Alicia Romero Carrasco
Expediente 1573/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1573/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Alicia Romero Carrasco
Actuaciones
- Principal
Vista la pieza postal devuelta por la Administración de la Gerencia Postal Zacatecas del Servicio Postal Mexicano; que contiene el oficio 24035/2018, dirigido a la autoridad responsable Delegado Municipal de la Colonia Progreso de Alfonso Medina, en Río Grande, Zacatecas, con la anotación: "primer aviso 11/07/2018, 2do aviso 20/07/18, Devuelto por Término de Ley 02/08/18"; motivos por los cuales no fue entregado dicho oficio, y sin manifestar alguna otra causa por la cual no fue entregada la citada pieza postal; por tanto, requiérase al administrador de Correos en el Estado, para que dentro del improrrogable término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última; informe a este juzgado las razones por las cuales no pudo ser entregado dicho oficio, toda vez que en el sobre que lo contenía únicamente obra la anotación "primer aviso 11/07/2018, 2do aviso 20/07/18, Devuelto por Término de Ley 02/08/18"; apercibido que de no hacerlo en el término indicado o no informar el impedimento que tenga para ello; se hará acreedor a una multa por cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, reenvíese el oficio 11455/2018, a la autoridad responsable de que se trata, a efecto que esté en condiciones de rendir su informe justificado en los términos solicitados. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, para su verificativo.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Tribunal de Enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y otra autoridad, por violación de diversos preceptos constitucionales, se acuerda. Fórmese el expediente respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y asígnesele el número 1573/2018-III, que por su orden le corresponde, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano (.)" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda o de los anexos allegados, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Por otra parte, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como acto reclamado, la resolución dictada el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, por la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, en la causa penal de asuntos varios 17/2018, en la audiencia celebrada en la Sala número cinco, donde resolvió dejar sin efecto el aseguramiento que se realizó el doce de febrero de dos mil dieciocho. Ahora, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De igual forma, del análisis de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes de los actos reclamados y que son: 1. La aquí quejosa ********************, denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas a la empresa ********************. y quien resulte responsable, por el delito de fraude. 2. Dicha denuncia se asignó a la Unidad de Investigación Mixta número Nueve y el doce de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó el aseguramiento de la cuenta bancaria 002320701102128265 de la institución bancaria BANAMEX, para garantizar su derecho a la reparación del daño. 3. El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se celebró audiencia en la Sala número cinco, donde la Juez de Control y Enjuiciamiento de la Capital, resolvió dejar sin efecto el aseguramiento que se realizó el doce de febrero de dos mil dieciocho, no obstante que la quejosa en dicha audiencia hizo la petición de que lo único que quería es que le fuera regresado su dinero y además la fiscal hizo del conocimiento la existencia de un acuerdo reparatorio, que la quejosa celebró con el representante de la empresa denunciada, lo que constituye el acto reclamado. En atención a lo anterior, se considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Ahora, al respecto los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, (.)" De lo antes transcrito, se logra evidenciar que el artículo 465 del ordenamiento legal citado, precisa que el recurso de apelación procede contra en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, cuyo objeto es que el mismo órgano judicial que dictó la resolución que se impugna la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. A su vez, el artículo 466, fracción I del código en comento, precisa que si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, debe promoverse antes de que termine la misma, su tramitación debe efectuarse verbalmente, de inmediato y de la misma manera debe pronunciarse el fallo. Así, conforme a lo prescrito por dichos preceptos, contra la determinación que tomo la Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, en la audiencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal de asuntos varios 17/2018, de dejar sin efecto el aseguramiento que se realizó el doce de febrero del citado año, de la cuenta bancaria 002320701102128265 de la institución bancaria BANAMEX, para garantizar su derecho a la reparación del daño, procedía el recurso de revocación. Aunado a lo anterior, es claro y evidente que: 1. Si la parte quejosa, afirmó que en la causa penal 17/2018, donde se verificó la audiencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, hizo la petición de que lo único que quería es que le fuera devuelto su dinero, ello pone de manifiesto que no comparece en su calidad de tercero extraño, sino como parte procesal. 2. Así, considerando que la ahora quejosa, comparece a juicio en su calidad de parte procesal, tiene la obligación de agotar los medios ordinarios correspondientes en contra de lo decidido en la audiencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, por lo que, se encontraba obligado a agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, el recurso de revocación a que se refiere el artículo 465, en relación con el diverso 466, fracción I, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que por otra parte, se actualice el caso de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo, en razón de que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas; o, en su caso, algunos de los que se encuentran prohibidos por el numeral 22 Constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De igual forma, tampoco se actualiza la hipótesis prevista por el inciso b), del numeral citado, pues el acto reclamado no consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Asimismo, de ningún modo se está en presencia de persona extraña al procedimiento, en términos de lo previsto por el inciso c), de la fracción XVIII, del artículo en estudio. Luego, como no se hizo valer el medio de impugnación de que se trata por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, conforme al cual cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, no debe existir la posibilidad de que sean modificados o revocados por virtud de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento, aun cuando la parte interesada no lo hubiere hecho valer oportunamente. Es aplicable a este proceder, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley en comento; en consecuencia, con apoyo en el numeral 113, de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************número ******************** (********************), Colonia ********************, en esta ciudad.
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