruente se tomara como base dicho salario para decretar el momento de alimentos, máxime que actualmente se encuentra en insolvencia económica para poder ayudar a la economía familiar de la manera que lo venía haciendo; el juez familiar lo declaró parcialmente fundado, aplicando en favor del reclamante la Suplencia de la Queja Deficiente, al encontrarse ante un asunto de materia familiar, el cual goza de interés público en razón del deber del estado de garantizar la protección de la familia. Por tanto, no deberá tomarse en cuenta el salario de $573.36 (quinientos setenta y tres pesos 36/100 M.N.), con el cual cotizó en el mes de enero de dos mi veinte ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como base para decretar el monto alimentario, ya que actualmente se encuentra en insolvencia económica para poder apoyar la economía familiar de la manera que lo venía habiendo. En tales condiciones, el juez señaló que toda vez que hasta éste momento no contaba con mayores elementos probatorios que le permitieran interpretar la capacidad económica real del reclamante, sin embargo se advierte indiciariamente, con las documentales anexas al escrito de reclamación, consistente en la constancia de semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, además de los estados de cuenta a nombre del reclamante, los ingresos de éste, sin que se tenga prueba de que éste reciba mayores ingresos que los ahí señalados, los cuales llegan a ser variables. Además, tomando en consideración que al momento de anteponer el recurso, el salario mínimo se encontraba en razón de $ 123.22 (ciento veintitrés pesos 22/100 M.N.), el juez dedujo que aunque el reclamante tiene ingresos variables, cuenta con la posibilidad económica de cumplir con su obligación alimentaria. En tales condiciones, el juez responsable determinó reducir el monto alimenticio decretado inicialmente, consistente en cinco salarios mínimos diarios, mismos que al momento de su decreto se encontraba a razón de ciento veintitrés pesos 22/100 M.N., y ajustó dicha cantidad a un salario mínimo diario, correspondiendo a cada una de las acreedoras alimentarias medio salario mínimo diario; esto, tomando en consideración la variabilidad de los ingresos del reclamante, es decir que existen periodos en los que se aprecia que recibe un monto muy similar o incluso menor al aquí decretado y en otros que recibe un monto mayor a éste. Por otro lado, pese a las manifestaciones de la actora, relativo a que lejos de acreditar el supuesto estado de insolvencia en que se encuentra el demandado, éste acredita su posibilidad económica para cumplir con su obligación alimentaria con el material probatorio anexo a su escrito de reclamación, el juez determinó encontrarse justificada la reducción del monto decretado inicialmente en razón de los argumentos expuestos en párrafos que anteceden. Por lo anteriormente expuesto, el juez declaró parcialmente fundada la reclamación de alimentos interpuesta por el demandado (aquí tercero interesado) Domingo González Córdoba y modificó la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente por auto de seis de agosto de dos mil veinte, consistente en cinco salarios mínimos, distribuidos de la siguiente forma: tres salarios mínimos diarios para Alicia Sánchez León (aquí quejosa) y dos salarios mínimos diarios para la menor de edad de iniciales I.G.S., quedando de la siguiente manera, un salario mínimo diario repartido de la siguiente forma, medio salario mínimo diario para cada una de las acreedoras alimentarias. En tales condiciones, se advierte que la ejecutoria de amparo está cumplida en su totalidad, toda vez que el juez responsable dejó insubsistente la resolución de once de marzo de dos mil veintiuno, y en su lugar resolvió de nueva cuenta la reclamación interpuesta por el aquí quejoso Domingo González Córdoba en contra de la pensión provisional decretada en su contra en el juicio ordinario civil 498/2020, en la que de manera fundada y motivada declaró parcialmente fundada y modificó la pensión provisional decretada por auto de seis de agosto de dos mil veinte. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Jorge Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de febrero de dos mil veintidós. Agréguense el oficio y anexo, signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, con el que devuelve los autos originales del juicio de amparo 522/2020 en que se actúa y un tomo de pruebas. Ahora bien, de autos se advierte que mediante proveído de dos de febrero de la presente anualidad, se tuvo a la Superioridad remitiendo el testimonio dictado en el amparo en revisión 266/2021 de su índice, reservando acordar lo conducente hasta en tanto obraran en este juzgado los autos del juicio en que se actúa, lo que en la especie ya ocurrió. En virtud de lo anterior, agréguese a los autos el testimonio dictado en el amparo en revisión 266/2021 del índice del Tribunal oficiante y del cual se advierte que en sesión de trece de enero de dos mil veintidós la superioridad, modificó la sentencia recurrida en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Alicia Sánchez León por su propio derecho y en representación de su menor hija, en los siguientes términos: PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ALICIA SÁNCHEZ LEÓN por propio derecho y en representación de su mejor hija, en contra de la autoridad y por el acto que se precisaron en el antecedente primero de esta ejecutoria. TERCERO. Es infundada la revisión adhesiva interpuesta por ALICIA SÁNCHEZ LEÓN por propio derecho y en representación de su mejor hija. En consecuencia, háganse las correspondientes anotaciones, y agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a: ".la Jueza responsable, deberá: 1.Dejar insubsistente la resolución de once de marzo de dos mil veintiuno, por medio de la que resolvió la reclamación interpuesta por Domingo González Córdoba en contra de la pensión provisional decretada en su contra en el juicio ordinario civil 498/2020; 2. En su lugar, dicte otra en la que, con plenitud de jurisdicción, de forma fundada y motivada, acorde a la naturaleza, finalidad y objeto de la reclamación, resuelva la misma conforme a derecho corresponda, omitiendo considerar que al habitar el deudor alimentario en el domicilio conyugal se hacía carga del pago de los servicios con los que se beneficiaban las acreedoras. Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberán informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten el cumplimiento y su ejecución. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Para lo cual se remite a la autoridad responsable copia autorizada de la ejecutoria dictada en el toca 266/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la responsable 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dos de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Ahora, del contenido del mismo se advierte que la superioridad modificó la sentencia recurrida, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Alicia Sánchez León por propio derecho y en representación de su menor hija; por tanto, se reserva de proveer hasta en tanto remita los autos del juicio de amparo 228/2021 de este índice. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio recibido en línea del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase a la
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