Alicia Saldaña Rodríguez
Expediente 165/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 28 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 165/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alicia Saldaña Rodríguez
- Eduardo Figueroa Malfavon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con la totalidad de los acuses de recibo dirigidos a las autoridades responsables, mediante el cual se les comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable copia de la sentencia dictada en autos, para conocimiento de la misma. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión (destruye y depura) Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva. En términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Asimismo, devuélvanse a las autoridades responsables correspondientes los anexos que se formaron por separado, sin que sea necesario acusar de recibido. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte tercero interesada; mediante el cual solicita que cause ejecutoria la sentencia dictada en autos, asimismo solicita copia certificada de la constancias que refiere; al respecto, con relación a que cause ejecutoria el presente asunto, dígase al promovente que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, expídanse las copias certificadas de las documentales que solicitan, previa razón de recibo que quede en autos para constancia legal; lo anterior por la seguridad de la parte solicitante y la de este Tribunal. Para lo anterior, el presente asunto queda a disposición de las partes para su consulta en las instalaciones de éste Juzgado, y deberá generar su cita en el Portal de Servicios en Línea en donde se encuentra un micrositió que contiene el sistema "Agenda OJ"; asimismo, dicho sistema tiene un proceso automatizado que le otorgará un Código QR, que le permitirá el ingreso al órgano jurisdiccional. Lo anterior, a lo establecido en los diversos acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que han regido el periodo de contingencia sanitaria del virus SARSCoV2 (COVID-19). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Alicia Saldaña Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que reclama del Juez de Primera Instancia Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas de la Zona Oriente de la Fiscalía Regional Oriente y el Director Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal, todos con residencia Cuautla, Morelos; el que hizo consistir en lo siguiente: "a) EL ORDENAMIENTO emitido por la M. en D. Patricia Soledad Aguirre Galván, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial con sede en Cuautla, Morelos en fecha 23 de febrero de 2021 dentro de la causa penal JCC/870/2020, mediante el cual ordeno la devolución del vehículo de la MARCA CHEVROLET, TIPO SPARK, MODELO 2016, COLOR BLANCO, CON NÚMERO DE SERIE MA6CA6ADXGT041792, CON NÚMERO DE MOTOR HECHO EN INDIA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN PYZ4999 DEL ESTADO DE MORELOS eximiendo de pago alguno al C. ANGEL ORTIZ MIRANDA de los gasto generados por el servicio de corralón, encierro, arrastre y aseguramiento del vehículo antes descrito. b) EL ACUERDO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2021 con oficio número de la misma fecha dictado dentro de la carpeta de investigación CT-UEPD/2491/2019 signado por la C. FRIDA VANESSA AVIÑA HERNÁNDEZ en su calidad de Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Desapariciones de la Zona Oriente, consistente en la solicitud de entrega del vehículo MARCA CHEVROLET, TIPO SPARK, MODELO 2016, COLOR BLANCO, CON NÚMERO DE SERIE MA6CA6ADXGT041792, CON NÚMERO DE MOTOR HECHO EN INDIA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN PYZ4999 DEL ESTADO DE MORELOS, previa identificación, mediante el cual exime y/o exenta el pago por de corralón, encierro, arrastre y aseguramiento del vehículo antes descrito atendiendo a que esta dando cumplimiento a los que fue ordenado por la M en D. Patricia Soledad Aguirre Galván, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial con sede en Cuautla, Morelos en fecha 23 de febrero de 2021 dentro de la causa penal JCC/870/2020. c) LA ILEGAL ORDEN DE CATEO QUE SE PRETENDE EJECUTAR A TRAVÉS DEL CLANDESTINO ALLANAMIENTO DEL INMUEBLE QUE CONSTITUYE LA NEGOCIACIÓN CON NOMBRE COMERCIAL "GRÚAS MARTÍNEZ", del cual, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD soy propietaria, MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA, CON EL OBJETO DE REALIZAR LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO de la marca CHEVROLET, TIPO SPARK, MODELO 2016, COLOR BLANCO, CON NÚMERO DE SERIE MA6CA6ADXGT041792, CON NÚMERO DE MOTOR HECHO EN INDIA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN PYZ4999 DEL ESTADO DE MORELOS, por la autoridad responsable señalada como ordenadora y que pretende ejecutarme de las autoridades señaladas como ejecutoras." Acto que considera violatorio de los artículos 1, 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito registró la demanda de amparo, correspondiéndole el número 165/2021, la previno y una vez que fue desahogada la misma, la admitió; solicitó a la autoridad responsable el informe justificado; dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención legal que le compete; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Competencia.- Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 primer párrafo y 107 de la Ley de Amparo; 1° fracción VI, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza del acto reclamado, es menester precisarlo, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad la demanda. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis número VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de privada de veinticinco de marzo del año en curso, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, y del análisis tanto de aquélla como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que en esencia se reclama: 1. El acuerdo dictado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal JCC/870/2020, a efecto de que la parte quejosa realice la devolución del vehículo marca CHEVROLET, TIPO SPARK, MODELO 2016, COLOR BLANCO, CON NÚMERO DE SERIE MA6CA6ADXGT041792, CON NÚMERO DE MOTOR HECHO EN INDIA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN PYZ4999 DEL ESTADO DE MORELOS, sin realizar pago alguno por concepto de gastos de corralón, encierro y arrastre. 2. Apercibimiento de la imposición de una multa hasta de doscientas unidades de medida de actualización y apercibimiento de arresto. 3. La orden de cateo que se pretende ejecutar en el inmueble que constituye la negociación con nombre comercial "Grúas Martínez", para localizar el vehículo citado. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con la técnica que rige al juicio, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia, o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese sentido, se tiene que las autoridades señaladas como responsables Juez de Primera Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas de la Zona Oriente de la Fiscalía Regional Oriente y el Director Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal, todos con residencia Cuautla, Morelos, al rendir el informe justificado, negaron la existencia del acto que se les atribuye, relativo a la orden de cateo que se pretende ejecutar en el inmueble que constituye la negociación con nombre comercial "Grúas Martínez". Remitiendo para acreditar su dicho, copia certificada de diversas documentales derivadas de la carpeta de investigación CT-UEPD/2491/2019 y causa penal JCC/870/2020; a las cuales se les otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2, además de que hace prueba plena de los hechos afirmados por las responsables. Con lo cual se le dio vista a la quejosa, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto, ni aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que procede decretar el sobreseimiento del presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado en la jurisprudencia número 1002, visible en la página 1621, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al respecto, se tiene que son ciertos los restantes actos reclamados al Juez de Primera Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos y Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas de la Zona Oriente de la Fiscalía Regional Oriente, ambos con residencia Cuautla, Morelos, pues así lo manifestaron en el informe correspondiente. Por su parte, el Director Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal, con domicilio en Cuautla, Morelos, si bien negó la existencia del acto que se le atribuye, dadas las funciones que tiene como autoridad ejecutora y toda vez que las ordenadoras aceptaron el acto, se tiene por cierto el acto que se le atribuye, ya que en cualquier momento posterior al en que rindió el informe, puede recibir la orden para cumplimentarla. Certeza que se corrobora con las copias fotostáticas certificadas deducidas de la carpeta de investigación CT-UEPD/2491/2019, causa penal JCC/870/2020 y del disco en formato DVD, remitidas por las responsables; pruebas que se valoran en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicables supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, por tratarse de documentos públicos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, página 153, página 226, registro digital 394182 que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1ª./J. 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto 2013, Tomo 1, página 703, registro digital 2004362, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. Causales de Improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la ley de la materia, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia 11.10.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo 1991, página 95, registro digital 222780, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados no afectan el interés jurídico de la parte quejosa. Los mencionados preceptos, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" De los numerales transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados, infringen los derechos establecidos en el artículo 1, de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Esto es, el concepto de interés jurídico que señalan los mencionados preceptos se traduce en el derecho que le asiste a un particular para reclamar mediante el juicio de amparo, un acto o norma, que infrinja en su perjuicio, un derecho fundamental; esto decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por un precepto legal, que se ve afectado por el acto de autoridad, que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, un daño, menoscabo o perjuicio en los derechos de un gobernado. Por lo que, los elementos para acreditar el interés jurídico son: La existencia de un derecho subjetivo que se dice vulnerado; y Que el acto de autoridad afecta ese derecho, del que deriva el agravio correspondiente. En otro aspecto, para acreditar la existencia de un interés legítimo, se requiere: Que exista una disposición normativa que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y El promovente esté en el supuesto que prevé la norma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª/ J 38/2016 (10ª.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690, registro digital 2012364, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." También es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 50/2014 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 60, registro digital 2007921, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Asimismo, también sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, registro digital 2019456, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama el acuerdo dictado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal JCC/870/2020, por la que se ordena la devolución del vehículo marca CHEVROLET, TIPO SPARK, MODELO 2016, COLOR BLANCO, CON NÚMERO DE SERIE MA6CA6ADXGT041792, CON NÚMERO DE MOTOR HECHO EN INDIA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN PYZ4999 DEL ESTADO DE MORELOS, que se encuentra bajo resguardo en el corralón denominado GRÚAS MARTÍNEZ. La parte quejosa alega que para la devolución del vehículo en comento se le debe de cubrir la cantidad correspondiente, por concepto del servicio de arrastre, encierro y gastos de corralón, ello debido a que refiere se vulnera la igualdad jurídica y libertad de trabajo. En ese sentido, la parte quejosa debe acreditar que cuenta con un derecho legítimamente tutelado respecto de la afectación que refiere tener con motivo de la resolución reclamada. Ahora bien, para demostrar lo anterior, la solicitante de amparo exhibió como pruebas de su parte, las siguientes documentales: 1. Copia simple de la constancia de situación fiscal, a nombre de la quejosa. 2. Copia del inventario, con números de folio 17827. 3. Copia certificada de la credencial para votar, a nombre de la quejosa y con vigencia hasta el año dos mil veinte. 4. Copia certificada del convenio de colaboración para el traslado, guardia, custodia, maniobras y salvamento de vehículos automotores, celebrado el treinta de agosto de dos mil diecinueve, entre el Municipio de Yautepec, Morelos y la quejosa Alicia Saldaña Rodríguez, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, según cláusula décima segunda. 5. Original del presupuesto número 0998. 6. Declaración provisional o definitiva de impuestos federales a nombre de la quejosa. Ahora, del análisis de las documentales precisadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este Juzgado de Distrito concluye que las documentales mencionadas resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa para acudir a la presente instancia constitucional. En efecto, para el caso, es necesario tener en consideración que la primera y sexta de las documentales, únicamente acredita indiciariamente que la quejosa presentó su constancia de situación fiscal, así como su declaración provisional o definitiva de impuestos federales, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, respecto del segundo y quinto documentos, se acredita el inventario levantado respecto del vehículo resguardado, y "presupuesto", documentos en los que aparece "GRÚAS MARTÍNEZ" "SERVICIO DE ARRASTRE Y MANIOBRAS LAS 24 HRS"; respecto de la credencial para votar, se le resta valor probatorio pues no se encuentra vigente; por último, la documental consistente en el Convenio de Colaboración, se le resta valor probatorio en razón de que se trata de un convenio el cual, al igual que la credencial, no se encuentra vigente en términos de la cláusula décima segunda, sin que de los documentos exhibidos, se advierta que hubieren sido renovados. Como se indicó, tales probanzas resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, ello debido a que no se encuentran adminiculadas con otras que pudieran sostener la titularidad de los derechos de la negociación comercial de nombre "Grúas Martínez", siendo al propietario o encargado de dicho corralón a quien se ordenó la liberación del vehículo automotor sin erogar pago alguno. Por lo antes expuesto, se considera que la parte quejosa no demuestra, algún derecho de propiedad o representación legal de la citada negociación comercial y es que, la misma acudió a la presente instancia constitucional por su propio derecho y que si bien, en el escrito inicial también refirió que acudía en su calidad de propietaria de la negociación Grúas Martínez, no demuestra con documentos fehacientes esa calidad. Además, cabe agregar que para que la parte quejosa acredite el interés jurídico, no es suficiente que el acto reclamado le perjudique materialmente, ni la sola aseveración en el sentido de que se perjudica su interés, sino que es menester que la existencia del interés esté relacionada con alguna causa, título o derecho protegido por la ley en favor de la parte solicitante, lo que no acontece en este caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2o.212 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Junio de 1994, página 590, registro digital 212268, que establece: "INTERES JURIDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." En tales condiciones, al no haberse acreditado el interés jurídico se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de esa ley, lo procedente es sobreseer en el juicio. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos atribuidos al Director Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal, al no haberse combatido por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/7, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre 1998, página 690, registro digital 230811, que establece: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, Fracción I, 61, 63, 119, 124, 217 y demás relativos a la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por Alicia Saldaña Rodríguez, respecto del acto y autoridades precisados en el resultando primero y por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Jaime César Pereyra Román, hasta hoy cuatro de mayo de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.165/2021ALICIA SALDAÑA RODRÍGUEZ, ALICIA SALDAÑA RODRÍGUEZ JAIME CÉSAR PEREYRA ROMÁN, hasta hoy cuatro de mayo de dos mil veintidós
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Al haber transcurrido el término concedido al TERCERO INTERESADO, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: SENTENCIA DE FECHA CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS: "... Por lo antes expuesto, se considera que la parte quejosa no demuestra, algún derecho de propiedad o representación legal de la citada negociación comercial y es que, la misma acudió a la presente instancia constitucional por su propio derecho y que si bien, en el escrito inicial también refirió que acudía en su calidad de propietaria de la negociación Grúas Martínez, no demuestra con documentos fehacientes esa calidad. Además, cabe agregar que para que la parte quejosa acredite el interés jurídico, no es suficiente que el acto reclamado le perjudique materialmente, ni la sola aseveración en el sentido de que se perjudica su interés, sino que es menester que la existencia del interés esté relacionada con alguna causa, título o derecho protegido por la ley en favor de la parte solicitante, lo que no acontece en este caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II 2 212 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Junio de 1994, página 590, registro digital 212268, que establece: "INTERES JURIDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." En tales condiciones, al no haberse acreditado el interés jurídico se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de esa ley, lo procedente es sobreseer en el juicio. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos atribuidos al Director Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal, al no haberse combatido por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI 2 J/7, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre 1998, página 690, registro digital 230811, que establece: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, Fracción I, 61, 63, 119, 124, 217 y demás relativos a la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por Alicia Saldaña Rodríguez, respecto del acto y autoridades precisados en el resultando primero y por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Jaime César Pereyra Román, hasta hoy cuatro de mayo de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.165/2021ALICIA SALDAÑA RODRÍGUEZ, ALICIA SALDAÑA RODRÍGUEZ JAIME CÉSAR PEREYRA ROMÁN, hasta hoy cuatro de mayo de dos mil veintidós"
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Al haber transcurrido el término concedido a la parte TERCERA INTERESADA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el contenido del informe justificado rendido por el Director Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal se advierte la participación de diversa autoridad en relación con el acto que reclama el quejoso En consecuencia, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días manifieste expresamente y por escrito, si es su voluntad ampliar la demanda de amparo y señalar como autoridad responsable al Comandante de la Policía de Investigación Criminal Grupo Yautepec. En la inteligencia de que dicha ampliación deberá satisfacer los requisitos previstos en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, para la promoción de la demanda de amparo; con el apercibimiento que en caso de no cumplir con dicho requerimiento, el trámite de este juicio se seguirá únicamente con respecto del acto reclamado y autoridades señaladas en la demanda de amparo. Esta determinación encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis que a continuación se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO. SI DE SU ANÁLISIS SE ADVIERTE CLARAMENTE QUE FUE OTRA AUTORIDAD DIVERSA A LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES LA QUE EMITIÓ EL ACTO RECLAMADO, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE AMPLIAR LA DEMANDA. Si con motivo de los informes justificados, relacionados con la demanda de garantías o algún otro documento, se llega al conocimiento de que el acto reclamado proviene de una autoridad distinta a la señalada como responsable por el quejoso en su demanda de garantías, el Juez Federal debe prevenirlo con el apercibimiento respectivo, a fin de que manifieste si es su voluntad ampliar la demanda y señalar como responsable a la autoridad que realmente emitió el acto. Lo anterior, con el propósito de lograr una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues es la armonización de la información con la que se cuenta, lo que determina la realidad y precisión de los actos reclamados y las autoridades responsables y, asimismo, lo que lleva a una correcta resolución de los asuntos; además, considerando los criterios que han sido reiterados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la demanda de garantías constituye un todo y debe interpretarse en su integridad a fin de encontrar los elementos que la conforman, y que el Juez es un perito en derecho, quien puede interpretar una redacción irregular, es que debe prevenirse al quejoso en los términos señalados, ya que de omitir esa prevención, el a quo incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición.". En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para la presente fecha y se señalan las diez horas con dos minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese personalmente Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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