Alicia Salas Hernandez

Expediente 141/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
141/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
15/07/2019

Partes del expediente

  • Alicia Salas Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    SOBRESESIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CAUSO ESTADO. SE ARCHIVA COMO ASUNTO CONCLUIDO. EXPEDIENTE DESTRUIBLE. SE REQUIER A QUEJOSA PARA QUE RECOJA DOCUMENTOS ORIGINALES APERCIBIDA.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: SOBRESESIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CAUSO ESTADO. SE ARCHIVA COMO ASUNTO CONCLUIDO. EXPEDIENTE DESTRUIBLE. SE REQUIER A QUEJOSA PARA QUE RECOJA DOCUMENTOS ORIGINALES APERCIBIDA

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó en un tomo a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contiene- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Ahora bien, de la ejecutoria de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de queja 76/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, se estableció que el acto reclamado en el presente asunto lo constituye la negativa verbal del Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, acaecida el cinco de febrero de dos mil diecinueve, de devolver a la aquí quejosa el documento base de la acción exhibido en el juicio ordinario civil 1465/2018, cuya devolución se ordenó por auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Ahora bien, por lo que hace a dicho acto, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]." En principio, debe destacarse que en torno a esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia, y en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. El criterio a que se hace alusión por su contenido, es la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así como la tesis 2a. XLVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, página 241, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Ahora bien, un acto reclamado como el que conforma el presente asunto (negativa verbal emitida por una autoridad jurisdiccional), conlleva que éste se analice en sentencia a la luz del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual textualmente dispone: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]." La porción normativa transcrita en la parte que interesa, consagra el derecho humano de legalidad que regula los requisitos que debe satisfacer cualquier acto de autoridad que afecte la esfera jurídica de un gobernado, los cuales son los siguientes: 1) Que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) Que provenga de autoridad competente; y, 3) Que en los documentos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. En relación con el primer y último puntos, se colige que sendo derecho se traduce en la obligación que tiene toda autoridad de fundar y motivar por escrito cualquier acto de molestia que emita, esto, con el evidente propósito de que el destinatario esté en aptitud de controvertirlo al conocer, precisamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que lo sustenten y los preceptos legales que en el mismo se aplicaron. Esto es, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe ser emitido por escrito, asimismo estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia que bajo el número 260 aparece publicada en la página 175 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Asimismo, el criterio jurisprudencial que se identifica con el número 264 que aparece publicado en la página 178 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, sustentada por la misma instancia anterior, del tenor literal siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca". Expuesto lo anterior, de resultar fundada la violación alegada, la eventual concesión del amparo conllevaría que la autoridad responsable emita una determinación por escrito, fundado y motivando su actuar, para que así se restituya al quejoso en el pleno goce del derecho violentado de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De la copia certificada del juicio ordinario civil 1465/2018, que remitió en vía de justificación el Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, al cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones , se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del Estado, Alicia Salas Hernández, demandó en la vía ordinaria civil a Constantino Cisneros Corpus y María Sofía Castro Zamarrón, por diversas prestaciones 2. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se admitió y se ordenó emplazar a los demandados. 3. El veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se tuvo a la aquí quejosa desistida de la instancia, y se ordenó la devolución de los documentos fundatorios de la acción. 4. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil diecinueve, la aquí quejosa solicitó la devolución del documento ya mencionado. 5. Por auto de once de marzo del presente año, se le informó que no obstante de haber realizado una búsqueda minuciosa en el juzgado, respecto de los documentales que fueron solicitados, no fueron localizados, por lo que se le propuso como alternativa la reposición de dicha documental, fundando su determinación en el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí. De lo anterior se advierte que en el presente caso la negativa verbal del juez responsable para devolverle a la aquí quejosa el documento base de la acción exhibido en el juicio ordinario civil 1465/2018, ha sido sustituida materialmente con la determinación emitida en el acuerdo de once de marzo del presente año, a través del cual dicha autoridad jurisdiccional, por escrito expuso los motivos por los cuales no le era posible hacerle la entrega de dicha documental, fundamentando su actuar en el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, y éste es el acto que actualmente se encuentra rigiendo la situación del papel referido. Lo cual conlleva que la negativa verbal no puede surtir efecto legal o material alguno, toda vez que se ha modificado el entorno dentro del cual se emitió con la nueva determinación dictada por la responsable el once de marzo del presente año, máxime que en caso de una eventual concesión del amparo, no sería posible concretar los efectos para los cuales se otorgaría (emitir una resolución por escrito fundada y motivada), ya que en esos términos actuó la autoridad jurisdiccional responsable a través del aludido acuerdo. De ahí que, resulta claro que se modificó el entorno en el que se encontraba el acto reclamado y, por tanto, la afectación que refiere resentir en su derecho de legalidad dejó de existir, merced a la nueva determinación emitida por la responsable, por lo que aún subsistiendo el acto reclamado, ningún efecto surte el mismo con relación a la afectación que refiere la quejosa. De ahí, que resulta inconcuso que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, respecto de la negativa verbal acaecida el cinco de febrero de dos mil diecinueve, reclamada del Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado del Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el uno de julio de dos mil diecinueve. Finalmente, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese únicamente a estos autos el pedimento suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, toda vez que en este acuerdo se sobreseyó en el juicio en que se actúa fuera de la audiencia constitucional. Como lo solicita, expídasele a su costa copia certificada del presente acuerdo, previa razón que de su recibo se deje en autos. Notifíquese personalmente Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa la determinación de veintiuno de junio de dos mil diecinueve: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó en un tomo a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contiene- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Ahora bien, de la ejecutoria de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de queja 76/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, se estableció que el acto reclamado en el presente asunto lo constituye la negativa verbal del Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, acaecida el cinco de febrero de dos mil diecinueve, de devolver a la aquí quejosa el documento base de la acción exhibido en el juicio ordinario civil 1465/2018, cuya devolución se ordenó por auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Ahora bien, por lo que hace a dicho acto, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]." En principio, debe destacarse que en torno a esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia, y en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. El criterio a que se hace alusión por su contenido, es la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así como la tesis 2a. XLVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, página 241, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Ahora bien, un acto reclamado como el que conforma el presente asunto (negativa verbal emitida por una autoridad jurisdiccional), conlleva que éste se analice en sentencia a la luz del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual textualmente dispone: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]." La porción normativa transcrita en la parte que interesa, consagra el derecho humano de legalidad que regula los requisitos que debe satisfacer cualquier acto de autoridad que afecte la esfera jurídica de un gobernado, los cuales son los siguientes: 1) Que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) Que provenga de autoridad competente; y, 3) Que en los documentos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. En relación con el primer y último puntos, se colige que sendo derecho se traduce en la obligación que tiene toda autoridad de fundar y motivar por escrito cualquier acto de molestia que emita, esto, con el evidente propósito de que el destinatario esté en aptitud de controvertirlo al conocer, precisamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que lo sustenten y los preceptos legales que en el mismo se aplicaron. Esto es, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe ser emitido por escrito, asimismo estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia que bajo el número 260 aparece publicada en la página 175 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Asimismo, el criterio jurisprudencial que se identifica con el número 264 que aparece publicado en la página 178 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, sustentada por la misma instancia anterior, del tenor literal siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca". Expuesto lo anterior, de resultar fundada la violación alegada, la eventual concesión del amparo conllevaría que la autoridad responsable emita una determinación por escrito, fundado y motivando su actuar, para que así se restituya al quejoso en el pleno goce del derecho violentado de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De la copia certificada del juicio ordinario civil 1465/2018, que remitió en vía de justificación el Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, al cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones , se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del Estado, Alicia Salas Hernández, demandó en la vía ordinaria civil a Constantino Cisneros Corpus y María Sofía Castro Zamarrón, por diversas prestaciones 2. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se admitió y se ordenó emplazar a los demandados. 3. El veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se tuvo a la aquí quejosa desistida de la instancia, y se ordenó la devolución de los documentos fundatorios de la acción. 4. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil diecinueve, la aquí quejosa solicitó la devolución del documento ya mencionado. 5. Por auto de once de marzo del presente año, se le informó que no obstante de haber realizado una búsqueda minuciosa en el juzgado, respecto de los documentales que fueron solicitados, no fueron localizados, por lo que se le propuso como alternativa la reposición de dicha documental, fundando su determinación en el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí. De lo anterior se advierte que en el presente caso la negativa verbal del juez responsable para devolverle a la aquí quejosa el documento base de la acción exhibido en el juicio ordinario civil 1465/2018, ha sido sustituida materialmente con la determinación emitida en el acuerdo de once de marzo del presente año, a través del cual dicha autoridad jurisdiccional, por escrito expuso los motivos por los cuales no le era posible hacerle la entrega de dicha documental, fundamentando su actuar en el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, y éste es el acto que actualmente se encuentra rigiendo la situación del papel referido. Lo cual conlleva que la negativa verbal no puede surtir efecto legal o material alguno, toda vez que se ha modificado el entorno dentro del cual se emitió con la nueva determinación dictada por la responsable el once de marzo del presente año, máxime que en caso de una eventual concesión del amparo, no sería posible concretar los efectos para los cuales se otorgaría (emitir una resolución por escrito fundada y motivada), ya que en esos términos actuó la autoridad jurisdiccional responsable a través del aludido acuerdo. De ahí que, resulta claro que se modificó el entorno en el que se encontraba el acto reclamado y, por tanto, la afectación que refiere resentir en su derecho de legalidad dejó de existir, merced a la nueva determinación emitida por la responsable, por lo que aún subsistiendo el acto reclamado, ningún efecto surte el mismo con relación a la afectación que refiere la quejosa. De ahí, que resulta inconcuso que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, respecto de la negativa verbal acaecida el cinco de febrero de dos mil diecinueve, reclamada del Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado del Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el uno de julio de dos mil diecinueve. Finalmente, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese únicamente a estos autos el pedimento suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, toda vez que en este acuerdo se sobreseyó en el juicio en que se actúa fuera de la audiencia constitucional. Como lo solicita, expídasele a su costa copia certificada del presente acuerdo, previa razón que de su recibo se deje en autos. Notifíquese personalmente Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

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